Paz en Colombia: avanzan gestiones para liberar al general secuestrado y retomar el diálogo
A menos que otro hecho fortuito ocurra, como habría sido el mismo secuestro del general Rubén Darío Alzate y sus dos acompañantes en el Chocó –el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego–, su liberación sería un asunto de poco tiempo y, en consecuencia, quedaría superada la crisis que el hecho le creó al proceso de paz con las Farc.
Si bien este martes primero el grupo guerrillero, a través de ‘Pastor Alape’, cuestionó que el presidente Juan Manuel Santos rompiera el principio de mantener los diálogos a pesar de lo que ocurriera militarmente en Colombia al suspender el viaje de sus delegados para la nueva ronda de negociaciones en La Habana, después vinieron las señales de paz que el Gobierno esperaba. “Estamos dispuestos a encontrarle una pronta, tranquila y justa solución a este problema”, dijo ‘Pablo Catatumbo’.
El lunes en la noche, Santos había dejado el balón en la cancha de la guerrilla al señalar: “El compromiso de las Farc está puesto a prueba. De su decisión depende seguir avanzando hacia el fin del conflicto y la reconciliación”.
El secuestro del general era el tercer acto militar de alta connotación de las Farc en dos semanas, tras el asesinato de dos indígenas en el Cauca y el secuestro de dos militares en Arauca.
El Presidente, sin embargo, tendió un puente para salir de la crisis más grave del proceso de paz en dos años, y la prueba fue que pidió la ayuda de los países garantes, Noruega y Cuba, que se habrían estado moviendo desde el mismo lunes.
Y hasta este martes, las gestiones para la liberación del general Alzate y sus acompañantes avanzaban “bastante bien”, según le dijo a EL TIEMPO una fuente cercana al proceso. Quedaría faltando una declaración oficial de las Farc de que harían “la liberación sin condiciones”, y lo demás sería “un cese de operaciones militares en un tiempo y un espacio reducido para facilitarla, como se ha hecho en otros momentos”, según dijo la misma fuente.
Por supuesto, antes de lanzar la señal de paz, las Farc, como estaba previsto, se cobraron el secuestro como algo propio de una negociación en medio del conflicto.
El bloque ‘Iván Ríos’, al que pertenece el frente 34, autor de secuestro en el caserío Las Mercedes, a 25 minutos en lancha rápida desde Quibdó, había dicho poco antes: “Los tres fueron capturados –el general, el cabo y la abogada– por tratarse de “personal militar enemigo que se mueve en ejercicio de sus funciones en área de operaciones de guerra”.
La guerrilla fue explícita en que los retuvo tras verificar sus relaciones con el Ejército, porque iban vestidos de civil.
Esto, lo mismo que el hecho de que el general Alzate viajara en una lancha por el río Atrato sin escolta el pasado domingo, cuando ocurrió el secuestro, es todavía un misterio para el Gobierno.
A la prontitud de las liberaciones contribuiría que ‘Isaías Trujillo’, uno de los últimos guerrilleros que llegó a La Habana, es el jefe del bloque ‘Iván Ríos’.
Desescalar, la apuesta
El caso es que como el secuestro del general se dio en momentos en que el proceso de paz llegaba a su segundo aniversario –lo cumple este miércoles– y a temas clave, como el encuentro de comandantes militares y jefes guerrilleros para hablar del cese del fuego y la dejación de armas, el Gobierno y las Farc le apuntarían a convertir la actual crisis en una oportunidad para impulsarlo y blindarlo. Y la manera inmediata de hacerlo sería concretando el desescalamiento del conflicto, del que venían hablando hacía ya tres meses.
Este punto, que le daría soporte al proceso de paz ante la desconcertada opinión pública, pasó casi inadvertido en medio de la noticia de que el Presidente mantendría a sus negociadores en Colombia hasta que se den las liberaciones.
