Rep. Dominicana: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandará al Estado por muerte de jóvenes
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandará al Estado dominicano ante el “Relator especial sobe ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias” de las Naciones Unidas, por la muerte “a quemarropa” de dos jóvenes, incluyendo un menor de edad, acusados de matar a la oficial la AMET, Mercedes del Carmen Torres Báez.
La entidad, presidida por el abogado Manuel María Mercedes, sostiene que la Policía sólo puede disparar a matar cuando es evidente que una persona va a quitarle la vida a otra y no queda ningún otro medio de detener al sospechoso.
Sin embargo, advierte que en el caso de los jóvenes Juan Carlos de la Cruz Adames y Wandy Sánchezfueron ultimados a quemarropa, utilizando un número de agentes policiales desproporcionado respecto a la operación policial en sí.
En el caso de Sánchez, de 16 años, la CNDH sostiene que su ejecución se produjo en una habitación, cuando él se encontraba al parecer desarmado y en compañía de su novia.
Rebate los argumentos policiales sobre el supuesto intercambio de disparos, con el dato de que el cadáver del menor de edad presenta 10 impactos de balas mientras ningún policía ha resultado ni siquiera herido.
“En República Dominicana lo que se está implementando, contrariamente a cualquier básico principio de derechos humanos, es la pena de muerte encubierta, donde un grupo de policías, con el aval de la institución a la cual pertenecen, se toma el derecho de ser en el mismo tiempo fiscales, jueces y ejecutores de la pena”, plantea la CNDH en un documento de prensa.
El organismo dice estar trabajando a los fines de demandar al Estado dominicano ante el relator Christof Heyns, de la ONU, con asiento en Ginebra (Suiza). Actúa convencido de que las ejecuciones extrajudiciales representan una de las violaciones de los derechos humanos más graves y aberrantes.
Señala que además de violar abiertamente la Constitución dominicana, que en su artículo 37 defiende el derecho a la vida, las ejecuciones extrajudiciales violan todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de derecho internacional consuetudinario, firmadas y ratificadas por el país.