Los conflictos que dejan a la salud ambiental argentina con diagnóstico reservado – Por Andrés Nápoli
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
La Argentina no goza de buena salud en lo que hace al ambiente. Sin embargo, cuenta con características favorables para lograr una muy buena performance ambiental, entre las que se pueden destacar: un territorio extenso, una variada geografía, diversidad en cuanto a climas y recursos naturales, y un bajo nivel poblacional.
Ahora bien, más del 90% de nuestra población habita en centros urbanos, un promedio muy por encima del que ostenta Latinoamérica. Ello parece paradójico, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayor porción del producto bruto interno proviene de la explotación de recursos naturales que se encuentran fuera de las ciudades.
Ello ha generado, en diversas regiones del país, una serie de problemas ambientales de muy variado origen:
• La contaminación de las cuencas hídricas urbanas, como sucede en el caso de Matanza-Riachuelo y en el río Reconquista, que atraviesan los más grandes centros urbanos del área metropolitana de Buenos Aires y afectan de manera directa a varios millones de personas, la mayor parte de ellas de sectores de menores recursos, cuestión que también se reproduce en otras cuencas del interior del país, como es el caso del Salí-Dulce.
• El constante e indiscriminado avance de la frontera agropecuaria para favorecer la ampliación de las zonas de cultivo y de ganadería, que coloca a la Argentina entre los países de mayor deforestación de bosque nativo del mundo.
• La promoción de una política minera a gran escala desde la década del 90, con graves impactos en el ambiente y en las comunidades locales. Un modelo extractivo solo orientado a la exportación de minerales en bruto, que no le ha generado a la Argentina valor agregado ni vinculación con cadenas productivas.
• Pese a la fuerte caída en la producción y exploración de petróleo y gas, la Argentina sigue manteniendo una matriz energética basada en la producción de combustibles fósiles. Estos son los que emiten mayor cantidad de gases de efecto invernadero y contribuyen al cambio climático. Sin embargo, y pese a que se ha dado impulso a la promoción de proyectos para producir energías de fuente renovable (eólica, solar, biomasa, biogás), la mayor parte de los recursos públicos siguen orientándose a la extracción de hidrocarburos no convencionales, como es el caso del yacimiento de Vaca Muerta, basados en la riesgosa técnica de fracturación hidráulica, que en otros lugares del mundo ha producido enormes consecuencias sobre el ambiente y la población. De igual forma se continúan promoviendo la construcción de nuevas centrales atómicas y grandes proyectos hidroeléctricos que no son aceptados en otras partes del mundo.
Los puntos señalados son apenas una muestra del conjunto de problemas que delinean un estado de salud delicado, lo que ha promovido un creciente nivel de protesta socioambiental. En tal sentido, existen actualmente alrededor de 40 puntos de conflicto en al menos 12 provincias argentinas, que no han cesado a lo largo del tiempo. Ello confirma que tanto las causas que los han motivado como la tipología de los reclamos continúan vigentes.
Sin embargo, y pese a algunas iniciativas impulsadas que incluyen la creación de nuevos parques nacionales, la mejora en la gestión vinculada con el cambio climático o la promoción de energías renovables, la temática ambiental no ha logrado ocupar un lugar destacado dentro de la agenda pública.
Esto se ve reflejado en la cuestión presupuestaria donde, año tras año, las partidas presupuestarias destinadas a la financiación de actividades que afectan negativamente la conservación de los recursos naturales superan a aquellas partidas que destinan fondos a la conservación del ambiente, las cuales además se caracterizan por ser financiadas mayoritariamente a través de fondos internacionales. Este tipo de inversión de los fondos se basa en una necesidad de hacer frente a cuestiones cortoplacistas, descuidando el plazo necesario para asegurar la salud del ambiente.
La construcción de la agenda ambiental demanda de una mirada a largo plazo con instituciones comprometidas y fortalecidas, que trasciendan las demandas de la coyuntura. La de los compromisos internacionales o sectoriales irracionales no debe terminar imponiendo el rumbo definitivo de las políticas que comprometen el “buen vivir” de muchos para favorecer los intereses de pocos.
(*) Director ejecutivo de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales).