Juan Manuel Santos, presidente colombiano: “El consumo de drogas no debe ser visto como un asunto criminal”
Por Daniel Valero
La decisión del mundo, en especial de los 193 países que tienen asiento en las Naciones Unidas, de replantear la denominada ‘guerra contra las drogas’ y abrir un debate global para buscar alternativas, fue motivada en gran medida por Colombia y su propósito de cambiar de estrategia para enfrentar el narcotráfico y sus consecuencias nefastas en todos los estamentos de la sociedad.
Por eso el presidente Juan Manuel Santos, en esta entrevista para EL TIEMPO luego de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU (Ungass, por sus siglas en inglés), ratificó que el mundo comenzó un proceso de transformación en esta materia que debe profundizarse, en especial para, por ejemplo, no criminalizar el consumo y no enviar a los adictos a la cárcel, sino darles un tratamiento adecuado y enfocado en los derechos humanos.
Santos abogó por la abolición de la pena de muerte por delitos relacionados con el narcotráfico, y aseguró que Colombia está lista –y ya lo viene haciendo– para regular mercados de ciertas sustancias y plantas que hoy son catalogadas como ilícitas. También se refirió a otros temas como la paz y la terna para Fiscal.
¿Qué logró Colombia en Ungass 2016?
Desde el 2012, en la Cumbre de las Américas de Cartagena, planteé la necesidad de revisar la llamada ‘guerra contra las drogas’ en que el mundo se ha empeñado por medio siglo, sin que podamos decir que la vamos ganando. Además, Colombia, junto con México y Guatemala, propuso la realización de esta sesión especial. Eso ha posicionado a Colombia como líder y promotora del debate regional y mundial hacia un enfoque más humano, con mayor énfasis en la prevención, respetuoso de los derechos humanos y, sobre todo, más eficaz frente al tema de las drogas. La realización de Ungass y la adopción de un documento que avanza, así sea parcialmente, hacia ese nuevo enfoque es un logro indiscutible. Históricamente, las cumbres mundiales sobre drogas no han hecho más que reafirmar las políticas ya establecidas. Esta semana comenzó un proceso de transformación que tenemos que continuar.
¿Habrá efectos inmediatos con lo que pasó en esta sesión de la ONU?
El primer efecto es que se activó la discusión a nivel global sobre la estrategia contra las drogas, y ese es un proceso que llevará a más avances con miras al 2019, cuando se revisarán las metas que el mundo se había fijado sobre el tema. Y el documento aprobado en Ungass contiene avances concretos. Se admite, por ejemplo, que cada Estado tiene un grado de autonomía para aplicar con flexibilidad las convenciones de drogas, adaptándolas a sus circunstancias particulares. Se permite el acceso a sustancias controladas para usos médicos y científicos, y se promueven medidas para reducir los riesgos y el daño causado por el consumo. También se establece la opción de penas alternativas al encarcelamiento y se declara la importancia de la proporcionalidad de las penas.
¿El mundo sí está listo para dar un giro en torno a la llamada ‘guerra contra las drogas’?
Lo que hemos visto son dos tendencias marcadas: un grupo de países que queremos revisar, sobre evidencias científicas y con criterios objetivos, la eficacia de la guerra contra las drogas, y otro grupo que se resiste al cambio y prefiere mantener el enfoque meramente represivo. La buena noticia es que cada vez somos más los países que promovemos un nuevo esquema, y que se lograron consensos que van en la que consideramos es la dirección correcta.
Presidente, ¿ya se abre espacio a discusiones sobre despenalizar o incluso legalizar algunas sustancias específicas?
Cuando se habla de flexibilidad en la aplicación por cada país de las convenciones sobre drogas, esto implica la posibilidad de adoptar políticas nacionales que respondan a las condiciones y retos locales. Aunque no está contemplado en las convenciones, los experimentos de mercados regulados, como el de Uruguay, merecen estudio y seguimiento para establecer las ventajas y desventajas. Colombia, como lo dije en Nueva York, no aboga por la legalización de las drogas ilícitas. Lo que queremos es que se reconozcan y contemplen toda una gama de opciones intermedias, entre la total criminalización y la total legalización, que podemos explorar. Y eso sí, que el consumo se considere un problema de salud pública y no un asunto criminal. Las cárceles son para los delincuentes, no para los adictos.
