Organizaciones dominicanas se movilizan en todo el país contra la corrupción y la impunidad
Notas sobre el tema
República Dominicana: colectivo entregará este miércoles firmas para pedir justicia en caso Odebrecht
Organizaciones dominicanas entregarán este miércoles miles de firmas en el Palacio Nacional para pedir imparcialidad en la investigación que se realiza sobre los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht admitió que pagó en el país a cambio de la concesión de obras públicas.
Las firmas fueron recogidas en el llamado “Libro Verde” contra la impunidad por el colectivo Poder Ciudadano, que el pasado 22 de enero organizó una multitudinaria marcha en la capital dominicana en contra de la corrupción y la impunidad en el país.
Estas firmas serán entregadas durante una jornada declarada por dicho colectivo como “Miércoles verde” para reclamar la designación por parte del presidente del país, Danilo Medina, de fiscales independientes que, acompañados por la ONU, investiguen los sobornos pagados por la constructora brasileña.
Hasta el pasado 12 de febrero se habían recogido 132.400 firmas en todo el país, por lo que se espera que el número sea mucho mayor, según los organizadores.
El denominado ‘Miércoles Verde’ incluirá concentraciones en diferentes puntos del país, así como actividades culturales y de sensibilización sobre la necesidad de adoptar acciones concretas contra la corrupción y la impunidad, declaró hoy a Efe Jhonatan Liriano, uno de los portavoces de Poder Ciudadano.
“El presidente sabe que en el país hay una desconfianza tremenda en las instituciones del Estado, por eso debe nombrar fiscales independientes”, argumentó Liriano.
Dicha designación “debe hacerse de inmediato”, afirmó el portavoz, quien aseguró que la ciudadanía “no cree para nada” en las indagatorias sobre este caso que lleva a cabo el procurador general, Jean Alain Rodríguez.
Liriano criticó el hecho de que mientras en países como Colombia y Perú hay detenidos por el caso Odebrecht, “en la República Dominicana se estén firmando acuerdos confidenciales” con la firma.
El país caribeño llegó a un acuerdo con la constructora brasileña, pendiente de la homologación por parte de un juez, en el que Odebrecht se comprometió a pagar 184 millones de dólares, el doble de la cantidad que admitió pagar en sobornos a funcionarios dominicanos para adjudicarse licitaciones de infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.
Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la compañía brasileña pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, entre ellos República Dominicana.
Los documentos aseguran que, en concreto, la empresa pagó en el país caribeño 92 millones de dólares en concepto de sobornos para acceder a contratos millonarios a lo largo de casi dos décadas.
El gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, reveló el pasado 10 de enero que su representante comercial en la República Dominicana, Ángel Rondón, fue quien recibió y distribuyó los 92 millones de dólares, reveló el procurador general tras un interrogatorio al ejecutivo.
Rondón reconoció haber recibido una cantidad similar a 92 millones de dólares de manos de Odebrecht, pero afirmó que esa cifra corresponde a contratos de servicios de representación y no para efectuar sobornos.
Abogado del expresidente de Perú, Alejandro Toledo: “Queremos comparecencia simple para que Toledo regrese al país”
El abogado Heriberto Benítez presentó ayer por la tarde un recurso de queja ante el Poder Judicial para que se admita a trámite la apelación contra la resolución que dicta 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo así como su captura nacional e internacional.
Toledo es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Esto luego de que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, señalara que le entragaron 20 millones de dólares al ex jefe de Estado por la obra de la carretera Interoceánica.
Como se recuerda, el pasado viernes 17 de febrero, el Poder Judicial informó que el referido pedido de apelación “no fue admitido porque no cumplió con la reglamentación jurídica”.
En declaraciones a la prensa, Heriberto Benítez explicó que con este recurso se busca la admisión del pedido de apelación y posteriormente, la revocación de la orden de captura y prisión que pesa sobre su patrocinado, de tal modo que, Alejandro Toledo pueda regresar al país y enfrentar sus investigaciones.
“Hay precedentes que han señalado el TC [Tribunal Constitucional] y la Corte Suprema que cuando se trata de prisión preventiva no se puede exigir formalidades […] Ningún juez puede ser exquisito sino simplemente tramitar [la apelación] porque es el derecho del imputado que una instancia superior revise su resolución”, indicó.
“Esperamos que se conceda la revisión de este pedido. Esperamos que en su momento [la prisión preventiva] sea revocada y se le dé una comparecencia simple para que Alejandro Toledo pueda regresar y las investigaciones continúen”, expresó.
En esa línea, Heriberto Benítez sostuvo que Alejandro Toledo no se opone a ser investigado por el Caso Odebrecht, pero consideran que el fallo judicial de prisión “es injusto y no está dentro del marco de la ley”.
“Entonces, adjuntando las normas internacionales, la sentencia supranacional del TC y la Corte Suprema estamos planteando este recurso que ha sido enviado a la Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones que será la encargada de resolver este pedido”, agregó la defensa de Toledo.
Asimismo, Benítez cuestionó que la justicia peruana no le haya notificado sobre el pedido de detención contra el ex presidente que ha formalizado el gobierno a Estados Unidos.
“En ningún momento nos han notificado para que podamos hacer uso de la palabra, no nos han comunicado nada, no podemos contratar abogados en otro país si no sabemos dónde se encuentra Toledo”, acotó.
