Venezuela: el Tribunal Supremo asume facultades del Congreso por estar en desacato y la oposición denuncia un autogolpe
Notas sobre el tema
Venezuela repudia arremetida de Gobiernos derechistas que buscan socavar su Estado de derecho
El Gobierno de Venezuela rechazó el accionar de algunos Gobiernos de derecha de la región, que buscan “mediante falsedades e ignonimias” atentar contra el Estado de derecho y su orden constitucional.
A través de un comunicado, la Cancillería venezolana se mostró crítica de la “arremetida de los Gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista de la región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses”.
Venezuela repudia arremetida de gobiernos de derecha que atentan contra Estado de Derecho y orden constitucional https://t.co/aOgLZr92De pic.twitter.com/OeIOOsglcy
— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) March 31, 2017
La reacción de Venezuela ocurre debido a los pronunciamientos de algunos países tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano de suplir funciones de la Asamblea Nacional (AN), tras la omisión legislativa producida por su desacato reinante.
“Es absolutamente inadmisible, sin fundamento jurídico alguno, que un grupo de países conjurados se inmiscuyan en los asuntos de jurisdicción exclusiva de Estados soberanos”, apunta el texto.
Igualmente, se desmintió que haya un golpe de Estado en Venezuela, “por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones” del TSJ.
La AN, de mayoría opositora, ha desconocido en reiteradas ocasiones las sentencias del TSJ que ordenó suspender la incorporación en plenaria de tres candidatos por el estado Amazonas, cuya proclamación fue suspendida hasta tanto culminaran investigaciones por fraude que pesan sobre su elección el 6 de diciembre de 2015.
En 2016, el Parlamento, con el diputado Henry Ramos Allup como presidente, hizo caso omiso y juramentó a los tres candidatos. Con esta acción la junta directiva del Poder Legislativo abrió las puertas para su propia nulidad como en efecto lo determinó el Poder Judicial meses más tarde.
La Cancillería anunció también que ejercerá acciones políticas y diplomáticas para evitar la materialización de planes contra la estabilidad y la paz de la nación caribeña.
Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES EXTERIORES
COMUNICADO
La República Bolivariana de Venezuela repudia la arremetida de los gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista de la Región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses, que mediante falsedades e ignominias pretenden atentar contra el Estado de Derecho en Venezuela y su orden constitucional.
Estos gobiernos, que han conformado una coalición intervencionista, no han procesado aún la derrota recibida hace apenas unas horas en la Organización de Estados Americanos frente al plan injerencista contra Venezuela, que intentó imponer el Sr. Luis Almagro en franca violación a la legalidad internacional y nacional. Han desatado una histérica campaña contra Venezuela, ante el fracaso de sus intenciones por inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Los motiva la venganza y la intolerancia político-ideológica contra la sólida y vigorosa democracia venezolana y su modelo inclusivo de derechos humanos.
Es absolutamente inadmisible, sin fundamento jurídico alguno, que un grupo de países conjurados se inmiscuyan en los asuntos de jurisdicción exclusiva de Estados soberanos. Es además inmoral la operación de desestabilización sin precedentes que han desatado contra Venezuela, su revolución y su pueblo.
Gobiernos que practican la violación sistemática de derechos humanos, que reprimen violentamente a la disidencia política, que ejecutan golpes de Estado contra las mayorías electoras, que torturan y asesinan dirigentes populares y periodistas, que promueven el modelo neoliberal causante de miseria y pobreza, de forma sorprendente, aspiran condenar a Venezuela, acompañados de poderosas transnacionales de comunicación.
Es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela. Por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones emanadas del máximo Tribunal de la República.
La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente esta arremetida internacional protagonizada por una coalición de gobiernos de derecha y de oligarquías para dar soporte y respaldo a la oposición venezolana intervencionista y apátrida, al tiempo que anuncia que ejercerá las acciones políticas y diplomáticas que brinda el Derecho Internacional y nuestro orden jurídico interno para detener y evitar la materialización de planes contra la estabilidad y la paz en Venezuela.
“Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende”. Carta del Libertador al agente estadounidense, Sr. Irvine, octubre 1818
Caracas, 30 de marzo de 2017
¿Hay un golpe de Estado en Venezuela?
