El Salvador: Gobierno anuncia que sacará de las cárceles a enfermos terminales
El comisionado presidencial de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Franzi Hato Hasbún, informó este miércoles 15 de abril que entre los nuevos cambios en la estrategia de seguridad pública se encuentra la decisión de sacar de las cárceles a los privados de libertado con enfermedades terminales.
“Vamos a liberar a los enfermos terminales y a trabajar (con ellos) en la aplicación de la Ley de Brazaletes. Esto es clave en el tema de las necesidades de los centros penales y hay otras medidas que vamos a adoptar más adelante que responden a esas mismas necesidades”, aseguró Hasbún.
Aunque el comisionado no informó la fecha exacta en la que se aplicará la nueva medida, el anuncio fue dado entre los nuevos cambios en materia de seguridad que el gobierno anunció para los próximos meses.
La Asamblea Legislativa aprobó con 58 votos a favor la Ley Reguladora del Uso de Vigilancia Electrónica en Materia Penal este 8 de enero de 2015; sin embargo, un presupuesto de $14 millones para su aplicación proveniente de un préstamo ya había sido aprobado en octubre de 2013.
La propuesta de ley fue presentada en agosto de 2013, y el borrador final contempla la posibilidad de que los reos beneficiados con la medida utilicen brazaletes, tobilleras o chips que permitan la ubicación geo-referencial del reo.
Además de los enfermos terminales, la ley plantea que se podrán beneficiar los reos contemplados en los artículos 85 y 86 del Código Penal, entre los que se encuentran los privados de libertad que hayan cumplido dos terceras partes de su condena y los que merezcan derecho de beneficio por buena conducta.
Actualmente el sistema carcelario de El Salvador se encuentra a un 325 por ciento de su capacidad poblacional, según informó el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, con un aproximado de 30 mil reos, cuando las cárceles de todo el país tienen una capacidad máxima de 8 mil.
El hacinamiento en las cárceles es uno de los factores que impide que los reos estén en las condiciones apropiadas para su rehabilitación, según Lara, lo que provoca que las instalaciones estén constantemente en condiciones insalubres.
La medida de liberar espacio en los centros penales está contemplada en el plan quinquenal del gobierno y se tiene la proyección de reducir en un 40 por ciento la ocupación penitenciara para el año 2019.