Argentina: tercera jornada por la legalización del aborto en el Senado y un acto cristiano en apoyo a la ley
Notas sobre el tema
Legalización del aborto en el Senado: un detallado conteo del Bloque Justicialista anticipa una votación muy pareja
“Los votos están muy parejos. Es una votación que se va a definir en los últimos días antes de la sesión”. Esta es la predicción que hacen fuentes del Bloque Justicialista en el Senado, sobre la sesión del 8 de agosto en la que se tratará el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que tuvo media sanción en Diputados el 14 de junio.
Según el último conteo que llevan en el principal bloque opositor – que puede cambiar día a día-, los votos a favor de la iniciativa suman hoy 30, a los que podrían sumarse otros tres que están en duda, pero inclinados por apoyar la media sanción.
Como votos en contra confirmados, contabilizan 30. De este número, tres son de senadores que podrían estar ausentes: Carlos Menem, quien por su avanzada edad no se queda en las sesiones prolongadas; Carlos Reutemann, por un tema de salud; y María Eugenia Catalfamo, del Frente Unidad Justicialista San Luis. Al número final de este grupo que se opone al proyecto, se podrían sumar otros 8 que votarían por el rechazo.
Por la abstención, hasta ahora, se manifestó públicamente Carmen Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino.
De acuerdo a estos cálculos que manejan en la principal fuerza política de la Cámara alta, los indecisos a la fecha son 11.
Si se suman los dudosos de cada posición para el grupo respectivo, y se restan los posibles ausentes y la abstención, la cuenta daría 35 en contra del proyecto y 33 a favor. Números muy parejos que podrían modificarse en las tres semanas que faltan para discutirlo en el recinto.
En caso de empate, definiría la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, quien ya explícitamente sostuvo que estaba en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, aún en casos de violación, lo que le valió críticas opositoras y de su propio espacio.
Mientras en el gobierno miran el conteo fino sabiendo que cualquiera sea el destino del proyecto, pagarán un costo, el jefe del Bloque del PJ, Miguel Angel Pichetto, se muestra optimista: “En lo personal, pienso que al final el ‘sí’ puede ganar la votación”. Tras la aprobación de Diputados, el senador rionegrino ya había adelantado su posición y encabezó el respaldo en la Cámara alta al proyecto que promueve la legalización del aborto: “Mi postura se inscribe en mi tradición laica. Creo que los temas de Estado son del Estado y los temas de Dios son de Dios”, argumentó.
La tercera posición: aprobarlo con cambios
Entre los dudosos inclinados por el rechazo se encuentran los senadores cordobeses de Cambiemos Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez, y el justicialista Carlos Caserio. Sin embargo, evalúan proponer algunos cambios que podrían hacerlos votar a favor del proyecto aprobado por Diputados. Entre ellos, la inclusión de la objeción de conciencia institucional, la eliminación de la inhabilitación a los profesionales que se nieguen a realizar un aborto en los casos legalmente autorizados, y no hacer responsable al establecimiento que derivó la realización de un aborto a otro sistema de salud.
En el caso de que el proyecto sufriera modificaciones, debería regresar a la Cámara de Diputados, donde los legisladores pueden aceptar los cambios, o insistir en la versión original, con la misma mayoría, con la que se aprobaron los cambios en la Cámara alta, en este caso, la mitad más uno de los presentes.
“Estamos trabajando para que no se toque. Si se toca, es probable que no salga. Hay que ir a morir por el sí”, sostuvo una alta fuente del Bloque Justicialista que apoya el proyecto, y que admite que si no se consigue el número, se podría volver a presentar el año próximo. En su análisis, la mayoría con la que se aprobó en Diputados tuvo escaso margen – solo 4 votos- y podría no ser sostenida si vuelve en revisión. En caso de rechazo, el Congreso no puede volver a tratar la misma iniciativa este año.
Giro de Macri
Mauricio Macri hizo en los últimos días un giro en su análisis respecto del aborto. Si bien habilitó la discusión aunque, en lo personal, estaba en contra, afirmó recientemente en conversaciones con gente de su confianza: “Esta es una discusión sobre los derechos de las mujeres a decidir. Es un debate sobre ese derecho individual y no solo sobre una cuestión de salud”.
