El lobby regional de transgénicos
Notas sobre el tema
El lobby regional de transgénicos
Redes-Amigos de la Tierra, Uruguay
El modelo está en cuestión hace años. Pero los gobiernos lo siguen comprando. Y ahora también lo venden. Tres fotos y un mismo telón de fondo. Tres ministros latinoamericanos y un ministro chino. Tras cada apretón de manos, la soja Intacta de Monsanto.
La primera noticia que se tuvo en Uruguay sobre esta variedad de soja transgénica fue a partir de la firma de un convenio entre Monsanto y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (inia) en mayo de 2012. Una de sus cláusulas establece que una serie de mercados deben estar abiertos para que el convenio se concrete. El de China es uno de ellos.
“Eso se llama ganar socios políticos”, dijo Pablo Galeano, bioquímico e integrante de Redes-Amigos de la Tierra, durante un seminario de esa organización donde expositores de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay cuestionaron el modelo que los gobiernos de la región compraron, y ahora venden, en materia de transgénicos (1).
“Si no me creen, miren la siguiente foto”, acotó Galeano, señalando la imagen inicialmente publicada en el sitio web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca bajo el título “Tabaré Aguerre en China realiza gestiones para impulsar la aprobación de la autorización de la soja rr2bt (Intacta)” (sic). “No se preocupen que no es sólo Aguerre”, continuó el bioquímico, entre las risas y los comentarios de los asistentes. “Aquél es el ministro de Brasil y éste es el ministro de Argentina, con el mismo chino y delante del mismo cuadro. Esto fue en un foro de ministros latinoamericanos que hubo en China, donde su principal preocupación fue hacer esta tarea domiciliaria”, concluyó.
Uruguay, Brasil y Argentina liberaron el nuevo evento (en 2013), y viajaron para conseguir adeptos. Monsanto logra así sustituir su popular soja rr por la nueva rr2bt antes de que se venza su patente. También consigue un escenario propicio para negociar por primera vez el cobro de regalías en los lugares donde el cultivo de la soja rr se extendió a partir del contrabando de semillas, antes de que hubiera un marco legal que se lo garantizara. El registro de esta patente es otra de las cláusulas que se conocen del convenio que hizo con el inia, que aún se mantiene en reserva. Álvaro Roel, presidente del instituto, también viajó a China para el foro, pero Brecha no consiguió hablar con él para conocer los motivos de su participación.
En el papel.
Argentina llegó más lejos. “En agosto del año pasado, el ministro de Ganadería, reunido con gerentes de Monsanto, anunció la aprobación de la soja Intacta y la modificación de la ley de semillas para garantizar que quienes invierten en biotecnología puedan cobrar sus regalías”, comentó Carlos Vicente, coordinador de la organización internacional Grain (2). Un borrador de ese proyecto, que se negociaba en secreto con las empresas semilleras y las grandes entidades del agro, se filtró. “El proyecto modificaba un aspecto sustancial que es el uso propio”, es decir, la posibilidad que tienen los productores de guardar semillas para el siguiente cultivo. A su vez ampliaba el material genético pasible de ser patentado y limitaba la investigación sobre lo ya patentado. “Cuando tuvimos la información vimos que era escandalosa, y empezó una reacción en cadena contra la ley, por lo que no se han animado a presentarla al Congreso. Creo que la reforma de la ley de semillas es algo que puede esperarse para el resto de la región, para Uruguay también”, afirmó.
En Brasil la discusión sobre los transgénicos fue precoz. Ya en 1995 había una ley de bioseguridad. “La ley brasileña que elaboró el Congreso era muy buena. La ventaja era que la decisión y la responsabilidad recaían sobre el gobierno, y no sobre una comisión técnica, como sucedió después”, apuntó Rubens Nodari, docente de la Universidad de Santa Catarina y ex miembro de la Comisión Técnica Nacional en Bioseguridad (Ctnbio). Fue Fernando Henrique Cardoso, el presidente de ese momento, quien vetó algunos artículos de la ley y creó por decreto la Ctnbio.
