El caso Curuguaty nos dejó la imagen de una Justicia parcial – Última Hora, Paraguay

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Contexto Nodal
En julio de 2016, un tribunal paraguayo condenó a 11 campesinos con penas de entre cuatro y 30 años de cárcel por la denominada Masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012. Ese día, más de 300 policías desalojaron a unos 70 campesinos de unas tierras en litigio entre el Estado y una empresa. En el enfrentamiento fallecieron 11 campesinos y seis policías. El hecho sirvió de pretexto para que se diera, una semana después, el golpe parlamentario que destituyó a Fernando Lugo. La Justicia paraguaya solo investigó la muerte de los policías, lo que generó un fuerte repudio en amplios sectores del Paraguay.

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Este 15 de junio se cumplirán cinco años desde que una trágica noticia sobresaltó a la sociedad paraguaya, cuando se supo que un intento de desalojo de una extensión de terreno en Marina Cué, en el distrito de Curuguaty, había derivado en una verdadera masacre, tras un enfrentamiento a tiros entre policías y campesinos, dejando el trágico saldo de 11 campesinos y 6 policías muertos baleados.

Las primeras versiones hablaban de una emboscada tendida por los ocupantes a las fuerzas policiales. Con base en esa información, los legisladores de los principales partidos políticos, especialmente del Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico, promovieron un juicio político en el Congreso contra el entonces presidente Fernando Lugo, en un proceso que le permitió muy poco tiempo de defensa, decidiendo su destitución el 22 de junio de 2012. En su reemplazo asumió el vicepresidente, Federico Franco.

Desde entonces aparecieron nuevos datos que contrariaron la historia oficial. Se reveló que la situación jurídica de las tierras era irregular, ya que habían sido donadas al Estado por la empresa La Industrial Paraguaya, pero la familia Riquelme había intentado adueñarse de ellas por usucapión. La orden judicial contra los ocupantes ni siquiera era de desalojo, sino de allanamiento. Y con respecto a la supuesta emboscada surgieron muchas versiones contradictorias.

Aun así, la Fiscalía impulsó una operación principalmente política, que solo investigó la muerte de los policías y no la de los campesinos. El Poder Judicial avaló la versión fiscal que fue cuestionada por varios sectores y acabó sentenciando a los campesinos acusados a condenas de hasta 30 años de cárcel, más 5 de medidas de seguridad para el principal dirigente, y de entre 4 y 20 años para los demás. Estas sentencias fueron apeladas y reconfirmadas en segunda instancia, y ahora solo queda la Sala Penal de la Corte como última oportunidad para obtener un trato judicial diferente.

A cinco años, el problema social que originó el conflicto aún no tiene solución definitiva. La Justicia no ha podido determinar a quién pertenecen realmente las 1.748 hectáreas de Marina Cué. Para desembarazarse del problema, la empresa involucrada ha gestionado una donación de las tierras al Estado, y el Gobierno, aún sabiendo las irregularidades, la ha aceptado para convertirlas en una reserva forestal casi sin bosques, pero varias familias campesinas han vuelto a ocupar el sitio. Es decir, el problema de tierras continúa y este quinto aniversario del Caso Curuguaty deja, una vez más, la imagen de una Justicia en deuda.

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