Terrorismo de estado descentralizado incluye a medios hegemónicos
Notas sobre el tema
Terrorismo de estado descentralizado incluye a medios hegemónicos
Aram Aharonian
Cada hora y 52 minutos desaparece un mexicano desde que asumió la presidencia Enrique Peña Nieto. Desaparecen (más allá de los que son muertos, asesinados) trece por día (casi el doble que durante el sexenio de Felipe Calderón) y el 40 por ciento son jóvenes de entre 15 y 29 años. Los responsables de este genocidio permanente son los carteles narcotraficantes, el crimen organizado, los tratantes de blancas y traficantes de «espaldas mojadas», las fuerzas armadas, los grupos paramilitares y de autodefensa: una especie de terrorismo de estado descentralizado.
Entre el temor y la resignación, México está cansado de contar a sus muertos: 55.671 entre 2006 y 2015, según el diario La Jornada; 65.000, según el semanario Zeta; unos 47.500, según la Procuraduría General.
Todo el mundo habla aún de los 43 estudiantes normalistas secuestrados y desaparecidos en Azotzinapa, estado de Guerrero, lo que dado lkugar a protestas generalizadas en todo el país y en el extranjero.
Pero incluso antes de este bochornoso hecho, el Tribunal Permanente de los Pueblos, en la audicencia final sobre «Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores» (México, septiembre de2014), afirmaba que la vulneración de los derechos fundamentales de la mayoría de los seres humanos son consecuencia de un proceso de sometimiento del derecho a las exigencias del mercado y de la economía, que a su vez legalizan la impunidad normativa y estructural que determina una espiral de violencia y negación de la libertad y de la libre decisión de los pueblos.
Indica que los tratados económicos son una expresión clave del proceso de reconfiguración de los Estados y de las sociedades. En este sentido, México corresponde a un escenario paradigmático de desviación del poder económico y poíitico responsable de la situación de violencia e impunidad que el Tribunal ha venido escuchando en estos años.
El bloqueo de acceso a los medios de comunicación y los mecanismos institucionales que atentan contra la libre expresión y el derecho a la información no son hechos aislados sino expresión de una voluntad de silenciar la oposición a los cambios constitucionales e institucionales impuestos por el libre comercio., añade-
El Tribunal logró identificar los elementos que componen esta estrategia mundial de violación de los derechos de libertad de expresión y de acceso a la comunicación, que incluye: el control de los medios de comunicación por el capital financiero asociado al capital internacional; el monopolio de las telecomunicaciones; la subordinación del poder político al poder financiero; la reducción del papel social y protector de los derechos y de la libertades de los Estados; las políticas económicas y sociales neoliberales; el despliegue ilimitado de un pensamiento hegemónico de violación de las libertades individuales y colectivas y de los valores de la igualdad de las personas; la criminalización de los movimientos sociales, la infiltración de las redes mafiosas; la instrumentalización del terrorismo: la intimidación que ha llegado hasta asesinatos de comunicadores y de aquellos que lanzan las alertas.
La acentuación de la situación está ligada a la naturaleza del sistema mundial y a la formas de acumulación del capital. Lo que se nombra como neoliberalismo es la lógica dominante de la fase actual de la mundialización capitalista; la de la dominación del capital financiero y de la financiarización. Ha impuesto programas de ajuste estructural al Sur y planes de austeridad al Norte restaurando la primacía de los beneficios económicos sobre los salarios. Pero, después de 30 años, esta lógica se ha agotado y la crisis de 2008 ha demostrado la fragilidad de un sistema caracterizado por la explosión de las inequidades y el descalabro geopolítico con la emergencia de nuevos poderes. Para mantener esos privilegios, la oligarquía dominante en Latinoamérica ha endurecido sus posiciones y expresado su deseo de imponer el monopolio de su poder.
En esta lucha por imponer el monopolio del poder, los medios de comunicación masiva juegan un papel particularmente importante. Constituyen un vector clave para el consumo y la concentración empresarial. Son determinantes para tener acceso al poder y su control. Ocupan una situación estratégica en la imposición y la reproducción de una cultura dominante y de un pensamiento hegemónico. Por todas estas razones, el poder económico y el poder político Los medios son también empresas. Para controlarlos, basta dominar su capital y sobre todo su financiamiento, la publicidad. Asimismo, se debe reducir el lugar de los medios públicos a través de su privatización y el control de los gobiernos. Es necesario marginalizar los medios comunitarios… y ahora la batalla queda abierta por el control de los nuevos medios digitales.
Los movimientos sociales han revindicado la regla jurídica que plantea la voluntad de una reconquista de la autonomía pública y han demandado que les sean garantizados la libertad de expresión y el derecho de la información, derechos fundamentales que implican la participación ciudadana y el acceso colectivo a la información.
La explosión de inequidades y la acumulación inimaginable de riquezas en un polo, en las manos de 1%, le otorga a la corrupción un lugar importante. Esta corrupción se nutre del debilitamiento del control público; se traduce en la infiltración de traficantes y de poderes mafiosos. Y todavía más: se nutre de la especulación y abolición de controles; el riesgo de que se convierta en mafioso el capitalismo global no es insignificante. Las formas de intimidación y los asesinatos se nutren de esta relación.
Las democracias pueden hacer frente a la corrupción, pero la corrupción destruye las democracias. La escala actual de la corrupción conduce a la impunidad, a la reducción de los derechos y a las derivaciones autoritarias o dictatoriales. Esta evolución se ha acentuado por la instrumentación del terrorismo que conduce en nombre de la seguridad al abandono de las libertades y de los derechos considerados como un lujo. La ideología de la seguridad se ha transformado en dominante. Los movimientos sociales destacan la violencia mediática y el terrorismo de estado.
Los medios ilustran las consecuencias de la relación entre lo financiero y lo político. Lo que está en juego es la dictadura del poder financiero y la «democracia de baja intensidad» que es resultado de ello. La desconfianza hacia los partidos y las formas tradicionales de la política se ha generalizado y se expresa a través de la condena sistemática a la corrupción sistémica. La fusión entre lo político y lo financiero corrompe estructuralmente a la clase política en su conjunto. El rechazo de la corrupción va más allá de la corrupción financiera; se trata de la corrupción política.
La subordinación de lo político a lo financiero ha puesto en duda la autonomía de lo político. Lo que los movimientos anticipan es la reconquista del Estado por el interés general, la autonomía de lo político, la invención de nuevas formas de hacer política, una democracia real y profundamente renovada.
El ecosistema mediático
Las audiencias sobre al problema de la comunicación y a la cualidad de los ecosistemas mediáticos actuales en México ha dibujado una cartografía compleja y precisa del estado de la cuestión. La profundidad, variedad y solidez de los testimonios recogidos aportan un diagnóstico inequívoco sobre la gravedad de la situación de la comunicación social y mediática en el país.
Dicho diagnóstico posee un carácter estructural que pone en relación la cualidad de los ecosistemas mediáticos y la práctica comunicativa en México con un cuadro general de país que se despliega en al menos dos niveles de análisis: por un lado, la relación de los ámbitos comunicativos y las industrias mediáticas con la esfera económica, a partir del modelo de acumulación de capital imperante no sólo en el ámbito local mexicano, sino en el conjunto de la economía-mundo; y por otro lado, la relación de la comunicación ocial y mediática con el problema de la democracia y los derechos humanos en México.
El resultado de la combinación de ambas esferas no deja lugar a dudas: se afronta una situación gravísima en materia comunicativa y mediática caracterizada por un déficit democrático extremo, un gravísimo ataque sistemático a los derechos humanos y una constante vulneración de los principios esenciales del Estado de derecho.
La situación aparece ligada directamente a la cualidad de un modelo de acumulación de capital que bascula sobre un proceso general de liberalización en todos los sectores de la economía, de intensificación de las desigualdades sociales y de dramático vaciamiento del sector público en el desarrollo económico del país. El impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994 y que presenta como singularidad las profundas asimetrías entre los signatarios, ha sido determinante en la configuración de un flujo constante de reformas estructurales cuyo resultado es un modelo de acumulación basado en la práctica del despojo por parte de los poderes económicos, una intensa concentración de la riqueza y una dramática pérdida de la soberanía.
La configuración de un duopolio mediático protagonizado por las compañías Televisa y TV Azteca determina la existencia de un ecosistema mediático caracterizado por una intensa y evidente concentración de medios. Ambas empresas poseen el 90% de las concesiones del espectro radioeléctrico de México y protagonizan una pauta de imposición mediática que domina el conjunto de las industrias locales de la comunicación.
