México: Peña Nieto instruye a investigar el crímen de juez a cargo de casos de narcotráfico
El juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien analizaba casos relacionados con narcotraficantes como Joaquín Guzmán Loera y operadores de Los Zetas, fue asesinado ayer en Metepec, Estado de México.
De acuerdo con las primeras investigaciones, un hombre disparó por la espalda a la víctima cuando ésta trotaba cerca de su casa.
Bermúdez Zacarías era el juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México.
Al momento de su asesinato tenía a su cargo el análisis de mil 553 casos, entre los que destacan los recursos promovidos por personajes como El Chapo Guzmán, Miguel Ángel Treviño, El Z-40, así como los de Abigael González Valencia, El Cuini, del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo las investigaciones sobre el homicidio del juez federal, por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto.
Horas después de los hechos, un video del asesinato circuló en redes sociales.
El gobernador Eruviel Ávila dijo que analizarán las imágenes que podrían ayudar en el caso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación exigió condiciones de seguridad para los jueces del país.
Matan de un balazo a juez federal en Metepec
Revisó recursos promovidos por El Chapo, Miguel Ángel Treviño El Z-40, así como de Abigael González El Cuini.
El juez federal Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en Toluca, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, fue atacado a balazos la mañana de ayer lunes cuando regresaba a su vivienda en un fraccionamiento ubicado en Metepec, Estado de México, y murió cuando era trasladado a un hospital en la capital mexiquense.
Cerca de las 8:30 horas, un sujeto desconocido que iba siguiendo al juzgador federal, que tenía su domicilio en la zona, le disparó cuando al parecer regresaba a su casa luego de realizar ejercicio por la zona y cuando caminaba sobre la avenida Árbol de la Vida, en la colonia Agrícola Buena Vista, afuera de un residencial marcado con el número 1700.
El hombre de unos 37 años, recibido un único disparo de arma de fuego en la cabeza y quedó lesionado en el sitio, por lo que vecinos y personas que pasaban por el sitio pidieron apoyo de los servicios de emergencias y al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja del Estado de México para trasladar al herido a un hospital en Toluca; sin embargo, cuando ya lo llevaban pereció.
La zona del incidente quedó resguardada por policías municipales y estatales para que los curiosos y residentes dejaran trabajar a los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), quienes iniciaron las indagatorias correspondientes en el caso como recoger muestras de casquillos y evidencias que hubieran quedado en el lugar del ataque.
El asesinato quedó grabado a través de una cámara de seguridad que se encuentra instalada en la zona en donde ocurrieron los hechos.
En el material se observa de manera clara que el servidor público federal va vestido con ropa deportiva y viene trotando sobre la banqueta, mientras en la avenida pasan varios vehículos y atrás de él vienen dos sujetos, sólo uno de ellos es el que se acerca por la espalda al hombre y cuando la víctima se percata de su presencia y va a voltear, saca un arma de fuego y le dispara. De inmediato se regresa y corre en sentido contrario para escapar mientras que la el juez yace en el suelo donde aún se mueve.
Dicho material fue recogido por el personal de la PGJEM y añadido a la carpeta de investigación por el delito de homicidio que quedó integrada para tratar de dar con el homicida y establecer el número de personas involucradas en el asesinato.
Casos relevantes
De los mil 553 asuntos que el juez Vicente Antonio Bermúdez analizaba este año desde el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales con sede en Toluca, Estado de México, hasta el momento de su asesinato, destacan los amparos promovidos por criminales como Joaquín El Chapo Guzmán, Miguel Ángel Treviño El Z-40, así como los de Abigael González Valencia El Cuini.
Por ejemplo, respecto al Guzmán Loera el juzgador revisó algunos amparos interpuestos por la defensa del líder del Cártel del Pacífico en contra de la extradición, los cuales fueron desechados, pues se presentaron antes de que ésta fuera avalada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y contara con el visto bueno del Poder Judicial de la Federación.
El recurso jurídico impulsado por los abogados del Z-40, lider del cártel de Los Zetas, era analizado desde la semana pasada por el juez Bermúdez, buscaba combatir cualquier intento por trasladarlo a otro penal de máxima seguridad.
Respecto del El Cuini, liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación, el impartidor de justicia avaló en 2015 el arraigo de 40 días al que fue sometido mientras se realizaban las investigaciones necesarias para finalmente internarlo en el penal de El Altiplano en Almoloya de Juárez.
La orden de detención provisional con fines de extradición se otorgó en atención a un requerimiento de una Corte de Federal de Estados Unidos en el Distrito de Columbia, por cargos que González Valencia enfrenta por sus presuntas actividades de narcotráfico en ese país.
Por otra parte, el juez Vicente Antonio Bermúdez ordenó en agosto pasado liberar de forma inmediata al activista ambiental, Ildefonso Zamora, quien enfrentaba el cargo de robo con agravante, pues se violó su derecho humano de presunción de inocencia, al no existir pruebas en su contra.
El juez Vicente Bermúdez estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato y posteriormente realizó la Maestría en Derecho Penal, por la Universidad Iberoamericana León; fue juez de Distrito desde diciembre de 2013 y era especialista en el Sistema Penal Acusatorio y del Juicio de Amparo.
Otros jueces asesinados
Ha pasado una década desde que no se presentaba el homicidio de un juez federal, el último caso fue el 18 de agosto de 2006, cuando el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, Hilario Nieto Contreras fue asesinado en Toluca.
Casi cinco años antes, el 11 de noviembre de 2001, los magistrados Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra fueron asesinados en Mazatlán, Sinaloa. En ambos casos la PGR asumió las investigaciones.