Primera vuelta… de tuerca – Por Víctor Ferrigno
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Cuando usted lea esta columna ya sabremos qué candidatos pasarán a segunda vuelta, con la certeza de que ninguno de ellos puede ni quiere resolver la grave crisis político-institucional del Estado, copado por el crimen organizado en casi todas sus instancias, al grado que el binomio presidencial, ministros y secretarios, directores de entidades descentralizadas, diputados y jueces están siendo procesados por delitos comunes.
Se trata de políticos que encabezan a partidos financiados con fondos ilícitos, que se burlan de las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), postularon candidatos corruptos y sin programas de gobierno realistas para resolver los problemas estructurales del país.
Fue esa convicción la que llevó al pueblo de Guatemala, el pasado 27 de agosto, a escribir una de las páginas más relevantes de su historia política, protagonizando la movilización ciudadana más numerosa de la que se tenga registro, en 20 departamentos, involucrando a más de medio millón de hombres y mujeres de todos los estratos sociales del país, para demandar la renuncia de Otto Pérez Molina, el cese de la impunidad y el ejercicio de su poder soberano y, a voz en cuello, advirtieron que “en estas condiciones no queremos elecciones”.
En esa gesta cívica sin precedentes, las 220 organizaciones civiles que integran la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado (PNRE) contribuyeron significativamente, jugando un valioso papel la Asamblea Social y Popular y la comunidad universitaria nacional.
Mediante un petitorio, el viernes 5 de septiembre, la PNRE le solicitó al TSE que evaluara objetivamente si existían las condiciones jurídicas, políticas y de seguridad para que el proceso electoral se desarrollara con la legitimidad y legalidad que la Ley establece y, si el balance fuera negativo, difiriera las votaciones hasta que estas se pudieran realizar con las garantías necesarias.
En la audiencia conferida a la PNRE, la magistrada Eugenia Mijangos, en un acto de valentía cívica, manifestó que lamentablemente el TSE había sido despojado de su función rectora y capacidad sancionatoria del proceso electoral, convirtiéndose en un mero tramitador de expedientes, por lo cual era corresponsable de las deformaciones del sistema político guatemalteco. Y que por ello hay que efectuar una profunda transformación del ente, con el apoyo ciudadano.
A la misma hora del acto, en San Fernando Chahal, un fuerte grupo de vecinos protagonizaron disturbios, retuvieron a varios agentes de la PNC y quemaron un vehículo del alcalde, porque este no cumplió con repartir las láminas que les ofreció a cambio de sus votos. Esto refleja cuánto se ha pervertido el sistema electoral, deviniendo en un vulgar mecanismo de compra de voluntades, con financiamiento del narco y la corrupción, como demostraron el MP y la Cicig con sus investigaciones.
Todo el andamiaje constitucional que nos rige se fundamenta en el poder soberano del Pueblo, quien lo delega temporal y parcialmente en las autoridades, mediante el voto. Al burlarse el poder soberano, el Estado deviene ilegítimo, al igual que las leyes aprobadas por autoridades espurias y las sentencias emitidas por jueces venales. En suma, ya no hay Estado de derecho.
Por todo ello, más allá de los resultados electorales, hay necesidad de refundar al Estado, para legitimarlo, mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Para ello, primero hay que reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, antes de que las nuevas autoridades tomen posesión
El Pueblo ya le dio al sistema político su primera vuelta de tuerca; falta socar hasta el final.