Esta postura está en línea con el fallo de la Corte de Estados Unidos de 1973 en el caso “Roe vs Wade”, en el que dictaminó a favor de una mujer soltera embarazada, Norma Roe, que planteó una acción cuestionando la constitucionalidad de leyes penales de Texas que condenaban el aborto, excepto para salvar la vida de la madre. La Corte norteamericana resolvió que el gobierno carecía de poder para prohibir los abortos, y lo fundamentó en el derecho fundamental a la privacidad y a la inmunidad del ciudadano frente a la intromisión del poder público. Permitió así, por extensión de la jurisprudencia, su legalización en Estados Unidos.
Macri sabe que el tema divide aguas – como pocos- en sus propias filas, y que muchos dirigentes y votantes del PRO rechazan el aborto por sus creencias religiosas o de raigambre conservadora, en línea con la cada vez más fuerte posición de la Iglesia para que no salga la ley. Sin embargo, fiel a su anuncio de dar libertad a sus legisladores y promover la discusión sobre un tema que hasta ahora la política había considerado tabú, el primer mandatario ya adelantó que no vetará la ley si es aprobada por el Senado.
Quienes apoyan la legalización del aborto en la Cámara alta reconocen que el debate cruza a Cambiemos y el PJ, y que el Gobierno no saldrá ileso. La pregunta es si podrá capitalizarlo, ya sea como el promotor de un debate con respeto a las reglas democráticas, o de un promotor de derechos en una agenda de género que cada vez cobra más espacio. “Tenés que superar el costo en la coyuntura, y apostar a una sociedad moderna y democrática, en la que las creencias religiosas van por un carril separado”, sostiene una espada legislativa de la oposición en el Senado.
En términos de poder político, están los que ven la votación en el Senado atravesada por la esquiva relación con la cúpula eclesiástica: “Es la oportunidad de ganarle una batalla a la Iglesia que, en nuestro país, es un factor de poder”. Y argumentan que el Papa hizo una evaluación política equivocada al no venir a Argentina en su viaje a Chile. “Si Francisco hubiera venido, no habría ley de aborto”, aseguran.
El cronograma hasta la sesión
El 24 de julio próximo está prevista la presencia en el plenario de las Comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales del ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, y del ex titular de esa cartera Ginés González García.
Para el mismo día, a instancias de Pichetto, también fueron convocados el médico ginecólogo y obstetra Leonel Briozzo, ex subsecretario de Salud Pública de Uruguay durante la presidencia de José Mugica, donde el aborto está despenalizado hasta la semana 12 de gestación, y Patricio Sanhueza Smith, médico coordinador de los Servicios de salud Reproductiva de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la capital del país donde el aborto está legalizado desde 2007.
El 1 de agosto es la fecha estipulada para el dictamen en el plenario de Comisiones. Se estima que habría uno de mayoría y otro de minoría, a favor y en contra de la legalización del aborto, y un tercero alternativo con modificaciones al proyecto de Diputados.
La sesión está prevista para el miércoles 8 de agosto, cuando se espera una masiva manifestación en las afueras del Congreso de los que están a favor de que la iniciativa se convierta en ley.
Un día antes, el gobierno deberá enfrentar la marcha que se hace todos los años el 7 de agosto a San Cayetano para pedir por trabajo. Este año, esa convocatoria se fundirá con otra importante manifestación contra el aborto. Las voces en la calle, en uno y otro sentido, serán las que terminen de inclinar los votos de los que para esa fecha, aún tengas dudas.
Aborto legal: grupos cristianos convocan a participar del Martes Verde frente al Congreso
Las agrupaciones religiosas reunidas bajo el nombre de Cristianas y Cristianos por la vida plena y el derecho a decidir realizarán hoy martes a las 18 en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, frente al Senado de la Nación, un acto litúrgico en el marco del Martes Verde.
Anunciaron que leerán allí su proclama a favor de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que se está discutiendo en la Cámara Alta y que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
“En esta oportunidad, personas de fe de diversas confesiones, valdenses, metodistas luteranas, reformadas, pentecostales, y católicas, entre otras, daremos nuestro apoyo al proyecto por aborto Legal, por la vida, la dignidad y el derecho a decidir de las mujeres y las personas gestantes”, expresaron.