Pero el mismo Santos dijo el lunes en la noche que, aunque está convencido de que negociar en medio del conflicto es la mejor manera de lograr la paz, “esto no significa que en el curso de las conversaciones no se puedan dar los primeros pasos para desescalar el conflicto”. Y agregó: “Como ya lo venimos discutiendo desde hace algún tiempo con las Farc”.
Expertos consultados por este diario saben que, en este sentido, lo que se vendría con las Farc no es poco. Para empezar, esta guerrilla entregaría la ubicación de restos de personas que han muerto en medio de secuestros o combates.
El Gobierno, por su lado, repotenciaría la Unidad para la Búsqueda de Desaparecidos, que ya existe, con comisiones especiales y presupuesto adicional para agilizar los hallazgos.
Otra de las urgencias humanitarias es la salida de los menores de la guerra. Aquí hay una discusión irresuelta, pues las Farc, apegadas a protocolos internacionales, plantean que en esta categoría entren solo menores de 15 años, de los que asegurarían no tener muchos. En Colombia, de acuerdo con la ley, y por supuesto para el Gobierno, menor de edad es todo aquel que tiene menos de 18 años.
También el desminado, muchas veces pedido por el país, estaría incluido en las consideraciones preliminares del Gobierno y las Farc. “Sería para que comenzara ya, antes de un acuerdo de paz”, señaló una fuente consultada. Y comenzaría por los sitios más vulnerables, como escuelas y caminos.
Aunque se trata de que el desescalamiento del conflicto “sea un tema humanitario y no militar”, como le dijo a este diario otra persona conocedora del tema, hay una propuesta para que las Farc se decidan a no atacar infraestructura clave para las poblaciones civiles.
La apuesta, como se ve, es ambiciosa. De llevarse a la práctica lograría transformar la actual crisis del proceso de paz en la oportunidad para darle un nuevo impulso y hacerlo ganar más respaldo de la opinión pública.
Respaldo de partidos políticos al Gobierno
El secuestro del general Rubén Darío Alzate fue tema de la plenaria del Senado, durante la noche de este martes. Allí, el senador Álvaro Uribe se refirió a la eventual liberación del alto oficial, del cabo y la abogada secuestrada con ellos. “Están anunciando que probablemente esta noche liberarían los secuestrados. Quiero decir se me han anticipado algunos periodistas, pero es muy importante, dadas las circunstancias del país, poder esta noche volver a hablar del tema aquí”, dijo el senador, quien también habló de estos rumores en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, más tarde el Gobierno desmintió que haya en marcha una operación para la liberación de los secuestrados y que estén activados los protocolos de seguridad con este propósito.
Horas antes, los partidos políticos exigieron a las Farc la liberación pronta y sin dilaciones de los secuestrados. Los voceros de las colectividades, en un comunicado, respaldaron la decisión del presidente Santos de mantener suspendido el proceso mientras no haya liberación.
“Exigimos a las Farc la inmediata libertad del general Alzate, de los otros militares y civiles secuestrados, tanto en el Chocó como en Arauca, y que cumplan el cese definitivo de la práctica del secuestro”, reza la comunicación que fue suscrita por los partidos, excepto el Centro Democrático.
La senadora uribista María del Rosario Guerra explicó que su partido “comparte” exigirles a las Farc que entreguen a los secuestrados, pero no los otros apartes del comunicado. “No estamos de acuerdo con la manera como el Gobierno está conduciendo este proceso. Creemos que es importante el cese unilateral del fuego y que a lo largo y ancho del territorio se defienda a los civiles y a los militares”, dijo.
La senadora Claudia López señaló que lo que sí está claro “es que este hecho se va a resolver aquí en Colombia, no en La Habana”.
De otro lado, el senador del Polo Jorge Enrique Robledo también exigió la liberación. “Hacemos votos para que el Gobierno y las Farc encuentren las maneras y los caminos para reiniciar el proceso de paz”, expresó.
A nombre del liberalismo, Horacio Serpa acompañó la exigencia de la “pronta liberación” de los retenidos y dijo que “nunca antes en la larga peregrinación del país hacia la paz se había conseguido tanto” como en Cuba.
