Guillermo Ferreiro, abogado paraguayo en derechos humanos: “Hay pruebas de que se ocultaron evidencias en la Masacre de Curuguaty”
Entrevista a Guillermo Ferreiro, abogado paraguayo en derechos humanos.
Por Carla Perelló
“La fuimos a visitar”, “tu problema tiene solución, pero mañana tempranito amanece en el Banco”, “¿cómo podemos ayudarle a mi amigo?”. Los audios difundidos desde el 6 de noviembre pasado por la radio ABC Cardinal en Paraguay son explícitos. Allí se escucha cómo políticos acuerdan con sobornos o amenazas a fiscales y jueces el avance o no de causas judiciales. “El costo político para el Partido Colorado, sobre todo para el sector del presidente Horacio Cartes, podría ser muy grande”, dice en entrevista con NODAL Guillermo Ferreiro, abogado paraguayo en derechos humanos denunciante contra los implicados. El escándalo no tiene precedentes y, según advierte Ferreiro, podría llevar a investigar qué sucedió con las pruebas desaparecidas de la Masacre de Curuguaty, que acabó en la destitución del exmandatario Fernando Lugo y la sentencia a prisión de campesinos y campesinas.
El impacto en el ámbito cercano a la presidencia fue inmediato. A fines de diciembre fue destituido el senador cartista por Honor Colorado-Partido Colorado Oscar González Daher, por ser el principal operador: era el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) órgano encargado de sancionar a los magistrados que se apartan de la legalidad en el ejercicio de sus funciones. Pero, en su lugar, los presionaba o coimeaba. Así, por primera vez en la historia del país, se expulsó a un parlamentario elegido por el voto popular. Las repercusiones dentro del ala de Cartes continuaron cuando se realizaron las internas del partido: el stronista Mario Abdo Benítez (Colorado Añetete) fue electo para disputar la presidencia el próximo 22 de abril, tras imponerse ante el candidato oficialista Santiago Peña.
Las imputaciones a Daher son por tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal y pesan también sobre su secretario, Fernández Lippmann, el exsenador –renunciante- Jorge Oviedo Matto (Unace) y hasta el fiscal general de la Nación, Javier Díaz Verón, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Hay, además, dos abogados a quienes se los acusa de tráfico de influencias, soborno agravado y asociación criminal. Uno de ellos es Carmelo Caballero, exministro del Interior durante el gobierno de Federico Franco, acusado de ocultar evidencia de la Masacre de Curuguaty.
¿Qué implicancias tiene la publicación de los audios bautizada en las redes sociales y medios de comunicación como #SePudreLaJusticia?
El Poder Judicial viene sumido en un desprestigio importante en todos los estamentos de la sociedad y se ha hecho acreedor de una fama de arbitrario. Sin embargo, hasta el momento, nunca se había contado con una prueba tan importante. Los audios revelan manejos criminales de las causas judiciales. Cómo, con abogados privados, miembros del jurado, políticos y magistrados se arreglaban los casos, se pagaban por resoluciones judiciales. Y González Daher es un hombre muy poderoso, que era intocable hasta antes de este escándalo, pero con su renuncia como presidente del Jurado y su destitución como senador ahora por fin se está planteando la reforma del sistema de justicia de Paraguay. Estamos en un año electoral y todos tratan de sacarle provecho y de minimizar los daños, pero hay una sensación de hartazgo muy grande. Soy abogado de profesión y he tratado con miles de agricultores y poderosos industriales, todos te dicen: “Por favor, evitemos ir a juicio porque la Justicia no es confiable. Hemos tenido muy malas experiencias, nos han pedido dinero o nos han condenado mediante fallos absolutamente arbitrarios”. Y hoy, por esto, hay una ola de denuncias de causas que se están reabriendo e investigando.
Usted ha mencionado en los medios locales que este caso tiene vinculaciones con lo que se conoce como la Masacre de Curuguaty que derivó en la destitución del entonces presidente Fernando Lugo. ¿Por qué?
