Chile: el polémico proyecto de ley para la creación de un servicio de áreas protegidas
Por Sebastián Balcazar.
A 9 días de las elecciones en Chile, hay temas que han quedado pendientes en la agenda ambiental del país. Uno de ellos es el proyecto de ley que propone la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que fue presentado por el gobierno de Michelle Bachelet como un importante avance dentro de los primeros 100 días de su gestión, frente a la necesidad de preservar el medio ambiente en Chile.
El proyecto destaca la urgencia de trabajar en una normativa que facilite el desarrollo de medidas de protección, gestión, control y fiscalización eficientes en las áreas protegidas chilenas. Sin embargo, para algunos expertos y académicos del país existen graves fallas en la propuesta que no han sido resueltas.
El pasado 25 de octubre la iniciativa fue aprobada de forma unánime por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, sin incorporar las observaciones y recomendaciones de organizaciones y científicos dedicados a la protección y conservación, según expertos consultados para este artículo. Serán las comisiones de Hacienda y la discusión en la sala del Senado las instancias donde estos puntos vuelvan a ser abordados, para concluir con el primer trámite legislativo en camino a la creación de la ley.
“Un grave detrimento”
Uno de los puntos del proyecto de ley que suscitó mayor preocupación es la facilidad con que se permitiría la modificación de las áreas protegidas, es decir, cambios en sus límites o la vigencia de la protección de las mismas. La Asociación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) hizo público un enérgico comunicado donde catalogó la iniciativa como “un grave detrimento para el régimen de protección de los Parques Nacionales del país”.
Actualmente, el Estado cuenta con las directrices establecidas en la Convención de Washington de 1940 —suscrita por Chile— para proteger los recursos contenidos dentro de los Parques Nacionales. En ella se estipula que todo cambio en los lindes de un parque nacional puede ser efectuado mediante una acción legislativa, es decir, que cualquier modificación debe ser aprobada en el Congreso de la República de Chile.
Sin embargo, uno de los puntos más objetados de la propuesta presentada por el oficialismo chileno, es que facilitaba la intervención dentro de las áreas protegidas al permitir que mediante una decisión ministerial se puedan alterar los límites de los parques nacionales. “Derogar tácitamente estas obligaciones legales por la vía de crear un procedimiento administrativo para modificar la superficie o los deslindes de un Parque Nacional”, explicó Carlos Poblete, ingeniero ambiental integrante de la AIFBN que ha seguido de cerca el polémico proyecto.
El ingeniero especificó que los artículos 24, 25 y 26 del proyecto de ley son los que proponen un decreto ministerial para cambiar los límites de las áreas protegidas. Si bien se han incorporado indicaciones a esos apartados, aún está abierta la posibilidad de vulnerar el Convenio de Washington mediante artículos transitorios dispuestos al final del proyecto.
Es ahí donde está el peligro para las áreas protegidas, indicó Poblete, quien también señaló como una amenaza que la iniciativa permite que el gobierno de turno pueda nombrar a los funcionarios que ocuparán puestos claves, en las oficinas que tienen a su cargo la preservación ambiental.
“La gente que esté en el Servicio de la Biodiversidad, sus directivos, serán nombrados por el gobierno de turno, lo mismo el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Entonces, dependiendo del gobierno que tengamos, se decidirá la actitud respecto a las áreas silvestres protegidas contra amenazas que pudieran significar proyectos productivos extractivistas”, explicó el experto.
Un caso emblemático de riesgo producido por proyectos extractivistas es el de la Reserva Nacional Las Guaitecas. Luego de la crisis del ISA, virus que afectó masivamente la producción de salmón en la región de Los Lagos —entre otras— plantas salmoneras fueron reubicadas en esta zona protegida por el Estado. Lo que generó controversia, es que el Servicio de Evaluación Ambiental anunció que estas empresas no pasarían por un proceso de evaluación ambiental, porque no estaban dañando el “objeto de protección”, es decir, los bosques de cipreses de las Guaitecas.
“Ahí ves que se empieza a instalar el concepto de que en las áreas protegidas hay que definir un objeto de protección de la Reserva, en este caso el ciprés de las Guaitecas. Entonces si un proyecto salmonero no afecta directamente a los bosques, no se hace evaluación de impacto”, explicó Carlos Poblete.