Monsanto pidió la liberación comercial de la soja a Brasil en 1997. La multinacional hizo un convenio con Embrapa, de carácter confidencial, en el que la empresa brasileña ponía sus variedades comerciales de soja, ya mejoradas y adaptadas al ambiente, y Monsanto les introducía el material genético. Fue mucho antes, pero con similares características a las del convenio con Uruguay. “Ese es el protocolo que Monsanto aplica en todos lados”, reflexionó. “En esa época lo criticamos, porque ¿cuánto valía el gen de Monsanto sin las buenas variedades de Embrapa? El agricultor después de eso empezó a pagar dos tipos de royalties, por la variedad y por la tecnología transgénica”, contó Nodari.
La Ctnbio aprobó la soja transgénica en 1998. El instituto de defensa de los consumidores y otras organizaciones de la sociedad civil acudieron a la justicia y lograron suspender la decisión del comité, pero empezó su cultivo clandestino. “Cuando Lula asumió, nadie sabe con certeza, pero había por lo menos un millón de hectáreas de soja transgénica.” La discusión dividió al gobierno, relató el científico, que entonces ocupaba el cargo de gerente de recursos genéticos de la Secretaría de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Ante el hecho consumado, Lula aprobó por decreto su cosecha en el año 2003. Y Monsanto ofreció un pacto a las cooperativas agrarias: si utilizaban su tecnología, la multinacional resignaría un porcentaje de lo que podía cobrarles por regalías. “Las cooperativas compraron y Monsanto se afianzó en el país.”
Nodari explicó que el gobierno “fue cediendo a las presiones y finalmente redactó una nueva ley de bioseguridad. Intentamos que la decisión de liberar un transgénico estuviera en manos del gobierno, pero perdimos”. Lo que sí lograron fue incidir en el quórum necesario para tomar decisiones. La Ctnbio está integrada por 27 miembros, y para definir debía reunir 18 votos favorables. Tiempo después ese quórum fue también rebajado; ahora sólo la mitad de los votos de los integrantes alcanza para la liberación comercial de eventos transgénicos. “A partir de ese momento todos los eventos que fueron presentados fueron aprobados.”
En Paraguay se dio un caso extremo. Luego del golpe de Estado parlamentario –en junio de 2012– se firmaron “decretazos” que liberaron ocho eventos transgénicos: cinco de maíz, dos de algodón y, una vez más, la Intacta. Hasta ese momento sólo estaba aprobada la soja rr, porque durante el gobierno de Fernando Lugo se optó por la política de “evitar la legalización de los cultivos de maíz y algodón transgénicos”. La extensa fundamentación que dio a Brecha Miguel Lovera, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas del gobierno de Lugo, puede resumirse con uno de sus ejemplos: “Era inviable aprobar un maíz transgénico teniendo toda la evidencia de que se vulneraban 11 razas de maíz que datan de la época precolombina”.
Hasta la destitución de Lugo funcionó en Paraguay una comisión de bioseguridad, la Combio, que analizaba los pedidos de liberación de transgénicos y los desestimaba porque “no presentaban todos los datos requeridos. Les pedíamos garantías de que el polen de esas plantaciones no contaminara a las variedades convencionales, pero dejaban ese espacio en blanco. Y es que se sabe muy bien que esos vacíos no tienen cómo llenarse”. La tensión entre el gobierno y el agronegocio se instaló, y las empresas “tomaron una actitud colectiva de cortar relaciones”. Incluso manifestaron públicamente “que no iban a hablar conmigo, que para eso tenían su tembiguái (una expresión despectiva que en guaraní significa “al servicio de…”). Se referían nada más ni nada menos que al ministro de Agricultura”.
La intención del anterior gobierno era avanzar hacia la erradicación de las plantaciones de maíz y algodón ilegales, un proceso que ya había comenzado: mientras que en 2008 había 23 por ciento de plantaciones de maíz transgénico, en 2011 había un 11 por ciento. Pero vino el golpe.
