El gobernador de Puerto Rico dice que la Junta de Control Fiscal violenta la autonomía
El gobernador difiere del poder de la Junta de Supervisión Fiscal
La ley federal PROMESA no contempla que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) deba revisar toda la legislación que impulse la presente administración antes de su aprobación. Y hacerlo, implicaría que el nuevo ente federal violente la autonomía del Gobierno de Puerto Rico.
Esta, en síntesis, es la respuesta de la administración del gobernador Ricardo Rosselló a la carta que envió la JSF el pasado 2 de febrero.
En dicha misiva, el presidente de la JSF, José B. Carrión, pidió al Gobierno que discuta de antemano con el ente federal las implicaciones de cualquier nueva legislación que se presente. Justificó el pedido al amparo de la Sección 204, 207 y 303 de PROMESA como parte de las “muchas herramientas que puede desplegar en cuanto a legislación”.
“Sin embargo, el pedido de la JSF de revisar preliminarmente toda la legislación, como un derecho que le asiste, no está contemplado en la ley federal PROMESA y violenta la autonomía del gobierno de Puerto Rico”, indicó en la carta el representante del gobernador en el cuerpo federal, Elías Sánchez Sifonte.
Enfatizó, “de entrada”, que la administración de Rosselló “trabaja y continuará trabajando en cooperación con la JSF en todos los asuntos” que contempla PROMESA.
Pero, de inmediato, en la carta de cuatro páginas, Sánchez Sifonte procede a explicar el por qué difieren de la apreciación de la JSF.
Primero, indica que en “ninguna” parte de la Sección 204 se menciona que el gobierno de Puerto Rico debe darle la legislación a presentarse para su revisión. “Solamente requiere que se le entregue la legislación a la JSF después de que ha sido debidamente aprobada”, subraya la carta.
Reconoce, sin embargo, que una vez certificado el plan fiscal, el gobierno debe remitir a la JSF toda legislación aprobada, acompañada por un costo estimado y por una certificación de que es o no es consistente con el plan fiscal. Pero acto seguido, aclaran que como no hay plan fiscal al momento, no procede tal certificación sino un estimado de su costo. El plan fiscal debe ser entregado en o antes del 28 de febrero.
Igualmente, Sánchez Sifonte califica de “incorrecta” la apreciación de la JSF en el sentido de que la Sección 204 es independiente a la necesidad de un plan fiscal certificado.
En entrevista telefónica con este diario, Sánchez Sifonte dijo que “una vez certificado el plan, toda la legislación a presentarse, va a ser consistente con el plan fiscal y vendrá acompañada con la debida certificación, lo significa que debería estar protegida en contra de la revisión de la junta, según el informe congresional que dio paso a PROMESA, el cual cito en la carta”.
Dijo que el objetivo de la carta es “ayudar” a que cada parte -el gobierno y la JSF- entienda lo que le corresponde “y ciertamente refuerza el hecho de que el gobierno de Puerto Rico está cumpliendo con cada una de la disposiciones de PROMESA”.
“Los poderes amplios de PROMESA se reconocen y se le reconoce a la junta todos los poderes que contiene la ley. Lo que no puede pasar es que, a pesar de esos poderes amplios, se quiera ir más allá y ocupar un espacio que le corresponde a los funcionarios electos por el pueblo porque entonces eso sí atenta contra la plena democracia de un pueblo”, sentenció Sánchez Sifonte cuando este diario le preguntó si a raíz de la carta y los poderes de PROMESA pudiesen haber repercusiones.
En la misiva, Sánchez Sifonte establece que “la intención de la administración no es interferir con la JSF mientras lleva a cabo su cometido bajo PROMESA, pero el pedido de la carta (de Carrión) va al corazón de la autonomía del gobierno de Puerto Rico, que es preservado bajo PROMESA”.
La carta además indica que la interpretación de PROMESA por parte del gobierno está fundamentada por la Sección 204(a)(6), que establece que la JSF puede revisar legislación previo a su aprobación “solamente por petición de la Legislatura”.
Acto seguido, Sánchez Sifonte refuta otro de los argumentos de la carta de Carrión. En este caso se refiere a la Sección 207 de PROMESA que establece que “el territorio” no puede emitir, adquirir o modificar deuda.
Sánchez Sifonte le aclara a la JSF que no han emitido ni tienen planeado emitir deuda alguna. Por ello, hace mención de la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal. Sánchez Sifonte recalca que se trata de un cambio en la política pública puesto que hay intención de pagar a los acreedores como lo anunció el gobernador la semana pasada.
Por último, aborda como “inapropiado” el planteamiento de Carrión que, al amparo de la Sección 303 de PROMESA, le dice al gobierno que “las acciones de cumplimiento bajo PROMESA deben ser un último recurso y ojalá sean innecesarias”.
“La Sección 303 expresamente deja en el gobierno de Puerto Rico el ejercicio del poder político o los poderes gubernamentales del territorio”, asevera Sánchez Sifonte en la carta.