El artículo “Reforma a la salud: una receta difícil de digerir”, publicado en la Revista Semana de Colombia, analiza la propuesta de reforma al sistema sanitario impulsada por el gobierno de Juan Manuel Santos y rechazada en manifestaciones y protestas por médicos y empleados de la salud

Y anunciaron que si el presidente Santos no les cumple la promesa que les hizo de crear un nuevo modelo que ponga fin a la intermediación financiera de las EPS, si no devuelve la dignidad a los pacientes, respeta la autonomía médica, acaba con la salud como negocio o frena la propuesta de que los hospitales puedan dar títulos de especialidades médicas, entre otros puntos, es inevitable una huelga de batas blancas.

El principal problema que tiene el proyecto de reforma es que no resuelve de fondo la pregunta de cuál es el modelo de salud colombiano. Antes de la Ley 100, el Estado era responsable de garantizar la atención y prestación de este servicio a todos los colombianos. Para eso, enviaba plata a las secretarías departamentales, municipales y a los hospitales públicos para que atendieran a los enfermos. Los médicos tenían una gran autonomía para decidir cómo se atendía y cómo se gastaban los recursos.

Sin embargo, la mayoría de los colombianos vivía con la incertidumbre de saber si a la hora de enfermarse iban a ser atendidos, pues los hospitales dependían del apretado presupuesto del gobierno y la gente gastaba parte de su presupuesto familiar para recuperar la salud o dejarse morir. Los únicos con seguro médico eran los empleados, en su mayoría en el ineficiente y corrupto Instituto de Seguros Sociales, o los que tenían con qué adquirir una póliza.

 Siguiendo el modelo de Chile y en parte el de Estados Unidos, el gobierno creó en 1993 un modelo de aseguramiento en el que las personas pagan una parte de sus ingresos para que, junto a sus familias, reciban un plan básico de salud en el que se suponía estaban las enfermedades más comunes o más ruinosas.

A los pobres, el Estado tiene la obligación de subsidiarles el aseguramiento, además de mantener los hospitales públicos. Para garantizar la prestación de ese plan, gestionar los cobros y administrar los recursos se crearon las EPS. Sin embargo, de los modelos técnicos perfectos creados por el exministro Juan Luis Londoño o el entonces senador Álvaro Uribe a la realidad muchas cosas fallaron.  Los colombianos conocen muy bien el resto de la película en las puertas de las EPS, los hospitales y las clínicas.

Si en algo hay consenso es en la urgente necesidad de hacerle una reforma al modelo de salud. Pero ¿por qué esta no tiene a gusto a nadie? Por varias razones.

La primera es que el gobierno no ha podido hablar con claridad sobre el modelo que quiere. Por un lado ha vendido la idea de que las EPS son las grandes causantes del descalabro de la salud, por su afán desmedido por enriquecerse que hizo del sector un negocio y una fuente de corrupción. Pero en vez de acabarlas, como les han pedido los médicos o los hospitales, las mantiene pero con el nombre de gestoras. Según el proyecto, las EPS que cumplan con unos requisitos exigentes, paguen sus deudas y pongan plata podrán migrar a esta nueva figura.

La reforma plantea que estas nuevas gestoras no van a manejar la plata, sino Salud Mía, una nueva entidad pública que manejará 40 billones de pesos al año y que va a afiliar, cobrar aportes y pagar y auditar todas las cuentas, desde una aspirina o una cita médica hasta una cirugía.

Que haya una caja única y que el Estado asuma la dirección y control de la salud está bien; el problema es que esta entidad, susceptible a la politiquería o la corrupción, debe tener una base de datos y un sistema de información de miles de trámites simultáneos, que hoy no existe y muchos se cuestionan si se podrá hacer en tres años.

Las gestoras recibirán un 10 por ciento por garantizar la atención de los afiliados. Aquí comienza el segundo gran conflicto. Las EPS, gracias a la Ley 100, además de ser aseguradoras también podían tener su propia red de médicos y hospitales, figura que se conoce como integración vertical.

No obstante, esto se prestó para esquemas como el de Saludcoop, que dejó de prestar servicios a los pacientes o de pagar a sus proveedores para construir sus clínicas y hospitales y, una vez que tuvo su propia red pagada con la plata de los colombianos, arrodilló o quebró a cientos de proveedores y competidores, entre ellos los hospitales públicos.

Pero también este modelo tiene un lado positivo, como lo reconoce el exministro Jaime Arias, presidente de Acemi, que agremia a las mejores EPS y prepagadas, pues permitió reducir los costos de salud en más de un 30 por ciento, mejorar la atención y crear nuevas clínicas.

Para los hospitales, en especial los públicos, lo que hicieron las EPS con la integración vertical y el manejo de los recursos fue imponer unas reglas de mercado que hoy los tienen en la quiebra. Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, dice que si algo está demostrado es que las EPS o las nuevas gestoras no pueden ser aseguradores y prestadores de salud, por lo que pide acabar la integración vertical.

El proyecto de ley permite a las gestoras tener su propia red, pero solo en el primer nivel. Esto quiere decir que si Cafam o Colsubsidio, que son cajas de compensación, quieren seguir en la Nueva EPS o como gestoras, tendrán que vender los hospitales que tienen hace años. Lo mismo tendría que hacer Sánitas con las clínicas Reina Sofía o Colombia, y muchas más. En este punto, que es neurálgico, nunca habrá consensos y el gobierno tendrá que tomar una decisión.

De aquí se deriva el tercer gran problema. Los hospitales y clínicas quieren que se les garantice un mercado sacando a las EPS o gestoras del negocio. Es claro que están en una gran crisis por culpa del Estado, que promovió un círculo vicioso en el que el Fosyga no les paga a las EPS lo que cobran; las EPS a los hospitales porque no tienen plata, y los hospitales a sus empleados y proveedores porque ni las EPS ni el gobierno les pagan lo que han facturado.

Por eso, muchos han dicho que más que una crisis de salud, esta es una crisis financiera en la que el gobierno no quiere meterse la mano al bolsillo e inyectar 2 o 3 billones de pesos, con los que se resolvería gran parte de los problemas. Y el gobierno, en el proyecto, no dice cómo va salvar y a modernizar los hospitales, salvo que se los va a entregar a los gobernadores y alcaldes.

 El cuarto gran problema son los médicos y trabajadores de la salud, que han sido los grandes sacrificados de la Ley 100. El decano de la medicina en Colombia, el exministro de Salud y exrector de la Universidad Nacional, José Félix Patiño, dice que el proyecto de ley no es el que les prometió el presidente Santos, porque no mantiene la salud como un derecho sino como un servicio, mantiene la intermediación financiera y la mirada de la salud como negocio, porque les da más plata y poder a las EPS que se conviertan en gestoras, y porque no respeta la autonomía médica.

Además, hubo dos gotas que llenaron la copa. En el trámite del proyecto se decidió que los 300.000 médicos, especialistas y trabajadores de la salud sean vinculados a la nómina del Estado, algo que perjudica a miles de médicos que verían limitados sus ingresos y su posibilidad de trabajar en varias instituciones a la vez.

Y que, para suplir las falencias de algunas especialidades médicas, se les permitirá a algunas universidades u hospitales formar y dar estos títulos. Todo esto hizo que el martes miles de médicos, empleados y estudiantes de todas las universidades salieran a protestar.

Por todo esto, uno de los proyectos estrella del gobierno y principal bandera del ministro de Salud, que se suponía iba a arreglar los tremendos problemas del sistema sanitario, corre el riesgo de lograr exactamente lo contrario.