Argentina: el delito no usa pantalones cortos – Por Daniela Bambill* (especial para Nodal)
El eje de la discusión respecto de la solución a la seguridad ciudadana en Argentina vuelve a correrse hacia el imperio del sentido común, soslayando soluciones sustentables que garanticen derechos reconocidos internacionalmente.
En 2010 el censo penitenciario arrojaba fríos números sobre las circunstancias de la población carcelaria al momento de delinquir, el 80% no tenía trabajo o changas, el 55% carecía oficio ni profesión, solo el 5% contaba con el secundario completo, estos datos indicarían que la justicia social es la clave para combatir la inseguridad, ahora bien… En el discurso que esgrimen los apóstoles de la mano dura, los mismos números son el disparador principal de la criminalización de la pobreza, que no es otra cosa que la manifestación más aberrante de la discriminación de nuestro tiempo.
Siguiendo la lógica de esta discriminación encontramos dirigentes que proponen la encarcelación de los adolescentes pobres como mágica solución a una realidad fabricada desde las pantallas televisivas. Si atendemos a las estadísticas solo 10 de cada 2000 delitos violentos son cometidos por adolescentes, esto no parece ser un número escandaloso tal cual lo reflejan los medios monopólicos.
La estigmatización de la pobreza no es una novedad en las capas medias de nuestra sociedad, hace algunos años ser pobre y ser adolescente se ha convertido en sinónimo de delincuencia a fuerza de imágenes repetidas hasta el hartazgo con musicalización acorde y relatos dantescos.
Más allá de las consideraciones, las preguntas concretas serían: ¿Qué hacemos con los menores que delinquen? ¿Adónde los “depositamos”? ¿Cuál sería el mecanismo de reinserción social?
Pareciera ser que lo único que se discute es exclusivamente la edad para aplicar el régimen punitivo.
Para direccionar la discusión, intencionalmente se utilizan datos comparativos por país sobre la edad en que un menor es plausible de ser condenado, ahora bien, ¿Cuál es el tratamiento judicial en cada caso?
Estos días se han utilizado ejemplos de edades punibles en Latinoamérica y Europa, en ningún momento se discutió como es el sistema que contiene a los menores en conflicto con la Ley. ¿En Suriname las condiciones de reinserción social son las mismas que en los Paises Bajos? ¿Buscamos reinsertar o depositar niños en contenedores de basura?
Es imperioso rediscutir el régimen penal de menores (ley 22.278) pero esto de ninguna manera debe centrarse en la baja la edad de imputabilidad, debido a que se daría un paso atrás en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes, y no se estarían respetando los estándares internacionales.
La solución a la seguridad ciudadana no es una cuestión mágica y no se simplifica en la máxima “los menores delinquen porque saben que salen”: la deconstrucción discursiva parece ser una tarea titánica.
Los índices de delitos cometidos por adolescentes bajan drásticamente en dirección inversamente proporcional al nivel de escolarización que tienen los mismos.
Recurriendo al sentido común, un chico que está 8 horas en la escuela, tiene actividad deportiva o cultural, está menos tiempo en la calle, menos expuesto a la contaminación de los adultos que los utilizan, adultos delincuentes o adultos pertenecientes a las fuerzas de seguridad, simple sentido común…
La inseguridad no tiene pantalones cortos, en el último año han crecido exponencialmente los hechos delictivos, casualmente o nada casualmente en dirección inversamente proporcional al retiro de la presencia del Estado de Bienestar. Todo tiene que ver con todo, y es allí adónde debe prevalecer la responsabilidad de los dirigentes, candidatos y funcionarios que se dejan seducir por un discurso simple y perversamente demagógico, necesario para saciar el morbo social y profundizar este proyecto que implica mayor exclusión y el disciplinamiento social necesario para sostenerla.
No nos olvidemos que a mayor distribución de la riqueza, mayor igualdad de oportunidades, mayor educación, menor es el margen de concentración del poder en pocas manos.
Invertir en Educación Pública de calidad es la variable que hasta el momento no se menciona, lógico en un Gobierno de CEOs que han venido por los recursos naturales y económicos, disciplinar a la sociedad es el único camino para llevar adelante el objetivo.
*Presidenta del Instituto Independencia – [email protected]