Puerto Rico: organizaciones civiles se manifiestan contra el recorte de pensiones
Firme rechazo a propuestas fiscales
Los planes fiscales revisados que sometió la administración del gobernador Ricardo Rosselló a la Junta Federal de Control Fiscal recibieron ayer el rechazo de algunos sectores del País, mientras otros advirtieron que estos trastoca las pensiones de los jubilados y perjudican la universidad pública.
El presidente de la Asociación de Empleados Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Johnny Rodríguez Ortiz, expresó su rechazo al recorte en las pensiones que prevé el plan fiscal de esa corporación pública.
“El sistema de retiro nuestro son beneficios que nosotros compramos y pagamos por ellos. Nosotros entendemos que no es justo que ya que nosotros compramos y pagamos por los beneficios de jubilación para cuando más necesitáramos dinero porque no íbamos a poder trabajar, porque quizás íbamos a tener enfermedades relacionadas a la vejez, pues que esta junta venga a querer meter las manos en nuestro bolsillo”, dijo Rodríguez Ortiz.
Explicó que la situación se complica aún más debido a la orden ejecutiva que emitió el gobernador que pone el sistema de retiro de la AEE en sindicatura y en las manos de la Junta de Gobierno de la corporación pública.
“La junta de síndicos nuestra es la que administra el fondo y lo ha administrado siempre. Ahí hay ocho compañeros que determinan qué beneficios se dan, qué beneficios no se dan y si hay que quitar beneficios”, expresó el líder de los jubilados de la AEE.
De otro lado, el presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT), Andrés Lloret, opinó que los exunionados que trabajaron por mucho tiempo para el gobierno se verán afectados porque “hay una propuesta de reducirle en por lo menos un 10% las pensiones”.
“Después que la gente trabajó y laboró bajo unas expectativas de que al momento de su retiro iban a disfrutar de unas determinadas condiciones de empleo, ahora de golpe y porrazo les cambian las reglas del juego por acciones que tomaron gente que no fueron ellos, sino los que gobernaron el País”, sentenció Lloret.
“No” al recorte de pensiones
En tanto, voces legislativas del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) declinaron favorecer la propuesta que reduce más del 10.6% de las pensiones.
La representante PNP, Lourdes Ramos, rechazó el recorte en las pensiones que busca hacer la junta fiscal y llamó a que no sigan maltratando la salud emocional de los jubilados.
Afirmó que no iba a permitir esa reducción y que estaba disponible para hacer “desobediencia civil pacífica para exigirle a la junta respeto hacia las personas de mayor edad y respeto hacia los que hicieron el Puerto Rico que nosotros estamos disfrutando”.
De otro lado, el representante popular Luis Vega Ramos opinó que los servicios esenciales y la calidad de vida básica de los puertorriqueños están en riesgo con los nuevos planes fiscales.
“Los planes, una vez más, bajan los ingresos de los puertorriqueños, las pensiones, bajan los servicios esenciales, la seguridad, la educación, la salud porque van a salir unos ajustes y suben los costos de vida en Puerto Rico. La matrícula de la UPR casi la triplican y hay aumentos en la AEE”, dijo el legislador.
Preocupación por la UPR
En tanto, el economista Argeo Quiñones opinó que el plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el cual propone consolidaciones de recintos y aumentos en la matrícula, menoscaba la función, la misión y el potencial del primer centro docente del País.
El plan fiscal de la UPR incluye un incremento de matrícula para los estudiantes subgraduados de $57 a $115 y para estudiantes graduados de $143 a $160 el crédito, el cual estará vigente a partir de agosto de este año. También se aumentan las cuotas de mantenimiento, tecnología, laboratorio, graduación, admisión y hasta por duplicados de documentos.
Además, el documento incluye dos propuestas de consolidación, una de 11 a cinco recintos y otra a cuatro recintos. “Están privatizando en nuestras caras lo que es una educación universitaria pública. Estas son estrategias que se están desarrollando a puerta cerrada, a oscuras y con una visión de país que no la han hecho explícita y que está implosionando poco a poco instituciones principales del País”, dijo.
Quiñones advirtió que estos cambios en la UPR podrían aumentar el traslado de los estudiantes a instituciones educativas privadas.
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