Un informe señala que fueron asesinados 282 líderes sociales desde los Acuerdos de Paz
¿Cómo proteger a los líderes sociales y defensores de DDHH en Colombia?
El más reciente informe de las organizaciones OIDHACO y Taula Catalana por la paz reveló que si bien es cierto que en Colombia hay una disminución en la violencia y víctimas producto de la firma del acuerdo de paz, el riesgo para las y los defensores de derechos humanos va en aumento, sin que existan las medidas necesarias que garanticen la protección de sus vidas.
282 HOMICIDIOS DE DEFENSORES DE DD.HH DESDE LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ
El informe titulado “Cómo protegemos a quienes defienden los derechos humanos en Colombia”, evidenció que desde el primero de enero de 2016 hasta el 27 de marzo de 2018, se han registrado en Colombia 282 homicidios, según los reportes de la Defensoría del Pueblo, en donde el 74% de las acciones violentas se cometieron contra hombres y el 26% contra mujeres.
En ese sentido, los departamentos con mayores tazas de asesinatos a defensores de DD. HH son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. A su vez, el documento denuncia que la gran mayoría de agresiones y homicidios se ha presentado contra líderes comunales.
Frente a los responsables de estos hechos, el informe señala que si bien existen investigaciones contra los autores materiales, en la mayoría de casos se desconocen tanto los autores materiales como los intelectuales. El 90% de los asesinatos se cometieron bajo patrones sicariales, de hombres que apuntan con armas y se desplazan en motos.
En los casos en los que se conoce al autor, el documento señaló que los principales responsables son grupos armados sucesores del paramilitarismo. En ese sentido el Indepaz, identificó que en el primer semestre de 2017 esos grupos registraron actividad en al menos 274 municipios de 28 departamentos, es decir el 70% del territorio del país. Además, se estableció que destacan las menciones de acciones de los grupos Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también denominadas Clan del Golfo, Los Rastrojos, Las Águilas Negras, los Puntilleros y La Constru, entre muchos otros.
LOS MECANISMOS PARA PROTEGER A LOS DEFENSORES
Frente a las acciones que toman las instituciones y autoridades gubernamentales para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos, Hendrine Rotthier, integrante de OIDHACO, manifestó que algunas de esas medidas han sido efectivas, sin embargo, hay deficiencias, “no todas las medidas que se dan son adecuadas para los grupos y es necesario generar medidas con enfoques dirigidos a los diferentes grupos poblacionales que tengan mayor riesgo”.
En segundo lugar, recomiendan que se revisen los mecanismos de protección, ejemplo de ello serían las medidas colectivas, que son mucho más eficiente que las medidas individuales, debido a que en muchas ocasiones no es suficiente la protección a una persona en una comunidad, sino que el riesgo es colectivo.
Asimismo, el documento evidencia la importancia de realizar más esfuerzos en términos de la prevención de actos de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos. Uno de ellos debe ser identificar las causas estructurales detrás de los asesinatos.
LAS ACCIONES PRIMORDIALES PARA PROTEGER A LAS Y LOS DEFENSORES
Dentro de las recomendaciones, las organizaciones solicitaron de forma urgente que se adelanten investigaciones y resultados frente a los responsables de estos asesinatos, debido a que de esta forma se podría configurar de una manera más precisa las intensiones que rodean estos actos de violencia y de prevenir otras situaciones similares.
De igual forma se encuentra la necesidad de que el Estado ponga en marcha políticas que permitan el desmantelamiento de las estructuras paramilitares que hay en el país, debido a que la mayoría de los asesinatos y agresiones han sido cometidos por estos grupos.
El documento reveló, la necesidad de tomar medidas urgentes para garantizar la vida de las y los defensores de derechos humanos en el país. En ese sentido en primera instancia le piden a la Unión Europea continuar con el acompañamiento y seguimiento tanto a la implementación de los Acuerdos de Paz, como a el cumplimiento y vigilancia de las labores que realizan empresas de estos países en Colombia. Debido a que algunos de los asesinatos de líderes están relacionados con las actividades que esas organizaciones realizan en el país.
[Comunicado] Denunciamos la criminalización por parte del estado
LA PAZ SOLO ES POSIBLE BRINDANDO GARANTÍAS AL MOVIMIENTO SOCIAL
La persecución, criminalización y judicialización al movimiento social sigue siendo una estrategia del estado colombiano y el conjunto de sus instituciones para obstaculizar y acabar con el derecho a la protesta social, la defensa del territorio y el ordenamiento comunitario.
Con mayor fuerza, durante los últimos quince años (cuatro periodos presidenciales), el aparato judicial y los medios masivos de comunicación han sido usados para deslegitimar y enlodar ante la sociedad a los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos con el fin no solo de exterminar por vía de hecho la organización social sino impedir el ejercicio de la democracia y el estado social de derecho. El Congreso de los Pueblos así como los demás procesos hermanos, hemos sido víctimas de estigmatización, persecución, atentados, asesinatos, amenazas y judicialización de nuestros integrantes; quienes representan en los territorios las diferentes expresiones organizativas.
Ejemplos del desprecio que siente el gobierno nacional por los procesos sociales y populares se evidencian en las expresiones del ministro de defensa cuando públicamente califica el asesinato de líderes y lideresas sociales como consecuencia de “líos de faldas” re victimizando a quienes hemos sufrido la sistematicidad de esta práctica genocida. También en la falta de seriedad al desconocer e incumplir los acuerdos alcanzados con el movimiento social en las mesas de negociación construidas en medio de los grandes paros y protestas a lo largo y ancho del país; al tiempo que niega la existencia del paramilitarismo, y evita confrontarlo.
En una acción sistemática y mediática con el afán de deslegitimar la acción de nuestro proceso Congreso de Los Pueblos, se presenta el caso más reciente de judicialización y criminalización contra nuestro secretario técnico y miembro de la comisión internacional JULIAN ANDRES GIL REYES. Las autoridades judiciales, utilizando como “informante” a quien fuera su compañero de universidad ANDRES FELIPE OSPINA GUARIN, con testimonios injuriosos y calumniosos, y con el fin de obtener beneficios jurídicos, pretende propinar un “falso positivo judicial” señalándolo de participar de manera indirecta en acciones bélicas como miembro de la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional; imputando delitos que son de competencia de la justicia especializada.
Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, la práctica sistemática de la fiscalía general de la nación al presentar acusaciones sin sustento probatorio idóneo que tiene como objetivo privar de la libertad a los líderes sociales por un tiempo para luego dejarlos en libertad como ha ocurrido en cientos de oportunidades.
Denunciamos las graves violaciones a los derechos humanos y le pedimos urgentemente hacer seguimiento a esta difícil situación, solicitando al gobierno que cumpla con el debido proceso y los tratados internacionales en materia de derechos humanos; así mismo les invitamos a conformar misiones de verificación y acompañamiento, que pueda aliviar la difícil situación de nuestro compañero y nuestro proceso social.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS – CONGRESO DE LOS PUEBLOS.