César Gaviria, expresidente colombiano: “El Estado debe tener la responsabilidad de controlar las drogas”

Por Hugo García Segura y Germán Espejo

El expresidente dice que no hay que esperar cambios de enfoque de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas, que inicia el martes. Señala que el Plan Colombia no sirvió para acabar con el narcotráfico y que es un error no decirles a las bacrim narcotraficantes, lo cual las legitima y hace que busquen estatus político.

Desde este martes 19 de abril se lleva a cabo en Nueva York la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas (UNGASS 2016). Será un pulso entre aquellos países que abogan por mantener la política de “mano dura” frente al problema y los que solicitan nuevos enfoques, menos punitivos y más de salud pública, a cuya cabeza está Colombia. Como lo advirtió en enero pasado el presidente Juan Manuel Santos, posiblemente no va a resultar la solución mágica porque no existe solución mágica, pero por lo menos el mundo entero podrá comenzar a reconocer que la guerra contra las drogas que se decretó hace 40 años, no se ha ganado y si es así, es porque algo se está haciendo mal.

Uno de los líderes en la búsqueda de esos nuevos enfoques es el expresidente César Gaviria, quien en entrevista con El Espectador reitera su postura sobre la necesidad de cambiar los parámetros hasta hoy establecidos y que darle al Estado la responsabilidad de controlar las drogas frente a su uso y sus limitaciones. Un diálogo que derivó en su visión de las llamadas bacrim, que para él no son más que bandas de narcotráfico, al igual que en su postura frente al quinceañero Plan Colombia, que no sirvió para acabar con el narcotráfico.

¿Qué esperar de esta sesión especial de Naciones Unidas sobre las drogas?

Colombia tiene una gran autoridad y reconocimiento internacional porque es claro que a la gente le importa lo que piensa y respeta la trayectoria del país en ese tema. Es muy importante sacar el debate de Viena (Austria) y pasarlo a Nueva York, al seno de Naciones Unidas. Es absurda esa tradición de que la política de drogas se hace en Viena por las autoridades antinarcóticos y nadie más puede opinar, y todo termina en que lo único que se puede hacer es cumplir las convenciones de Naciones Unidas, hechas hace 50 años, e ignorar todo lo que ha pasado desde entonces. Se adelantaban convenciones en tiempos en que el problema era totalmente diferente, en que no había ninguna experiencia y todo tenía que ver con la guerra de Vietnam y el consumo de heroína en ella. No creo que se pueda esperar de esta Asamblea cambios en las convenciones, entre otras, porque hay regiones donde el tema es radicalmente distinto al que nosotros tenemos. Hay regiones enteras donde la prohibición se da por temas religiosos. Mientras nosotros vivimos en una sociedad supremamente distinta, los musulmanes así como no consumen alcohol, no aceptan consumir drogas por razones religiosos. China y Japón tienen razones históricas que son difíciles de desconocer. Los regímenes autoritarios tienen posiciones supremamente duras en el tema. Europa ha avanzado en unas líneas, sin haber dado grandes batallas ideológicas y los países que están más concentrados en cambios de política son los países latinoamericanos, e inclusive Estados Unidos, que aparece muy duro por sus oposiciones de carácter global pero donde hay fenómenos que no se pueden desconocer porque no solamente están avanzando en legalizar la marihuana en algunos estados sino también volverla un negocio.

En conclusión, no hay que esperar mucho…

Los países se están abriendo paso con la idea de que las convenciones permiten manejar los temas de consumo de una manera bastante abierta, que no tiene más limitaciones que la legislación interna –que es el camino que ha seguido Europa– y es lo que va a seguir América Latina. Lo que se va a presentar en Nueva York es un buen debate a nivel político, más no a nivel de las autoridades antinarcóticos ni de las policías nacionales antinarcóticos. Se va a hablar de las experiencias de lo que ha ocurrido, donde hay experiencias interesantes para mirar y cómo el enfoque de salud que ha ido prevaleciendo en Europa se adopta en América Latina. Pero acuerdos para cambiar las actuales convenciones no habrá, porque puede que ni se necesiten. Lo que se necesita es validar y legitimar el que se pueda hacer investigación y el que se pueda atender el problema del consumo, no como un tema criminal sino como un tema de salud.

¿Qué hacer para que esas políticas dejen de ser obsoletas?

Hay que tratar de evitar que, por ejemplo, en Estados Unidos avancen más en considerar que el consumo de drogas es un delito o una actividad criminal y no un problema de salud. Se debe avanzar en el sentido de que lo que hay que hacer con las drogas es regularlas. Lo único que funciona son los controles estatales porque cada vez que se meten por el camino de la prohibición lo que tenemos es mafias poderosas incontroladas. Es claro que todas las cosas que controla el Estado funcionan, todas las drogas que el Estado controla pues las controla, todo lo que prohíbe se vuelve unas mafiosas monstruosas.

