Uruguay: las controversias en los Tratados de Libre Comercio – Por Alberto Couriel
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
En estos días el Secretariado del Frente Amplio realizará una reunión con el canciller para analizar diversos aspectos de la política internacional. Uno de los temas en los que hay diferencias son los Tratados de Libre Comercio (TLC). Por un lado, se ubican quienes están a favor de estos TLC clásicos impulsados por EEUU. En esta posición están los partidos Nacional, Colorado, Independiente y sectores del Frente Amplio, especialmente el Frente Líber Seregni. Entienden que hay que buscar nuevos mercados, bajando o eliminando aranceles para los rubros clásicos de exportación basados en recursos naturales.
Creen en la libertad de comercio y en el libre juego del mercado y no se plantean cambios a la actual inserción económica, basada exclusivamente en recursos naturales. En la realidad no hay libertad de comercio, en la medida que los grandes países desarrollados siguen manteniendo ayudas y protecciones a los productos agrícolas, cuotas, contingentes, rubros sensibles para alargar plazos de rebajas de aranceles, picos arancelarios para rubros intensivos en mano de obra y otras formas de protección, usando medidas sanitarias y antidumping. No se realizan estudios de evaluación de estos TLC.
El trabajo de Sebastián Torres “Impactos sectoriales en Uruguay de la firma de un Tratado de libre comercio entre Mercosur y China” muestra a las claras las pérdidas de empleo que originaría en Uruguay esta simulación.
La elaboración de estos tratados se realiza en forma secreta. Pero como lo dice Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, no son secretas para las grandes empresas transnacionales que son las grandes beneficiarias de estos tratados. Uno de los elementos claves de estos acuerdos son las limitaciones a la acción del Estado de los países de la Periferia.
Afectan sus posibilidades de apoyo a las empresas públicas, a las pymes, a regulaciones a empresas extranjeras, impidiendo las contra partes de desempeño por los beneficios otorgados. Se imponen las desregulaciones financieras, una de las principales causas de la crisis financiera de EEUU en 2007 y en telecomunicaciones. Las controversias entre el inversor y los Estados de destino de las inversiones van a tribunales internacionales, como el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, que normalmente resuelve a favor de los inversores. Estas controversias pueden tener origen en medidas laborales, para enfrentar determinados impuestos, por promociones a empresas públicas y no a los inversores extranjeros y así sucesivamente.
Para las empresas extranjeras las funciones del Estado deben ser mínimas, como garantizar el pago de los servicios de la deuda, enfrentar la inflación y el déficit fiscal. Luego el sector privado y el libre juego del mercado resolverían todos los problemas económicos y sociales. En la medida que los países periféricos han avanzado en la apertura comercial, con bajos aranceles y sin instrumentos para arancelarios, los acuerdos comerciales que lideran las empresas transnacionales se preocupan más por nuevos temas.
Entre ellos, destacan la propiedad intelectual para extender los plazos de las patentes y que impide la producción de medicamentos genéricos, las compras gubernamentales que es un instrumento relevante para los países para atender el empleo y las innovaciones, las normas de competencia para enfrentar los monopolios de las empresas públicas y el capítulo de inversiones. En éste, junto a los acuerdos de protección de inversiones, se insiste en que las controversias Estado–inversor se resuelvan en tribunales internacionales.
Vale la pena destacar que en el reciente acuerdo de la Unión Europea con Canadá, estos tribunales internacionales son ad hoc y sus miembros se eligen entre los países que negociaron el acuerdo. Otros temas negativos de estos acuerdos son la liberalización de los servicios donde se exigen, listas negativas de los mismos, en las que se incluyen los rubros que se desea proteger, que no es sencillo definir, y todos los demás servicios quedan abiertos, inclusive los nuevos servicios que se vayan generando.
Uno de los elementos centrales de estos tratados es que se les otorgan a los países de la periferia algunas ventajas para seguir colocando sus recursos naturales, como el aumento de cuotas a algunos rubros alimenticios. Pero la relación Centro-Periferia se mantiene en todos sus términos. La América del Sur vende recursos naturales, productos primarios con bajo valor agregado y limitado contenido tecnológico y compra rubros de alta y media tecnología. Por ejemplo Chile, con cantidad de acuerdos comerciales, tiene el 75% de sus exportaciones de productos primarios vinculados al cobre y solo 6% del total son de alta y media tecnología.
Quienes somos críticos de estos clásicos TLC, entendemos que hay necesidad de acuerdos con EEUU, con la Unión Europea y con China pero con otros beneficios para los países de la Periferia. Los nuevos tratados no pueden contener todos estos aspectos negativos que hemos enfatizado en esta nota. Uruguay y la región van a seguir vendiendo recursos naturales, pero es relevante que sea con mayor valor agregado y con contenido tecnológico.
Los acuerdos comerciales debieran ser un instrumento para iniciar etapas de inserción internacional con cadenas de valor que permitan exportar rubros de alta y media tecnología. Para ello es fundamental el proceso de integración, hoy con muchas dificultades, para insertarnos en cadenas de valor regionales, e internacionales, en etapas de incorporación tecnológica.
También es muy relevante que no se limite la acción del Estado, para la conducción del proceso de desarrollo, para la elaboración e implementación de la estrategia de desarrollo, para la promoción de los rubros centrales industriales y de servicios para la nueva inserción económica internacional, la atención de los problemas sociales y del empleo para seguir mejorando la distribución de la riqueza y el ingreso y los niveles de igualdad.
Las futuras negociaciones requieren también la unidad regional, para ganar poder de negociación frente a los países desarrollados. Mientras tanto, habrá que intentar, mediante acuerdos parciales, como el Tifa, obtener rebajas arancelarias para nuestros principales productos de exportación, como la carne, para competir en condiciones de igualdad con Australia y Nueva Zelandia.
(*) Contador público y político uruguayo. Exsenador de la República por el Frente Amplio. Ha ejercido la docencia universitaria en el Uruguay desde la década del 60 y la postuniversitaria en distintos países tales como Chile, Perú, Brasil, México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Argentina y España. En la década del 70 fue consultor de organismos internacionales como la CEPAL, la OIT y consultor de la UNCTADT en Perú. Fue colaborador externo de PREALC, Santiago de Chile y consultor de distintos proyectos del PNUD en México. En la década del 80 fue Asesor Técnico Principal Proyecto PNUD – UNCTAD en Nicaragua. Fue Programador General y consultor de la CEPAL y de la OEA en Washington.