Puerto Rico: eventual junta de control fiscal reaviva el debate sobre el estatus político del país
Senado le hace frente a la junta federal de control fiscal
Aunque será en el Congreso de Estados Unidos donde se discutirán los términos de la llamada junta federal de control fiscal, el Senado de Puerto Rico anticipó al debate, y aprobó este lunes una resolución para expresar su rechazo a la propuesta congresional, así como a todo mecanismo dirigido a atender la crisis fiscal que lacere los principios democráticos y las facultades de los funcionarios electos del país.
La Resolución del Senado 1371 fue sometida este lunes por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Alto Cuerpo, y fue aprobada por la vía extraordinaria de descargue en votación 17-6. Le votaron en contra a la medida los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) Thomas Rivera Schatz, Ángel “Chayanne” Martínez, Margarita Nolasco, Migdalia Padilla, José “Joíto” Pérez y la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.
La resolución en contra del borrador de la legislación del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal generó un prolongado debate sobre el status político de Puerto Rico y los términos de su relación política con Estados Unidos. Todo transcurrió a pesar de que algunos miembros de la mayoría del PPD intentaron mantener el asunto como uno estrictamente fiscal y económico.
“El problema que tenemos hoy no es un problema del status, digo, podríamos sentarnos (y decir) ‘si fuéramos estado tendríamos el Capítulo 9’ (del Código de Quiebras federal). El Capítulo 9, como se ha dicho una y otra vez, no resuelve el problema de Puerto Rico porque es más grande… El problema es matemático. El problema es que no tenemos suficientes recaudos para pagar el gobierno de Puerto Rico y para pagar la deuda del gobierno de Puerto Rico. Ese es el problema”, subrayó el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, al tomar un turno a favor de la medida.
Bhatia, quien ha participado directamente en la discusión sobre la crisis en la capital federal, reiteró ante el pleno del Senado que la propuesta esbozada por la mayoría republicana en el Congreso es inaceptable y “ofensiva para Puerto Rico”.
“El pueblo que cede la democracia por seguridad económica pierde ambas cosas… pierde la democracia y la seguridad económica. Aquellos que estén a favor de que venga una junta de control fiscal no saben lo que están soñando ni pidiendo, lo que están pidiendo es una junta que no le responde a nadie, que suba las contribuciones de este país, que recorte los gastos y decida reestructurar la deuda como le dé la gana con los beneficios a quien le dé la gana, sin que responda a los intereses de Puerto Rico”, enfatizó el líder senatorial.
La resolución avalada por el Senado expresa el rechazo de ese cuerpo legislativo hacia la estructura que contempla el anteproyecto al que denominan “Promesa”, por las siglas en inglés de “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act”.
El Alto Cuerpo objeta cualquier mecanismo que incluya la legislación que sea “contrario a los procesos democráticos y a los derechos del pueblo de Puerto Rico, específicamente en aquello que ordene y controle al gobierno” local.
También reclama que el plan fiscal federal “provea mecanismos justos y equitativos de reestructuración de la deuda y de desarrollo económico para el país”.
“Se exige al Congreso a evaluar aquellas alternativas que brinden a Puerto Rico la oportunidad de superar las dificultades económicas, así como las financieras del gobierno, de una forma colaborativa y dentro de un marco de reciprocidad con el mayor respeto a los principios democráticos expresados en la Constitución del ELA”, indica la resolución.
Para la senadora del PIP, la legislación congresional no es más que un reflejo de la realidad jurídica del Estado Libre Asociado (ELA), y del ejercicio de los poderes plenos del Congreso estadounidense sobre el gobierno de la Isla.
“Estamos con el agua al cuello y las manos atadas. Esta es la culminación del ELA, lo que había sido el sueño del PPD, la culminación del ELA es la junta de control fiscal, por eso, cualquier iniciativa que se considere, que solamente atienda los elementos económicos, los elementos fiscales, o cualquier rechazo a la intervención del Congreso estadounidense que no se dirija a lo que es el problema de fondo, para mí, es una expresión incompleta”, sostuvo Santiago.
Durante el debate legislativo, la portavoz del PIP presentó una enmienda para que la resolución incluyera lenguaje alusivo a la celebración de una consulta sobre el status de la Isla con alternativas no coloniales, ni territoriales, pero los cambios propuestos fueron rechazados por la mayoría parlamentaria.
Aunque algunos miembros de la minoría del PNP votaron en contra de la pieza, el senador Larry Seilhamer, portavoz de esa delegación, la favoreció luego que le incluyeron algunas enmiendas para limitar la expresión de rechazo a aquellos aspectos que atentan contra los poderes del gobierno local, y no incluir otras disposiciones de la legislación congresional que, según el legislador, favorecerían al país.
Seilhamer, además, se expresó confiado en que cualquier medida que considere el Congreso, tendría que incluir enmiendas sustanciales en torno a la propuesta junta federal de control fiscal para poder ganar el favor de republicanos y demócratas.
“La junta de control fiscal, lo que presente un control absoluto sobre la Isla, es un documento de trabajo que no va a tener el consenso de los demócratas. Para que pase, tiene que haber consenso entre los republicanos y los demócratas, y me parece que va a llegar a un punto medio, y la junta de control fiscal no puede ser el punto medio como esta en el anteproyecto”, dijo el senador novoprogresista a este medio.