Colombia: jefe negociador del gobierno dice que el acuerdo final con las Farc es “irreversible” y el ELN pide que el cese al fuego se extienda a esa guerrilla
Notas sobre el tema
‘Los jefes de las Farc sí harán política’: Humberto de la Calle
Humberto de la Calle apenas ha tenido tiempo para saborear el logro del acuerdo con las Farc que pone fin a la guerra. Un día después de firmar con ‘Iván Márquez’ el histórico pacto que terminará con 52 años de enfrentamiento armado con esa guerrilla, se puso a trabajar en Cuba con la delegación del Gobierno en lo que falta para sellar la paz.
Incluso, el jefe de los negociadores del presidente Juan Manuel Santos tiene previsto permanecer en La Habana hasta lograr el acuerdo final. Solo vendrá a Colombia si su presencia es imprescindible.
De la Calle tiene su mirada puesta en los temas más difíciles de la última etapa de los diálogos de paz, como la participación de los jefes de las Farc en política.
“Es realista que se abran escenarios de participación política para los dirigentes de las Farc”, afirma en esta entrevista con EL TIEMPO.
Tras el acuerdo del fin del conflicto, quedan por resolver con las Farc varias salvedades y el punto de implementación. ¿Cuándo vamos a tener el acuerdo final?
Yo creo que estamos cerca, muy cerca, del acuerdo final. Y tengo la convicción de que esto se ha vuelto irreversible. Me parece que después del acuerdo sobre el cese del fuego y la dejación de las armas esto todavía tiene un camino que implica discusiones, pero que debe llegar rápidamente a su fin.
¿Entre todas las cosas pendientes por negociar con las Farc, hay alguna que represente una particular dificultad?
Sí. Yo pienso que la más complicada es la relacionada con la participación en política de las Farc. Y creo que los colombianos tenemos que hacer una reflexión sobre este punto porque no es solo un tema de la mesa de conversaciones de La Habana. Yo quiero reiterar que el propósito final y fundamental del acuerdo es poner fin al uso de las armas y abrir las puertas a la participación política.
¿La dificultad en este punto está en la negociación con las Farc por el número de curules o en la sensibilidad del país frente al tema?
En la sensibilidad del país. En 1991, casi nadie objetó la participación política de guerrilleros desmovilizados. Incluso, constituyentes de la época votaron a favor de los artículos transitorios 12 y 13, que permitían curules a dedo. Hoy hay quienes critican decisiones que pasan por el Congreso, la Corte y el pueblo. Es muestra de cómo este tema se ha vuelto crítico.
Con el Marco Jurídico para la Paz se tomaron decisiones que impedían la participación política para los responsables de los delitos más graves. Luego, con la Jurisdicción Especial para la Paz, se abrió una puerta que implica revisar esas normas constitucionales. En cuanto a la manera concreta de hacerlo, es algo que no está definido. Por eso promuevo que hagamos una reflexión nacional.
¿Una reflexión encaminada a aceptar la participación política de los jefes de las Farc?
Creo que a Colombia le conviene que las Farc, en vez de estar atentando contra la población civil, tengan presencia en órganos representativos y participen en la política sin armas, que es verdaderamente el fin del conflicto. El fin del conflicto no es solo el cese de los fusiles, el fin del conflicto está en la mente de los colombianos y un elemento es el de la participación política.
¿Quiere decir que incluso podrían participar en política los guerrilleros que tienen delitos graves?
Claro que sí. Voy a arriesgarme a una controversia enorme, pero es realista que se abran escenarios de participación política para los dirigentes de las Farc que deseen llegar a la vida civil con plenitud de garantías. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso tendrá que ser discutido. ¿Qué pasa con las sanciones restrictivas de la libertad? ¿Cuándo debe operar esa participación en política? Puede haber muchas fórmulas. Pero el mensaje que quiero dar, repito, que sé que es muy polémico e impopular, es que los colombianos debemos reflexionar y prepararnos para que haya presencia política de las Farc.
En otras palabras, ¿el país debe acostumbrarse a que los jefes de las Farc van a hacer política de manera directa?
Pues es que en esto sí me inspiro en lo que dijo Darío Echandía: es mejor que echen lengua a que echen bala.
Este ha sido un proceso de paz inédito en muchos aspectos. Uno de ellos es el de la reincorporación de las Farc a la vida civil, que será esencialmente colectiva y no individual, como se ha hecho en procesos anteriores…
Es correcto. Las Farc pretenden que haya un proceso de reincorporación con un acento colectivo, aunque habrá algunos miembros de la organización que tomen decisiones individuales. Tienen incluso proyectos cooperativos. Como dices, hasta ahora ese tipo de esfuerzo colectivo no se ha hecho en los temas de reincorporación.