Hasta ahora no se ha publicado ningún audio que haga referencia a sobornos o instrucciones de apriete a magistrados para esta causa, pero todavía puede surgir alguna novedad. Lo que denuncio es que en los audios se evidencian dos patas del sistema de corrupción. Una: los políticos que estaban a cargo del juzgamiento de magistrados, especialmente del senador González Daher. Y, por otro lado, un equipo de abogados particulares que se encargaba de hablar con los jueces para que, por orden de estos políticos, fallen de determinada manera. El abogado más comprometido es el exministro Carmelo Caballero, que asume la gestión a una semana de la Masacre de Curuguaty. En ese momento, el jefe de la escuadra de helicópteros que dio cobertura al desalojo dijo que estaba todo grabado y que la Justicia contaría con las filmaciones de la Masacre, que se realiza con helicópteros de observación equipados con cámaras que graban el escenario en una memoria del helicóptero y al mismo tiempo trasmite a otra memoria en la nube. Cuando la masacre es utilizada como argumento del juicio político a Lugo, se hizo tan rápido que no hubo tiempo de agregar pruebas para saber qué sucedió. Cuando asumo la defensa de once de los agricultores acusados por haber disparado, reclamamos las filmaciones. Primero el fiscal no las pidió. Luego envió una nota y esperó. Finalmente, desde el Ministerio del Interior, Caballero, contesta que no funcionaba la cámara ni el dispositivo de almacenamiento del helicóptero, y por lo tanto no se iba a poder contar con esa evidencia. Y eso fue todo. Nunca se nos dio respuesta. Hoy este señor está muy expuesto como una persona dedicada a actividades ilícitas, por eso ahora me pregunto si no ocultó esas filmaciones, ya que había un discurso del gobierno en el que él era ministro donde decían que los campesinos produjeron una masacre y que eran amigos del presidente (Lugo), argumento que fue utilizado como causal de juicio político. Eso le dio legitimidad al gobierno de Federico Franco que estaba siendo fuertemente cuestionado interna y externamente. La pregunta que hago es si no hubo una intención deliberada de ocultar esa evidencia, porque lo que se veía en la filmación no cuadraba, no servía para sustentar la tesis del gobierno de que los campesinos dispararon primero.
¿Estima que podrá revertirse la situación de los campesinos condenados?
La causa está ahora ante la Corte Suprema de Justicia y se está estudiando un recurso extraordinario de Casación. Puede variar la suerte de los condenados y si apareciera una nueva evidencia, incluso ya agotadas todas las instancias, se puede reabrir para estudiar si fueron condenados injustamente.
¿Qué lectura hace sobre el impacto que pueda llegar a tener sobre las elecciones presidenciales de abril?
Va a impactar en el resultado dependiendo básicamente de cuánto las instituciones se vean obligadas a avanzar por la presión y por la indignación de la gente. El tema en Paraguay se ha constituido en un escándalo sin precedentes. Hay mucho disgusto ciudadano. Las instituciones de Justicia están viéndose forzadas a actuar. Si esto disminuye, porque cambia la agenda de los medios o porque se tapa con otro escándalo, probablemente no sea tan importante, pero si continúan las investigaciones, las quejas, los reclamos y las manifestaciones, sí puede influir de manera importante en los resultados de las elecciones. Pero este escándalo afecta a amplios sectores políticos. Hay, por ejemplo, un diputado liberal que está sometido a proceso por amenazas explícitas a un fiscal. Pero, sin duda, el más golpeado es el Partido Colorado, y dentro de él, el sector de Horacio Cartes. Sobre todo porque González Daher está en el quinto lugar de la lista a senadores, por lo que si bien fue destituido, fácilmente podría ser reelecto en abril. Hoy el costo político para el Partido Colorado podría ser muy grande.
¿Qué cambios considera que se deben tener en cuenta ahora que se piensa en una reforma del sistema judicial?
El sistema constitucional paraguayo está diseñado de una manera que facilita la injerencia política en el Poder Judicial. Se viene hablando desde hace diez o quince años de una reforma constitucional, de suprimir o modificar el Consejo de la Magistratura y de garantizar la independencia de los magistrados. También se habla de modificar el sistema de enjuiciamiento y de juicio político a ministros de la Corte. Básicamente se tiene que debatir ampliamente una reforma constitucional que garantice esa justicia independiente que hoy no está en la Constitución. Ese es uno de los temas que en estas elecciones como propuestas de los candidatos.
A pesar de la relevancia de lo que está sucediendo el caso no ha llegado a tener mayor repercusión en los medios internacionales, ¿cuál es su opinión al respecto?
En Paraguay para quienes hemos activado en causas de derechos humanos o de corrupción nuestro mayor problema es romper el cerco que hay de los medios internacionales. No creo que sea una cuestión intencional, sino posiblemente por el poco conocimiento que hay del país más allá de algunos medios argentinos y brasileños. La Masacre de Curuguaty fue una causa tremenda, una matanza que derivó en un juicio político, hay pruebas palpables de que se han ocultado evidencias o se han fabricado e inventado y nunca logramos que eso trascienda en la prensa internacional. Ahora pasa lo mismo: no vemos que los diarios importantes de Brasil o Argentina se estén haciendo eco. Este es un escándalo mayor que el Lava Jato, pero como somos un país pequeño, desconocido, no genera ese impacto. Creemos que si eso se logra romper, va a influir en lo que suceda aquí en Paraguay, en nuestras instituciones, que solamente reaccionan al escándalo.