¿Colombia tiene la capacidad de avanzar en la regulación de mercados que hoy son ilícitos, como el de la marihuana o algunos cultivos de ciertas plantas?
Sí, y ya lo hicimos. A fines del año pasado emití un decreto que permite que se expidan licencias para la posesión de semillas de cannabis y que se cultive la planta con fines exclusivamente médicos y científicos. Y cursa un proyecto de ley en el Congreso en el mismo sentido.
¿El país ya puede implementar a nivel nacional tratamientos para adictos facilitándoles ciertas sustancias? ¿Lo ha venido haciendo?
Sí. Desde el 2009 se vienen implementando tratamientos con sustancias que se utilizan para casos de dependencia o de sobredosis por heroína, incluyendo estabilizadores del ánimo y antidepresivos, cuando se requieren. Estas intervenciones hacen parte del POS, y se realizan bajo supervisión médica y psicológica, con sesiones de apoyo individual o grupal, para buscar la inclusión social y prevenir las recaídas.
¿Qué significa, como lo dijo ante la ONU, dejar de lado la óptica punitiva y enfocarse en los derechos humanos?
Tanto las convenciones de drogas como las convenciones de derechos humanos buscan la salud y el bienestar de la humanidad, y no podemos aplicar las primeras dejando en segundo plano el respeto a los derechos humanos. Eso tiene dos consecuencias prácticas: que no haya pena de muerte por delitos relacionados con las drogas, como hay hoy en algunos países, y que se defina el consumo de drogas como un problema de salud pública que no amerita un tratamiento criminal. Todavía no hemos logrado el consenso mundial sobre estos puntos, pero seguiremos insistiendo.
¿Ve voluntad de Estados Unidos para admitir un reenfoque en toda esta materia, teniendo en cuenta que en algunos de sus estados, por ejemplo, ciertos usos de la marihuana son legales?
Desde la Cumbre de las Américas de Cartagena, hace cuatro años, el presidente Barack Obama se mostró abierto al debate y al diálogo sobre cómo mejorar la eficacia frente al problema de las drogas ilegales. Y así me lo ha manifestado personalmente, incluso en mi reciente visita oficial, en febrero. Hay apertura para debatir el tema, y eso es muy importante. Les he dicho a él y al mundo: cómo puedo decirle a un campesino colombiano que irá a la cárcel por sembrar marihuana mientras en estados como Colorado o Washington cualquiera puede sembrarla, venderla o consumirla libremente. Parte de lo que tenemos que hacer es lograr un sinceramiento y una mayor coherencia de los países frente al tema. Me impresionó mucho la frase que pronunció el ‘Cirujano General’ de los Estados Unidos. Dijo que “la guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra contra la gente”. Es un gran cambio, y lo resume todo.
¿Es hora de replantear las convenciones de la ONU en esta materia?
Más que replantearlas, lo importante es que haya flexibilidad para su interpretación y aplicación en cada país, y esto fue un gran avance de la Ungass 2016.
Paz y terna para fiscal
¿Se esperan avances en el nuevo ciclo de paz?
Ahora mismo están reunidos los negociadores en La Habana, y les pedí que aceleren al máximo la conclusión de los acuerdos que faltan. Espero que al finalizar este ciclo tengamos buenas noticias de avance sobre alguno de los temas que faltan, que son cese bilateral y definiciones sobre desarme y refrendación e implementación.
¿Bajo qué parámetros conformó la terna para fiscal general?
Acogí la sugerencia de varias ONG que abogan por la transparencia en la designación o elección de altos funcionarios del Estado. Convoqué a todos los juristas que tuvieran la vocación y la decisión de postularse al cargo; 114 cumplieron con los requisitos constitucionales y legales, se publicaron sus hojas de vida para que los ciudadanos y las organizaciones pudieran opinar, conocimos estas opiniones, se llegó a una lista de 16 preseleccionados y se seleccionó a Mónica Cifuentes, Yesid Reyes y Néstor Humberto Martínez. Los tres tienen una larga y exitosa trayectoria profesional, son excelentes abogados y tienen méritos de sobra para ocupar este cargo, tanto por su formación como por su experiencia e idoneidad moral. Esperemos que la Corte Suprema, en su sabiduría, tome la mejor decisión.