En el texto de la proclama explican que “este proyecto es una cuestión de Salud Pública en la cual el Estado es responsable y debe intervenir garantizando los derechos de las personas gestantes a decidir sobre sus propios cuerpos en condiciones dignas. Eso es defender la vida.”
Y continúan: “Dios es un Dios de gracia y muchas veces queremos colocarnos en su lugar y juzgamos pero Dios en Su misericordia y amor apuesta a la vida sin hipocrecia por eso entendemos que no existen razones bíblicas, teológicas o pastorales para penalizar a las personas que pasan por la experiencia de un aborto. Ni tampoco para condenarlas a cursar un embarazo no deseado”.
“Como personas de fe promovemos el Estado Laico y nos negamos a que creencias personales o grupales sean erigidas como leyes que sometan a las personas con derechos vulnerados. No queremos más muertes por abortos clandestinos, tampoco la inequidad que la mera despenalización implicaría para un gran número de personas sin recursos para acceder a prácticas seguras. Desde nuestra fe exigimos la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Aborto legal, seguro y gratuito”, finalizan.
Aborto legal significa menos costos para la salud pública
La carta que pretenden jugar algunos senadores que rechazan el aborto legal es la precariedad de las finanzas provinciales ante un escenario de ajuste al momento de implementar la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Integrantes de la CGT también dejaron trascender su preocupación por el supuesto “costo” de garantizar el derecho al aborto en las obras sociales. Es por eso que el Ministerio de Salud está realizando un estudio para ponerle números a la implementación de la práctica.
Por lo pronto, Tiempo accedió a un informe elaborado por la senadora chubutense Nancy González (FpV-PJ), según el cual la legalización del aborto implicaría una reducción del 43% de los recursos que actualmente destina el sistema de salud pública a atender complicaciones resultantes de abortos clandestinos.
Si bien Rubinstein ya expuso en Diputados las cifras sobre egresos hospitalarios por abortos que se producen en el país, el senador oficialista Esteban Bullrich sostuvo: “No creo en las cifras que dicen que la legalización del aborto reduce la mortalidad materna”. Desde el Ministerio aclararon que no responderán a las afirmaciones de legisladores de ninguna fuerza política, y anticiparon que los datos ampliados se conocerán cuando el ministro de Salud exponga ante el plenario, la última semana de julio.
Desde el despacho de González, quienes elaboraron el informe titulado “El costo del aborto inseguro” aseguran que “con la información oficial disponible es posible afirmar que la aprobación del proyecto de IVE implicaría una utilización más justa y eficiente del presupuesto de la salud pública”, y afirman que el costo para el sistema se reduciría, como mínimo, un 43% si el aborto fuese legal, seguro y gratuito, y un 55% si además el Estado produjera misoprostrol.
Según un análisis de la Encuesta Permanente de Hogares y del Ministerio de Salud, del total de los abortos que se realizan en el país cada año (estimado en 450 mil), el 35% corresponde a personas gestantes sin cobertura y que, por lo tanto, recurren al sistema de salud pública cuando sufren complicaciones. Eso permite estimar un total de 157.500 interrupciones voluntarias de embarazos de las que se haría cargo el Estado.
En base a estadísticas de algunas ciudades y muncipios (Rosario, San Martín y la Ciudad de Buenos Aires) y el conocimiento práctico de médicos y médicas que trabajan en instituciones de salud pública y aportaron su testimonio para el informe, se relevó que el 70% de las interrupciones legales de embarazos que se solicitaron por causales habilitadas fueron resueltas con medicamentos de forma ambulatoria, y otro 30% de los casos, con medicamentos más la técnica de aspiración manual endouterina (AMEU).
Al sumar los abortos que ya se practican y que por complicaciones terminan en el sistema de salud público, más los abortos no punibles tratados con distintos métodos, se estima que la práctica demanda como mínimo un total de 1077 millones de pesos, de los cuales un 79% corresponden a los costos de abortos clandestinos que requirieron internaciones en hospitales públicos.
Desde el despacho de la senadora, explican que “aun subestimando los costos de las internaciones, la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo implicaría, como mínimo, una reducción del 43%” respecto de lo que le cuesta hoy al sistema público solventar la atención posterior de las mujeres obligadas a abortar en condiciones no seguras.