Está claro que hay zonas de transición por seis meses para que las Farc hagan el paso de movimiento armado a movimiento político. ¿Pero los hombres y mujeres de las Farc van a permanecer ahí cuando sean civiles?
Primero recordémosles a los colombianos que hay más de 33.000 veredas en Colombia. Y estamos hablando de 23 veredas y 8 puntos donde estarán las zonas transitorias y los campamentos. Esto es el 0,06 por ciento del número de veredas en Colombia y hay algunos que están presentando alarmistamente unos mapas, como si medio país fuera a estar en poder de las Farc. Y segundo, las zonas son estrictamente transitorias y su propósito exclusivo es el de la dejación de armas, que tiene que ocurrir en los 180 días siguientes a la firma del acuerdo final.
¿Entonces qué pasa luego de la dejación de las armas?
Las Farc, hecha la dejación, como ciudadanos, podrán participar en los programas de desarrollo con enfoque territorial y en los demás programas que el Gobierno impulse como sistema de reincorporación, que es un punto que tenemos que discutir. Habrá programas con participación de las comunidades, y allí, dentro de las comunidades, y sin armas, las Farc pueden ser llamadas a cumplir determinadas funciones.
Pero no es algo que implique una especie de fraccionamiento de la soberanía territorial para que las Farc se apropien de unos territorios. Eso no ha estado en la mente del Gobierno y tampoco de las Farc. Las Farc entienden explícitamente que la unidad nacional no está en juego.
Es decir, las Farc harán la transición en algunas de sus zonas históricas, y cuando hayan dejado las armas y sean ciudadanos, podrán estar en esas zonas…
Claro, pero no por una razón territorial sino por el desarrollo de unos programas que nos hemos comprometido a ejecutar. Entonces, si en una región hay que sustituir cultivos ilícitos, eso se hace con las comunidades y allí podrán estar las Farc ya sin armas. Y un tema en discusión es la creación de cooperativas para hacer desarrollos agroindustriales. Perfecto, el Gobierno puede impulsar programas, cooperar con esto, brindar líneas de crédito, pero no como una apropiación territorial sino como parte de estos programas.
¿Cómo coincide la dejación de las armas con la comparecencia de los jefes de las Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz?
La Secretaría General de la Jurisdicción debe ser puesta en marcha aún antes de la finalización de las conversaciones. Pero sí es cierto que hay un momento en que hay que hacer una especie de transición, desde el momento en que se produzcan el acuerdo final y la dejación de armas, hasta el momento en que empiece a funcionar la Jurisdicción para la Paz. Es necesario establecer un puente de transición muy breve, mientras la jurisdicción empieza a funcionar.
Y, obviamente, el mecanismo de esa transición es un asunto que tendrá que definirse en estos días…
Correcto. Es uno de los temas que hay que perfeccionar en estos días.
Las Farc ya aceptaron el plebiscito como mecanismo de refrendación, si la Corte Constitucional lo acoge. Esa fue una de las sorpresas de lo que se anunció el jueves…
Yo quiero resaltar que las Farc, por primera vez en su historia, han aceptado una decisión de un órgano judicial en Colombia. Es el comienzo de su reincorporación jurídica. El segundo efecto que eso produce es que le brinda una gran legitimidad al plebiscito, tal como lo disponga la Corte Constitucional.
¿Ustedes han considerado la posibilidad de que pueda ganar el no en esa consulta?
Claro que en una democracia esa posibilidad existe. Lo que acaba de pasar en Gran Bretaña es una lección. Pero nosotros estamos muy seguros de que el sí ganará y que ganará por un amplio margen. Creemos que esta es una enorme oportunidad y que los colombianos no la van a desechar.
Es obvio que hay disenso y una polarización. Eso es natural, la democracia funciona así.
Pero las sociedades democráticas tienen un sistema para resolver sus diferencias. No podemos quedar atrapados en el pasado. Y el plebiscito es un punto de encuentro de todos los colombianos sobre la base sencilla de que aceptemos la decisión popular. Si gana el sí o el no, todos debemos aceptar esa decisión. Esa es la manera civilizada como funcionan las democracias.
ELN le pide al Gobierno firmar un cese bilateral al fuego
El ELN considera que sería lo más “sensato” que el Gobierno firmara un cese bilateral al fuego con dicho grupo guerrillero tras el anuncio hecho el pasado 23 de junio con la guerrilla de las Farc en el marco del proceso de paz que se adelanta en La Habana (Cuba) hace cuatro años.
“Un cese del fuego del gobierno con el ELN y @Farc_EPueblo, crearía clima favorable y de mayor simpatía a las búsquedas de solución política (…) En el caso del ELN hay sincera disposición al Cese Bilateral, e incluso desde años atrás, planteamos pactos de Humanización de la guerra”, indicó el grupo en la cuenta de Twitter @MiguelAtal_ELN.