Se trata de una producción y gestión de la comunicación social y mediática de carácter privado que no sólo incide sistemáticamente en la conversión y reducción de la comunicación en fuente de negocio, afectando de manera dramática a la propia naturaleza de la comunicación como bien social y público, sino que da lugar a un monopolio de la producción de información que genera la supremacía de un único discurso de verdad en la sociedad mexicana. Este hecho atenta gravemente contra la libertad de expresión e instala a las industrias mediáticas mexicanas en la práctica sistemática de un profundo déficit democrático.
El monopolio mediático sobre la producción y circulación de la información no sólo descansa en una alianza explícita entre el poder político y el poder económico, sino que convierte la actividad mediática en un flujo constante de legitimación del modelo económico imperante, así como de estigmatización de todo sujeto o proyecto que esgrime una práctica y una racionalidad que difiere del discurso dominante.
El Tribunal ha podido constatar que el carácter monopolístico de la producción y circulación en México afecta dramáticamente a la calidad de los contenidos mediáticos y de la información periodística, que lejos de dar cuenta de la realidad del país, aparecen sujetos a una constante estrategia de producción de lo que los expertos en comunicación denominan como hiperrealidad, es decir, la generación mediática de una realidad inexistente o de una falsedad que pasa por auténtica. Esta pauta mediática deja a la sociedad indefensa frente a un único discurso de verdad que, lejos de presentar un carácter democrático, determina la existencia de un ecosistema mediático de índole netamente totalitaria.
No obstante, la relevancia de la relación entre comunicación y esfera de la economía no sólo remite en México al papel central jugado por las industrias mediáticas en la legitimación del modelo de desarrollo económico imperante, sino que descansa sobre el valor económico que la propia comunicación posee en el actual modelo de acumulación de capital. Dicho modelo de acumulación, apoyado en el desarrollo de las tecnologías electrónicas y digitales, así como de Internet, implica un modo de producción y de valorización económica en el que la acumulación de capital bascula cada vez más sobre la producción y circulación de signos y bienes inmateriales que actúan sobre la mente colectiva, la atención, la imaginación, las interacciones sociales, la construcción de sí de los individuos y el psiquismo social.
La preminencia de este modelo económico en México, que podemos denominar como semiocapitalismo, se expresa en la relevancia integral que el duopolio protagonizado por las compañías mediáticas Televisa y TV Azteca posee sobre el conjunto de la economía mexicana, así como en el crecimiento constante experimentado por el sector de la llamada «información en medios masivos» en el conjunto del Producto Interno Bruto de México, al que hay que añadir el impacto económico y el volumen de negocio del conjunto de las industrias culturales en el país.
De esta forma, México funciona como un laboratorio paradigmático en la configuración de un proceso general de reestructuración del modelo de acumulación de capital que no sólo descansa en una liberalización y privatización de la esfera mediática, sino que pone de manifiesto la tendencia paulatina del capitalismo a recombinar sus núcleos de poder situados en las estructuras de producción de bienes y servicios materiales, con la relevancia económica cada vez mayor de las estructuras productoras de signos, subjetividad y sentido, sobre todo en el campo de la comunicación mediática. La evolución del sector mediático y de las industrias culturales en su conjunto pone de manifiesto que la producción de subjetividad no constituye únicamente el soporte ideológico para la reproducción del modo de producción imperante, sino que cada vez más se está convirtiendo en un objeto fundamental del mismo: las industrias mediáticas en México subrayan hasta qué punto la producción de subjetividad y la comunicación se han mercantilizado hasta convertirse en espacio de valorización y de negocio.
En este contexto de mercantilización de la comunicación y de la producción de subjetividad en México, la liberalización del sector mediático ha jugado un papel determinante, incidiendo en la modificación de la propia naturaleza de la comunicación y de los medios masivos de información al arrebatarles de forma dramática su naturaleza de servicio público.
El duopolio garantiza que, lejos de realizar una función de servicio público a los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, las industrias mediáticas se enfoquen en la producción de un flujo comunicativo que sirve a los intereses de las élites económicas y políticas del país, al mismo tiempo que se orienta hacia la generación de beneficio económico privado como su fin fundamental. Esta destrucción de la naturaleza de servicio público en el ejercicio de la comunicación y la información, no sólo separa al conjunto de la sociedad del control de la esfera mediática, sino que despoja a los ciudadanos y ciudadanas de su cualidad de usuarios participantes de un servicio, convirtiéndolos en meros objetos de negocio sujetos a los intereses de las compañías mediáticas.