“Además, el Ministerio de Salud de la Nación paga por los comprimidos de Oxaprost (la marca comercial del misoprostol) el mismo precio de venta para el público en general. Si el Estado nacional lo produjera, podría reducir un 50% el costo que actualmente paga por esta droga al único laboratorio que monopoliza su producción y comercialización. En este caso, el costo hospitalario total se reduciría en un 55%”, aseguran.
Desde el equipo de asesoras de González aclaran que para llegar a esa conclusión se estimaron, tanto los costos de internación en el sistema público de salud, como el de horas de trabajo médico. Ante la imposibilidad de calcular el costo de internación en hospitales públicos, se fijó un costo por hora laboral de 500 pesos para la atención de intervenciones ambulatorias en el caso de la AMEU, y un costo de internación de 3000 pesos por día para las pacientes que sufren complicaciones por abortos clandestinos. “Con estos montos intentamos demostrar que, aun subestimando los costos de las internaciones que podrían implicar cirugías, terapia intensiva y cuidados intensivos, los resultados son claros respecto de la conveniencia de garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito”, concluyeron.
Otro indicador que abona la necesidad de avanzar con una ley es que “desde la aplicación de los protocolos, ha descendido la cantidad de hospitalizaciones y cada vez más casos se resuelven de forma ambulatoria en el nivel de atención primaria (centros de salud) sin necesidad de acudir a hospitales. Esto demuestra que no sólo es más seguro y menos invasivo para las pacientes, sino también menos costoso para el sistema de salud”, abundaron. En el caso de Rosario, el 71% de los casos hoy legales se resuelven sólo con medicamentos en los centros de atención primaria, según el sistema automatizado de Internación del Área de Estadísticas de esa ciudad.
“Es erróneo pensar que hoy el Estado no destina recursos a la atención de abortos y que pasaría a destinarlos si se aprobara la ley”, destacan desde el despacho de la senadora chubutense. En efecto, más de 47 mil abortos inseguros provocan internaciones. Eso sin hablar de las 43 muertes por año que generan esas prácticas en la clandestinidad.
La legalización no sólo implicará salvar vidas sino también reducir la cantidad de internaciones con complicaciones y altos costos. «
“Hablar de gasto es despiadado y violento”
La senadora Nancy González criticó a los sectores que se pronuncian en contra del derecho al aborto por supuestas cuestiones económicas. “Hablar de gasto cuando está en juego la vida de miles de mujeres me parece, por lo menos, despiadado y violento”, sostuvo. Es por eso que desde su equipo elaboraron el informe sobre “El costo del aborto inseguro”.
-¿Las provincias van a sufrir costos adicionales por implementar la IVE?
–No, y, de hecho, según el informe que realizó mi equipo de trabajo, los costos se verían reducidos en un 43%, aun subestimando los costos de las internaciones en hospitales públicos. Los representantes de las provincias con mayor resistencia a la ley deberían prestar más atención a los números: en el norte del país, la cantidad de egresos hospitalarios por abortos está por encima del promedio nacional. También los embarazos adolescentes. Cuanto más grave es el estado de salud de la gestante, más elevado es el costo que demanda su atención sanitaria.
–¿Hay resistencia del sector privado al proyecto?
–Durante las investigaciones que realizó mi equipo para elaborar el informe, encontramos algunas publicaciones que aseguran que el negocio de los abortos clandestinos mueve cerca de 15 mil millones de pesos al año en la Argentina, producto de unas 350 mil mujeres que son atendidas por profesionales de la salud en consultorios ilegales. Por su parte, la industria farmacéutica (en este caso un único laboratorio que tiene el monopolio de la producción y comercialización de misoprostrol) vende una caja de 16 comprimidos a más de $ 2700 y genera al año unos $ 1235 millones. Ahora, pensemos que un aborto realizado en una clínica clandestina cuesta un promedio de $ 30 mil, esto representa 8,5 veces más dinero de lo que cuesta un aborto con pastillas para casos no punibles (ILE) en el sistema público de salud. La resistencia de las empresas privadas es lógica porque se les termina un gran negocio.
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