Brasil: activistas alertan sobre la pérdida de protección de la Amazonía
La Amazonía brasileña pierde protección y ambientalistas acusan a Temer y al agro
Ambientalistas y la fiscalía de Brasil alertaron sobre el peligro que corren áreas y comunidades amazónicas por medidas adoptadas por el presidente Michel Temer a favor del agronegocio, uno de sus apoyos políticos en momentos en los que intenta sobrevivir a una denuncia por corrupción.
El mandatario conservador sancionó en los últimos días un programa para legalizar tierras federales invadidas en áreas protegidas y avaló un congelamiento de la cesión de títulos de propiedad para indígenas y descendientes de esclavos en el llamado pulmón del planeta.
Ambas iniciativas se suman a otra medida que se debate el Congreso para reducir el tamaño de santuarios naturales existentes.
“Hay una ofensiva de la bancada ruralista que defiende el agronegocio en el Congreso, impulsa una gran cantidad de reducciones a la protección del medio ambiente y obstaculiza el reconocimiento de territorios para comunidades tradicionales. Tienen mucha influencia en el gobierno”, dijo a la AFP Elis Araújo, investigadora de Imazon (Instituto del Hombre y el Medio Ambiente en la Amazonía), en una conversación telefónica desde Belén (nordeste).
La protección ambiental “es una moneda de cambio”, agregó.
Los ambientalistas sostienen que legalizar la ocupación ilegal conlleva un grave riesgo de violencia.
Un trabajo de la ONG internacional Global Witness afirma que Brasil es el país donde más ecologistas fueron asesinados en 2016: 49 de un total de 200 asesinados en todo el mundo, y la Comisión Pastoral de la Tierra, que defiende a trabajadores rurales, ya contabilizó 37 muertes en lo que va del 2017.
El gobierno convirtió en ley una Medida Provisoria (MP) presentada como una normalización de la situación de agricultores pobres, principalmente en la Amazonía, pero los ambientalistas dicen que dicha norma esconde serios riesgos.
“Será conocida como la MP de la falsificación por permitir la legalización masiva de áreas públicas invadidas, abriendo el camino a la deforestación y a los conflictos”, señaló el Instituto Socioambiental, organización dedicada a velar por los derechos medioambientales.
La nueva ley permite reclamar tierras tomadas hasta 2011 -antes el límite era 2004- y amplía de 1.500 a 2.500 hectáreas la propiedad estatal posible de ser comprada. Según Imazon, muchas veces la cotización oficial no llega ni al 10% del valor de mercado.
Esa decisión se sumó al freno aplicado a la cesión de títulos de propiedad para indígenas, lo que valió una advertencia de la fiscalía general.
Para Araújo, Temer cedió a la presión de la bancada ruralista, la mayor del Congreso, porque necesita que vote contra la acusación de que cobró un soborno del frigorífico JBS, un caso que podría costarle el cargo y que está en manos de la Cámara de Diputados.
AMAZÔNIA PERDE PROTEÇÃO E AMBIENTALISTAS ACUSAM TEMER E AGRONEGÓCIO
Ambientalistas alertaram sobre o perigo que correm as áreas e comunidades amazônicas por medidas adotadas por Michel Temer em favor do agronegócio, um de seus pilares políticos em um momento que tenta sobreviver a uma denúncia de corrupção. Nas últimas semanas, Temer sancionou várias medidas prejudiciais à região. A última delas, um programa para legalizar terras federais invadidas em áreas protegidas e paralisou o processo de criação de terras indígenas e quilombolas. As duas iniciativas se somam a outra medida debatida no Congresso: a redução das reservas ambientais existentes.
Para Elis Araújo, pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), há uma ofensiva da bancada ruralista no Congresso e a proteção ambiental virou “moeda de troca”. Os ambientalistas sustentam que legalizar a ocupação ilegal pode acarretar no grave risco de violência. Relatório da ONG Global Witness afirma que o Brasil é o país onde mais ecologistas foram assassinados em 2016 – 49 de um total de 200 em todo o mundo. A Comissão Pastoral da Terra já contabilizou 37 mortes em seis meses de 2017.
O governo transformou em lei uma Medida Provisória (MP) apresentada como uma normalização da situação dos agricultores pobres, principalmente na Amazônia. Mas os ambientalistas dizem que a lei esconde sérios riscos. A nova lei permite a reivindicação de terras tomadas até 2011 – anteriormente o limite era 2004 – e amplia de 1.500 para 2.500 hectares a propriedade estatal passível de ser comprada – por 10% do valor de mercado.