“En el escenario actual, es una cuestión de tiempo que los cultivos convencionales se contaminen con los transgénicos y toda la producción de maíz esté pagándole regalías a Monsanto y compañía.” Es claro, dice Lovera, que efectivamente Monsanto apoyó el golpe y de qué manera se retribuyó ese favor.
El mapa se completa con Bolivia. En julio de 2011 se sancionó una ley que establecía la prohibición de introducir en ese país “paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”. Las presiones del sector agroexportador, nucleado en la región de Santa Cruz, no se hicieron esperar y lograron la promesa de Evo Morales de revisar el artículo. En ese marco, el subsecretario de Agricultura uruguayo, Enzo Benech, fue invitado a exponer en un foro organizado a fines del año pasado por la institución que asesora a los exportadores bolivianos. Allí destacó lo que él define como grandes ventajas económicas que el uso de esta tecnología ha arrojado para Uruguay. La discusión sigue.
En los hechos
En todos los países, salvo en Paraguay, la liberación de transgénicos es precedida por análisis de impactos en el ambiente y la salud. Lo que está en tela de juicio, acá y en el mundo, es la confiabilidad de esos análisis.
“No conozco en Argentina ningún tipo de evaluación de riesgos independiente. La primera fue en el año 96. Se hizo en 80 días y el expediente tiene 80 hojas en inglés; son los informes técnicos que presentó la propia Monsanto”, afirmó el investigador argentino Andrés Carrasco. “Desde el punto de vista formal, hay una serie de estructuras que, si bien existen, no funcionan. Lo que hacen es legitimar hechos ya producidos”, agregó. El planteo se sustenta en que la aprobación de un evento transgénico en un país es considerada como un antecedente positivo para liberarlo en el resto.
“Lo que pasa es que la tecnología es muy poderosa”, dirá Nodari, como contestándole a Carrasco. “Cuando fui a Estados Unidos y aprendí a hacer una planta transgénica, yo también quedé seducido.” Al llegar a Brasil, Monsanto contrató a varios equipos de científicos de las universidades, y a cada uno le pidió que analizara un aspecto distinto. Por eso Nodari insiste en que la fragmentación del conocimiento impide tener una dimensión global del fenómeno y sus efectos.
Y también sobre la falta de independencia de los científicos que realizan los estudios. “En mi caso tengo un laboratorio muy fuerte, financiado con dinero público o del exterior, y no consigo que ninguna de las empresas me entregue semillas para analizar. Sólo las entregan a quienes van a hacer los estudios que a ellos le interesan. En el caso de la soja, todos esos estudios son agronómicos, no son análisis de riesgo.” Un análisis agronómico se encarga de “observar la altura de la planta, el ciclo, el rendimiento, si se le aplica el herbicida y no muere”. Lo que se trafica como análisis de bioseguridad, en la mayoría de los casos, se basa en el principio conocido como “equivalencia sustancial”: se analizan y se comparan los componentes químicos de una planta convencional y una transgénica.
Si son similares en su composición química, se sostiene que son similares en riesgo. Pero para este científico es evidente que la introducción del gen genera diferencias, que no se toman en cuenta. “Ese tipo de estudios no tiene ninguna base científica”, sostuvo, y agregó que para evitar problemas “crearon un método de análisis que no encuentra problemas, es como mi padre siempre me decía: ‘el que no busca, no encuentra’”.
En este marco, y frente a un público que alegaba que no existen suficientes garantías para liberar transgénicos, en el seminario también expuso Alejandra Ferenczi, encargada de coordinar los equipos técnicos que en Uruguay analizan las solicitudes de liberación de eventos transgénicos. Explicó los aspectos que los técnicos deben analizar a la hora de dar, o no, un visto bueno a la liberación. “Sólo podemos estudiar el evento en sí; no estamos convocados a analizar el paquete tecnológico, por ejemplo, o su eficacia.” La ingeniera agrónoma explicó que si se utiliza un evento con tolerancia a un herbicida, “el uso de ese herbicida va a aumentar, por lo que hay quienes quieren analizar también su impacto.
