El gobernador de Puerto Rico firma la Ley de Emergencia Financiera
El gobernador Ricardo Rosselló firmó ayer la denominada “Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal”, que extiende hasta el 1 de mayo la moratoria contra demandas y concede al primer ejecutivo la potestad de establecer prioridades en el pago de las obligaciones del gobierno.
La medida fue enviada la semana pasada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Debía ser aprobada antes del lunes puesto que la ley de moratoria aprobada por la administración de Alejandro García Padilla (Ley 21 del 2016) vencía mañana lunes.
“La Ley de Cumplimiento para los asuntos fiscales en Puerto Rico representa un cambio de filosofía significativo con la previa administración que tenía una ley de impago. Esta nueva ley permite –basado en los recursos que tiene Puerto Rico– cumplir con aquellos que han invertido en la Isla, pero también dejando claro que nuestra prioridad es el pago de los servicios esenciales”, sostuvo Rosselló mediante un comunicado.
El ejecutivo añadió que la medida es un paso para demostrar la “credibilidad” de la Isla.
La ahora ley permite que Rosselló emita órdenes ejecutivas sobre el desembolso de fondos públicos y dispone que deberá pagar el servicio de la deuda “en la medida de lo posible” luego de que todos los servicios esenciales se hayan provisto o que la Junta de Supervisión Fiscal así lo haya ordenado.
El equipo de Rosselló tiene 31 días para presentar un nuevo plan fiscal
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio ayer un plazo de 31 días a la administración de Ricardo Rosselló Nevares para que presente un nuevo plan fiscal.
De igual forma, el organismo federal responsable de restaurar la disciplina presupuestaria de la Isla extendió hasta el 1 de mayo el período de suspensión de litigios contra el Gobierno, según provee la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés).
En votación unánime y reconociendo la disposición del nuevo equipo fiscal del Gobierno a colaborar, la JSF dio un primer chance a la administración Rosselló Nevares, que se estrena manejando la crisis fiscal más grande en la historia de Estados Unidos.
El tiempo concedido a Rosselló Nevares, sin embargo, llegó acompañado de una instrucción directa y ya conocida: un plan fiscal que cuadre el presupuesto en dos años fiscales, sin financiamientos de corto plazo y que resulte en una combinación de recortes y nuevos ingresos equivalente a la mitad del Fondo General de Puerto Rico hacia el año fiscal 2019.
Rosselló Nevares tendrá hasta el 28 de febrero para presentar su receta.
“Alineados” la Junta y Rosselló
Ayer, 50 minutos después de concluida la cuarta reunión pública de la JSF y sin que esta vez hubiera protestas ciudadanas con la participación de líderes políticos en la avenida Conquistador de este municipio, la administración Rosselló Nevares –por vía de su representante, Elías Sánchez Sifonte– aceptó la encomienda de la JSF. Ello, haciendo la salvedad de que el Gobierno presentará alternativas para atender la crisis fiscal distintas a las sugeridas por la JSF.
“Nos sentimos muy complacidos por el voto de confianza que se le ha dado al gobierno de Puerto Rico”, dijo Sánchez Sifonte, quien indicó que Puerto Rico encara una crisis, en buena parte, por una “carencia de credibilidad que atentaba contra la propia estabilidad y operación del gobierno”.
El Nuevo Día preguntó si el Gobierno cuadrará el presupuesto a dos años y si procederá con recortes en el orden de $3,000 millones como ha requerido la JSF. A ello, Sánchez Sifonte contestó que el ente federal y la administración Rosselló Nevares están “bastante alineadas” en lo que atañe el estado del fisco.
“Eso es parte del ejercicio que vamos a hacer y las alternativas que vamos a proponer a la Junta serán aquellas que nos permitan, de cierta manera, llegar a cerrar esa brecha sin tener un impacto tan dramático en la economía”, dijo Sánchez Sifonte. “Ciertamente, el Gobierno tiene que ir reduciendo su gasto, pero de una manera ordenada para que no tenga un impacto doble o triple sobre una economía que ya está en un estado tan delicado”, agregó.