Diferentes reacciones ha causado, a nivel nacional e internacional, la sentencia 156 emitida la noche de este miércoles, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que se declara que, mientras persista la situación de desacato, las competencias de la Asamblea Nacional serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país. Julio Borges, presidente del parlamento, aseguró que hay un “golpe de Estado” y llamó a desconocer al TSJ. Luis Almagro, secretario general de la OEA, también ha calificado la sentencia de un “auto-golpe de Estado” y convocó urgentemente a un nuevo Consejo Permanente de la organización. Perú retiró a su embajador en Venezuela, argumentando que la sentencia es “una ruptura del orden constitucional y democrático”. Las redes sociales posicionan la frase “Golpe de Estado” en primer lugar. Mientras tanto, el país continúa funcionando en completa calma, y en las calles no se ve ninguna alarma por lo ocurrido. ¿Qué pasa realmente?
Como se recordará, el Poder Legislativo venezolano, de mayoría opositora al gobierno de Nicolás Maduro, se encuentra en desacato desde 2016.
En las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, se denunciaron hechos de fraude en el estado Amazonas, respaldados por grabaciones en las cuales la entonces secretaria de la gobernación de Amazonas, Victoria Franchi, ofrecía sumas de dinero a grupos de personas para votar por los candidatos opositores. Por ello, el TSJ suspendió las proclamaciones de los diputados de Amazonas.
Sin embargo, la Asamblea Nacional persistió en juramentar como diputados a tres candidatos del estado Amazonas.
Su juramentación era importante para la oposición, pues le daba la posibilidad de tener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (dos tercera partes de los diputados), lo que les daba nuevas facultades y atribuciones, incluyendo la de derogar o reformar leyes orgánicas, como la Ley del Trabajo o la Ley de Educación.
Por realizar dicha juramentación ilegalmente, el Tribunal Supremo de Justicia declaró a la Asamblea Nacional en desacato y señaló que sus decisiones son nulas mientras continúen en esa situación. La junta directiva de la AN se ha negado a anular la juramentación de estos tres ciudadanos, lo que requiere una serie de pasos y debe ser realizado por la Junta Directiva que los proclamó.
Posteriormente, en enero de 2017, la Asamblea Nacional continuaba en desacato, pero aún así fue juramentada una nueva Junta Directiva, y el diputado Julio Borges se autojuramentó como nuevo presidente de la Asamblea, acto realizado el pasado 5 de enero.
Cuatro días después, el 9 de enero, esta Asamblea Nacional declaró el supuesto “abandono de cargo” del Presidente Nicolás Maduro, uno de los causales en la Constitución por las cuales se puede convocar a nuevas elecciones presidenciales. En esa misma sesión, la nueva Junta Directiva previamente anuló la juramentación de los 3 diputados de Amazonas, alegando que así no se podría argumentar que están en desacato.
Si bien esta decisión no tuvo validez legal ―obviamente el Presidente Maduro no ha abandonado el cargo― buscaba suprimir al poder Ejecutivo desde el Legislativo, lo que, de haberse materializado, hubiera constituido un golpe de Estado. Por esta razón, el Bloque de la Patria (que agrupa a los diputados que apoyan a Maduro) introdujo ante el TSJ un recurso de nulidad contra este decreto.
El máximo tribunal del país respondió en una nueva sentencia el 31 de enero, fijando los criterios en los cuales se puede declarar abandono de cargo, y declarando que los actos de la nueva Junta Directiva son nulos, pues la misma fue juramentada estando la Asamblea Nacional en desacato (la directiva anterior era la que debía anular las juramentaciones de los diputados).
Por ello, la anulación de los 3 diputados de Amazonas hecha el 9 de enero no se consideró válida.
Dos sentencias trascendentales
Este miércoles, la Sala Constitucional del TSJ emitió la sentencia 156 en la que resolvió, “ante el desacato de la Asamblea Nacional”, que “no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”.
En sus puntos, la sentencia también “declaró la Omisión Inconstitucional parlamentaria” y advirtió que, “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.
Previamente, el martes fue emitida otra sentencia por la misma Sala Constitucional, la 155, que señala que la inmunidad parlamentaria de los diputados sólo los ampara durante el ejercicio de sus funciones, lo que no es el caso al estar la Asamblea Nacional en desacato. También le concede al Presidente Maduro la posibilidad de revisar la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar, para “conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos”.
Esta sentencia fue calificada como “histórica” por el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien recordó que, días atrás, la propia Asamblea Nacional había aprobado un acuerdo llamando a la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, lo que él calificó de un grave delito de traición a la Patria.
Maduro señaló el pasado martes que las instituciones públicas constituidas legal y constitucionalmente, deben dar un paso al frente en la defensa al derecho de la integridad de la nación. “Nuestros equipos jurídicos están estudiando la implicación de estas decisiones tan importantes para garantizar la paz, la legalidad, la constitucionalidad y el funcionamiento de los Poderes Públicos y los pasos futuros para restablecer el poder legislativo”.