Esa parte nosotros no la vemos, la ven los gestores, después”, en la Comisión para la Gestión del Riesgo (cgr). En el informe que se eleva a esa comisión “yo misma lo ponía: ‘se recomienda ajustar un manejo adecuado a Uruguay’. Argentina tuvo malezas resistentes a los dos días. Brasil lo mismo. Pero hay otra gente que se encarga de monitorear eso. Los técnicos de nuestro sistema lo advierten, yo lo advierto, pero hasta ahí se llega, no hacemos el estudio profundo que debería hacerse para pedir una resolución al respecto”.
Contestando a las exposiciones de sus colegas, Ferenczi dijo que “se entiende que sería necesaria una visión más global, pero yo no sé si Uruguay puede cortarse solo y no producir transgénicos”. En 2007, cuando estuvo la moratoria, se analizaron tres posibilidades: prohibir los transgénicos, dejar que entraran libremente o establecer una coexistencia regulada. “Se optó por regularlos y que el que quiera plantar transgénicos pueda hacerlo, y que el que no quiera, pueda plantar orgánico.”
No obstante, a fines del año pasado el Gabinete Nacional de Bioseguridad tomó una serie de medidas que pueden leerse como contrarias a la coexistencia regulada. Por ejemplo, se dejó sin efecto una disposición que obligaba a separar las plantaciones de maíz transgénico y convencional para evitar la polinización cruzada. En este sentido, Ferenczi sostuvo que “cuando se autorizaron los dos primeros eventos de maíz, se planteó la fijación de 250 metros de distancia entre cultivos.
Pero desde hacía años no se lo controlaba, porque no hay medios, porque la superficie plantada con maíz aumentó muchísimo y se empezó a ir de las manos. Además, esa regulación obligaba a separar un cultivo transgénico de otro transgénico. Lo que se está aplicando ahora es controlar cuando surge un conflicto”. En este sentido sostuvo que el productor convencional, que debe seguir un protocolo para no contaminar su cultivo, es quien “tiene que comunicarse con nosotros, y ahí se analiza el caso. Eso no ha ocurrido”, dijo, pero reconoció que “tampoco hubo una comunicación expresa de que ahora la coexistencia regulada va por este lado. Hay varias cosas que están para mejorarse”.
En este momento la Comisión de Articulación Institucional, que coordina Ferenczi, está analizando las solicitudes que se presentaron hasta febrero de este año. Son 15 solicitudes, pero implican a ocho nuevos eventos transgénicos. Las solicitudes de liberación comercial se analizarán recién el año que viene, pero a mitad de este año se elevarán informes a la cgr sobre los eventos que pidieron su liberación sólo para ensayo de cultivares.
Uruguay tiene 14 eventos ya aprobados; en Argentina hay 26, en Brasil, 36 y en Paraguay nueve. Sudamérica tiene 60 millones de hectáreas plantadas con cultivos transgénicos. Hay otros 70 millones en el norte del continente. Europa, en cambio, tiene apenas 130 mil hectáreas, de las cuales 116 mil están en España, según explicó Andrés Carrasco.
En 2013 se cumplieron 15 años de la entrada del primer transgénico a Europa. Ese tiempo fue suficiente para que la tecnología comenzara a mirarse con desconfianza. Hay sólo tres eventos aprobados dentro de la Unión Europea, dos maíces y una papa. Incluso 13 de sus miembros han prohibido su cultivo explícitamente. Italia fue el último en unirse a ese grupo, en mayo de este año.
Una mancha verde extendiéndose desde Uruguay hasta Bolivia. Así se ve la “república unida de la soja” en el mapa que acompaña la frase que da título a esta nota. Ambos son parte de una publicidad que la empresa Syngenta publicó en distintos medios argentinos en el año 2003. Carlos Vicente la trae frente a los ojos de los presentes en el seminario, durante su exposición.