Prisa para evitar un precipicio
A juzgar por el informe de liquidez más reciente del Gobierno, por las múltiples decisiones administrativas que la JSF tomó ayer y por las expresiones de los directivos de la JSF, el tiempo adicional otorgado a Rosselló Nevares para presentar un plan fiscal posterga por unos tres meses lo que será un ajuste en el fisco que promete estremecer a todos los componentes de la sociedad puertorriqueña.
Y para impartir prisa al asunto, la JSF anunció la designación del contador público Ramón Ruiz Comas como su director ejecutivo interino y la contratación de Citigroup como asesor financiero.
La JSF también informó que tendrá oficinas en Puerto Rico, Nueva York y Washington, DC; que colgará en su página de internet todos los contratos que suscriba; y que en los pasados seis meses, ha gastado poco más de $3 millones, la mayor parte en asesores.
En paralelo, durante la reunión de unas tres horas, los miembros de la JSF subrayaron a los oficiales del Gobierno la necesidad de que se utilice el poco dinero que hay de manera asertiva y que se resuelva el tema presupuestario de una vez.
El primer recordatorio en torno a las condiciones para conceder tiempo adicional a la administración Rosselló Nevares provino del presidente de la JSF, José Carrión, quien leyó, en dos ocasiones, el fragmento de los objetivos fijados por la JSF y que establece que el ente federal espera un plan fiscal con “ahorros contundentes” y estimados de recaudos que no partan de “esperanzas”.
El golpe de las pensiones
Según las nuevas proyecciones de efectivo del erario, preparadas por la firma Conway MacKenzie, a partir del 1 mayo, una vez termine la suspensión de litigios, el Gobierno estará corto por $2,295 millones.
De acuerdo con Mauricio Sánchez, uno de los ejecutivos de Conway MacKenzie que analiza la situación de caja del erario, mientras dure la paralización de litigios como se aprobó ayer, el Gobierno podrá continuar operando. Ello, al continuar posponiendo el pago de la deuda pública y a suplidores, así como por ingresos adicionales correspondientes a fondos federales previamente aprobados.
Pero llegado el mes de las flores, dijo Sánchez, el Gobierno tendrá que encarar “un precipicio inevitable”.
A partir de mayo y junio próximos, como si se tratara de una torre de bloques en arena, Puerto Rico tendrá que prepararse para cubrir la falta de efectivo en caja, así como la falta de fondos para gastos de salud y el pago de las pensiones de los empleados públicos ya retirados saldría del Fondo General. El déficit de caja y los factores asociados con salud y pensiones explican la mayor parte del déficit estimado de $7,600 millones que ha hecho la JSF.
Según Sánchez, a partir del verano próximo –y tal como reportó antes El Nuevo Día–, podría darse una crisis de liquidez en los planes de retiro por falta de efectivo. A partir de ese momento, el Fondo General tendría que separar hasta $1,000 millones solo para pagar las pensiones.
“Hay decisiones bien difíciles que se tienen que tomar ahora, pero demorarse hará que lasituación sea aún más difícil. Es recortar ahora o recortarmás luego”, dijo Ana Matosantos, al reconocer que la JSF prestará atención al impacto económico que suponga el cuadre presupuestario.
“Nos parece que dos años es la fecha más razonable”, agregó Matosantos, quien sostuvo que el ajuste en el fisco se complementaría con la reestructuración de la deuda pública.
La deuda y el Título III
Según el también directivo de la JSF, José R. González, el ente federal está obligado por ley a entrar en un proceso de renegociación voluntaria con los acreedores, lo que implicaría utilizar lo dispuesto bajo el Título VI de PROMESA.
“En lo posible, es aconsejable y prudente llegar a acuerdos consensuales. Aparte de que es nuestro mandato legal, realmente, no se quiere llegar a acuerdos que no sean consensuales y que dejen a Puerto Rico en una situación más difícil y duradera de falta de acceso a los mercados de capital”, dijo González.
Empero, si los bonistas y Puerto Rico no llegan a acuerdos, González indicó que la JSF tiene poder para imponer un acuerdo no voluntario, a través del Título III de PROMESA.