República Dominicana: alertan sobre el crecimiento de la violencia política con enfoque de género
La violencia política con enfoque de género es una realidad en la República Dominicana. Se observa en el incumplimiento de los partidos para cumplir la cuota de 33%, con las renuncias de mujeres a cargos de elección popular y su escasa participación en la administración pública.
De hecho, en las pasadas elecciones la Junta Central Electoral (JCE) se vio precisada a obligar a los partidos a cumplir con la ley bajo la amenaza de que anularía la boleta de inscritos. Otra acción de violencia política hacia las mujeres es registrar sus candidaturas en circunscripciones electorales perdedoras y asignarle menos recursos para promover sus candidaturas.
Uno de los casos más recientes es el de la regidora en Santo Domingo Oeste que la propia ministra de la Mujer denuncia que recibió amenazas hasta de muerte por parte de su esposo para que renunciara a la posición en la que fue colocada para cumplir con la cuota.
Igualmente, los casos de las regidoras del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en Santiago que renunciaron una semana después de haber sido juramentadas el 16 de agosto del 2016.
La ministra de la Mujer, Janet Camilo, denunció que las mujeres en el país son víctima de violencia política, pero que los casos no son documentados porque las féminas temen hacer denuncias por miedo a represalias desde los partidos políticos y por desconfianza en las autoridades.
“La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”, definió Camilo el concepto de violencia política.
Agregó que ese tipo de violencia puede ocurrir en cualquier ámbito, tanto público como privado y que va desde lo simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física hasta lo sexual.
La violencia política también ha sido denunciada en foros internacionales por el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez. En tanto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró un estudio de la problemática basado en las pasadas elecciones y será publicado a principio del próximo año.
“Existen pocos casos documentados de violencia política contra las mujeres con elementos de género. Esto se debe, entre otras cuestiones, a que las mujeres no denuncian porque no hay marco jurídico que las respalde”, dijo Camilo, cuestionada sobre la frecuencia con que ocurren esos tipos de hechos.
Dijo que en el caso de los registros simulados de candidatas que renuncian a sus cargos para cederlos a suplentes varones, el Ministerio de la Mujer, para evitar que ese tipo de acciones altere la paridad de la integración de los órganos, ha propuesto que titulares y suplentes de una fórmula deben ser del mismo sexo.
“La violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto, a ser electas en los procesos electorales, su desarrollo en la escena política o pública, ya sean cargos dentro de los partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público”, afirmó Camilo.
Propone destinar el 2% de recursos a las mujeres
Para acabar con la violencia política, la ministra de la Mujer propone crear un marco normativo específico sobre violencia política que brinde un margen de actuación más amplio y concreto a las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Igualmente, que los partidos destinen un 2% de los recursos que reciben del Estado para apoyar la participación de las féminas en las actividades políticas. También establecer estrategias de sensibilización para visibilizar ante la ciudadanía la importancia de la participación política.
Un enfoque hacia el interior de los partidos
Janet Camilo dijo que también es necesario hacer alianzas de colaboración con los partidos políticos, para fomentar el estricto cumplimiento de los derechos político-electorales de las mujeres, así como para generar esquemas de atención, prevención, denuncia y sanción de la violencia política al interior de las entidades políticas. También impulsar la creación de programas estratégicos a nivel nacional y local, para que contribuyan a identificar, prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.