En una serie de trinos publicados en la tarde de este domingo el grupo guerrillero considera que están dispuestos a acudir de manera inmediata a la instalación de la mesa pública en Quito (Ecuador). “Si ya se firmó un acuerdo de cese bilateral del fuego del gobierno con las @Farc_EPueblo, lo más sensato sería extenderlo también con el ELN”.
Indican que desde marzo del presente año se presentó un acuerdo para adelantar un acercamiento directo con el fin de sentarse en una mesa de negociación. Sin embargo, dos meses después no se ha tomado una decisión de fondo frente a este tema. “El ELN respeta los acuerdos suscritos y conocidos por el pueblo colombiano y la comunidad internacional desde fines de marzo”.
“Invitamos a gobierno a desarrollar la Agenda en el orden establecido, y paralelamente buscar soluciones a distintos aspectos humanitarios (…) Abordar paralelamente temas humanitarios, incluirá lógicamente las retenciones y otras afectaciones que sigue generando la guerra”, indican los trinos.
En la lista de trinos se presentan cuestionamientos a la posición del Gobierno a poner condicionamientos a los acuerdos presentados el 31 de marzo. “Las condiciones que pretende el gobierno, no está dentro de lo pactado en más de dos años de conversaciones confidenciales y exploratorias”.
“Condicionamientos no pactados minas la confianza y la credibilidad y el proceso mismo (…) Aceptar imposiciones sería habilitar así a las Partes, para que en cualquier momento, una u otra desconozcan lo que se firme”, señala uno de los mensajes publicados.
Las dos decisiones pendientes de las altas cortes de cara a la paz
Luego del importante paso que dieron el Gobierno y las FARC en aras de la conquista de la paz, los órganos de cierre de la justicia tienen en sus manos gran parte del futuro de ese proceso. De la Corte Constitucional dependerá si hay plebiscito y la Corte Suprema tiene el deber de elegir al principal responsable de la lucha contra el crimen organizado: el fiscal general.
Después de cuatro años de conversaciones, las partes dieron el paso más importante e histórico de cara a la finalización de seis décadas de violencia, pero que no es el último y decisivo. Aún faltan los controles judiciales, los democráticos y el posterior esfuerzo político e institucional que convertirá el compromiso en una realidad contante y sonante.
Después de que el Estado y su verdugo pactaron las condiciones para poner punto final a esta novela, los órganos judiciales de cierre, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, tienen bajo su responsabilidad la concreción de la otra fase que requiere este proceso.
El primer compromiso remite a los magistrados de la máxima instancia constitucional a decidir si un plebiscito es el mecanismo propicio para que la ciudadanía les indique a las instituciones y a las propias FARC si están de acuerdo con el procedimiento que están utilizando para alcanzar la reconciliación. En ese campo, los togados están llamados a decidir si la participación de cuatro millones de colombianos es suficiente para entender que la opinión que tengan los votantes frente al proceso de paz es la opinión del país.
Si la Corte terminara concluyendo que el plebiscito no es el camino, el Gobierno y el Congreso tendrán que decidir si acuden a otro mecanismo de refrendación o si prefieren que la consulta ciudadana en las urnas no es necesaria para seguir adelante con el proceso.
Si la corporación termina dándole su visto bueno a la iniciativa, los electores tendrán que ir a las urnas, donde lo que se pone en juego es la posibilidad de que los sufragantesobliguen a las instituciones, con su voto, a que hagan las reformas necesarias para implementar los acuerdos de La Habana.
La otra parte de responsabilidad en el futuro próximo de la paz recae en la Corte Suprema de Justicia. El deber que tiene de elegir el nuevo fiscal general de la Nación implica que tiene bajo su resorte la obligación de designar a uno de los máximos responsables de la lucha contra el crimen organizado y por esa vía, al protagonista de las acciones estatales en favor de una paz duradera y sostenible.
Dado el reto que le espera al nuevo jefe del ente acusador en la edificación de la paz, muchos creen que esta elección se diferencia y con creces de los otros siete procesos en los cuales el organismo judicial ha designado al alto funcionario. En este caso, los magistrados ya no sólo deben pensar en un hombre que simplemente se dedique a resolver los problemas de funcionamiento de la Fiscalía, sino en alguien que asuma con verdadero compromiso ese deber de frenar y desmantelar el crimen organizado que se consolidó a través del conflicto armado.
De la decisión que los magistrados de esa alta corte tomen en este sentido depende, en muy buena medida, la ejecución de la política estatal contra la violencia, la que haría un paz sostenible y perdurable en el tiempo.
Ambos casos, tanto el del plebiscito, como el del fiscal, están próximos a ser resueltos. Nada de raro trato tendría que el próximo 6 de julio el tribunal constitucional concluyera su evaluación plebiscito y, al día siguiente, la Corte Suprema elija al sustituto de Eduardo Montealegre.