La AN puede hacer marcha atrás
Es de notar que ambas sentencias señalan el carácter temporal de su decisión: las competencias del parlamento serán ejercidas por la Asamblea Nacional siempre que “persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”.
Si la Asamblea Nacional cumpliera todos los pasos para eliminar la condición de desacato, incluyendo la anulación de la juramentación de los diputados de Amazonas, la propia sentencia señala que la inmunidad y las competencias parlamentarias retornarán de nuevo a la Asamblea Nacional.
El pasado mes de febrero, el Presidente Nicolás Maduro dio a conocer que había sectores racionales de la oposición interesados en echar para atrás la condición de desacato y restaurar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional. Esto se estaría conversando en las mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición. Pero todo parece indicar que los sectores opositores más extremistas, que buscan una intervención internacional a través de la OEA, se han impuesto por los momentos, por encima de los sectores opositores más racionales.
Julio Borges dice que desconoce al TSJ
Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional y diputado por el partido de derecha Primero Justicia, Julio Borges, reaccionó ante las dos sentencias del Tribunal Supremo. Realizó una rueda de prensa en la que anunció que desconocía al TSJ y que “se rebela” ante la decisión de la Sala Constitucional. Igualmente, solicitan al sector militar ser fieles a la Constitución.
Rompiendo una copia del documento, Borges señaló que “esta Asamblea Nacional desconoce el Tribunal Supremo de Justicia. A esos magistrados los eligieron para violar la Constitución. Por eso, ¡los 112 diputados queremos dejar claro que este parlamento se rebela ante esta decisión! ¡Toda sentencia contraria a la constitución es nula!”, dijo el presidente de la AN.
Asimismo, pidió el apoyo de todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se active la Carta Democrática y “que se realicen de una vez por todas las elecciones regionales. No se trata como dice el gobierno de que haya una intervención extranjera sino que todos los venezolanos se manifiesten a través del voto, eso es lo que queremos”.
Además Julio Borges hizo un llamado para que este sábado se realicen diferentes movilizaciones. “Convocamos para este sábado acción de calle y para la próxima semana una gran movilización”.
Por su parte, Henrique Capriles, excandidato opositor y gobernador del estado Miranda, aseguró en una rueda de prensa que el decreto del TSJ es un “Madurazo” y un supuesto golpe de Estado, y llamó a la Organización de Estados Americanos a convocar “de emergencia” a su Consejo Permanente. “Hay que convocar de emergencia al Consejo Permanente para que la instancia de América sea la primera en pronunciarse”, explicó el dirigente del partido Primero Justicia.
Luis Almagro califica de “auto golpe de Estado”
Por su parte, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, emitió un comunicado denunciando un supuesto “auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional, último poder del Estado legitimado por el voto popular”.
“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, sentenció el Secretario General.
En el comunicado, señala que “asumir la restauración de la democracia es tarea de todos. Hoy es hora de trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en Venezuela, con cuyo pueblo todos tenemos deudas que nos obligan a actuar sin dilaciones. Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política”.
Intentando citar al prócer independentista José Gervasio Artigas, Almagro continuó su comunicado con la frase: “La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo” y añadió: “nuestros opresores ―y son nuestros opresores porque la libertad de los pueblos es la esencia misma de nuestra libertad― sólo por serlo forman el objeto de nuestra lucha”.
El Secretario General de la OEA dijo que es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática.
Perú retira a su embajador en Venezuela
El Gobierno de Perú retiró definitivamente a su representante diplomático en Venezuela, según informó este jueves la Cancillería de esa nación en un comunicado en el que aseguran que hubo una “ruptura del orden institucional” en el país.
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tomó la decisión definitiva luego de que dos semanas atrás hiciera un retiro temporal de su embajador en Caracas por los “insultos” de su homólogo venezolano Nicolás Maduro.
“El Gobierno del Perú condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de atribuirse las competencias parlamentarias que le corresponden a la Asamblea Nacional, arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela”, señala el comunicado.
También indican que “la Cancillería peruana ha iniciado consultas con países miembros de la Organización de los Estados Americanos para que, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela”.
Regresarán a la OEA
Todo parece indicar que los sectores de la derecha nacional e internacional aprovecharán la sentencia para intentar nuevamente la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, esta vez con una nueva excusa: un supuesto “golpe de Estado”, que en realidad es una respuesta dada por el TSJ para intentar resolver la grave situación que vive el país, dado que la Asamblea Nacional no está ayudando en ese sentido, sino que prácticamente se ha anulado a sí misma.
