La agenda política y el movimiento juvenil peruano – Por Yorka Gamarra Boluarte

Las leyes laborales son una construcción de abajo hacia arriba, desde la lucha por la jornada de las 8 horas a mediados del siglo XVIII, hasta nuestros días. Tiene un camino inverso en su edificación al resto de cuerpos legales. Se crea entre dos fuerzas con intereses contrapuestos. En escenarios de tensión y en dos momentos: las acciones de fuerza y el diálogo.

Diremos que no instrumentaliza totalmente la voluntad del poder fáctico, sino más bien establece consensos entre el capital y el trabajo para equilibrar esta relación. No lo genera el Mercado, ya lo sabemos.

Esta construcción legal como expresión de acciones colectivas depende para su perfeccionamiento de un equilibrio de fuerzas en el terreno fáctico, de su defensa colectiva por parte de los trabajadores, ahí tienen su razón de ser el sindicato y la negociación colectiva.

Por lo tanto el derecho laboral es esencialmente garantista, porque tiene que servir de instrumento para crear y recrear el consenso entre el capital y el trabajo y retomar la paz social, cuando se ve alterada. Si esta ley es una construcción de conquistas, tiene que encarnar el respeto a los derechos de los trabajadores, su carácter lo aleja de ser una ley económica al servicio del capital.

El trasfondo que subyace en la Ley Pulpín que acaba de ser derogada por la acción de la PEA más joven, es que el Perú transite a una aún más alta flexibilización laboral, con una más clara individualización de las relaciones laborales. De esta manera el contrato laboral pierde su esencia colectiva, y pierde su esencia también la ley laboral y el Estado adscribe de su obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

Al convertirse el trabajo en una mercancía, la relación laboral queda reducida a la empresa y el trabajador (que vende sus servicios) y los asuntos contendientes se arreglan no ya en la esfera del derecho laboral sino del derecho civil, el sindicato resulta siendo un ente extraño a esta nueva relación laboral. Si a esto le sumamos la tendencia a la desterritorialización y desconcentración del trabajo, entonces tenemos el terreno para el retorno a la esclavitud.

Las últimas grandes marchas de los jóvenes, en rechazo a la ahora derogada Ley Laboral Juvenil, demuestran el fracaso de la utopía de un capitalismo liberal auto regulado que ha sido el discurso oficial desde el inicio de los años ’90 del siglo pasado en el Perú, después de la última reestructuración del Estado con la Constitución vigente.

Los jóvenes peruanos, que recientemente han hecho que el Gobierno y los grandes empresarios retrocedan en su afán de imponer una ley que quitaba derechos a los jóvenes de entre 18 a 24 años, han saboreado la victoria.

Puesto en agenda el tema laboral (gracias chicos) toca el debate de la Ley General del Trabajo, documento que desde hace una década está consensuado entre los distintos sectores del quehacer productivo nacional (trabajadores, empresarios, Estado) y que no se ha querido poner en agenda del Congreso de la República (de su discusión en comisiones no ha pasado).

Si los jóvenes asumen su debate y defensa, estaremos ante la maduración del movimiento juvenil en el Perú, pues su plataforma pasará de ser laboral generacional a tener una agenda claramente política. Ese el reto.

*Yorka Gamarra Boluarte es abogada, periodista. Directora del Observatorio de la Corrupción.