¿Y un camino es la legalización de la marihuana, por ejemplo?

Fíjese que es algo que ya están haciendo en Estados Unidos. Lo que sugerimos es que el Estado regule y pasemos a olvidarnos de las prohibiciones y las guerras. Hay que darle al Estado la responsabilidad de controlar las drogas frente a su uso, sus limitaciones, cómo se provee el mercado y qué se hace con las personas adictas. Este es un tema más de que el Estado ejerza sus controles, no es un tema simplemente de legalización. Los controles en casi todos los países funcionan y lo que no funcionan son las guerras y las prohibiciones.

¿No cree que en Colombia, con una institucionalidad a veces tan débil, hacer esos controles sería un problema adicional?

¿Qué es más fácil de conseguir en Colombia, cocaína ilegal o unas píldoras para dormir prescritas por un médico? Es mucho más fácil conseguir la cocaína, porque al tratar de conseguir las pastas no las venden sin la fórmula. Este tipo de cosas generan deformaciones inmensas evidenciadas en la epidemia que está viviendo Estados Unidos, donde la gente que no consigue calmantes para dormir porque están muy controlados, se va a la calle y compra la heroína ilegal con los riesgos que implica.

El lío es que Colombia es un país demasiado conservador todavía para dar esos pasos…

Las cosas están cambiando. La marihuana medicinal se aprobó en el tercer debate por unanimidad en la Comisión Primera Cámara. Este tipo de cambios van ocurriendo porque hay cómo probar que la marihuana medicinal es una ayuda para calmar los sufrimientos de la gente y es mucho menos costosa e invasiva que muchos otro costosa e invasiva que la morfina.

De todos modos, da la impresión de que frente al mundo se está pedaleando en una bicicleta estática…

No, porque hay un cambio de mentalidad muy grande. En América Latina, de manera absolutamente generalizada, se considera que la prohibición y la guerra contra las drogas como se ha llevado a lo largo de todas estas décadas es un fracaso y que es hora de cambiar. Cuando digo que es un fracaso no quiero decir que no se han conseguido objetivos, quiero decir que, por ejemplo, en el caso de nuestro país, el Plan Colombia fue un impulso muy importante y eficaz para mejorar la seguridad, el transporte, inteligencia y entrenamiento. Pero cuando uno ve los números –inclusive los que publican los propios Estados Unidos, que dicen que el 95% de la droga que decomisan viene de Colombia– nos hace dar cuenta de que esa guerra contra el narcotráfico no se ganó.

¿O sea que el Plan Colombia no sirvió?

Nosotros sí mejoramos nuestra seguridad, pero el gran centro de distribución sigue siendo Colombia y el narcotráfico sigue pasando por Colombia. Por eso hay problemas de seguridad tan delicados, que entre otras cosas, entre el gobierno y los medios hay como un acuerdo tácito de no reconocer que el Plan Colombia tuvo resultados que son limitados. Llevamos años diciendo que hay unas cosas que se llaman bacrim y esas cosas no son más que bandas de narcotráfico. Nos flagelamos dando la impresión que hay una inclinación perversa de los colombianos por tener bandas armadas y lo que hacemos es relevar a la comunidad internacional de todas sus obligaciones, porque eso pasa como una perversidad de la sociedad colombiana y no un problema del que nosotros somos víctimas.

Sin embargo hay quienes las ven como más que bandas de narcotráfico…

Las Farc deben aprender que las bandas de narcotráfico no son paramilitares, son bandas de narcotráfico. Con decir que son paramilitares o bacrim no nos ganamos nada. Eso es un acto de escapismo estúpido que nos está haciendo daño. Llevamos diez años hablando de que está resurgiendo el paramilitarismo y que hay unas bandas raras que se llaman bacrim, cuando en realidad son de narcotráfico. El gran centro de distribución de drogas sigue siendo Colombia y hay una afirmación contundente de las autoridades de Estados Unidos: después de que el Plan Colombia había cumplido su cometido y estaba en su etapa de reducción, se entregó un informe que revela que el 95% de cocaína que se decomisa viene de Colombia. Eso significa que para acabar con el tráfico de cocaína, el Plan Colombia no sirvió. Sirvió fue para la seguridad de Colombia, pero no le podemos atribuir virtudes que no tiene porque las cosas no son así.

¿Aunque esas bandas criminales tengan un control territorial y estén, por ejemplo, en contra de la política de restitución de tierras?

