Brasil: diez claves para entender el juicio a Lula
Notas sobre el tema
Diez preguntas y respuestas sobre el juicio de Lula da Silva en Brasil
El día 24 de enero tendrá lugar el juzgamiento en segunda instancia del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la Operación Lava Jato. La legalidad del proceso de Lula es cuestionada por centenas de juristas que consideran que la sentencia del juez Sergio Moro en primera instancia es una decisión política. Para ellos, la sentencia no se basa en pruebas y tiene el objetivo de impedir la candidatura de Lula en las elecciones presidenciales de este año. Los juristas denuncian: las elecciones sin Lula serían un fraude. A continuación las principales críticas en diez respuestas del Frente Brasil de Juristas por la Democracia.
Una serie de movilizaciones en defensa de Lula ocurren en todo el país. El día de la decisión, miles de personas se reunirán en la ciudad de Porto Alegre (en el Sur de Brasil), lugar del juicio.
1. ¿Por qué crímenes Lula está acusado en el caso del apartamento tríplex en el ámbito de la Operación Lava jato?
A lo largo del proceso contra Lula, los miembros del Ministerio Público y el juez intentaron demostrar que el ex -presidente Lula sería el dueño de un apartamento tríplex en Guarujá, municipio del litoral del estado de São Paulo, pero aún no presentaron pruebas. Ninguno de los 73 testigos escuchados en las 23 audiencias realizadas afirmó ningún hecho que relacione la propiedad del inmueble con Lula, solo hay confirmaciones de que Lula visitó el apartamento una vez, pero nunca pasó la noche o el día allá o tuvo las llaves del inmueble.
Pero es necesario comprender que el crimen no tiene que ver con tener o no un apartamento, sino con recibir ese apartamento como ventaja indebida por haber practicado un acto de corrupción pasiva cuando fue funcionario público (cuando fue presidente del país). En términos legales, el crimen de corrupción pasiva presupone que el funcionario público realice o deje de realizar un acto de su competencia y reciba alguna ventaja como contrapartida por ello. El juez tendría que identificar el acto específico del ex presidente Lula a partir del cual podría haber recibido una ventaja – el apartamento tríplex-, pero no consigue identificar cuál fue ese acto y tampoco tiene documentos que comprueben que el apartamento le pertenece.
2. ¿Por qué los especialistas afirman que se trata de un proceso apoyado en la excepción?
La acción penal que se tramitó en la 13a Sala Criminal de la Justicia Federal de Curitiba bajo competencia del juez Sergio Moro resultó en una sentencia que revela un juicio basado en la voluntad condenatoria del juez para fundamentar la decisión; que utiliza el proceso penal de excepción propio de regímenes autoritarios. El juez admite el uso ampliado del derecho para combatir un “mal mayor”, la corrupción sistémica, y pasa a no respetar el principio jurídico de inocencia, es decir “el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, para imponer al acusado que pruebe que no es culpable.
El juicio llega a invertir la carga de la prueba, violando el principio básico de cualquier proceso justo en cualquier legislación del planeta. Con el argumento de que la corrupción es sistémica y con la asunción del papel de “héroe contra la corrupción” por parte del juez Sergio Moro, el proceso pasa a tener dos acusadores – los miembros del Ministerio Público y el juez – y un acusado sin derecho a la defensa amplia e irrestricta. El proceso se parece a un partido de fútbol sin árbitro, con uno de los equipos en desventaja y el marcador predeterminado.
3. ¿Un juez “héroe” puede ayudar a combatir la corrupción en Brasil?
De ningún modo un juez que se siente héroe podrá resolver solo los problemas de corrupción altamente complejos que existen en el país. El Poder Judicial no debe ser escenario para pretensiones personalistas de cualquier naturaleza y no conviene que un magistrado brille más que la causa del juicio, distanciándose de la serenidad e imparcialidad que necesita en una función de tamaña responsabilidad pública. No convienen premios mediáticos ni la idea de un juez “héroe”, algo que compromete la imagen pública del órgano y genera inseguridad judicial.
4. ¿Al final, qué es lawfare (guerra jurídica)? ¿Por qué se usó lawfare en la sentencia contra Lula da Silva?
