Puerto Rico: el gobernador García Padilla amplía la moratoria de la deuda
El gobernador de Puerto Rico expandió una moratoria de emergencia de la deuda pública con la que se busca proteger la capacidad del gobierno de proveer servicios esenciales, en medio de un panorama económico que empeora.
Alejandro García Padilla firmó una orden ejecutiva el viernes por la noche que suspende los pagos de bonos de la Autoridad de Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico. Dijo que la medida era necesaria porque la falta de acción en el Congreso estadounidense y la ausencia de un acuerdo de restructuración voluntaria con sus acreedores han empeorado la crisis fiscal de la isla. Dijo que se requieren “medidas razonables y necesarias” para “asegurar la salud pública, la seguridad, la educación y bienestar” de los residentes de la isla.
“El panorama económico continúa deteriorándose y la prueba está en las acciones adoptadas en esta orden ejecutiva. Al enfrentar esta crisis, llamamos al senado de Estados Unidos a aprobar PROMESA, que, aunque imperfecta, ofrece una solución alternativa para responder a la emergencia fiscal que enfrentamos”, dio García en una declaración escruta.
El gobernador promulgó en abril una moratoria sobre otra deuda de la Autoridad de Financiamiento y ha declarado emergencias fiscales en el Banco de Fomento y la Autoridad de Transporte y Carreteras. Los acreedores de Puerto Rico han presentado res demandas separadas contra una ley que da al gobernador la autoridad para declarar moratorias de la deuda.
La más reciente fue presentada por un grupo de obligacionistas ante una corte al en Nueva York el martes, luego que Puerto Rico anunciara el colapso de las negociaciones con los acreedores más importantes.
Durante un fórum en Washington el jueves, el gobernador reiteró que Puerto Rico carece de fondos suficientes para cubrir casi 2.000 millones de abonos que se vencen el 1 de julio y tendrá que declararse en impago.
El viernes, llamó al Senado a aprobar PROMESA, diciendo que eso suspendería temporalmente litigios de acreedores que amenazan la capacidad del gobierno de proveer servicios esenciales y crearía un mecanismo para restructurar la deuda de la isla, de 70.000 millones de dólares. La propuesta crearía una junta federal de supervisión para garantizar que la isla comience a operar con presupuestos equilibrados.