Por no llamarlos por su nombre es que esos fenómenos van evolucionando en ese sentido. El gran error de no llamarlas narcotráfico les permite tratar de buscar estatus político. Nosotros mismos somos responsables de que busquen eso. Si uno resuelve que sí son paramilitares y que sí están buscando control territorial, lo que hace es darles una legitimidad que no deben tener. La propia guerrilla es la que dice que son paramilitares, cuando ellos saben que son narcotraficantes.

¿O sea que las Farc son responsables, en parte, de que las bacrim estén buscando ese estatus?

Claro que sí. En Colombia todos los sectores estamos dedicados a legitimar las bandas de narcotráfico y a relevar a la comunidad internacional de la responsabilidad que tiene en ese sentido y pasamos a echarnos toda la culpa nosotros. Pero no sólo es culpa de las Farc, también es culpa del Gobierno, de los medios, de las Fuerzas Armadas, de los políticos y en general de la opinión pública. Todos nos pusimos de acuerdo para no llamar a esos señores por lo que son: bandas de narcos. Y todo por proteger el Plan Colombia, que no lo necesita pues todos sabemos qué efectos benéficos trajo pero no podemos exagerar sus resultados, porque lo que es evidente es que el flujo de drogas a través de Colombia no cambió.

¿Responsabilidad de la comunidad internacional en qué sentido?

Cuando uno dice que son narcotraficantes, la comunidad internacional tiene una responsabilidad en lo que pasa en Colombia y en vez de enjuiciarnos nos tiene que ayudar para reconocer el problema y luego aceptarlo. Lo otro es que nos empiecen a disparar otra vez porque no hacemos nuestra tarea y nosotros hacemos todo, con el Ejército y la Policía más grandes de América y con un gasto militar grandísimo. El país está haciendo un esfuerzo descomunal, pues gastamos un 6% del PIB en seguridad. Colombia hace todo y todo el mundo se lo reconoce, pero es hora de empezar a acabar con eso de que las bandas de narcotráfico se vuelvan paramilitares o grupos armados cuyo origen no se entiende bien, eso no nos sirve para nada.

Bacrim o narcotráfico, ¿hay que negociar con ellos?

Sometimiento es la única salida, entendiéndose que eso no es poca cosa. En cierta forma, el mecanismo de la Ley de Justicia y Paz –después del fallo de la Corte Constitucional– terminó siendo un mecanismo de sometimiento a la justicia. La Corte le cerró toda posibilidad al estatus político y lo volvió un sometimiento y en Colombia debemos estar preparados para hacerlo con cualquier banda armada que haya, lo cual no quiere decir que tengan legitimidad política.

¿Dándoles beneficios?

Puede ser y depende de qué tan peligrosa y qué tanta capacidad tengamos. Es evidente que hoy cualquier persona que está acusada de un delito, si negocia con la justicia recibe beneficios, sin tener que ser banda armada. La Fiscalía es una institución supremamente poderosa, con los instrumentos suficientes. Es más poderosa inclusive que la Fiscalía de Estados Unidos.

¿Debe autorizarse al Ejército para bombardear a las bacrim?

Cuando los problemas se vuelven militares hay que darles tratamiento de manera militar, pero eso no se puede ver en abstracto. Los problemas cuando pasan a ser desafíos militares, deben tener una respuesta igual, pero debe revisar un caso en concreto.

Se le ve muy crítico frente al Plan Colombia…

No soy amigo de atribuirle resultados que no tuvo. Para Colombia fue muy bueno para mejorar su seguridad, que implicó un enorme esfuerzo interno, pero no nos podemos poner a decir que eso acabó con el tráfico de drogas porque es mentira.

O sea que el procurador Alejandro Ordóñez tiene razón cuando dice que Colombia está hoy nadando en coca…

El tema del glifosato, cuando se quiere mirar con objetividad, la verdad es que fue muy eficaz en los primeros años del Plan Colombia, pero dejó de ser así hacia la segunda parte de la ejecución del Plan porque pasamos de tener plantaciones de hoja de coca en ocho departamentos a tenerlas en 24. Aquí hay unas zonas que se dejan fotografiar y esas zonas son las que han crecido, pero hay zonas inmensas que no hay cómo fotografiar los cultivos. La Universidad de los Andes ha mostrado que la cadena de valor de la droga se genera en el tráfico. La hoja de coca siempre ha sido abundante y no es un factor importante en el costo de droga. En la siembra, lo que tenemos son unos campesinos que ni siquiera se ganan el salario mínimo, son víctimas no son narcotraficantes. Sería hasta mejor comprarles la hoja de coca que gastar las enormes cantidades de recursos que implica fumigar con glifosato.

El Espectador

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