Guatemala: campesinos se manifiestan contra el gobierno por los desalojos de tierras
La manifestación es realizada por integrantes del Comité Campesino de Altiplano (CCDA) y familias desalojadas de los departamentos de Alta Verapaz, Petén, Izabal, Quiché, Santa Rosa y Escuintla, quiens se identificaron como “comunidad desalojada y de desplazados internos por el Estado de Guatemala”.
En el plantón permanecen hombres, mujeres y menores de edad quienes instalaron un campamento improvisado sobre la sexta avenida entre cuarta y sexta calle; al sitio fueron desplazados numerosos elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y se colocaron bardas metálicas para impedir el paso peatonal.
Los campesinos denunciaron que durante mucho tiempo han realizado mesas de diálogo con funcionarios de alto nivel del gobierno para resolver los graves problemas agrarios que ocurren en distintos puntos del país, pero hasta el momento no se han encontrado resultados concretos y viables para las comunidades, pueblos indígenas y campesinos.
En estos espacios de diálogo los manifestantes solicitaron al gobierno priorizar únicamente 147 conflictos agrios, los cuales no representan ni el 10 por ciento de las comunidades que actualmente no tienen certeza jurídica de su territorio, pese a que llevan décadas ocupando esas tierras.
Los manifestantes declararon que los desalojos únicamente demuestran el interés del gobierno por acapara tierras que son utilizadas para las cosechas y emplearlas para continuar con un modelo de desarrollo extractivo, acaparador y explotador.
Dijeron además que durante los desalojos supuestamente pacíficos participaron cientos de elementos de la policía y se empleó uso excesivo de fuerza en contra de las familias.
Ante esta problemática, los campesinos exigieron al Estado que cese de forma inmediata los desalojos forzados y desplazamientos internos, y resuelva las demandas de tierra de las comunidades.
Demandaron también la depuración de los integrantes del “pacto de la corrupción e impunidad” en el Congreso que buscan continuamente atentar en contra del bienestar de las mayores y favorecer únicamente intereses de sectores del crimen organizado, corrupción, narcotráfico, transnacionales y sectores del poder económico.
Asimismo, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que otorgue medidas cautelares a favor de las familias desalojadas, mientras que al Procurador de los Derechos Humanos (PDH) le pidieron vigilar el cumplimento de los derechos de las familias desalojadas.