Heraldo Muñoz, canciller chileno: “La pretensión boliviana es negociar con Chile. ¿Se imagina negociar con la parte a la cual se insulta sistemáticamente?”

Por A. Labra y D. Muñoz

Este sábado, el canciller Heraldo Muñoz regresó a Chile tras acompañar a la Presidenta Miche-lle Bachelet en su gira a Haití, Suiza y Portugal, viaje durante el cual el ministro debió enfrentar dos episodios complejos para La Moneda: la crisis en Venezuela, luego que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera asumir las funciones de la Asamblea Nacional (Parlamento de ese país), y las reacciones en La Paz por la detención de los ciudadanos bolivianos en el norte.

Fue esto último lo que activó un nuevo enfrentamiento con el gobierno de Evo Morales, terminando con la decisión de RR.EE. de negarle la visa al ministro de Defensa paceño, Reimy Ferreira, quien pretendía ingresar a Chile para visitar a los detenidos en el penal de Alto Hospicio. “Al fin y al cabo, para el gobierno boliviano la relación con Chile es un asunto de política interna”, dice Muñoz, junto con advertir que “un diálogo real pasa por un clima muy distinto a la hostilidad que ha desplegado el gobierno de Bolivia”.

¿Le sorprendió la reacción que tuvieron las autoridades bolivianas por los ciudadanos de ese país que fueron detenidos el 19 de marzo en Chile?

En realidad, no me sorprende. No es primera vez que se han perpetrado acciones semejantes por parte de militares y civiles bolivianos. Se arrastran desde hace años en fechas que el gobierno boliviano considera claves. Ya habíamos advertido por notas que no toleraríamos nuevos incidentes. Y sospechábamos que el gobierno de Morales pretendería acciones de provocación alrededor del 21 de marzo, fecha de presentación de la réplica boliviana a la contramemoria chilena por el caso de la demanda marítima, y por la fecha del denominado Día del Mar, el 23 de marzo. Pero el discurso de hostilidad hacia Chile se ha desgastado y ha saturado la prensa internacional, por lo cual, en realidad, no le presto demasiada atención. Las acciones bolivianas tienen como destinatario mediático a su propio público interno.

En La Paz sostienen que se encontraban en territorio boliviano, no chileno. ¿Qué pruebas tiene nuestro país?

Estaban incuestionablemente en territorio chileno. Los carabineros conocen el área bien.

A su juicio, ¿fue adecuada la judicialización de los ciudadanos bolivianos? Una opción era que fueran expulsados. ¿No cree que esa alternativa hubiera evitado que se prolongara y profundizara la tensión de los últimos días entre La Moneda y el gobierno de Evo Morales?

Ante una violación de la soberanía, corresponde aplicar la ley. En este caso hay una investigación a cargo del Ministerio Público.

Bolivia anunció que denunciará a Chile por este caso ante la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH). ¿Ustedes no realizarán ninguna presentación ante ese u otro organismo por este asunto?

Si llevan el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, procedimiento que sólo en casos excepcionales le compete a un Estado, responderemos debidamente. Este es un caso de policía, de ingreso ilegal al país -que ningún país acepta-, de robo con intimidación y porte ilegal de armas. No es un asunto de violación de derechos humanos. Sería irónico que el gobierno boliviano recurra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando ese mismo gobierno ha acusado al relator para la Libertad de Expresión de la CIDH como integrante de lo que el gobierno de Morales denomina “el cartel de la mentira”, junto a diversos medios y periodistas independientes bolivianos.

Usted hace algún tiempo dijo que el Presidente Evo Morales ha llevado la relación entre ambos países a su peor momento. Considerando lo ocurrido en las últimas semanas, ¿en qué situación se encuentra la relación entre Chile y Bolivia?

Durante el gobierno de Evo Morales la relación con Chile ha caído a sus momentos más bajos, tanto en la administración del Presidente Sebastián Piñera como ahora. Pese a ello, hay otro nivel silencioso de la relación que a Morales no le interesa: los bolivianos siguen viniendo a Chile a estudiar, muchos con becas chilenas; el comercio bilateral continúa con vigor; una línea aérea ha comenzado a operar con vuelos al norte de Chile, y nuestro país continúa cooperando con Bolivia en áreas específicas, como la salud. El horizonte con Bolivia debería ser de integración y cooperación, pero ello no será posible en todo su potencial hasta que el gobierno boliviano cese su hostilidad hacia Chile.

¿La Cancillería no ha evaluado dejar de contestarle al gobierno de Morales?

