Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General de Ecuador: “La estructura de la investigación del 30-S se trastocó”
¿Qué no hizo o qué dejó de hacer el anterior Fiscal General, (Washington Pesántez) que impidió avanzar con las investigaciones respecto al 30-S?
Primero: investigar sobre lo que ocurrió en el Hospital de la Policía (en Quito), que era claramente una tentativa de un hecho delictual contra la estabilidad democrática del Ecuador. Y lo que es peor, se dividieron las causas en varios episodios que tenían como origen lo que ocurrió en Quito, los 21 casos que tenemos en provincias es la expresión de eso.
Segundo: no se investigó por qué en la escena del crimen las evidencias fueron desaparecidas. Se le quiso echar la culpa de esto a la Empresa Municipal de Aseo de Quito, por lo que la pregunta era ¿qué responsabilidad tenían ellos en esto?, y la respuesta es ninguna, porque su tarea es limpiar donde hay basura, mientras que la tarea de quienes debían proteger evidencias era de la Policía y no se cumplió, por eso hay 6 personas que están procesadas.
Tercero: Tampoco se investigó el medio por el cual toda esta problemática se presentó en la Central de Radiopatrulla, desde donde se operaba todo el movimiento policial (revuelta).
Estos 3 casos, que son realmente importantes, no se los investigó y, por lo tanto, en la Fiscalía creemos que es indispensable para la plena búsqueda de la verdad que estos casos concluyan.
El caso de la Central de Radiopatrulla después investigamos y ya hay sentencia; sobre el intento de magnicidio también hay sentencia; y sobre el tema evidencias estamos en etapa de juicio, y esperamos terminar con los 2 últimos casos respecto al delito de tentativa de golpe de Estado y de tentativa de plagio al Presidente de República.
Si han transcurrido 5 años y las investigaciones no avanzaron como debían, ¿significa que no hubo una investigación objetiva y técnica desde un inicio, con el Fiscal que lo precedió a usted?
Yo diría que hubo graves problemas. El primero: la estructura de la investigación del 30S se trastocó, se puso a la institución policial, concretamente a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, a mandar en la investigación. Eso no podía ocurrir, de allí los graves problemas que hemos tenido que enfrentar. La Policía no es la que puede investigar sobre la Fiscalía, ya que es la Fiscalía la que le dispone a la Policía la investigación y cómo llevarla.
¿Cuál es el perjuicio para el Estado y para la Fiscalía de haber demorado tanto las investigaciones?
El gran perjuicio es que el pueblo ecuatoriano finalmente no tenga la posibilidad de saber la verdad en un tiempo oportuno, pero más vale saberla a los años y no quedarnos en la impunidad.
Todos estos pronunciamientos, dentro del tema 30-S… ¿La Fiscalía y la administración de justicia van a poder argumentar en caso de que se abriera un proceso contra el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como han advertido sectores de oposición?
Miren cómo son las cosas: cuando en la época de la represión en el Ecuador habían grupos subversivos que actuaban, a ellos no se les aplicó la ley, lo que se hizo fue desaparecerlos, ejecutarlos o detenerlos irregularmente y someterlos a torturas.
En cambio (en los últimos tiempos) cuando en el país se descubrió una facción de un grupo que actuaba en forma irregular, ellos (implicados) fueron sometidos a un proceso, jamás arbitrariamente detenidos o sometidos a desaparición, a tratos crueles e inhumanos, y la sentencia que establecieron los jueces, si no me equivoco, fue de 1 año.
¿Por qué razón y a qué países la Fiscalía General pidió asistencia penal internacional para investigar los hechos del 30-S?
Porque en nuestra perspectiva no cabe que la Policía se investigue a sí misma, ya que los peritos deben tener imparcialidad y una distancia sobre los hechos que se indagan. Por esa razón las pericias se realizaron con personal externo de Colombia, Venezuela y Perú.
Venezuela, por ejemplo, tiene una unidad especializada para este tipo de investigaciones de violación a los derechos humanos ejecutados por funcionarios públicos, policías o militares, pero no solo pedimos asistencia penal a Venezuela, pues el análisis de las balas encontradas en los cadáveres de las personas que murieron en esos hechos y otros peritajes fue hecho en Colombia.