Perú: organizaciones sociales exigen judicialización por esterilizaciones forzadas durante el gobierno fujimorista
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) y otras organizaciones, exigieron la pronta judicialización del caso de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno fujimorista.
En ese sentido, rechazaron la decisión de ampliar por 150 días más la investigación del mencionado caso, a cargo de la fiscal Marcelita Gutiérrez.
La directora de Demus, Jessenia Casani, manifestó que la demora en la resolución de ese caso perpetúa la impunidad, ya que hay medios probatorios necesarios para que la fiscal se pronuncie y establezca la denuncia penal por ser delitos de lesa humanidad.
“Son de conocimiento público los documentos que prueban la existencia de metas y cuotas, así como de falta de garantías y violaciones al consentimiento informado”, agregó.
Por su parte, Milton Campos, abogado de las víctimas, sostuvo que la Fiscalía ha tenido un plazo de nueve meses para investigar, lo cual se considera un plazo más que suficiente y prudencial para tomar una decisión.
“Hay suficientes indicios para formular denuncia contra (Alberto) Fujimori y sus exministros de salud Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer”, aseveró.
Indicó que en el expediente fiscal está acreditada la actuación del gobierno del expresidente Fujimori en las comunicaciones constantes con sus viceministros para conocer de manera periódica y mediata los avances del programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
“En el expediente también hay notas escritas del puño y letra de Fujimori haciendo observaciones al programa, pidiendo que se incrementaran los pagos al personal médico”, anotó.
Agregó que en los más de 150 tomos de investigación figuran las declaraciones del personal de salud afirmando que recibían llamadas telefónicas desde la asesoría del despacho presidencial pidiendo el record de ligaduras y vasectomías realizadas.
A su turno, la secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ana María Vidal, sostuvo que dicha organización está profundamente preocupada porque “no se avanza nada en materia de justicia”.
Para las mencionadas organizaciones, existen suficientes indicios para poder formular una denuncia en ese caso y por ello impugnarán dicha decisión.