Lawfare es un neologismo que deriva de otra expresión en inglés – warfare – que significa guerra, guerra jurídica para alcanzar determinados objetivos. No se puede utilizar el derecho como guerra; al contrario, debe ser un instrumento de paz, de resolución de conflictos, de promoción de la justicia, respetando las garantías judiciales para no condenar personas inocentes. En el caso de la sentencia contra el ex presidente Lula, la guerra viene dada por el uso indebido del derecho para fines de una especie de guerra política, una persecución política, pues el juez no respeta varios de los principios del debido proceso: no respeta el derecho del acusado a la defensa amplia e irrestricta, hace uso de pruebas ilícitas; va a los medios para manchar la imagen del acusado y apoya su decisión en presunciones y convicciones [en alusión a la frase del fiscal de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, quien afirmó que contra Lula no había pruebas, sino convicciones] y no en pruebas concretas. El proceso se asemeja a una guerra en la cual el juez deja de ser imparcial y pasa a unirse a los que acusan – fiscales del caso – para promover la persecución del acusado y su condena, aun sin pruebas.
5. ¿Si no hay crímenes o pruebas, cómo debe actuar el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4)?
El Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) tendrá que juzgar a Lula dentro de la legalidad, respetando la Constitución y los Códigos Civil y Penal y también tendrá que respetar el juicio anterior, los precedentes judiciales. Por tanto, la única decisión posible en la legalidad es la reforma de la sentencia anterior, que revise los excesos que llevaron a la condena del ex presidente y lo declare inocente. En caso de que la decisión del TRF4 sea la condena, muchos caminos se podrán recorrer para que se restablezca la justicia y para que se garantice el derecho de Lula a ser candidato a la presidencia de la República.
6. ¿La rapidez del TRF4 para establecer el juicio de Lula es irregular? ¿Por qué tanta prisa?
La rapidez del TRF4 para adelantar el juicio del proceso contra Lula nos causa extrañeza por dos razones: por ser un proceso extremadamente largo y porque no se contemplan las hipótesis legales de anticipación del juicio. Es raro que se tramite un proceso tan largo, con 250 mil páginas con esa velocidad, una velocidad récord, con la conclusión del informe tras 36 días y su revisión en apenas seis.
Se postergaron otros procesos para que el juicio de Lula pueda ocurrir el 24 de enero, primera fecha tras el receso de verano. ¿Y por qué tanto apuro, a fin de cuentas? El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, mencionó que “en nombre de la seguridad judicial y de la estabilidad del juego democrático es mejor que se defina muy pronto cuales serán las reglas, quién podrá ser candidato”. Esa opinión resulta muy impropia, una vez que el proceso no debería tratar de las elecciones sino de un caso relacionado con la acusación del crimen de corrupción pasiva y lavado de dinero. La declaración del ministro vuelve más evidente lo que está en juego en el escenario electoral y el activismo judicial en una esfera que no le corresponde: la política y el futuro del país.
Este es uno de los problemas de la judicialización de la política cuando no encuentra respaldo en la soberanía popular, última razón de ser del constitucionalismo democrático.
7. ¿Qué pasa si el TRF4 condena a Lula?
Cualquiera que sea el resultado del juicio de 24 enero, Lula seguirá como candidato a la Presidencia de la República. Es importante diferenciar el juicio en segunda instancia y la impugnación de la candidatura. Dependiendo del resultado del juicio, habrá recursos de apelación, peticiones a órganos superiores. Sólo el 15 de agosto -plazo final para que los partidos inscriban oficialmente las candidaturas- inicia el plazo para las impugnaciones, proceso a ser realizado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
En resumen: la condena no impide la candidatura de Lula, no impide que inscriba su candidatura o que siga siendo precandidato. Solamente cinco días después de la inscripción, sus adversarios podrán solicitar la impugnación y este proceso podrá o no alcanzar el calendario electoral.
8. ¿Lula da Silva tiene derecho a ser candidato?
El proceso contra Lula tiene relevancia indiscutible no solo porque fue el presidente de la República más popular de la historia del país, sino porque lidera como candidato favorito para las elecciones de 2018. Un juicio eventual que condene al ex presidente Lula en segunda instancia podría permitir un proceso de impugnación de la candidatura basado en la Ley de Ficha Limpia [sancionada por el propio Lula en 2010, y que solo veta la candidatura de personas condenadas por crímenes en segunda instancia], algo que podría apartarlo de las elecciones este año y que desencadenaría una inevitable revuelta popular ante la injusta y desproporcionada acusación en un proceso corrompido por ilegalidades y nulidades. Naturalmente, la posibilidad de impugnación concede un dramatismo incomparable al proceso contra Lula, pero sea cual sea la sentencia, dentro o fuera de la legalidad, de hecho el Partido de los Trabajadores (PT) tiene razón al afirmar que Lula seguirá siendo el candidato del partido, pues además de los recursos de apelación ante el proprio TRF4 y los tribunales superiores, todavía faltaría el proceso previsto en el Tribunal Superior Electoral (TSE) para que se efectúe la impugnación.
