Carlos Mesa, representante internacional de la demanda marítima de Bolivia: “El documento chileno sobre el mar es una falacia”
Después de la Cumbre del G77, Chile hizo circular un folleto titulado Chile y la aspiración marítima boliviana. Mito y realidad. Se dijo del mismo que era un texto para rebatir el Libro del Mar. Al ver sus escasas seis páginas se hace evidente que cumplir tal función era imposible. El texto sostiene la mistificación de que Bolivia tendría el más amplio acceso al mar, por lo que no necesitaría un puerto soberano. El expresidente y actual embajador itinerante de la Demanda boliviana, Carlos Mesa, para calificar el documento chileno, usa el sustantivo “falacia.”
— Me da la impresión de haber tenido acceso a un resumen del texto chileno, ¿solo tiene esas seis páginas?
— Sí, es un documento general con algunos de sus argumentos básicos. El canciller Choquehuanca respondió a esas pocas páginas.
— ¿Cómo evalúa el documento?
— Se trata de una estrategia chilena que trata de cambiar el tablero de la discusión planteada por Bolivia. Nosotros colocamos los argumentos del debate en el concepto de los compromisos unilaterales de Chile que generan una obligación jurídica. Chile establece dos caminos, el de su demanda de incompetencia de la Corte y un lobby político de dos elementos: que Bolivia quiere modificar el Tratado de 1904 poniendo en riesgo la arquitectura internacional de límites y que el país tiene acceso amplio al mar.
— Es, entonces, una falacia.
— Totalmente, es una falacia porque las facilidades de tránsito que el Derecho Internacional da a todos los países mediterráneos son muy próximas a las firmadas por Bolivia y Chile en 1904. El concepto de libre tránsito ya no es ningún privilegio especial que tenga Bolivia, no obstante, somos el único país que tuvo mar y que le fue usurpado.
— Leo en el uso de ciertos verbos y adjetivos del documento que se quiere hacer creer que se hace un favor a Bolivia.
— Hay un conjunto de incorrecciones muy graves en el documento chileno. El libre tránsito no es un favor, sino el producto de un tratado. El incumplimiento del libre tránsito a lo largo de la historia ha sido reiterado, pero en términos graves se bloqueó el ingreso de armas para Bolivia durante la Guerra del Chaco, se embargó estaño boliviano después de la Revolución Nacional por presión de Simón Patiño y, en 2004, la privatización de los puertos estableció una lógica inaceptable porque el acuerdo es producto de un tratado que establece una relación de Estado a Estado; no en relación con administradores privados que, obviamente, encarecen la operación.
— Hay aún más incumplimientos.
— Hay un conjunto de facilidades teóricas que Chile cumple parcialmente o vulnera. Por ejemplo, hay un puesto de aduana boliviana en puertos chilenos. La aplicación se da, pero si hay un contenedor que las autoridades chilenas creen que puede tener elementos de irregularidad se permiten revisar vulnerando el hecho de que quien debe definirlo son las autoridades bolivianas.
— Afirman que el libre tránsito de Bolivia le “cuesta” a Chile 100 millones de dólares…
— Podría dar muchísimos más ejemplos de que hay una falacia en la argumentación… Nos parece inaceptable que Chile diga que le cuesta alrededor de 100 millones de dólares anuales las facilidades para Bolivia… La simple comparación —si se le recuerda al Estado chileno que el guano, el salitre, la plata, el litio y el cobre, en un porcentaje muy significativo está en territorio que fue boliviano— aún se multiplique esos 100 millones de costo por 50, no hace una equiparación mínima con lo que Chile ha logrado por las exportaciones del cobre. Han recibido más de 900 mil millones de dólares por sus exportaciones de ese mineral, que un altísimo porcentaje está en territorio que fue boliviano. En contraparte hay un conjunto de costos adicionales al manipuleo de mercancía boliviana de importación y exportación por una serie de reglas paraarancelarias.
— Es entonces un texto débil, ¿no se sostiene?
— Absolutamente, para una opinión internacional no informada probablemente el documento dé una imagen equivocada. Por eso Bolivia ha hecho un documento detallado en la web de Diremar donde se desmiente cada punto.
— El documento pasa al tema de la demanda. Veo un párrafo que podría ser uno de los principales argumentos jurídicos de Chile en el juicio. Lo leo: “la reclamación de Bolivia podría tener consecuencias […] en la libertad de los Estados para participar en negociaciones diplomáticas, como también en su habilidad para discutir libremente sin temor que su contraparte negociadora argumente más tarde que debido a que en circunstancias particulares en algún momento de la historia una iniciativa diplomática fue realizada o pensada, ésta pudiera luego ser considerada que ha creado una obligación legalmente vinculante”.
— El concepto de una negociación diplomática marca la posibilidad de que para llegar a un acuerdo nos reunamos entre las partes, establezcamos argumentos y podamos llegar o no a un acuerdo. Lo que Chile dice es que si esa negociación me genera una negociación ulterior, se está limitando las posibilidades de negociar. Pero acá hay una cuestión, toda negociación tiene una fase preparatoria privada, sin documentos, sin un acta o una oferta formal. Hay una segunda fase, en que se formaliza la negociación a partir de una voluntad pública de hacer algo. Por tanto, lo que Chile está objetando no tiene sentido porque Bolivia no hace referencia a negociaciones informales o a actas cerradas en términos de una comisión bilateral. No. Hablamos de documentos públicos, avalados por un presidente de la república, firmados por un canciller o un embajador plenipotenciario, documentos en que formalmente Chile entrega una propuesta específica. Lo hizo en siete oportunidades, esas propuestas decían “Chile está dispuesta a negociar una salida soberana al mar”. En 1975, el canciller Patricio Carvajal no solo mencionó que estaba dispuesto a aceptar la propuesta boliviana, sino que incluso estableció los hitos geográficos de cómo concibe Chile el corredor. Hay una diferencia muy grande entre la negociación y la oferta formal mediante un documento, como sucedió en 1920 o 1923.
