Colombia: el ELN reafirma su decisión de pactar otro cese al fuego pero pide cambio en mecanismo de verificación
El Eln reiteró “su voluntad de cumplir el acuerdo de cese al fuego bilateral hasta el 9 de enero de 2018, como hasta ahora lo ha hecho”, así como de pactar otra tregua, pero demandó un cambio en el mecanismo de veeduría y verificación.
Los pronunciamientos los hizo el grupo guerrillero en un escrito en internet en el cual afirma que la delegación de diálogos ha decidido que sus delegados no participarán del mecanismo de verificación “hasta tanto no se resuelva este desacuerdo entre las partes”.
Según los cabecillas del grupo guerrillero, luego de firmado el acuerdo del cese al fuego bilalteral con el gobierno, “éste ha pretendido cambiar el espíritu de lo allí acordado y renegociar los acuerdos pactados”.
Además señalan que el gobierno unilateralmente, ha desplegado operaciones ofensivas contra el grupo guerrillero.
“El 27 y 30 de octubre de 2017, realizó ataques a dos campamentos en los departamentos de Chocó y Norte de Santander y ha aumentado sus operaciones de copamiento militar y operaciones de registro y control, en lugares donde se encuentra nuestra fuerza de manera permanente”, añaden.
No obstante, en el comunicado el Eln “reitera que en el Quinto ciclo de la Mesa de conversaciones, previa evaluación, estaría dispuesto a discutir y pactar otro cese al fuego bilateral, que supere las falencias del actual acuerdo de Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional (CFBTN)”.
Al efecto señala que el gobierno ha desconocido el mecanismo de verificación “como la instancia que debe cumplir el objetivo de prevenir incidentes, responder oportuna y ágilmente ante las eventualidades o contingencias e informar y calificar incidentes”.
Agrega que el ejecutivo “ha invalidado el MVV al adjudicarse unilateralmente la potestad de determinar cuáles hechos o actuaciones del Eln están en contravía del acuerdo del CFBTN, sin acudir al MVV”.
Advierte que “tales actuaciones ponen en riesgo el acuerdo del CFBTN, pues van en contravía de las reglas y compromisos suscritos de “evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y el Eln, evitar situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento del Acuerdo de CFBTN” y ante todo el compromiso de “no realizar acciones ofensivas entre las estructuras del ELN y la Fuerza Pública”, elemento básico de un acuerdo de Cese al Fuego”.
Igualmente precisa que “el gobierno ha desconocido el propósito primordial del acuerdo del CFBTN de mejorar la situación humanitaria de la población, reduciendo el acuerdo del CFBTN a la suspensión de acciones armadas entre las partes. Se ha negado a reconocer su responsabilidad en los asesinatos y atentados contra la vida de personas de la población civil, ocasionados directamente por la Fuerza Pública durante este acuerdo de CFBTN y no ha permitido que sean verificados y calificados por el MV&V”.
Inicialmente en el escrito el Eln se refiere al nombramiento de Gustavo Bell como jefe del equipo negociador del gobierno y subraya que con esa medida el gobierno “puede estar adoptando una medida de emergencia para mejorar su presencia en estos conversaciones, lo que constituiría este nombramiento en una “campanada de alerta” o también puede servirle al gobierno, para que “los salve la campana”.
Subraya que “este nombramiento coincidió con el retiro de los representantes del Eln del Mecanismo Nacional de Veeduría y Verificación (MVV), como protesta por el colapso en que se encuentra este organismo tetrapartito (ONU, iglesia, gobierno, ELN), a causa de las posiciones intransingentes que mantienen los delegados de Santos; Que hacen más complejo y riesgoso cumplir el cese bilateral, pactado para que dure hasta el próximo 9 de enero”.
“La palabra la tiene el gobierno; De él depende que las conversaciones de paz se puedan realizar cobijadas por un cese bilateral y no, en medio de la guerra”, concluye el escrito.
Santos ordena priorizar planes para la paz en el presupuesto general
El presidente Juan Manuel Santos firmó una directiva dirigida a los ministros del gabinete, a los directores de departamento administrativo, y demás funcionarios de distintas entidades del Estado con la que les ordena dar prioridad en términos presupuestales a los asuntos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz.
En ese sentido, recordó que uno de los pilares de su gobierno ha sido el desarrollo material del denominado posconflicto y que, en ese sentido, las propuestas de gasto presentadas por las entidades que hacen parte del presupuesto general de la nación “deberán dar prioridad, en la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones, a aquellos gastos que permitan atender los compromisos del Gobierno Nacional orientados a la financiación y ejecución de las diferentes acciones que demanda el proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC-EP”, indica el documento.
De acuerdo con la directiva firmada por el jefe de Estado, será la Agencia para la Reincorporación y la Normalización la encargada de articular y hacerle seguimiento a dichos planes, y recogerá la oferta institucional que presenten las entidades del Estado para lograr tal fin. Por eso, advierte el documento, habrá que “priorizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Gobierno Nacional en materia de reincorporación para esta población”.
Por eso, los ministerios, departamentos administrativos y entidades descentralizadas tienen la orden de focalizar los recursos necesarios del presupuesto de 2018 en aras de contar con la oferta suficiente que permita la implementación del proceso de reincorporación de los exguerrilleros.
Las directrices, en concreto, son las siguientes:
1. Conformar un Comité de Articulación para coordinar los esfuerzos misionales, presupuestales y operativos de las entidades públicas del orden nacional para el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia del proceso de reincorporación por parte del Gobierno Nacional con la suscripción del Acuerdo.
2. Atender los compromisos institucionales derivados de las decisiones adoptadas en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación y participar en sus sesiones, al igual que en las mesas técnicas y en los Consejos Territoriales de Reincorporación, cuando sean convocados.
3. Informar sobre la asignación y ejecución de los recursos, así como del impacto de estos a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, en beneficio de la población en proceso de reincorporación.
4. Constituir una mesa de trabajo con el sector privado, bajo la coordinación de la Alta Consejería para el Posconflicto, la Alta Consejería para el Sector Privado y Competitividad, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que articule las diferentes iniciativas productivas del sector privado a los fines establecidos por la política de reincorporación.