Todo señala que la oposición venezolana necesita que la OEA invoque los artículos 21 y 22 de la Carta Democrática para lograr la suspensión de Venezuela en la organización, con el fin de lograr sanciones que empeoren la situación del país y causen una crisis humanitaria. Justo la condición que el Comando Sur estadounidense necesita para justificar una intervención militar a la nación con las mayores reservas petroleras del mundo.
¿Quién está dando el golpe de Estado a quién? Usted tiene la respuesta.
Países latinoamericanos expresan preocupación por Venezuela
El canciller mexicano Luis Videgaray, afirmó ayer en Bogotá, que el gobierno mexicano está preocupado por el “deterioro del orden democrático” en Venezuela, tras la sentencia del TSJ.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió el miércoles asumir las competencias de la Asamblea Nacional (AN) debido a la persistencia del “desacato”, un estatus que el Poder Judicial le impuso el año pasado al Poder Legislativo por el incumplimiento de varias sentencias.
“A México le preocupa de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano como Venezuela”, dijo Videgaray en una rueda de prensa tras reunirse con su homóloga colombiana, María Ángela Holguín.
Videgaray expresó que la decisión del TSJ “agravia aún más”, la situación delicada que está viviendo el país actualmente. Reiteró el apoyo al pueblo venezolano y la absoluta disposición para que juntos puedan alcanzar la democracia.
Colombia también se pronunció
El gobierno de Colombia expresó su preocupación por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así lo aseguró la canciller colombiana, María Ángela Holguín, quien señaló “su profunda preocupación por la decisión del Tribunal Supremo” y destacó “la importancia del respeto por la separación de poderes”.
Holguín aseguró que “es importante, que los venezolanos resuelvan este problema que está llevando al país a una crisis muy grande” en lo social, en lo político y en lo económico.
Colombia ha manifestado que apoya el dialogo entre los venezolanos, herramienta para solucionar los problemas internos que vive el país.
Chile manifestó preocupación
Desde Lisboa, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, expresó su preocupación por el “agravamiento de la situación en Venezuela”.
“Esta situación nos lleva a consultar con los países amigos el cómo proceder de ahora en adelante”, indicó el representante del gobierno chileno.
El jefe de la diplomacia chilena señaló que su país quiere “un entendimiento en Venezuela, que los propios venezolanos resuelvan sus asuntos, pero claramente esto va en la dirección opuesta”, lamentó Heraldo Muñoz.
Brasil señala “ruptura constitucional”
A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el gobierno brasileño consideró ayer como una ruptura constitucional tras la sentencia emitida el día de ayer por la Sala Constitucional del TSJ.
#Notaoficial s/ sentença do Trib. Supremo de Justiça da #Venezuela que retirou da Assemb. Nac. as suas prerrogativas https://t.co/YvWWCJzwiW pic.twitter.com/J3fZCg8kCm
— Itamaraty Brasil?? (@ItamaratyGovBr) March 30, 2017
El Gobierno brasileño aprovechó la nota para hacer un llamado al “diálogo” en el país, a fin de revisar la situación en conjunto con los países interesado de la región.
La Cancillería brasileña también manifestó su preocupación por la sentencia del mismo tribunal que suspende “arbitrariamente” la inmunidad de los parlamentarios venezolanos, agregando que “la responsabilidad primaria de invertir el rumbo de la crisis le corresponde hoy al propio Gobierno venezolano”.
Argentina resaltó principios democráticos
Al igual que otros países, Argentina expresó “gran preocupación” ante la decisión del TSJ de asumir las funciones legislativas de la Asamblea Nacional (AN).
“El Gobierno argentino ve con gran preocupación la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que limita las facultades de la Asamblea Legislativa y restringe la inmunidad parlamentaria de sus integrantes elegidos por el voto popular”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Además, la cancillería argentina destacó “la importancia de la plena vigencia en Venezuela del Estado de Derecho y de los principios democráticos, entre ellos la separación de poderes y el respeto por la libre expresión de las ideas”.
Argentina reiteró el mensaje firmado el pasado 23 de marzo junto a otros países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que reclamaron al Gobierno venezolano la necesidad de mantener el diálogo y promover “la concertación política” como “los únicos caminos para resolver la crisis que afronta” la nación.
Guatemala pide diálogo y paz
El Gobierno de Guatemala expresó su “profunda preocupación” por la decisión del TSJ y abogó por un diálogo constructivo que conduzca a la paz y el entendimiento.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala reiteró su convicción de preservar el Estado de Derecho, el apego a la Constitución, la separación de poderes, la libre expresión de pensamiento y el respeto “irrestricto” a los derechos humanos.