Por su parte, el copresidente de la Comisión de Paz del Senado Roy Barreras afirmó que “prolongar o dilatar” la puesta en libertad de los secuestrados lo que haría es “poner en muy grave riesgo el proceso de paz”.
El Partido Conservador también se pronunció luego de que las Farc admitieron que tienen en su poder al general Alzate y afirmó que la única “responsable” de ese secuestro es la guerrilla.
Lo que dijeron las Farc
“Mientras continúe la confrontación, se van a presentar hechos como este e incluso hasta mucho más graves. Es la hora de la sensatez, es la hora de pensar con la cabeza fría y de pensar que a Colombia le llegó la hora de la paz”.
“Queremos que este impasse (el secuestro del general) sea resuelto lo más pronto posible para que el proceso
siga avanzando sin sobresaltos hacia el acuerdo final”.
“Estamos dispuestos a encontrarle una pronta, tranquila y justa solución a este problema”.
“Seguiremos en La Habana trabajando por la paz y dispuestos a continuar las conversaciones”.
Dos años entre el escepticismo y la esperanza
Por primera vez, el gobierno suspende los diálogos con las Farc, mientras se aclara el secuestro del general del Ejército Rubén Darío Alzate en Chocó. Este es el momento más crítico de una negociación que se adelanta sin cese del fuego y que ha despertado ilusiones y polarización en el país.
Aunque el presidente Juan Manuel Santos dijo en 2012 que las conversaciones con las Farc en Cuba durarían meses, ya han pasado más de dos años desde que se hicieron públicos los acercamientos entre el gobierno colombiano y esa guerrilla. Este tiempo no ha sido fácil. Las partes decidieron negociar sin deponer las hostilidades, bajo estricta confidencialidad, con la regla de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, y ceñidos a una agenda de seis puntos, sin permitir que esta se modifique por factores externos.
Adelantar los diálogos bajo los rigores del conflicto ha sido quizá el mayor desafío para el proceso. Innumerables episodios de violencia, como un atentado con explosivos en Pradera, Valle; bombardeos en los que han muerto varios jefes guerrilleros; el asesinato de dos indígenas Nasa, y ahora el eventual secuestro del general del Ejército Rubén Darío Alzate, han sido las pruebas más ácidas para la voluntad de paz de las partes y del país mismo.
Las conversaciones comenzaron en un momento de fuerte confrontación militar, y en un clima de opinión pesimista frente a las posibilidades de un acuerdo. Si bien las encuestas mostraban una leve mayoría a favor de una salida política, los encuestados siempre respondían que no veían un horizonte de éxito para el proceso de paz. Muchos de esos factores han cambiado.
Si bien se sigue negociando bajo fuego, las hostilidades se han reducido en más de un 52% en el último año según la Fundación Paz y Reconciliación. El propio Ministerio de Defensa ha reconocido que la guerrilla ha bajado el número de ataques a sus tropas. Y la opinión se muestra cada vez más favorable y optimista con la eventualidad de un acuerdo, tendencia que se puso a prueba durante las elecciones presidenciales, donde finalmente ganó Juan Manuel Santos, enarbolando sin ambigüedades la bandera de la paz. A eso se suma un fuerte respaldo al proceso por parte de la comunidad internacional.
Ya se ha llegado a importantes acuerdos en tres temas de la agenda: desarrollo rural integral, participación política y solución al problema de las drogas; y de que hay avances en un cuarto aspecto, el de víctimas; pero la Mesa sigue teniendo enormes dificultades para comunicar sus logros. La polarización y el peso de un debate político enardecido, han opacado las posibilidades de ver con claridad en que hay avances y en qué no. Y hay consenso de que en esta ocasión se ha llegado más lejos que nunca. No obstante, el asesinato de los dos indígenas y el secuestro del general Alzate son golpes a la confianza que los colombianos tienen en la posibilidad de alcanzar un armisticio.
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