Fiscalía colombiana iniciará procesos penales a quienes continúen con paro judicial
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, luego de una reunión que se adelantó con altos funcionarios de Gobierno y de la rama judicial, anunció que se iniciarán procesos penales a quienes continúen con el paro judicial y que impidan el acceso a los despachos judiciales.
Desde la Casa de Nariño manifestó que si se persiste en las actividades de un cierre ilimitado e indefinido de las sedes de los despachos judiciales en el país, “cerrando en contra de la voluntad de muchos funcionarios que quieren prestar el servicio y negando la posibilidad de acceso a los ciudadanos”, se iniciarán las judicializaciones.
“La Fiscalía General de la Nación iniciará procesos penales por constreñimiento indebido y por abuso de autoridad, que consiste en impedir el acceso de la ciudadanía a los despachos públicos”, al igual que impedir el acceso de los servidores públicos de la rama judicial que esperan reincorporarse a sus labores.
Así mismo llamará a interrogatorio a varios funcionarios de las salas administrativas que siguieron pagando sueldos “pese a la advertencia que había hecho el Contralor General de la Republica de que a personas que se encuentran en paro o huelga no se les podía pagar los salarios correspondientes”.
Se autorizó además a la Fuerza Pública para que el próximo martes cuando concluye la vacancia judicial, garantice con las medidas que sean necesarias el acceso a los despachos judiciales.
En la reunión participó el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, quien hizo un llamado para que “en un acto de cordura entren en razón y a partir del próximo martes se reincorporen a sus labores”.
Por su parte el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, anunció que el próximo martes se podría pedir a las instancias judiciales que el paro sea declarado ilegal, teniendo en cuenta que menos del 12 % de los jueces participan de la protesta y menos del 1 % de los funcionarios de la Fiscalía, según el reporte entregado por Néstor Raúl Correa, presidente de la Sala Administrativa.
Otros funcionarios participaron de la reunión como el ministro encargado d Hacienda, Andrés Escobar, quien destacó los recursos que se han destinado para la remuneración y nivelación de la rama judicial desde el 2012.
Coincidieron, como lo dijo el fiscal Montealegre en que “existen unos límites al ejercicio de la protesta social que están siendo excedidos, por ejemplo cuando se afecta en forma grave derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho al acceso a la justicia”.
También “el derecho que tienen todos los funcionarios públicos y servidores judiciales de retornar a sus cargos y de ejercer entre las condiciones sus funciones judiciales, afectación grave que puede ser constitutiva de delito”, advirtió el Fiscal Montealegre.