La noción de que esta parte del mundo es realmente importante como productora de transgénicos se refuerza al escuchar las formas en que las empresas del agronegocio, encabezadas por Monsanto, se movieron en la región. Las similitudes entre los distintos países habilitan una mirada regional, la necesitan. Hasta las propias empresas así lo publicitan.
Sustancias tóxicas y el sentido de la ciencia: Diga glifosato
“Aprendí que no es aceptable ningún resto de glifosato en ningún alimento, ni en el torrente sanguíneo de ningún individuo.” La frase toma mayor relevancia porque sale de la boca de Andrés Carrasco, el médico que se hizo mundialmente reconocido a finales de 2009 cuando logró probar el vínculo existente entre el glifosato y la aparición de malformaciones en fetos. “El glifosato altera la maquinaria de reparación del dna, bloquea el ciclo celular, produce muerte celular, induce teratogénesis, y además no se metaboliza en el suelo, dura hasta 12 meses ahí”, explica.
El investigador parece un saco de nervios mientras habla, pero no por falta de firmeza, sino por una especie de indignación que lo conmueve. Ya en los informes técnicos que Monsanto elaboró a principios de los noventa, y que fueron utilizados para el proceso de aprobación del glifosato en Alemania en 2002, “habían detectado algunas cosas raras que aparecían, como por ejemplo malformaciones cardíacas, falta de costillas y de vértebras en algunos experimentos con animales, conejos y ratas. Como en Monsanto son expertos embriólogos, dijeron, estas son variaciones normales de la población. El gobierno alemán y la Unión Europea son cómplices de haber descartado estas evidencias que debieron haber activado inmediatamente el principio precautorio y empezado a hacer evaluaciones independientes”.
Pero el médico, que dispara datos sobre investigaciones, se apresta para presentarle al auditorio un ejemplo más cercano en tiempo y distancia. Cuenta que un grupo de genetistas argentinos encabezado por Jorge López Camelo estudió 27 anomalías genéticas en siete regiones de Argentina. Encontraron que 14 de esas anomalías se habían visto significativamente incrementadas en la provincia de Córdoba, “la provincia con mayor intensidad de cultivo de soja transgénica”, aclara. La respuesta dada por los genetistas argentinos al porqué de la intensificación de estas anomalías llena de estupor al auditorio, al oírla en boca de Carrasco: “Se les ocurrió que en el siglo xvii Córdoba había recibido una corriente de inmigración negra desde Brasil y que eso había producido un sesgo genético que hoy se expresaba en estas anomalías. A nadie se le ocurrió que lo que está pasando ahí es que están respirando agroquímicos a rolete”. Y da datos. En 1991 podían detectarse en Córdoba 16 malformaciones fetales cada 10 mil habitantes. En 2003 habían trepado a 37.
Un último dato. Otro estudio, realizado en Quebec, Canadá, buscó glifosato, glufosinato –principio activo de una nueva camada de herbicidas– y endotoxina, una proteína que produce el bt –la bacteria que se introgresa en múltiples cultivos transgénicos para hacerlos resistentes a algunos insectos– en distintos grupos de mujeres, unas embarazadas y otras no. En las que no estaban grávidas encontraron rápidamente metabolitos de ambos herbicidas, así como restos de endotoxina. El problema fue que en las embarazadas no se encontraron. “¿Cuál es la diferencia entre una mujer que está embarazada y otra que no lo está? El embrión. ¿Saben dónde están acumuladas las sustancias que no se encuentran en el cuerpo de la madre? En el embrión. Lograron pasar la barrera placentaria.”
La información que se ha ocultado o que no se quiere ver demuestra “una disputa, casi una guerra, en el terreno de lo que es el sentido de la ciencia. En su producción aparentemente es neutral, en el sentido nunca es neutral. Todas las disciplinas científicas tienen su historia política e ideológica.
Deberíamos recuperar el control de los sentidos de la ciencia en manos de la sociedad y los pueblos, a los cuales nos han injertado este modelo de producción”, concluye Carrasco.
Redes Amigos de la Tierra – Uruguay
Publicado en el Semanario Brecha en su edición del 5 de julio de 2013.