Ecuador: la Corte Nacional de Justicia revisará la condena de seis años para el vicepresidente Jorge Glas
Notas sobre el tema
Corte Nacional analizará el pedido para suspender la sentencia de Glas
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que declaró culpable al vicepresidente Jorge Glas analizará este jueves, 21 de diciembre del 2017, la posibilidad de suspender su condena de seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita.
Los jueces Édgar Flores, Sylvia Sánchez y Richard Villagómez señalaron la audiencia para las 10:00. A esa diligencia fueron convocados la Fiscalía, el acusador particular César Montúfar y los abogados de Glas y de Gustavo Massuh, quien también solicitó la suspensión de su condena que en su caso fue de 14 meses de cárcel.
Los abogados de Glas y de Masshu solicitaron al Tribunal que sus clientes no cumplan la sentencia en cárcel, sino que lo haga en libertad. Este recurso se conoce como suspensión condicional de la pena. Según el Código Penal, la pena puede suspenderse para quienes han recibido sentencias menores a los cinco años de cárcel.
A cambio, los beneficiarios de ese recurso deben cumplir con ciertos requisitos como no salir del país, presentarse periódicamente, recibir tratamiento psicológico, etc.
Legislatura admite el trámite de inicio de juicio político contra el Vicepresidente de Ecuador
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió este domingo el inicio del trámite de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glas, quien el miércoles anterior fue sentenciado a seis años de prisión acusado por asociación ilícita dentro del proceso que se investiga por la trama de corrupción de Odebrecht.
El presidente de la Asamblea y titular del CAL, José Serrano, confirmó la decisión al asegurar que se ha cumplido “con el debido proceso y con los plazos que contempla la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.
Informó que el CAL remitirá a la Corte Constitucional el expediente del pedido de juicio político al vicepresidente Glas, como primer paso, ante de iniciar el proceso en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
“Hemos tomado la decisión de admitir a trámite e iniciar el proceso de enjuiciamiento político en contra del Vicepresidente Constitucional de la República, remitiendo el expediente a la Corte Constitucional quien deberá admitir el informe de admisibilidad o inadmisibilidad”, indicó Serrano.
Explicó que “el proceso de juicio político ha iniciado el día de hoy con la admisión a trámite” y descartó cualquier tipo de dilación. “Hemos sido muy respetuosos de que la Función Judicial no se vea presionada por alguna acción específica de la Función Legislativa, sin que ninguna de las dos ingieran algún tipo de presión para sus resoluciones”, remarcó.
El proceso fue admitido con cuatro votos a favor de los siete miembros del CAL. La legisladora Soledad Buendía, asistió a la sesión sin embargo se retiró antes de la votación.
“Me retiro de sesión del Cal manifestando mi oposición al juicio político, no se cumplen los requisitos del Art. 129 de la Constitución. No puedo legitimar con mi presencia una injusticia”, dijo por su parte Soledad Buendía, miembro del organismo parlamentario quien votó en contra.
Serrano indicó que en el pedido anterior no se cumplió el debido proceso; mientras que en este ocasión se ha presentado prueba específica sobre delitos como cohecho y peculado, que son requisito para admitir el proceso.
En la sesión del jueves pasado, el CAL resolvió otorgar un plazo de 48 horas para que se revise, amplíe y corrija la información entregada por el asambleísta de Movimiento CREO, quien presentó ese mismo día 25 fojas para análisis del organismo parlamentario.
“No tenemos más plazo, no tenemos más tiempo, el día domingo se debe resolver efectivamente sobre la petición de juicio político (…) Después de las 12 del día tendremos una respuesta, como lo requiere la ciudadanía en esta situación especialísima”, dijo la semana pasada el presidente de la legislatura y del CAL, José Serrano.
Patricio Donoso, asambleísta del Movimiento CREO y miembro del CAL, expresó previo a la sesión que “este sería un día histórico” y confío en que el organismo apruebe “lo que es el clamor nacional”.
“15 millones de ecuatorianos esperan que se lleve adelante el juicio político al vicepresidente Glas, que lo que pretende es que rinda cuentas sobre las responsabilidades que de origen político tiene”, añadió.
El asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), Luis Fernando Torres, indicó que el texto del pedido ha tenido 28 precisiones, con lo cual “estará debidamente aclarada y completada la información”. Ahora, dijo, la Corte Constitucional debe sortear el proceso, luego de lo cual tiene cinco días (entre el informe y la decisión del pleno) para tomar una resolución.
“Yo espero que la Corte, no más a allá de ocho o 10 días, dictamine para que se pueda activar el juicio en la Comisión de Fiscalización y luego pueda pasar el pleno de la Asamblea, ojalá antes del 2 de enero de 2018”, anotó.
Al organismo le urge tramitar el tema ya que el 2 de enero se cumplen los 90 días desde que el vicepresidente dejó sus funciones para cumplir prisión preventiva en la cárcel número cuatro de Quito.
El artículo 146 de la Constitución señala que “se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un período máximo de tres meses”.
Según la Ley, luego de estos 90 días, se abre el plazo para el trámite constitucional de cesación de funciones por abandono del cargo, lo que debe ser corroborado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional (Parlamento) con una mayoría de dos tercios de sus integrantes, 92 votos.
Tras este proceso, el Presidente de la República tiene la potestad de proponer una terna de tres candidatos a vicepresidente para que la Asamblea elija al más idóneo.
A pesar de que el vicepresidente cese en funciones, Torres dijo que la Asamblea “no puede cruzarse de brazos y debe iniciar el juicio político”.
Entre las prueba para el juicio en contra del vicepresidente se incluyó la sentencia emitida por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, cuya pena impuesta fue de 6 años de prisión por asociación ilícita. A su criterio, el CAL debería iniciar de inmediato el proceso del juicio político.
El 13 de diciembre fueron sentenciados el vicepresidente Jorge Glas y otros procesados por el delito de asociación ilícita, incluyendo a su tío Ricardo Rivera, en el marco del caso Odebrecht.
Reacciones de asambleístas tras aprobación de juicio político a Jorge Glas
Ricardo Zambrano, asambleísta del lado morenista de Alianza PAIS, en una primera reacción ante la calificación del CAL sobre la causa contra Jorge Glas, dijo este lunes que quisiera que la Corte Constitucional y la Asamblea se tomen los plazos mínimos para procesar dicho juicio político a Jorge Glas, antes de fin de año.
“Lamento en lo personal que no se haya tomado la decisión antes, sin embargo hemos llegado a esta instancia entonces hay que procesarla de acuerdo a la normativa vigente; yo quisiera que la Corte (CC) y luego la Comisión (CAL) se pronunciaran en los plazos mínimos para poderlo procesar antes de que termine el año.
La asambleísta Amapola Ordóñez, del lado correísta de AP, considera que esta vez tampoco reúne requisitos para juicio político. No habla la Constitución que a un mandatario se puede enjuiciar por el delito que se le acusa a Glas que es asociación ilícita, señaló. Tampoco la Constitución exige que haya sentencia para proceder, además no está en firme, aunque “para nosotros es sentencia totalmente injusta, un retroceso de la justicia ecuatoriana”.
De todas maneras es la CC la que debe calificar la constitucionalidad, expresó.
Si están intentado que primero haya la causal para abandono de puesto, en vez de pasar la verguenza de que en el Pleno se les diga que han sido los protectores de la cleptocracia, pues van a tener que escucharlo, dijo de su lado Fabricio Villamar (CREO).
Él recordó que hace más 45 días presentaron el segundo juicio político. Considera que los coidearios de Glas han intentado por todos los medios demorar la responsbilidad del CAL frente al país y en la Asamblea.