— Insisto, ése podría ser uno de los grandes argumentos chilenos.
— Sin duda que va a ser de los argumentos de Chile, nuestras respuestas se vinculan al razonamiento anterior. Además, hay un concepto clave que tiene que ver con una línea de jurisprudencia con antecedentes como las pruebas nucleares de Francia o sobre la soberanía de Groenlandia, además de otros casos.
— Pasando a lo inmediato, ¿se quiere esbozar una política comunicacional marítima con la reunión de este viernes con los directores de medios, si bien se la hace con retraso?
— El concepto de “política comunicacional” no puede estar pensado exclusivamente en la relación entre el Estado y los medios de comunicación en una reunión, sino también en la voluntad que hemos desarrollado en entrevistas, conferencias, documentos, El libro del mar y otros establecen una política de comunicación, la cual se complementa con esa reunión. Hemos tenido un contacto fluido con periodistas que nos han hecho consultas específicas, como el caso tuyo. Hay que recordar algo fundamental: estamos en el comienzo del proceso que tiene tres o cuatro años de camino, por lo que no hay que plantear que todo debe concentrarse en un tiempo mínimo. Me parece que llevamos las cosas en los tiempos adecuados.
— ¿Cuál es el objetivo de la reunión?, si bien cuando se publique esta entrevista ya habrá sucedido.
— Hacer una explicación general de los temas básicos de la demanda, por si hubieran dudas; y abrir el diálogo con directores de medios, jefes de redacción, especialistas en política internacional del periodismo que planteen dudas en el marco de lo que se puede responder; pues una parte del trabajo no solo es público, sino que debe ser intensamente difundido y otra parte, la estrategia confidencial de la memoria y los contraargumentos que hay que preparar hasta el 14 de noviembre en respuesta a la excepción chilena de incompetencia, es reservada.
— En la reunión sería importante proponer una uniformación de la nomenclatura, pues en los medios hubo equívocos en ese sentido.
— Evidentemente tienes razón, es importantísimo que los medios y los periodistas eliminen la palabra “aspiración”, eliminen la noción “derechos expectaticios”, establezcan el concepto de demanda. Es correcto, creo que hay que establecer una nomenclatura básica que esclarezca el tema no solo en aspectos tan sensibles, sino en general. ¿Cuáles son los términos que Bolivia utiliza para caracterizar la realidad boliviana en términos históricos; cuáles los términos específicos de carácter jurídico que utiliza para argumentar su demanda; y cuál es la denominación que éstos deben tener cuando sean tratados por el periodismo? Todo como una sugerencia que dejemos al libre criterio de los periodistas. Bolivia tiene que establecer su propia nomenclatura.
—Habló del Libro del mar, ¿cuál su diferencia con el Libro Azul?
— No debe tener una diferencia, ni tiene una diferencia sustancial, porque Bolivia asume una política de Estado, por tanto no se dice que como el Libro Azul lo hizo otro gobierno tenemos que hacer algo distinto. Al contrario, el Libro Azul es una referencia básica. Hay diferencias mínimas pues pasaron diez años y se produjo un acontecimiento sin precedentes: la demanda. En consecuencia, una parte sustantiva del Libro del mar es una explicación del porqué de la demanda, en qué consiste y las características que tiene, más los acontecimientos que se produjeron de 2004 a ahora. Adicionalmente, se hizo una ampliación de los anexos, que son una documentación fundamental para el conocimiento directo del Tratado de 1904, el de 1929, las cartas que se intercambian en 1950 y más.
— Hubo poca difusión del Libro Azul, ¿cómo se va a hacer ahora, se lo digitalizará?
— Por supuesto que sí. Acá hay una autocrítica, cometimos un error básico: no entender que había una demanda legítima de la gente, del ciudadano común, por el conocimiento del Libro del mar. Estamos preparando una segunda edición para la difusión masiva y gratuita. También, espero que la próxima semana esté colgado en la página web.
— Finalizando, ¿qué se viene inmediatamente?
— Preparar hasta noviembre la respuesta a los argumentos de Chile con relación a la incompetencia. Por supuesto, la lógica boliviana, dada la solidez que tiene la argumentación, es que la Corte no va a aceptar la incompetencia.
— Entonces, ¿Chile arriesga empezar con el pie izquierdo?
— Puede ocurrir. Chile está jugando con riesgo, pero está mostrando que su actitud va a ser diferente que la que tuvo con el Perú,
—¿A qué se debe esa actitud diferenciada y casi hostil con Bolivia?
— Tiene que ver con el hecho de que la discusión sobre límites con el Perú está especificada en un contencioso en el que ambas partes están estableciendo sus soberanías; en el caso de Bolivia lo que Chile interpreta es que nadie le puede obligar a ceder espacio propio. Podemos contraargumentar que un país que te ha usurpado 120 kilómetros cuadrados y 400 lineales de costa y que te ha ofrecido, porque entendió que eso era algo terrible, darte soberanía, no puede sostener ese argumento.
Datos
Nombre: Carlos D. Mesa
Nació: 12 de agosto de 1953
Profesión: Periodista
Cargo: Embajador itinerante de la Demanda Marítima
Perfil
Mesa tiene una formación académica literaria, si bien dedicó gran parte de su carrera al periodismo. En 2002 fue elegido Vicepresidente de Bolivia y fue presidente tras suceder constitucionalmente a Gonzalo Sánchez de Lozada. Tras un bloqueo de todas las fuerzas políticas del Congreso, tuvo que renunciar a la presidencia.