La Fiscalía de Honduras abre de ocio una investigación por contrato con Odebrecht
La serie de sobornos que ejecutó la Constructora Norberto Odebrecht (CNO) en Latinoamérica ha traído a colación un contrato que firmó esta compañía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), bajo la administración de Rixi Moncada en 2009.
Luego de la publicación de LA PRENSA sobre las posibles implicaciones de exfuncionarios hondureños en este escándalo de corrupción, la Fiscalía General de la República inició una investigación de oficio para conocer los alcances de este caso por despertar sospechas.
“En la actualidad no hay ninguna investigación en curso que tenga que ver con este caso, sin embargo, la Fiscalía especial contra la Corrupción ha iniciado un proceso de oficio sobre el contrato de la Enee y Odebrecht”, informó el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora.
LA PRENSA informó ayer que la Enee firmó un contrato con Odebrecht en enero de 2009 para llevar a cabo el proyecto de las represas hidroeléctricas Los Llanitos y Jicatuyo en Santa Bárbara, ambos de 290 megavatios de capacidad instalada a un costo de 800 millones de dólares.
Las dos partes firmantes del contrato, la Constructora Norberto Odebrecht y la Enee, nunca ejecutaron el contrato; no obstante, los gobiernos de Roberto Micheletti y Porfirio Lobo Sosa le realizaron modificaciones al documento.
El actual Gobierno de Juan Orlando Hernández tiene intenciones de desarrollar el proyecto a través de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza).
No había recursos
“Ese contrato nunca prosperó. Hicimos una ampliación porque no se había publicado en La Gaceta. Esta compañía quería que Honduras pagara y no había recursos. Era un contrato de concesión porque Honduras tenía que pagar como 100 millones de dólares. Nunca se pudo conseguir los fondos y hasta ahí llegó la historia mientras yo estuve”, explicó el exgerente de la Enee, Roberto Martínez Lozano.
Por su parte, Rixi Moncada, quien firmó el contrato con Odebrecht, confirmó que lo hicieron en conjunto con el gobierno de Luis Inacio Da Silva, expresidente de Brasil, por medio de un préstamo con el Banco de Desarrollo de Brasil. “La suscripción se hizo de manera pública y Odebrecht, a través de su representante, dijo que Honduras era el único país que no le había pedido nada para firmarlo.
Hubo un grupo económico que estuvo interesado Justicia de Estados Unidos, después de conocer las confesiones de ejecutivos de Odebrecht, dio a conocer públicamente que esa compañía brasileña pagó, entre 2010 y 2014, millonarios sobornos a funcionarios de gobiernos de varios países de América Latina y África.
Según Estados Unidos, Odebrecht corrompió a funcionarios de Brasil, Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Monzambique, Panamá y Venezuela para que la privilegiaran con la concesión de proyectos de infraestructura.
En la lista del Departamento de Justicia no figura Honduras. El año anterior, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, que era la institución que financiaría la construcción de las represas Los Llanitos y Jicatuyo, suspendió los préstamos para desarrollar obras en Guatemala, Argentina, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Honduras.
A pesar de que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social tomó esa decisión y pese a que el contrato nunca apareció publicado en La Gaceta para que los hondureños se enteraran de las condiciones en las cuales le concedieron el proyecto a Odebrecht, la Fiscalía no había iniciado una investigación.
Ayer, a raíz de la publicación de Diario LA PRENSA, la Fiscalía anunció que comenzará a investigar.
Habitantes
Mientras las autoridades inician el proceso investigativo, en Gualjoco, una aldea de unos 7,000 habitantes del municipio de Santa Bárbara, no tienen ni la menor idea de que la compañía Odebrehct, ahora envuelta en un escándalo hemisférico de corrupción, les construiría, en teoría, la represa a unos cinco kilómetros, en el río Ulúa.
Si Odebrehct hubiera logrado construir la represa, en este momento, aguas abajo de la confluencia de los ríos Jicatuyo y Ulúa, habría una cortina de concreto que le daría forma a un embalse que cubriría un área de 65 kilómetros cuadrados.
“Desde que soy alcalde, nadie me ha informado nada de la construcción. Antes, en el gobierno de Porfirio Lobo, vinieron a visitarnos los del En Gualjoco y en las otras aldeas vecinas (Inguaya, La Isla y Loma Larga) los habitantes escucharon, a través de los medios de comunicación, que el Gobierno desarrollaría ese proyecto que ha estado en agenda en las últimas tres décadas.
Yo tengo cuatro años de ser el presidente del patronato de Gualjoco y nunca me llamaron a mí o a otra persona de las juntas de agua de esta aldea para hablarnos de esa represa. Para nosotros, ese es un proyecto fantasma, nunca existió o ya se murió”, dijo José Rubén Chinchilla, presidente del patronato de Gualjoco.
Los habitantes de esta aldea, como Chinchilla, son del criterio que la construcción de la represa ofrecería ventajas y desventajas porque, por un lado, afectaría el valle de Tencoa, y por otro, mejoraría las condiciones económicas de la zona.
A unos cinco kilómetros de Santa Bárbara, igualmente en el río Ulúa, abajo de la confluencia del río Grande de Otoro, según el contrato, Odebrehct construirá el otro proyecto hidroeléctrico, la represa de Los Llanitos. En este punto, habría un embalse unos 20 kilómetros cuadrados. En ambos lugares, no hay nada.