En resumen: Lula tiene derecho a ser candidato hasta que ya no se pueda apelar la sentencia condenatoria anunciada y hasta que el TSE impugne su candidatura. Entonces, solo quedará la creciente indignación de la población, que percibe los efectos de la persecución política y el uso de la guerra jurídica que, al intentar impedir la candidatura de Lula, compromete el futuro del país.
Tal vez sea necesario invertir la pregunta para entender lo que está en juego: el pueblo tiene derecho a elegir a Lula como jefe máximo de la nación, pues el pueblo es soberano, algo que se afirma cada día en la percepción de la injusticia procesal conectada a la gran crisis política iniciada con la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff.
9. ¿Cómo continuaría el caso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE)?
Luego de transcurridos cinco días de la inscripción de la candidatura, los adversarios podrán solicitar la impugnación con base en la Ley de Ficha Limpia y entonces el TSE deberá realizar un proceso propio – que incluye: notificación para rendir declaraciones, respeto a la defensa amplia, realización de audiencias y análisis de pruebas para entonces decidir si hay razones o no para la impugnación.
Especialistas en cálculos electorales comprenden que aunque haya cohesión en los órganos jurisdiccionales en cuanto al apuro para definir el escenario electoral de 2018, los plazos son cortos entre la decisión (impugnar la candidatura) y la apelación ante el STF y difícilmente se juzgaría el caso antes de octubre. Durante todo ese tiempo, Lula deberá permanecer en campaña electoral. Por otro lado, existe la posibilidad de que el partido sustituya al candidato hasta 20 días antes de las elecciones, es decir, dependiendo del escenario, hasta el 16 de septiembre podría cambiar al candidato, independientemente de si Lula sigue en campaña al lado del nuevo candidato elegido.
10. ¿Hay medidas internacionales para denunciar la injusticia del proceso contra Lula?
Los abogados de la defensa del ex presidente Lula denunciaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU los abusos cometidos en el proceso legal, una de las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, del cual Brasil forma parte. La decisión deberá salir en marzo de 2018. Independientemente de la decisión, la comunidad internacional se está manifestando sobre los abusos. Un manifiesto con más de 5 mil firmas, incluyendo grandes personalidades internacionales, relaciona la operación contra Lula y toda la Operación Lava Jato con el proyecto de destrucción del país.
Ministério Público vai sustentar três crimes contra Lula
O procurador regional da República Maurício Gotardo Gerum, em sua sustentação oral durante o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 24, vai defender aos desembargadores federais o aumento da pena de prisão do petista e argumentar que ele cometeu três crimes em vez de um, como sentenciou o juiz Sérgio Moro, da Lava-Jato em Curitiba. A reportagem apurou que Gerum vai também atacar a tese da defesa de Lula de que Moro não é o juiz natural do caso, umas das principais críticas e contestações dos advogados do petista.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, vai analisar a apelação de Lula no caso do triplex no Guarujá (SP), em que o petista foi condenado por Moro a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Gerum, um dos integrantes do Ministério Público Federal em julgamentos de segunda instância, será o representante da Lava-Jato diante dos três desembargadores federais da 8.ª Turma Penal da Corte.
De seu parecer de 81 páginas, Gerum vai enfatizar, em sua exposição de 30 minutos, que há provas de crime de corrupção passiva. Ele pretende ainda argumentar que o petista cometeu três práticas delituosas, uma vez que a Petrobras fechou três contratos com a construtora OAS, responsável, segundo a denúncia, por oferecer o apartamento e bancar reformas no imóvel como pagamento de propina ao petista. E vai sustentar que há “nexo causal” entre a assinatura dos contratos e o recebimento de propina por Lula.
Refinarias
Gerum entende que os contratos da OAS com a Petrobras nas obras das Refinarias Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, e Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, configuraram crimes de corrupção. Os negócios nessas unidades foram fechados por meio dos consórcios Conpar (Odebrecht, UTC e OAS), e Conest/Rnest (Odebrecht e OAS), respectivamente. A OAS pagou R$ 87,6 milhões em propinas, sendo R$ 16 milhões a agentes do PT e ao partido.
