Honduras: dictan prisión preventiva para el presunto autor intelectual del crimen de Berta Cáceres
Notas sobre el tema
El Ministerio Público logra Prisión Preventiva contra Presidente Ejecutivo de la Empresa DESA por asesinato de Berta Cáceres
En un logro más de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y luego que en Audiencia Inicial se evacuara la prueba técnica-científica del caso, un Juez con Jurisdicción Nacional dictó ayer Auto de Formal Procesamiento y Prisión Preventiva en contra del noveno implicado en el crimen de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores.
Se trata del ingeniero eléctrico Roberto David Castillo Mejía acusado a título de Autor Intelectual del delito de Asesinato en perjuicio de Cáceres Flores y quien en el momento del crimen fungía como Presidente Ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
De acuerdo a la investigación efectuada por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la ATIC, Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya procesado por el crimen de la ambientalista.
Desde hace dos años, el 3 de marzo de 2016, fecha en que se conoció la noticia sobre el crimen de la líder ambientalista e indígena, el Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla, conformó un Equipo Multidisciplinario que en tiempo record logró recolectar la prueba técnica y científica, útil, pertinente y proporcional para judicializar el caso y dar una respuesta a la comunidad nacional e internacional que exigía justicia.
En ese sentido, el Ministerio Público en fecha 2 de mayo de 2016 puso en marcha la Operación Jaguar, por lo que ocho personas ya estaban tras las rejas por los delitos de Asesinato y Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, a la espera que un Tribunal de Sentencia fije la fecha de audiencia previa para comenzar el juicio oral y público.
Las imputados son: Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), los hermanos Edilson Atilio Emerson y Eusebio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez.
Por este caso, la ATIC bajo la coordinación de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) también capturó y procesó al investigador Juan Carlos Cruz y al expolicía Miguel Arcángel Rosales Izcano, luego que presentaran pruebas falsas para tratar de desviar el caso en las primeras pesquisas que realizaron en torno al crimen de Cáceres Flores.
En esta causa, vale resaltar el valor de la carga probatoria aportada por la Dirección General de Medicina Forense y el acompañamiento que en los Tribunales de Justicia se ha tenido por parte de organizaciones de sociedad civil, observadores internacionales y organismos de derechos humanos, como veedores del proceso.
El crimen de Berta Isabel Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), continúa en etapa de instrucción en la ATIC, a fin de castigar a otras personas que estarían siendo señaladas a nivel de autores intelectuales del vil hecho.
Roberto David Castillo Mejía ha sido enviado al Centro Penitenciario de Támara.
Feministas demandan justicia por el asesinato de ambientalista hondureña
Grupos feministas demandaron este jueves justicia por el asesinato, hace dos años, de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, mientras se iniciaba el juicio contra un supuesto autor intelectual del crimen, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
“Castigo para los asesinos de Berta”, gritaban más de 400 feministas en una movilización frente a los juzgados penales de Tegucigalpa.
Al interior del edificio, comparecía ante los jueces Roberto David Castillo, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), acusado por la fiscalía como sospechoso de ser autor intelectual del asesinato de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
“Exigimos que se sancione a todos los autores intelectuales del asesinato de Berta”, dijo a la AFP Suyapa Martínez, dirigente del no gubernamental Centro de Estudios de Mujer-Honduras (CEM-H), durante la protesta.
Cáceres fue asesinada el 3 de marzo del 2016 por pistoleros que llegaron a su casa en la comunidad de La Esperanza, al oeste del país.
Nueve personas están detenidas por el caso, incluyendo el presidente de DESA, un militar retirado egresado de la escuela militar estadounidense West Point, en el estado de Nueva York, capturado el viernes anterior a petición de la fiscalía.
La ambientalista tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las amenazas que recibía de Castillo y otros ejecutivos de DESA por su oposición a la construcción de una represa en un río que baña el territorio de indígenas lenca.
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Martínez denunció que los tribunales penales dejan libre a los acusados de feminicidios.
“Solo termina en sentencia el 2% de los casos de feminicidios que vienen a estos tribunales”, aseguró la dirigente del CDM-H, que recordó que en 2017 se registraron en Honduras 409 feminicidios, menos que los 468 de 2016.
Insight Crime sobre Berta: “Dos figuras de la élite siguen en libertad”
El portal web Insight Crime publicó este jueves un artículo sobre el caso del noveno implicado en el crimen de la hondureña Berta Cáceres.
