Brasil: amplio repudio contra la reforma de Temer que favorece el trabajo esclavo
Notas sobre el tema
Otro retroceso más en Brasil – Por Eric Nepomuceno
En sus olímpicos esfuerzos para mantenerse en el sillón presidencial alcanzado a raíz de un golpe institucional, Michel Temer da reiteradas muestras de considerar que, en esa lucha, cualquier arma es buena.
En vísperas de enfrentar la segunda denuncia presentada por la Procuraduría General de la República, esta vez por formación de bando criminal y obstrucción de la Justicia, Temer una vez más transformó su despacho en un balcón de negocios. Recibe a diputados, oye sus demandas, negocia la liberación de recursos (desviados, por cierto, de su destino inicial), la distribución de cargos y puestos, así como el envío al Congreso de medidas de interés de grupos económicos o religiosos, en especial los de sectas evangélicas fundamentalistas.
Este lunes, de manera inesperada, Michel Temer decidió acatar una antigua reivindicación de los grandes terratenientes brasileños: aprobó medidas que dificultarán, cuando no imposibiliten, la fiscalización y la punición de los responsables por trabajo esclavo o en situación análoga a la esclavitud. Con eso espera asegurarse los votos favorables de la llamada “bancada ruralista”, que reúne a más de 200 de los 531 diputados, y que representa intereses propios (muchos de ellos son grandes propietarios rurales) y de todo el sector del agro negocio.
Hubo protestas inmediatas, dentro y fuera del país. El más contundente partió de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), que en una dura nota afirmó que el país “deja de ser referencia global en el combate al trabajo esclavo y pasa a ser ejemplo negativo”. Además, advierte que la medida es ilegal, porque altera lo que determina el Código Penal brasileño.
Para OIT, la legislación anterior contenía puntos considerados ejemplares, que ahora fueron anulados o neutralizados. Antes, se consideraba que “jornadas exhaustivas y en condiciones degradantes” configuran situación análoga a la esclavitud. La nueva determinación de Temer dice que no, y que la fiscalización solo podrá sancionar al empleador cuando haya “restricción de libertad”. No aclara qué sería “restricción de libertad”, o sea, prevalecerá el criterio del empleador.
Antes, impedir que alguien abandone determinado lugar en que es forzado a ejecutar tareas en situaciones degradantes era esclavitud. A partir de ahora, solo será esclavitud cuando se emplee el uso de la fuerza o haya vigilancia armada para impedir que el trabajador abandone el local.
La legislación anterior determinada la divulgación, a cualquier momento, de una “lista sucia” con los nombres de los sancionados por emplear mano de obra esclava. Esa lista era elaborada por el cuerpo técnico del ministerio del Trabajo, sin injerencia alguna. Ahora, divulgarla pasa a ser de competencia exclusiva del titular de la cartera de Trabajo. Si decide mantenerla bajo sigilo, nadie sabrá quienes la integran.
Antes, los integrantes de la lista eran obligados a pagar deudas laborales e indemnización a las víctimas. Además, su nombre quedaba registrado por al menos un año. Ahora, los que practiquen trabajo esclavo ya no tendrán ninguna obligación frente a sus víctimas. Los pobres miserables tendrán que recurrir, por su cuenta, a la justicia, lo que jamás ocurrirá.
Todo eso llevó la OIT a otro alerta: sin que se divulgue el catastro de quien somete en el país trabajadores a esclavitud, Brasil corre el riesgo de enfrentar barreras comerciales, especialmente en las exportaciones de alimentos. Abandonar el criterio estrictamente técnico en la elaboración y divulgación de la lista para adoptar criterios meramente políticos seguramente generará desconfianza de compradores por todo el mundo. El sistema brasileño de la “lista sucia” era considerado referencia internacional.
Desde la llegada de Michel Temer y su grupo al poder, las presiones de los “ruralistas” no hicieron más que aumentar. Como consecuencia, el combate al trabajo esclavo perdió fuerza, pero perduraba. La fiscalización, por ejemplo, sufrió una drástica reducción en su presupuesto, a tal punto que el pasado agosto se agotaron los recursos previstos en el presupuesto nacional para todo este año.
Acosado por consistentes denuncias de corrupción, entre otros delitos, el presidente más impopular de toda la historia brasileña no pensó dos veces. A cambio de apoyo para mantenerse y también preservar los dos ministros más fuertes de su gobierno, que además de integrar la misma denuncia que será analizada por la Cámara de Diputados responden a un sinfín de acusaciones en la Justicia, retrocedió y eliminó conquistas de décadas.
A tal punto impactó el retroceso, que tanto el Ministerio Público del Trabajo como el Ministerio Público Federal, fiscalías máximas, hicieron críticas muy duras a la medida y recomendaron que sea anulada.
Ya el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, poderosísimo terrateniente y cultivador de soja transgénica, dijo que “solo tenemos que celebrar” la decisión de Michel Temer.
Nada podría ser más aclarador.
(*) Periodista y escritor brasileño.
Denuncia contra Temer puede ser votada hoy en comisión
La admisibilidad de la denuncia por liderar una organización criminal y obstruir la justicia que enfrenta el presidente brasileño, Michel Temer, pudiera ser votada hoy por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados.
Según valoró anoche el titular del colegiado, Rodrigo Pacheco, la votación sobre el informe presentado por el relator Bonifácio de Andrada y que sugiere no admitir la acusación y archivar el proceso, podría realizarse durante la sesión convocada para este miércoles a las 10:00 (hora local).
Si los debates se prolongaran hasta las 13:55, cuando está marcado el inicio del Orden del Día del plenario de la Casa, entonces habría que esperar hasta que terminen las votaciones allí para reanudar los trabajos de la CCJ, explicó.
Durante el análisis de la acusación, la víspera, el diputado del Partido de los Trabajadores (PT) Henrique Fontana defendió la continuidad del proceso, pues de las siete personas denunciadas por el Ministerio Público -dijo- cuatro ya guardan prisión.
Además de Temer, señalado como jefe de la cuadrilla del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) incluye también al ministro-jefe de la Casa Civil Eliseu Padilha y al secretario general de la Presidencia, Wellington Moreira Franco.
Además fueron denunciados los ex ministros Geddel Vieira Lima y Henrique Eduardo Alves y el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, todos presos, y el ex legislador y ex asesor especial del gobernante, Rodrigo Rocha Loures, quien cumple prisión domiciliaria.
Por su parte, y al defender la inocencia de Temer y los ministros acusados, el legislador peemedebista Darcísio Perondi alegó que ‘los bandidos son los delatores que provocaron esa segunda denuncia’.
Perondi presumió la carta enviada ayer por Temer a todos los miembros del Congreso en la cual asegura estar ‘indignado’ con las acusaciones y ser víctima de una confabulación para derrocarlo.
La propia misiva fue repudiada poco después por el diputado del partido Podemos (PODE) Sergio Zveiter, quien consideró que ésta era ‘inadecuada’ y que la tesis sobre una supuesta conspiración para sacarlo del Palacio de Planalto solo busca desviar el eje de la discusión en curso.
No sé cuál era la real intención (del gobernante); pero si fue defenderse, eligió el camino errado, subrayó.
Medida do governo Temer coloca em risco combate ao trabalho escravo
“Um retrocesso de 20 anos”, “pá de cal” e “maracutaia”. Essas são algumas das formas que entidades ligadas à erradicação da escravidão contemporânea no país descrevem a nova portaria do Ministério do Trabalho sobre o combate a esse crime. Publicada no Diário Oficial da União, na segunda-feira 16, o documento assinado pelo ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira reduz as situações que caracterizam o crime e dificulta a sua fiscalização.
A portaria sujeita a concessão de seguro-desemprego aos trabalhadores resgatados, que vem sendo pago desde 2003, e mesmo a validade da fiscalização a um novo conceito de trabalho escravo. Entre as novidades, está a necessidade de impedimento do direito de ir e vir para a caracterização do crime, tornando irrelevante as condições de trabalho às quais uma pessoa está submetida.
A Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), que coordena a atividade dos auditores fiscais, circulou um memorando interno afirmando que não foi consultada na elaboração da portaria. “A SIT orienta seus auditores a manter, por ora, as práticas conduzidas pelos normativos que até então regularam a fiscalização para a erradicação do trabalho em condições análogas à de escravo”, diz o texto assinado pelo secretário de inspeção do trabalho substituto, João Paulo Ferreira Machado.
Outras entidades também afirmaram terem sido surpreendidas. “A portaria acaba com o conceito de trabalho escravo contemporâneo, reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho como um avanço por reconhecer a moderna escravidão,” diz Antônio Carlos de Mello, coordenador do programa de combate ao trabalho forçado da Organização Internacional do Trabalho no Brasil.
As fontes ouvidas pela reportagem atribuem a publicação da portaria à pressão histórica de entidades ligadas ao agronegócio, ao setor têxtil e à construção civil. O fato de a medida ter sido tomada sem uma discussão prévia também tem sido duramente criticado.
“Eles tentaram fazer isso através de lei no Congresso Nacional e não conseguiram, porque a sociedade não permitiu. Agora, estão tentando isso por outras formas,” diz a procuradora da República Ana Carolina Roman.
Segundo ela, o Ministério Público estuda a possibilidade de entrar na Justiça contra a portaria, mesma possibilidade levantada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra). “A portaria invade áreas que não são de competência do ministério. As ‘inovações’ são altamente questionáveis”, diz Guilherme Feliciano, presidente da associação.
Caio Magri, diretor executivo do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, também critica a falta de discussão. “Não se altera um artigo do Código Penal através de uma maracutaia”, diz Magri, referindo-se ao conceito de trabalho escravo previsto no artigo 149 do código.
Já o deputado estadual Carlos Bezerra Jr. (PSDB-SP), autor da lei paulista de combate à escravidão, aponta que a portaria “é uma gravíssima violação democrática e a expressão clara do espírito autoritário e descompromissado com o direitos humanos desse governo”.
Publicada nesta segunda, a medida foi decidida na última sexta (13), ou seja, na mesma semana em que o coordenador nacional de fiscalização do trabalho escravo, André Roston, foi exonerado pelo ministro. Em reunião com críticos da sua medida na última quarta-feira (11), Nogueira disse que “teria planos mais ousados” e que queria discutir o próprio conceito de trabalho escravo.
Em nota enviada por email à Repórter Brasil, o Ministério do Trabalho afirma que “o combate ao trabalho escravo é uma política pública permanente de Estado e que vem recebendo todo o apoio administrativo desta pasta, com resultados positivos concretos relativamente ao número de resgatados, e na inibição de práticas delituosas dessa natureza, que ofendem os mais básicos princípios da dignidade da pessoa humana”.
No final da tarde de segunda, após receber duras críticas pelas mudanças, o Ministério do Trabalho atualizou sua nota oficial, acrescentando que, em decorrência da portaria, processos criminais seriam abertos simultaneamente à emissão do auto de infração. Além disso, policiais federais estarão em todas as operações e as multas terão um aumento de até 500%.
Em nota, a Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), também conhecida como bancada ruralista, nega que tenha interferido junto ao Ministério do Trabalho para a publicação da portaria, já que sua atuação se concentra no Congresso. “A portaria vem ao encontro de algumas pautas da FPA e diminui a subjetividade da análise. No entanto, não participamos de nenhuma tratativa com o Poder Executivo sobre o assunto”.
Condições degradantes
A portaria anula “condições degradantes” como um dos quatro elementos que configuram trabalho análogo ao de escravo ao afirmar que essa situação só existe com cerceamento da liberdade.
“Com a nova portaria, só podemos considerar trabalho em condições degradantes se houver restrição de liberdade, com pessoas armadas ou isolamento geográfico que impeçam o trabalhador de ir e vir,” diz Antonio Mello.
De acordo com o representante da OIT, empregadores que deixavam de fornecer água potável, alimentação e descanso adequado antes podiam ser acusados de submeter pessoas a condição degradante. Isso era suficiente para caracterizar trabalho escravo. Mas, com a nova regra, essa configuração fica mais difícil.
“A portaria traz a ideia reducionista que escravo é a pessoa amarrada sem possibilidade de fugir. Essa é a ideia falsa utilizada no imaginário para tentar convencer que a legislação atual é exagerada,” diz Xavier Plassat, coordenador da Campanha contra o Trabalho Escravo da Comissão Pastoral da Terra.
Para Rafael Garcia Rodrigues, procurador do trabalho e ex-coordenador nacional de erradicação ao trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho, o objetivo dessa medida também é aniquilar o conceito de servidão por dívida, um dos que podem caracterizar o crime. “Só seria escravidão análoga se também tiver exceção no direito de ir e vir por pessoas armadas. É um retrocesso inacreditável.”
A portaria também estabelece que escravo só será aquele trabalho sem consentimento por parte do trabalhador.
“Vincular o trabalho escravo ao consentimento do trabalhador é um retrocesso de no mínimo 50 anos,” diz Magno Riga, auditor fiscal do trabalho e membro do grupo especial de fiscalização móvel, responsável por checar denúncias e resgatar trabalhadores.
Para o auditor, o fato de um trabalhador ter aceitado trabalhar em um determinado local não significa que ele acatou previamente as condições de trabalho em que ele se encontra. Dessa forma, a ação estatal para retirá-lo daquele trabalho é necessária porque é pouco provável que ela saia da situação por si mesmo.
Assim, a medida restringe o próprio conceito de trabalho forçado, outro elemento que caracteriza o crime.
Lista suja
Outro ponto criticado na portaria é a necessidade de que veiculação do cadastro de empregadores flagrados por esse crime, a chamada “lista suja” do trabalho escravo, seja autorizada pelo próprio ministro.
Ontem, a inclusão de empresas e pessoas na lista suja não depende de seu aval e é responsabilidade da área técnica do Ministério do Trabalho. “Transformar uma decisão técnica em política é escancarar que o governo vai retirar quem interessar da lista. É um absurdo. É inadmissível”, diz Caio Magri, do Instituto Ethos.
A “lista suja” tem sido usada pela iniciativa privada para gerenciamento de risco, tanto para balizar negócios, quando guiar investimentos e conceder empréstimos. Para Magri, a mudança inviabiliza a sua utilização: “Quem vai confiar nessa lista? Os investidores vão ficar seguros de que está na lista quem deveria estar? Isso vai acabar com a credibilidade do instrumento mais importante no combate ao trabalho escravo no Brasil”.
Para o deputado Bezerra, o novo critério é completamente político. “Aos amigos tudo e aos inimigos a lei. A depender dos amigos desse governo, o critério será de proteção e impunidade para quem pratica esse crime,” diz o parlamentar.
Em sua nota, o ministério não comentou a possibilidade de ingerência política. A pasta afirma que a lista “é um valioso instrumento de coerção estatal, e deve coexistir com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.”
A portaria também estabelece a obrigatoriedade de um boletim de ocorrência para validar a fiscalização que resultou no resgate de trabalhadores e, portanto, incluir, posteriormente, o nome de um empregador na “lista suja”. Com a medida, haverá a necessidade de que, além do auditor fiscal do trabalho, um policial valide a operação.
“Trazer essa responsabilidade para um policial militar é absurdo,” diz Magri. “Só se for para darem voz de prisão flagrante ao infrator, mas isso não vai acontecer. O policial estará lá para protelar o processo, para retirar a caracterização objetiva do crime.”
Para o representante da OIT no Brasil, essa mudança mina o trabalho de fiscalização e repressão porque presume que o fiscal não está falando a verdade. “O reconhecimento não é mais da fiscalização do trabalho, mas da polícia”, conclui.
Novas regras sobre trabalho escravo são criticadas até dentro de ministério
As novas regras que dificultam o combate ao trabalho escravo, publicadas na segunda-feira (16) pelo Ministério do Trabalho, foram criticadas dentro do próprio Ministério.
Depois de tantas críticas, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, não quis se manifestar nesta terça-feira (17). A posição oficial é a mesma de segunda-feira (16): a mudança nas regras para identificar o trabalho escravo é para “aprimorar e dar segurança jurídica à atuação do estado brasileiro.”
Já o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que é do agronegócio, em entrevista à repórter Andréia Sadi, da GloboNews, elogiou as mudanças pedidas pela bancada ruralista.
“Nesse momento, há um momento político diferente e o presidente resolveu atender a esse pleito antigo da classe produtora e obviamente nós estamos trabalhando em um momento de política muito diferente. Temos um momento confuso e aí a classe produtora resolveu levar essa reivindicação ao presidente. Ele atendeu e nós só temos a comemorar”, disse.
A portaria foi publicada na segunda-feira (16). Ela torna mais difícil comprovar o trabalho escravo. Diz, por exemplo, que um trabalho só pode ser enquadrado como escravo quando for constatada a submissão do trabalhador a trabalho exigido sob ameaça de punição, com uso de coação, realizado de maneira involuntária.
Antes da portaria, para caracterizar o trabalho escravo, bastava o fiscal constatar trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes ou restrição de locomoção por razão de dívida.
Agentes públicos que combatem o trabalho escravo dizem que a portaria é ilegal. Além disso, a portaria também torna mais difícil a inclusão de um empregador que use trabalho escravo na lista suja.
As novas regras criam a obrigação de um boletim de ocorrência feito pela autoridade policial que participou da fiscalização e estabelece que a lista suja só será divulgada por determinação expressa do ministro do trabalho.
Dentro do próprio Ministério do Trabalho, a portaria está sendo duramente criticada. Um memorando do secretário de Inspeção diz que foram detectados vícios técnicos e jurídicos e que, por isso, pleiteará sua revogação, e orienta os auditores a manter as práticas atuais.
O Ministério Público do Trabalho recomendou também que o Ministério do Trabalho revogue a portaria em até dez dias. Os procuradores vão continuar seguindo a legislação anterior que está de acordo com as leis internacionais.
“Ela desconstrói todo o conceito de trabalho escravo contemporâneo. No direito contemporâneo, no combate ao trabalho escravo nós consideramos degradante todas as condições de trabalho degradantes como equiparava ao trabalho escravo. Essa portaria vem e diz que não. Trabalho escravo é somente se houver um cerceio da liberdade da locomoção, a prisão do trabalhador no local de trabalho, desconsiderando todas as outras caracterizações de trabalho degradante, que é o conceito contemporâneo, que é o conceito moderno, que é o conceito que a OIT obedece para definir o trabalho escravo”, explicou o procurador-geral em exercício do MPT, Luiz Eduardo Guimarães Bojart.