La transformación de los ciudadanos y ciudadanas, en tanto que usuarios y productores de la comunicación y la información mediáticas, en meras audiencias y consumidores, les niega la participación en la toma de decisiones y en la configuración de la cualidad de los contenidos mediáticos. Así, y a tenor de los datos y testimonios recabados por este tribunal, México aparece en nuestros días como un país sujeto a un modelo de comunicación mediática escindido por completo de los intereses y necesidades del conjunto de la sociedad, presentando no solamente un insoportable déficit democrático, sino imposibilitando el propio ejercicio de la ciudadanía.
Un modelo que ha abierto una enorme brecha entre el interés general en materia mediática y los intereses particulares de los poderes económicos y políticos del país, configurándose un escenario en el que la sociedad se ve despojada por completo de la comunicación y la información mediáticas.
El cuadro de colapso democrático total que afecta al ecosistema mediático y de la comunicación en México, y que se articula como una suerte de dictadura del modelo de acumulación capitalista imperante, encuentra en la alianza evidente entre poder mediático y poder político uno de sus factores fundamentales. Como ya hemos visto, se trata de una dinámica estructural anclada en el propio desarrollo histórico del país, en el que el régimen impuesto por ochenta años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) jugó un papel determinante en la formación de los medios de comunicación en México, permitiendo que fueran las empresas y los intereses económicos los que impusieran las reglas del juego y, paulatinamente, se apropiaran no sólo de un bien público, sino de la propia vida pública del país.
La emergencia de TV Azteca en 1993 como fruto de la privatización de Imevisión, un espacio público de difusión, expresa de manera paradigmática la cualidad liberalizadora y privatizadora de la configuración del ecosistema mediático mexicano. No es casualidad que el actual duopolio que controla la comunicación mediática en el país se fraguara dentro de la dinámica general de reestructuración de la economía que desembocaría en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tan sólo un año más tarde de la aparición de TV Azteca. Como resultado de esta dinámica las compañías mediáticas protagonistas del duopolio comenzaron a incursionar en diferentes sectores mediáticos más allá del ámbito televisivo, conformándose en conglomerados de medios que además de concentrar y acaparar la producción y distribución mediáticas en el país, así como incursionar en el mercado global mediante su participación en conglomerados mediáticos internacionales, han penetrado de manera determinante el sector de las telecomunicaciones.
Este desarrollo del sector de la comunicación mediática en México ha tenido en la alianza entre poder mediático y poder político su instrumento más característico, desplegando una racionalidad de constante intercambio entre ambas instancias de poder, a partir de un ejercicio de regulación política y de configuración normativa en favor de los intereses de las empresas mediáticas, que se ha visto correspondido con un flujo mediático e informativo continuo al servicio de los diferentes poderes políticos. Un bucle de monopolio político-económico de la esfera mediática que no sólo imposibilita de manera extrema el desarrollo de la democracia, sino que afecta de forma determinante al ejercicio de los derechos humanos, bloqueando y vulnerando de manera evidente el derecho universal a la libertad de expresión, así como el acceso a una información veraz.
La gravedad del déficit democrático y de vulneración sistemática de los derechos humanos en materia de comunicación e información mediáticas, encuentra en el problema de la violencia uno de sus elementos de mayor intensidad.
En el contexto de una destrucción generalizada del tejido social del país, el ecosistema mediático y de comunicación se ve afectado de manera alarmante y dramática por una violencia que posee un carácter dual: por un lado, una violencia directa contra la libertad de expresión y de información que toca de manera más dolorosa a los profesionales del periodismo y a los ciudadanos que participan del denominado tercer sector de la comunicación, fundamentalmente iniciativas de comunicación social de naturaleza comunitaria; por otro lado, una violencia simbólica que impone un discurso, unas narrativas mediáticas y unos imaginarios que diseminan en la sociedad valores, formas de subjetivación, modos de vida e inclinaciones éticas, en definitiva, una cultura, afín al modelo económico imperante y a los regímenes de existencia que éste impone.
FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
En el primer caso, el de la violencia directa contra comunicadores, medios y trabajadores de la información, la situación se presenta como insostenible y de una gravedad extrema. La responsabilidad de los poderes públicos en este clima generalizado de violencia se pone de manifiesto de manera estructural por la implicación, por acción u omisión, de las diferentes instancias del Estado, desde el gobierno de la nación, a las diferentes administraciones federales, el poder judicial o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Tal y como se ha señalado en páginas anteriores, el clima de miedo e impunidad en el que se opera la violencia contra periodistas e informadores impone, además, un régimen de censura y de autocensura que establece auténticas zonas de silencio informativo en el país. Todo en un ecosistema profesional caracterizado por una limitada capacitación de periodistas, una falta manifiesta de profesionalización y unas relaciones laborales de marcado carácter precario e inestable.
A esta violencia directa contra los informadores y la libertad de expresión, hay que sumarle la existencia de una práctica mediática de violencia simbólica y de producción de lo sensible que atenaza y encierra la producción y circulación de imaginarios acorde con el modelo cultural hegemónico ligado a los intereses de las élites económicas y políticas del país. Los formatos mediáticos de entretenimiento y las narrativas de ficción ocupan un lugar determinante en esta producción hegemónica de imaginarios que se ancla en la práctica de una constante violencia simbólica que marginaliza y silencia toda forma de subjetivación alternativa y todo ejercicio cultural de disenso.
El formato de telenovela, en cuya producción el duopolio Televisa-TV Azteca aparece como referente mundial, constituye en México uno de los fenómenos que de manera más plástica y precisa expresa la cualidad de imaginarios y formas de subjetivación a las que nos referimos. Un formato televisivo que, más allá de su hegemonía discursiva y económica en el campo mediático, demuestra su relevancia simbólica en un país cuyo presidente ha contraído matrimonio con una de las estrellas más importantes del panorama de la telenovela.
Un dato de especial importancia en el cuadro de doble violencia, directa y simbólica, que caracteriza al ecosistema mediático y de la comunicación en México viene representado por el caso particular de la violencia contra las mujeres. Desde 2002 a 2013, tal y como hemos expuesto con anterioridad, se han registrado y documentado 180 casos de violencia contra mujeres periodistas. El asesinato de la informadora Regina Martínez en 2012, expresa de manera sintética la cualidad patriarcal de la relación de las autoridades mexicanas con el problema de la violencia contra las mujeres informadoras, a partir de un proceso judicial altamente psicologizado y caracterizado por un tratamiento vejatorio de la víctima. Al mismo tiempo, el plano de la violencia mediática de carácter simbólico subraya la apuesta constante por narrativas y contenidos que convierten a las mujeres en objeto de discursos conservadores y patriarcales.
Otros colectivos sociales como los pueblos indígenas o las personas gays y transexuales sufren la misma violencia a partir de una continua práctica mediática de estigmatización y estereotipación.
La política de aniquilamiento
La brecha social se acrecenta en un país de enormes desigualdades, que cobija al hombre más rico del mundo y a 50 millones de personas carentes de las condiciones mínimas de supervivencia. Un país que presume de diversidad cultural y lleva adelante políticas de aniquilamiento de sus pueblos originarios, una nación referente por su sus luchas sociales y hoy elimina todo tipo de protesta ciudadana.
México ha carecido y sigue careciendo de una regulación normativa incluyente de todos los sectores sociales en materia de los derechos humanos a la información, la libre expresión y la comunicación, donde persiste la aplicación de leyes que alientan un esquema corporativo monopólico, a la vez que criminalizan de manera manifiesta a los ciudadanos, las organizaciones, comunidades, pueblos que luchan por sus derechos.
La violencia contra la prensa se ha manifestado en ataques a medios de comunicación con explosivos y armas de alto poder; desapariciones de periodistas profesionales y populares; el desplazamiento y/o exilio de comunicadores por amenazas directas en su contra; autocensura de los medios e infiltración de bandas delictivas en las propias redacciones; vejaciones, asesinatos y desaparición de mujeres periodistas; ataques a usuarios de redes sociales que difunden información sobre la violencia, y toda forma de agresiones físicas y sicológicas tendientes a sembrar el temor y el terror entre los comunicadores.