La nota periodística comienza comentando que el reciente arresto de uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de la reconocida activista medioambiental Berta Cáceres en Honduras es un signo de avance en el conocido caso. Pero constituye solo un eslabón de una gran red que supuestamente estuvo involucrada en su asesinato.
Según un comunicado de prensa del Gobierno, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público de Honduras arrestaron a Roberto David Castillo Mejía.
Lo anterior, fue el 2 de marzo en el aeropuerto internacional de San Pedro Sula, cuando intentaba salir del país. Cuando Cáceres murió en marzo de 2016, Castillo Mejía era el director ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Esta es la empresa que gestiona la construcción de la represa Agua Zarca. Además, contra la que Cáceres estaba adelantando una campaña.
Se cree que su activismo en este sentido es el factor que finalmente condujo a su asesinato. Castillo Mejía, exagente de inteligencia militar, es la novena persona arrestada en relación con el crimen. Pero es apenas el primer presunto autor intelectual que ha sido aprehendido.
UN POLÉMICO CASO
Según las autoridades de Honduras, Castillo Mejía proporcionó “logística y otros recursos” a uno de los autores materiales actualmente detenidos.
Poco después del arresto de Castillo Mejía, DESA publicó un comunicado en el que niega que la empresa o su exdirector ejecutivo hubieran tenido algo que ver con la muerte de Cáceres. La compañía rechazó el arresto, considerándolo como el resultado de “presiones internacionales y campañas de desprestigio”. Esto, por parte de varias organizaciones sin ánimo de lucro, y exigió la liberación inmediata de Castillo Mejía.
Castillo Mejía fue puesto en detención preventiva y su primera audiencia se ha programado para este de marzo.
“Muchas personas consideran que el arresto de uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Cáceres es un paso en la dirección correcta. Pero Castillo Mejía representa sólo un eslabón de una red mucho más grande de individuos involucrados en el crimen, que todavía están en libertad”, cita el artículo.
Dana Frank, profesora de la Universidad de California, Santa Cruz, le dijo a InSight Crime que “el arresto de Castillo Mejía es el esperado resultado de la implacable presión de la familia de Cáceres.
Además del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y varios observadores internacionales. Pero otras dos figuras de la élite permanecen en libertad, a pesar de las palmarias evidencias de su participación”.
Un informe de octubre de 2017, elaborado por un panel de expertos independientes, señala que las pruebas existentes son “concluyentes respecto de la participación de numerosos agentes estatales. Así como de altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato”. Esto, indica que las autoridades no han detenido a todos los autores intelectuales del crimen, incluso con pruebas suficientes.
LOS SEÑALADOS
Frank le dijo a InSight Crime que “el Ministerio Público ha tenido en sus narices evidencias que implican a los tres”. Lo anterior, desde por lo menos mayo de 2016.
Antes de la muerte de Cáceres, Castillo Mejía supuestamente “la acosaba” con mensajes de texto y llamadas telefónicas. Asimismo, aparecía en su casa injustificadamente. Según una declaración de COPINH, organización fundada por Cáceres, “No es gracias a la celeridad del MP, quienes han intentado por todos lo medios ocultar la verdad en el caso”.
Pocos días antes de que Castillo Mejía fuera detenido, las autoridades arrestaron a la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo. Esto, por lavado de dinero y otros cargos.
“Ambos arrestos se presentaron en medio de dudas sobre la voluntad del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Esto, para hacer frente a la corrupción en el país, tras una muy criticada reforma legislativa que se dio recientemente. Además, la cual fue considerada como un “pacto de impunidad”. Pues efectivamente, sí impidió que el Ministerio Público investigara los casos relacionados con la corrupción. Esto, por un período de tres años”, destaca la nota de Insight Crime.
CASO BERTA CÁCERES
Si bien los arrestos de Castillo Mejía y Bonilla de Lobo, entre otros acontecimientos, pueden indicar que se están haciendo algunos avances en cuanto al compromiso de la administración Hernández en la lucha contra la corrupción, Frank advierte que no debemos hacernos “ilusiones acerca de que la grave situación de corrupción e impunidad en Honduras haya mejorado”.
“Los arrestos de Castillo Mejía y Rosa Bonilla de Lobo no afectan la profunda situación de corrupción y criminalidad” que hay en Honduras, dijo.
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