Sin embargo, para el oficialismo este proyecto de ley resulta en “un paso significativo hacia la consolidación de la institucionalidad ambiental (…) que dota al ministerio del Medio Ambiente de la capacidad para llevar a cabo en forma centralizada las competencias para fiscalizar y sancionar aquellos actos de personas o empresas que puedan dañar la biodiversidad, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas”, sostuvo el ministro de la cartera, Marcelo Mena, luego de la aprobación en la comisión de Senado.
En la misma instancia el presidente de la comisión, senador Patricio Walker, afirmó: “escuchamos a toda la comunidad científica y todos aquellos que están comprometidos con el trabajo de conservación de la biodiversidad en Chile. Estamos dando un paso más para lograr un servicio nacional de biodiversidad de primer nivel”.
Por su parte, la bióloga y directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, plantea sus dudas respecto a la capacidad que pueden tener los parlamentarios para considerar la visión de los especialistas e incluir las recomendaciones hechas al proyecto: “Nosotros estamos súper decepcionados de este proyecto de ley en el sentido de que por un lado fue priorizado por el gobierno de la Presidenta Bachelet y, sin embargo, de una vez que empieza a tramitarse su contenido, no va en el sentido de proteger la biodiversidad. Lo que sale de la comisión de Medio Ambiente del Senado es un reflejo de eso y del poco análisis que han hecho los senadores”.
Sobre el futuro de este proyecto de ley, de cara a las nuevas elecciones, Liberona esbozó los pasos que seguirán los expertos de Terram: “ En caso de que la comisión de Hacienda revise el proyecto, vamos a prepararnos para la discusión en sala, poniendo los temas que nos parecen relevantes y no deberían estar ausentes. Nosotros dudamos mucho de que el ministerio los quiera incorporar. Por tanto, nuestro trabajo va a ser más bien sensibilizar a los parlamentarios. Lo mismo haremos en la Cámara de Diputados si corresponde”.
Un servicio disperso
Todos coinciden en que disponer de una institución que cuente con la capacidad de proteger a cabalidad la diversidad biológica del país y las áreas protegidas es indispensable. Y Chile no la tiene. Tanto científicos como activistas apuntan a la necesidad de contar con un organismo que supere la dispersión de competencias, repartidas en la actualidad en más de 20 servicios públicos distintos.
“El mayor problema que tenemos en Chile respecto a la institucionalidad ambiental es que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene fuerza legal ni política para ser un contrapeso frente a otros ministerios que tienen otros fines”, sostuvo la bióloga y directora de Fundación Terram, Flavia Liberona.
A esto hay que sumarle que todas las decisiones políticas, legales o de organización del Ministerio de Medio Ambiente pasan por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una instancia que congrega a 13 carteras que incluyen, por ejemplo, a los ministerios de Energía, Minería y Economía. “Si uno mira la ley, todas las atribuciones que tiene el ministerio deben pasar por este consejo, si crea una ley, una política o un programa. Hablamos de ministerios que no tienen por fin la conservación o preservación”, explicó, “nuestra propuesta como Terram siempre ha sido eliminar el Consejo de Ministros (para la Sustentabilidad)”.
Liberona describe un enredo burocrático que afecta la protección ambiental, en tanto que impide a los organismos encargados de este fin hacer prevalecer sus lineamientos frente a proyectos económico-productivos, que en algunos casos pueden ser perjudiciales para la biodiversidad.
Para el biólogo y académico de la Universidad de Chile, Javier Simonetti, “el problema que tenemos es que, en general, la gestión de la biodiversidad en Chile no ha sido tal”. Se trata de una gestión con una mirada históricamente sectorial, sostuvo, donde intereses de carácter productivos han imperado sobre la protección de territorios y organismos.
La superación de la mirada sectorial, a juicio de Simonetti, pasa por la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que logre evaluar, gestionar y lidiar con la biodiversidad como un todo. “Como el patrimonio natural que es —explicó— independiente de si te presta servicios o no. Porque la biodiversidad tiene un valor en sí misma, por tanto la única forma de gestionarla en todo, es teniendo esta mirada como patrimonio natural del país que requiere ser protegido”.