Esos, dijo, son “valores esenciales para conservar y consolidar una democracia representativa”, por lo que expresó sus deseos para que el Gobierno venezolano sostenga “un diálogo franco, sincero y participativo” que garantice la paz y la Constitución.
Perú retiró a su embajador
En horas de la tarde de ayer el Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, mediante la cancillería de ese país, dirigió un comunicado, retirando de manera definitiva al embajador en Venezuela.
“América Latina es democrática. “Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela”, expresó este jueves el primer mandatario en su cuenta en Twitter.
Panamá pide respeto a la Constitución venezolana
El Gobierno de Panamá expresó este jueves “profunda preocupación” por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en asumir las competencias del Parlamento Legislativo, e hizo un llamado a que se respete el orden constitucional y la democracia en Venezuela.
“Panamá hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas”, indicó un portavoz oficial.
La República de Panamá reitera además la importancia de que se retome y fortalezca el diálogo para llegar a diferentes acuerdos entre “gobierno y oposición”.
Panamá fue uno de los 14 países que el pasado 23 de marzo exigieron en una declaración conjunta al gobierno del presidente Nicolás Maduro, un calendario electoral y la liberación de los “presos políticos”.
Gobierno de EEUU “condenó” decisión del TSJ de “usurpar” poderes de AN
El Gobierno de EE.UU. “condenó” ayer la decisión de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de “usurpar los poderes de la Asamblea Nacional elegida democráticamente”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner.
“Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela”, dijo el portavoz en un comunicado.
Toner subrayó que “las democracias del Hemisferio Occidental, reunidas esta semana en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidieron a Venezuela que respete sus instituciones democráticas mientras busca una solución negociada a sus crisis políticas, económicas y humanitarias”.
“Pedimos al Gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos”, reiteró el portavoz.
Además, Estados Unidos consideró que, “en lugar de socavar las instituciones democráticas de Venezuela, el Gobierno venezolano debe cumplir con los compromisos que asumió durante el diálogo de 2016, sus obligaciones con su propio pueblo y sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana”.
Senadores se pronuncian
Congresistas cubano-estadounidenses del estado Florida repudiaron también que el Gobierno venezolano le quite el poder a la AN para “dar otro paso a la tiranía” y pidieron a las democracias de la región que presionen en favor de la democracia.
Ileana Ross-Lehtinen, Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo definieron como un “asalto” a la democracia la decisión del TSJ contra el parlamento.
“El régimen de Maduro solidifica su dictadura quitándole el poder a la Asamblea Nacional”, escribió Ross-Lehtinen en su cuenta de Twitter.
La congresista señaló que no dejaran “que le quiten la voz al pueblo venezolano”, reseñó Efe.
Por su parte, Curbelo manifestó que es “inaceptable para las democracias de todo el mundo” que Maduro se tome “los deberes de la Asamblea Nacional de Venezuela”.
“La corrupción del régimen de Maduro del poder judicial de Venezuela para ignorar una vez más la voluntad del pueblo venezolano y marginar a la Asamblea Nacional es otro asalto vergonzoso a la democracia y al estado de derecho”, expresó Díaz-Balart en un comunicado.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió el miércoles que asumirá las competencias del Parlamento debido a la persistencia del “desacato”, un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.
TSJ asumirá competencias parlamentarias mientras persista la situación de desacato en la AN
Este miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en horas de la noche, comunicó que asumirá la total responsabilidad de las competencias parlamentarias, debido a la situación de desacato que persiste en el Parlamento Nacional.
Conozca los precedentes y las razones expuestas ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
1.- Se declara COMPETENTE para conocer la presente demanda de interpretación constitucional.
2.- ADMITE la demanda incoada, la resuelve de mero derecho y declara la urgencia del presente asunto.
3.- RESUELVE, con carácter vinculante y valor erga omnes, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada.
4.- Declara la Omisión Inconstitucional parlamentaria y, en consecuencia, esta Sala dispone:
4.1.- Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada, esta Sala Constitucional resuelve que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. Cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a esta Sala, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo.
4.2.- Resolviendo la interpretación solicitada del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, la Sala decide que la Asamblea Nacional, actuando de facto, no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones.
4.3.- Sobre la base del estado de excepción, el Jefe de Estado podrá modificar, mediante reforma, la norma objeto de interpretación, en correspondencia con la jurisprudencia de este Máximo Tribunal (ver sentencia n.° 155 del 28 de marzo de 2017).
4.4.- Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho.
5.- Se ordena notificar de la presente decisión al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
6.- Ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo sumario deberá señalar: “Sentencia de la Sala Constitucional que declara que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. Cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a esta Sala, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo”.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017). Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación.