Puerto Rico: sindicatos advierten que protestarán en contra de la reforma laboral y Rosselló defiende el proyecto
Notas sobre el tema
Los sindicatos protestarán la reforma laboral
Líderes sindicales advirtieron ayer que protestarán contra la reforma laboral propuesta por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, aunque aún no definen el tipo de manifestación.
“Definitivamente, la situación amerita tirarnos a la calle, pero no sé por cuánto tiempo ni cuándo”, manifestó Federico Torres Montalvo, secretario general de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado y miembro de la Central Puertorriqueña de Trabajadores.
Torres Montalvo expresó que varios líderes sindicales sostendrían anoche una reunión para discutir distintos escenarios.
La reforma laboral del gobernador, que ha activado todas las alarmas de los sindicatos, propone eliminar las compensaciones por despido injustificado y la obligación de pagar el bono de Navidad en el sector privado. Además, propone reducir las licencias por vacaciones y enfermedad a siete días.
Wilkin López, portavoz de United Auto Workers (UAW), catalogó estas propuestas “como un fuerte golpe para el trabajador”.
Aunque recordó que los unionados se rigen por sus convenios colectivos, no descartó que los patronos quieran regirse por nuevas leyes que disminuyan los beneficios de los trabajadores.
López llamó la atención sobre uniones de empresas privadas que están en pleno proceso de negociación colectiva. “El patrono puede someter su propuesta y decir: ‘Pues, mira, lo más que puedo ofrecer es lo que dicta la ley’. Lógicamente, nosotros sometemos una contrapropuesta, pero podría llegar a esos extremos. No avalamos esta medida para nuestros empleados ni para los de la industria en general”, apuntó.
La UAW representa a empleados privados y públicos. López dijo que se mantienen vigilantes y orientan a su matrícula porque, aunque la mayoría de las propuestas del gobernador van dirigidas a empleados privados, no descartan que eventualmente todas apliquen a los empleados públicos.
“En el caso de los empleados públicos, se les redujeron de 30 a 15 los días de vacaciones. Y se siguen exigiendo recortes. Por eso estamos bien pendientes con los planes que presente el gobernador a la Junta de Supervisión Fiscal porque siguen exigiendo más recortes al sector público. No sé cuánto más”, afirmó.
Tanto López como Torres Montalvo recordaron que desde que se aprobó la Ley 7 en el 2009 hasta el presente se han reducido beneficios de los empleados públicos y del sector privado.
Por su parte, el presidente de la Unión de Tronquistas, Argenis Carrillo, dijo que el gobernador busca equiparar la legislación laboral puertorriqueña con la del estado de Florida.
“Él (Rosselló) sabe muy bien que subir de manera pírrica el salario mínimo no es ninguna ayuda a la generalidad de la clase trabajadora porque solo se impacta a un porcentaje bien bajo. Además, ese aumento se le hace sal y agua frente a los beneficios que le pretenden quitar”, sentenció.
Ricardo Rosselló defiende los cambios a la reforma laboral
El gobernador Ricardo Rosselló rechazó ayer que el conjunto de iniciativas que propone para cambiar el ordenamiento laboral de la isla propicie una mayor emigración.
Además, justificó la derogación de la Ley 80 de 1976, que protege a los trabajadores contra despidos injustificados, indicando que es un “obstáculo” para el establecimiento de más empresas y que la mayoría de los puertorriqueños que se van de la isla, con o sin empleos, lo hacen a estados que no cuentan con esta protección laboral.
“¿Hacia dónde la gente se está yendo ahora? A Florida, a Texas. Texas y Florida no tienen -por virtud de ley- ni bono de Navidad, días de vacaciones y no tienen un análogo a la Ley 80. Entonces, la premisa de que la gente se va a estar yendo por virtud de ese cambio hacia otras jurisdicciones donde el estado de Derecho es mucho más limitado que el que esté en Puerto Rico, pues no me hace sentido. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es una serie de iniciativas que permitan que más negocios se establezcan en Puerto Rico”, dijo el gobernador, un día después de anunciar una reforma laboral que aunque impacta el empleado público, está mayormente dirigida al empleado de la empresa privada.
Rosselló propone que, al cabo de tres años, se derogue la Ley 80 y el bono de Navidad para empleados de la empresa privada. Propone subir 50 centavos el salario mínimo en 2019 y llevarlo a $8.25 en el 2021. También propone reducir a siete días al año las licencias de enfermedad y de vacaciones.
Esto estará acompañado -para el 2019- de un crédito contributivo al trabajo de entre $300 a $2,000, de acuerdo al sueldo y el número de dependientes del contribuyente.
Rosselló sostuvo que se trata de una “reforma comprensiva” porque va de la mano de un nuevo Código de Incentivos y de una reforma contributiva.
Comparativa
Pero el exsecretario del Trabajo y abogado laboral, Ruy Delgado, catalogó el análisis del gobernador como “una visión bien simplista”.
“El dato es que en la inmensa mayoría de los países del mundo, hay leyes que tienen que ver con proteger y regular el despido de los empleados. Incluso, hay países que la ley exige que cuando el despido ocurre, aunque sea correcto, tienen que pagarle al empleado una compensación porque la persona se queda sin empleo y se exige una compensación”, dijo al ser consultado por El Nuevo Día.
Dijo que la comparativa del gobernador con Estados Unidos no es la apropiada. “Están mirando para donde no es. Están mirando para el lado equivocado”, sentenció.
“En el caso de Estados Unidos es distinta la situación porque el despido de empleados es mucho menos frecuente que en Puerto Rico. Cuando un empleado es despedido en Estados Unidos -como hay tantas oportunidades de empleo- consigue empleo rápidamente. Al empleado se le hace bien fácil conseguir empleo. En Puerto Rico, es bien difícil conseguir, pero bien difícil y más con una remuneración igual o mejor”, apuntó.
“En Estados Unidos todos los empleados tienen una remuneración el doble o el triple que en Puerto Rico”, continuó, al recordar que el puertorriqueño, al emigrar, no solo considera el factor empleo sino la calidad de vida y la educación, entre otros aspectos.
Recordó, además que el ingreso per capita de Puerto Rico es menos de la mitad del estado más pobre de los Estados Unidos: Mississippi ($35,484 en el 2017). Agregó que el ingreso promedio en Estados Unidos era $51,726 en el 2013, mientras que en Puerto Rico debe estar aproximadamente en menos de la mitad de esa cifra.
El gobernador, por su parte, insistió en que con la reforma laboral busca “restar obstáculos”, establecer más negocios en la isla y crear más empleos.
En varias ocasiones dijo que estaría “escuchando el pueblo”.
No dio detalles de los estudios que sustenten esta reforma o las métricas de la reforma laboral que se implementó en el 2017. Asimismo, rechazó que la reforma haya sido negociada con la Junta de Supervisión Fiscal.
“No se ha negociado nada”, dijo.
Rosselló: “Reforma laboral no asegura plan Fiscal”
Si bien la nueva propuesta de reforma laboral que anunció el gobernador Ricardo Rosselló parece responder a peticiones públicas de la Junta de Control Fiscal (JCF), el primer ejecutivo sostuvo ayer que los recortes en beneficios a los empleados del sector privado no fueron negociados con el ente federal ni garantizan que dicho cuerpo certifique el próximo lunes el plan fiscal presentado por el Gobierno.
“No se ha negociado nada, no se ha negociado nada en ese contexto, y yo no sé qué es lo que se va a certificar o no”, apuntó el gobernador, en respuesta a los medios.
Con esto el mandatario desmintió las declaraciones del secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, quien dijo ayer que la nueva reforma laboral fue un acuerdo de la JCF a cambio de poder aumentar el salario mínimo.
Rosselló defendió su propuesta de reforma laboral —la segunda en menos de un año y medio— e insistió en que el “bono al trabajo” y otras propuestas anunciadas el miércoles, sopesan la reducción de beneficios de los trabajadores.
Dijo también que estaba considerando la posibilidad de que el contribuyente sea quien decida cuándo quiere que se le dé “ese dinero”, aunque aún no queda claro cómo funcionará la compensación, como un crédito contributivo o un bono tal cual funciona el de Navidad en la actualidad.
Estas y otras interrogantes no quedaron ayer claras y los periodistas no tuvieron oportunidad de cuestionarlas, luego de que la secretaria de Prensa de Fortaleza, Yennifer Álvarez, negara turnos de preguntas de seguimiento, alegando que el gobernador tenía “una agenda programada”.
“El contribuyente va a tener la oportunidad de escoger ese dinero, como se le da ahora — bono de Navidad—, que se le divida en partes; una parte como reintegro y otra parte en Navidad, o completo en verano”, expuso el gobernador sobre la propuesta.
El gobernador sostuvo que, el hecho de que los pequeños y medianos comerciantes, así como las grandes compañías, hayan tenido que pagar el bono de Navidad, limita el potencial de que empresas se establezcan en la isla e, incluso, permanezcan las que ya estén allí. “Al día de hoy, 21 % de los pequeños y medianos comercios y de las compañías no pagan el bono, no lo pagan. Pidieron exención porque no tenían el dinero para poder hacerlo y eso ha ido en ascenso”, aseguró.
La propuesta de Rosselló también reduce las licencias de vacaciones y enfermedad de los trabajadores a siete días respectivamente. Además, se elimina el pago por concepto de despido injustificado. Se le cuestionó al gobernador sobre los señalamientos de que estas medidas podrían aumentar la migración de puertorriqueños a otras jurisdicciones, a lo que respondió: “Texas y Florida no tienen por virtud de ley ni bono de Navidad, no tienen días de vacaciones y no tienen un análogo a la Ley 80, no lo tienen”, en referencia a dos de los estados en donde más boricuas se han restablecido. “La premisa de que, entonces, la gente se va estar yendo por virtud de ese cambio hacia otras jurisdicciones donde el estado derecho es mucho más limitado que el que estaría en Puerto Rico, pues no me hace sentido”, defendió.
Sin los votos la reforma laboral
La nueva reforma laboral del gobernador Ricardo Rosselló todavía no se ha radicado en la Legislatura y ya parte del liderato penepé en la Cámara advirtió que no habrá votos suficientes para aprobar un proyecto que busque eliminar el bono de Navidad y reducir a siete los días de vacaciones y enfermedad a los empleados del sector privado.
El portavoz de la delegación cameral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló, comenzó desde temprano ayer a afirmar que no votará a favor de este proyecto y advirtió que hay cerca de 10 legisladores de mayoría que no favorecen la propuesta tal como fue presentada por el gobernador.
Rodríguez Aguiló fue más allá al indicar que la reforma laboral aprobada a principios del cuatrienio no ha creado los empleos prometidos y que ha significado el cierre y despido de empleados en las mismas cadenas multinacionales que insistieron en el proyecto.
“Somos cerca de diez compañeros que ya hemos dicho que estamos en contra y con eso ya no tiene los votos”, dijo Rodríguez Aguiló. “No hay forma de que yo vote a favor de una medida que quite el bono a empleados o que limite sus vacaciones o días por enfermedad. El gobernador anunció recientemente la creación de 5,000 empleos con la misma ley que ya tenemos. ¿Por qué la vamos a cambiar? Yo me sostengo y mi posición es inamovible”.
El portavoz de la mayoría cameral dijo que tampoco dará su voto para eliminar la Ley 80, que protege contra los despidos injustificados. Reveló que durante la discusión de la primera reforma laboral que aprobaron, los cabilderos del proyecto pidieron eliminar esta protección y la Legislatura no le dio paso.
“Les dijimos que no y así mismo se lo repito ahora”, afirmó el legislador. “Si la Junta (Federal de Control Fiscal) quiere hacerlo, que lo hagan. Serán responsables de las consecuencias y el impacto a la clase trabajadora”, sostuvo.
Cierran filas con el portavoz
A las expresiones de Rodríguez Aguiló se unieron seis representantes de mayoría que indicaron en comunicado de prensa que no favorecerán las propuestas. El que no se expresó fue el presidente de la Cámara, Carlos Méndez Núñez, quien no devolvió las llamadas de EL VOCERO.
El portavoz alterno de la mayoría, Urayoán Hernández, junto a los representantes penepés José ‘Memo’ González, Félix Lasalle, Joel Franqui Atiles, Abid Quiñones y José ‘Che’ Pérez, dijeron en comunicado de prensa que solo favorecen las propuestas de alza del salario mínimo y que los beneficiarios hábiles del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) trabajen 80 horas al mes.
En el Senado, tanto el portavoz de la mayoría, Carmelo Ríos, como el presidente de la Comisión de Gobierno, Miguel Romero, dijeron que esperarán el proyecto antes de determinar cómo votarán.
“Tenemos que ver cómo queda el proyecto para poder ayudar al proceso. Sé que hay compañeros con muchas preocupaciones y son normales. Yo garantizo que nosotros en el Senado vamos a velar por el bienestar del empleado”, dijo Ríos.
“Tenemos que mirar cuánto cuesta esa reforma, cómo afecta al bolsillo de manera positiva. La pregunta que nos hacemos es qué empleos vas a crear, si son unos de paga mínima o unos bien pagos”, puntualizó.
Romero, quien fue secretario del Trabajo, también expresó que esperará la propuesta antes de expresarse sobre la misma.
“Mi posición va a depender de cómo el trabajador logra más dinero en su bolsillo. Si es eliminando beneficios y no hay nada a cambio, nadie va a estar a favor de algo así. Me parece también que esto está atado al anuncio del plan fiscal y lo que se haya discutido con la junta (de control fiscal)”, precisó.
Tampoco fue posible conseguir ayer una reacción del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
Reacciona el gobernador
Al ser cuestionado sobre la oposición cameral a la reforma laboral, Rosselló dijo: “Respeto las expresiones de todos los compañeros, pero es importante que aquí exista el espacio para poder dialogar sobre lo que todos estos componentes implican”. Aseguró que había hablado por teléfono con los presidentes de ambos cuerpos legislativos.
Insistió en que estará “escuchando al pueblo en todo este proceso”, mas cuando la prensa le cuestionó cómo lo haría, procedió a decir que les diría a las personas que el bono navideño será “sustituido” con un crédito contributivo por ingreso devengado (EITC, por sus siglas en inglés). Sugirió entonces entregar ese reintegro en diciembre, si la gente así lo solicita, como una posible “solución” al tranque legislativo.
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