En 2005, la Evaluación del Desempeño Ambiental de Chile realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó el predominio de intereses económicos particulares y de cada repartición ministerial. La Evaluación de 2016 de la OCDE no fue muy distinta y señaló respecto a este proyecto de ley: “la tramitación del proyecto afronta obstáculos de parte de ministerios del área económica, intereses privados y empleados de la Corporación Nacional Forestal preocupados por su traspaso al nuevo SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas), así como de organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas que sienten haber sido poco consultadas acerca de la propuesta”.
En en ese sentido, “este proyecto santifica esa aproximación sectorial que organismos internacionales reclaman. Hoy, 10 años después, el diagnóstico es el mismo y empeorado, porque el servicio que debía resolver esas falencia, las mantiene”, sentenció Simonetti.
Los peligros
Según datos de Ministerio del Medio Ambiente, las áreas protegidas en Chile suman alrededor de 30 millones de hectáreas, extensión que cuenta con importantes recursos naturales muchas veces cotizados por grandes proyectos energéticos extractivistas que, sin el control adecuado, pueden causar graves daños a los ecosistemas.
El caso del proyecto portuario-minero Dominga, rechazado por el Consejo de Ministros, constituye un ejemplo de cómo se podrían ver afectadas aquellas áreas que no cuentan con la protección necesaria.
Andes Iron, compañía dueña del proyecto, buscaba instalar sus faenas extractivas en Punta Choros, sitio cercano a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, uno de los 36 puntos calientes de biodiversidad en el planeta. Era la segunda empresa que intentaba instalarse en la zona, luego del rechazo por acción presidencial del proyecto Barrancones.
Pero hay más ejemplos. La megarrepresa Hidroaysén intentó desarrollar sus actividades en el Río Baker, lo que ponía en riesgo al Parque Nacional Laguna San Rafael. Este proyecto energético pudo ser detenido, principalmente, por un movimiento ciudadano que se opuso, además del rol que jugaron funcionarios de Corporación Nacional Forestal (CONAF) en la denuncia de procedimientos internos que vulneraban la protección de parque.
Otro de los casos sonados en Chile fue el de Isla Riesco, proyecto carbonífero colindante con la Reserva Nacional Alacalufes, que también produjo una reacción social importante. Todos esto son ejemplos que demuestran que las áreas protegidas son espacios vulnerables que requieren de una legislación clara que las resguarde.
Necesidad de abrir el debate
Para abrir la discusión sobre el proyecto de ley, se creó en su momento una comisión asesora integrada por técnicos del gobierno, asesores parlamentarios, ocho organismos ambientales y ocho académicos.
Entre marzo y mayo de 2015, los senadores de la Comisión de Medioambiente recibieron 1200 modificaciones que, según quienes participaron del proceso, no fueron consideradas, por lo menos las más importantes.
“En mi opinión se hicieron aportes sustanciales que mejoraban la propuesta. Se demostraron falencias y las vías de mejora, se resaltaron los puntos altos y se los pretendía reforzar. No fue una crítica artera e infundada al proyecto”, explicó Simonetti. Sin embargo, añadió: “fue un diálogo de sordos. Mi impresión es que las observaciones, que fueron una enorme cantidad, fueron ignoradas”.
Por su parte, Liberona sentenció que “hay muy poca profundidad en la discusión y creemos que este proyecto no es un aporte, hasta puede ser un riesgo”.
Para este artículo, Mongabay Latam intentó comunicarse en más de tres ocasiones con miembros de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en virtud de sumar sus impresiones y argumentos al debate recogido. No fue posible contactarse por las vías institucionales.
Lo que preocupa ahora a los expertos consultados por Mongabay Latam es cómo el nuevo gobierno resolverá las recomendaciones pendientes. Simonetti explicó que la propuesta planteada durante la gestión de Bachelet es similar a la presentada por la administración anterior, encabezada por el empresario Sebastián Piñera Echeñique, hoy uno de los candidatos que tiene más posibilidades de volver a ocupar la presidencia. Por eso la pregunta que queda por resolver es si las modificaciones planteadas al proyecto de ley serán recogidas antes que el pleno del Congreso chileno apruebe la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
(*) Este artículo fue originalmente publicado en Mongabay Latam