Por ello, la Relatoría de la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU consideró a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente. En lo que va del siglo (hasta 2013), según la Procuraduría General mexicana, 102 periodistas fueron asesinados, 18 han sido desaparecidos y hay un número no posible de identificar desplazados y/o obligados al exilio. Los asesinatos de periodistas se duplicaron durante la presidencia de Feljipe Calderón (2006-2012), cuando la aplicación de una estrategia bélica de seguridad dejó 60 mil personas asesinadas y 10 mil desaparecidas. A ello se suma el aumento de asesinatos y agresiones de defensores humanos, en un país donde se extendieron zonas de silencio forzado, en las cuales los grupos delictivos deciden qué se publica en los medios de comunicación.
Más de la mitad de las denuncias presentadas por las organizaciones de defensa de la libertad de expresión señalan que los perpetradores de las agresiones contra periodistas fueron identificados como agentes estatales –militares, policías, autoridades locales- y que el 13 por ciento proviene de la delincuencia organizada. La aprobación de mecanismos institucionales de protección de periodistas no ha contenido la escalada de violencia contra comunicadores y mucho menos la impunidad de los agresores, que es la constante durante las últimas tres presidencias. En los primeros nueve meses de 2014 se documentaron 201 agresiones a periodistas, un promedio de una cada 28 horas.
A dos años de creada la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el mecanismo no ha actuado y los indicadores revelan un incremento de agresiones y amenazas – físicas, sicológicas, legales y digitales-que ponen en peligro la integridad física, moral y financieras de las periodistas, ya no solo a manos del crimen organizado, sino también por acciones ordenadas y ejecutadas por autoridades locales, estatales o mandos federales contra los trabajadores de la prensa y personas que luchan por la libertad de expresión y el acceso a la información.
En los últimos 20 meses (hasta setiembre de 2014), 11 periodistas fueron asesinados en los estados del centro-sur y noreste del país (dos en Tamaulipas y Oaxaca, uno en Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Puebla y Chihuaha). En 21 de los 32 estados se ha denunciado agresiones físicas, robo o destrucción de equipos, detenciones arbitrarias de periodistas mientras realizan su labor, ante la inactividad de las autoridades responsables de la prevención de la violencia. Desde 2002 a 2013 se han registrado y documentado 180 casos de violencia contra mujeres periodistas, 60 por ciento de ellos cometidos por servidores públicos, administrativos y policías, incluido el de feminicidio.
Si bien la reforma constitucional a la Ley de Telecomunicaciones (2013), generó expectativas entre muchos sectores de la sociedad, fue completada con una legislación secundaria, aprobada en julio de 2014, que canceló dichas expectativas. El Estado, nuevamente, promovió cambios para consolidar el statu quo. Esta norma permite graves violaciones al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información, libre acceso a Internet, al obligar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a que proporcionen a las autoridades de seguridad y administración de justicia la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, sin necesidad de orden judicial.
La criminalización mediática contra personas, grupos o movimientos sociales es una herramienta política para generar opinión, justifica acciones de fuerza y se usa poara encubrir posturas económicas, políticas, sociales, religiosas, ideológicas y/o culturales. Se usa con pretextos de bien común –la patria, la unidad social, el orden, la seguridad, la decencia- pero es empleada como mecanismo de control social para intimidar, descalificar, neutralizar, inhibir, hostigar cualquier conducta que cuestione las expresiones de poder imperante. La criminalización se construye desde los ámbitos normativo, discursivo, de la judicialización de acciones contrapuestas al statu quo, la militarización y la acción policial. Desde los medios de comunicación se usan para señalar, descalificar e invitar a su persecución, omitiendo cualquier consideración a los derechos inalienables de los ciudadanos.
Muchos informadores y opinadores ejercen desde los medios de comunicación –en especial de los que pertenecen al duopolio- la criminalización y el linchamiento (a veces no solo intelectual) de aquellos que osan reclamar sus derechos, en diatribas donde abundan acusaciones sin prueba alguna, la difamación, la injuria, la incitación al odio y discriminación racial y social y a la discriminación de género.
México, tan lejos de dios y tan cerca de Estados Unidos.
Quizá lo que nos soreprenda a los del sur del sur es que a pesar de haber visto coartada su soberanía nacional por EEUU a lo largo de la historia, de haber padecido una guerra, perdido la mitad de su territorio original, surido intervenciones militares estadounidenses y una penetración cultural y económica de enorme magnitud, el gobierno de México siga mirando al norte.
- Del libro La Internacional del Terror Mediático, Punto de Encuentro, Argentina (2015)