México: advierten que proyecto de ley busca acabar con entidades financieras populares

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or lo menos 400 mil mexicanos de bajos recursos, principalmente indígenas y campesinos, serán los primeros afectados de aprobarse la llamada ley Ficrea, con la que legisladores federales pretenden dar solución a 6 mil defraudados de esa sociedad financiera popular (Sofipo), pero que borra de un plumazo otras instituciones financieras básicas, como las cooperativas y las sociedades financieras comunitarias (Sofincos), lo que incrementará la exclusión financiera en el país para millones de personas, denunciaron dirigentes del sector de ahorro y crédito popular, así como de organizaciones campesinas.

Aclararon que no se oponen a que se resuelva el caso de Ficrea y se restituya su dinero a los ahorradores defraudados, pero se quiere hacer pagar a justos por pecadores. No descartaron tintes electoreros, pues criticaron que dicha iniciativa estuvo lista en menos de una semana, ya que apenas el martes 14 de abril se presentó sorpresivamente en la Cámara de Diputados, se dictaminó en la Comisión de Hacienda y 48 horas después, el jueves, se pretendía aprobarla y pasarla al Senado, cuando diputados que la firmaron ni siquiera la habían leído y desconocían su alcance.

No es posible que en medio de la crisis económica que vive el país y la falta de generación de empleos, la exclusión financiera sea pasada por una ley de corte político para dar la imagen de que el caso Ficrea se está resolviendo, cuando éste no es un problema originado por las sociedades financieras comunitarias y populares que atienden a la población más pobre del país y sin acceso a bancos, señaló Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social.

La iniciativa, explicó, afecta cuatro leyes en ocho decretos: la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Ley de Sociedades de Ahorro y Préstamo, el Código Penal y la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Con ella se pretende eliminar de un plumazo a las Sofincos y las cooperativas, sin que se haya consultado a los sectores que agravia, como marca la convención 69 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lo peor del caso, dijo, no es sólo que perjudica a 400 mil socios de las cooperativas y Sofincos actuales, sino que cierra la puerta para que se establezcan más instituciones de este tipo y atiendan a los millones de mexicanos marginados del sistema financiero.

La Ley Ficrea es un atentado contra indígenas y campesinos, porque promueve la defunción de las instituciones de ahorro y crédito popular. Hacemos un llamado a no aprobarla. Los legisladores que la promueven tienen mala puntería porque unos cometen el fraude en una Sofipo, y ellos deciden que deben desaparecer las Sofincos y las cooperativas, que son instituciones distintas porque no tienen fines de lucro, señaló Max Corra, dirigente de la Central Campesina Cardenista.

Por un sátrapa que cometió un delito contra los ahorradores en una Sofipo que no fue debidamente supervisada por las autoridades, ahora se nos quiere castigar a todos, sentenció Jorge Castillo Magaña, vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), en referencia a Rafael Olvera, socio mayoritario de Ficrea y todavía prófugo. Urbino Martinez, presidente de SMB rural, una Sofinco que opera en Oaxaca desde hace 15 años y que tardó dos años en ser autorizada, dijo que con esa ley se les obligará a transformarse en Sofipo y alertó que eso también afectará a los migrantes que envían remesas a sus familias en comunidades pobres a través de dichas instituciones.

Las instituciones de ahorro y crédito popular en México, sostuvo Isabel Cruz, han crecido y se han consolidado en este siglo como en ningún otro país en América Latina, porque de atender 1.5 millones de personas en 2015 ya llegan a 8.5 millones.

El sector, dijo, ha sufrido 11 reformas estructurales desde 2001 hasta 2015, pero nos han consultado y nunca como ahora se había cometido este atropello doble porque hace menos de un año se expidió la reforma financiera que modificó 36 leyes. Ahora quieren hacer otra reforma vergonzante que es una cirugía mayor que perjudica al conjunto del sector de ahorro y crédito popular: a algunos los manda al hospital y saldrán en una semana, a otros los deja mutilados y a otros los deja muertos.

La Jornada

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