Desse “caixa geral” aos petistas – como chamou o ex-presidente da OAS José Adelmário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, em colaboração espontânea no processo – R$ 2,2 milhões foram usados para reformar e equipar o apartamento 164-A, do Edifício Salina, Condomínio Solaris, do Guarujá, para Lula.
“A cada contrato fechado entre as empreiteiras consorciadas e a Petrobras, que no caso da OAS foram três, o oferecimento e a promessa de vantagem se renovam, constituindo crime autônomo”, afirmou o procurador em seu parecer. Por isso, em sua sustentação, Gerum vai defender a condenação, com a prática de três condutas delituosas, e consequente aumento da pena de prisão.
Vínculo
Em sua sustentação oral, Gerum também vai destacar um ponto da sentença atacado pela defesa de Lula. O criminalista Cristiano Zanin Martins, defensor do petista, pretende explorar a manifestação de Moro para argumentar desvinculação dos crimes com o esquema de corrupção na estatal.
No processo, há notas fiscais, contratos de fornecimentos de serviços e equipamentos, registros do imóvel, cópias de mensagens de e-mail, registros fotográficos, laudos periciais, relatórios de comissões internas da Petrobras e apurações do Tribunal de Contas da União (TCU), que serviram para Moro condenar Lula em 12 de julho do ano passado – a primeira sentença do ex-presidente na Lava-Jato, que responde a seis processos.
“Há nexo causal entre a conduta do réu e os crimes praticados em detrimento da Petrobras”, já registrou Gerum em seu parecer. Nesse ponto, ele deverá detalhar as provas apresentadas pela força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba.
Gerum também considerou que o fato de Lula não ter o poder direto de indicar diretores da Petrobras, como argumentou a defesa para justificar a falta de provas, não é elemento essencial. “Quanto ao nexo causal, importante salientar que a definição dos diretores da Petrobras (por Lula) não constitui prova essencial à configuração do tipo, uma vez que, independentemente de quem ocupasse o cargo, era inequívoca a influência do governo na contratação da empresa, sendo a retribuição escusa calcada nessas bases.”
O procurador também argumentará pela manutenção da sentença em relação ao cumprimento inicial da pena de prisão em regime fechado do petista, como foi decidido por Moro – defendendo a rejeição a mais um pedido da defesa.
Procurada, a assessoria de Gerum afirmou que ele não se manifesta sobre o caso.
Sindicatos uruguayos harán caravana hacia Porto Alegre en apoyo a Lula
Una caravana de 70 delegados sindicales de Uruguay participarán el próximo miércoles 24 en Porto Alegre en un acto en defensa del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien ese día afrontará un juicio por corrupción.
Asistirán a ese acto representantes del PIT-CNT, así como de sindicatos de la construcción, metalúrgicos, bancarios y magisterio, entre otros. Participarán además las dos Centrales de Trabajadores de Argentina (CTA), entre otros sindicatos de este país, y las Federaciones Sindicales Internacionales del Cono Sur.
La caravana partirá de Montevideo hacia Porto Alegre el martes 23 de enero y realizará una vigilia en la madrugada del 24 y un acto de masas en la tarde de ese día, momentos antes de saberse el resultado de la sentencia del Tribunal Regional de la 4 Región.
Lula fue condenado en primera instancia por el juez Sergio Moro a nueve años y medio por corrupción pasiva y lavado de dinero al considerar que la constructora OAS, implicada en la red corrupta, entregó al antiguo dirigente sindical un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de ser favorecida en los contratos con la petrolera estatal Petrobras.
El Tribunal de Porto Alegre decidirá si ratifica o modifica la condena impuesta contra el exmandatario, quien tiene otros seis procesos abiertos en la justicia, la mayoría de ellos por corrupción. La defensa de Lula argumenta que ese apartamento nunca estuvo en su propiedad, denunciando una persecución política para inhibirle de presentarse las próximas elecciones presidenciales.
En caso de que el tribunal mantenga la condena, Lula, quien lidera todas las encuestas de intención de voto y ha expresado su deseo de ser candidato presidencial en las elecciones del próximo octubre, podría quedar inhabilitado políticamente, aunque la decisión final depende de la justicia electoral.