De hecho, cuando respondemos es la excepción, sólo cuando se ha sobrepasado cierto límite. Morales y sus más cercanos nos agreden verbalmente a diario. Es cosa de ver los tuits de Morales o las declaraciones de su vicepresidente u otros personeros. La política exterior boliviana se concentra en Chile por vía de la ofensa. El 90% del tiempo ignoramos esas descalificaciones. Tenemos una agenda de política exterior extensa y nutrida.

¿Hay alguna autocrítica en la Cancillería chilena por el clima que se ha generado con Bolivia? ¿O esto es exclusivamente responsabilidad del gobierno de Morales?

Hemos buscado un clima de diálogo, y así se lo hemos planteado reservadamente a las autoridades bolivianas, en tanto ese diálogo no se refiera a la demanda que ellos llevaron a La Haya. No ha habido voluntad de la parte boliviana, porque al fin y al cabo para el gobierno boliviano la relación con Chile es un asunto de política interna.

¿Mantiene la postura que ha planteado anteriormente de poder dialogar con Bolivia sobre 12 de los 13 puntos de la agenda (excluyendo el tema del mar que se encuentra en La Haya)?

Efectivamente. Diría que ahora es una agenda de 11 puntos, puesto que Chile demandó a Bolivia por el río Silala, que era otro de los ítems de la agenda de 13 puntos. Claro, un diálogo real pasa por un clima muy distinto a la hostilidad que ha desplegado el gobierno de Bolivia.

¿Juan Ignacio Piña mantendrá su rol en el caso del Silala, considerando que deja el Consejo de Defensa del Estado? Su incorporación se presentó, justamente, como una forma de incluir a ese organismo en la demanda contra Bolivia.

Juan Ignacio Piña ha sido un agudo y sólido coagente en el caso del río Silala. Por cierto que continuará en este papel, y se le incluyó en el equipo por sus propios méritos, más que como una forma de vincular al Consejo de Defensa del Estado en la demanda.

¿Usted cree que es posible, con las constantes declaraciones cruzadas entre ambos países, mantener una relación normal y conversar sobre otras materias de interés común?

Difícil. Pero al menos hay acercamiento a nivel técnico en la cooperación para combatir el narcotráfico, por ejemplo, asunto que interesa a Chile, pues han aumentado las capturas de cargamento de drogas en nuestro territorio, provenientes de Bolivia.

El abogado Antonio Remiro Brotons, del equipo boliviano, cuestionó la actitud de las autoridades de ese país hacia Chile. ¿Cómo toma usted esa crítica?

Me tiene sin cuidado lo que diga el abogado Remiro Brotons a su cliente.

¿Cuál es el riesgo para Bolivia de que continúen con una actitud hostil con Chile?

Supuestamente, la pretensión boliviana es negociar con Chile, pues la Corte de La Haya ya excluyó -y no tiene facultades- respecto a una transferencia de territorio soberano chileno, que es lo que le importa a Chile. ¿Se imagina negociar con la parte a la cual se insulta sistemáticamente?

Crisis en Venezuela

¿Cómo afecta a la estabilidad de la región la situación de crisis en Venezuela?

La región no es indiferente a lo que sucede en algunos de sus países cuando se trata de una crisis profunda y extendida, como en el caso de Venezuela. Hay repercusiones diversas, desde la migración hasta la crispación de los focos regionales. Por lo mismo es que hemos desarrollado un instrumental político-institucional regional y subregional para lidiar con estas crisis. Pero nunca es fácil.

Perú retiró a su embajador en Caracas de manera indefinida. ¿Es suficiente que Chile haya llamado a consulta a su representante en Venezuela o se debe ir más allá?

Es ampliamente conocido, en política y diplomacia, el significado de un llamado a informar de un embajador. No necesito abundar en detalles. Otra cosa es la definición de cuánto tiempo se queda a informar un embajador. Nuestro embajador, que ya arribó a Chile, no tiene fecha de retorno a Caracas.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela revirtió finalmente su decisión y no asumirá las competencias de la Asamblea Nacional. Para varios, esa determinación no hubiera sucedido sin las presiones externas e internas. ¿Cambia en algo eso la posición del gobierno de Chile sobre la crisis que se vive en ese país?

La posición de Chile no ha variado y ha sido consistente. Lo importante, en definitiva, es que en Venezuela se restablezca plenamente el ordenamiento democrático, con apego a la Constitución. Y para ello están aún pendientes de cumplimiento los acuerdos del diálogo gobierno-oposición de noviembre del año pasado.

La Tercera

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