Costa Rica aprueba un nuevo marco legal contra el financiamiento del terrorismo
Un nuevo marco legal fue aprobado en Costa Rica, que incluye reformas sobre el tipo penal de financiamiento al terrorismo, avala acciones de congelamiento inmediato de activos en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre financiamiento del terrorismo e incorpora la obligación de reporte de operaciones sospechosas.
Se trata de la ley 19.909 “Reforma de los artículos 33, 33 bis, 69 bis y 86 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo Ley 8204”, aprobada en segundo debate, por la Asamblea Legislativa.
La aprobación de dicha legislación adecuará el marco jurídico costarricense para prevenir y combatir el financiamiento al terrorismo, el lavado de capitales y otras actividades mediantes las cuales se financian las organizaciones delictivas.
Esta nueva legislación cumple con los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) organismo que desarrolla y promociona políticas para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Costa Rica presentará este logro como parte de informe que defenderá el Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro, la próxima semana, ante los calificadores de GAFILAT (ente regional de GAFI) que sesionará en Buenos Aires, Argentina.
“La legislación aprobada hoy nos permite llegar con una mejor posición ante GAFILAT, es parte de las deficiencias que nos habían señalado en el informe anterior, por lo que era de vital importancia solventar estos aspectos previo a la nueva rendición de cuentas ante este organismo internacional. Esperamos que estos avances permitan evidenciar el compromiso país con la lucha contra el terrorismo e impidan que Costa Rica se ubique en la lista de naciones no cooperantes” afirmó Alfaro.
De igual forma, Alfaro reiteró a los diputados y diputadas la solicitud de aprobar el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal el cual proporcionará nuevas herramientas legales para transparentar los beneficiarios de las entidades jurídicas, lo cual consolidará el compromiso país con los estándares internacionales contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.