Desde que asumió Macri, el gobierno despidió a casi 4.500 trabajadores del Estado
La sangría de trabajadores en el Estado
Desde su llegada al gobierno en diciembre de 2015, Cambiemos despidió a casi 4500 trabajadores de empresas del Estado. La mitad, en los dos primeros años de gobierno, la otra en el último año y medio: desde 2017 el proceso de expulsión se aceleró, empujado por sucesivos ajustes. El acuerdo con el FMI, por el que el Gobierno se comprometió a reducir a cero para 2021 las transferencias que compensan los déficits operativos de las empresas públicas, puede duplicar la sangría.
Esta política de despidos –que este año dejó en la calle a trabajadores de Radio Nacional, Televisión Digital Argentina, Ferrobaires, Yacimientos de Río Turbio, Fabricaciones Militares, la Fábrica Argentina de Aviones y la semana pasada redujo al 40 por ciento la planta de la agencia de noticias Télam, con 357 despedidos– fue anticipada hace poco más de un año, en mayo de 2017, en un documento oficial titulado “Carta de Jefatura de Gabinete: empresas públicas para el crecimiento”, que adelantó la decisión del Gobierno de reducir las transferencias a las empresas públicas.
El informe deja a la vista que en los motivos que mueven a esta decisión al equipo de gobierno hay más de ideología que de racionalidad. Al repasar la historia de las empresas del Estado, el documento sostiene, por ejemplo: “En los ‘90 se inició un rápido camino de privatizaciones, urgido por corregir sus problemas de déficit e infraestructura”, un modo de describir lo que fueron las privatizaciones del menemismo que valora el proceso, omitiendo cualquier mención a su costo social y a la lección política derivada del convulsionado fin de siglo argentino.
El documento oficial fue publicado junto con un relevamiento sobre los despidos en las empresas del Estado realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Hernán Letcher, titular del CEPA, explicó que les interesó cotejarlo con el número de despedidos debido a que es un texto que adelantó las cesantías al defender la reducción de las transferencias de fondos públicos a las empresas estatales. La crítica a estas transferencias fue hecha “sin discriminar a qué estaban destinados los fondos”, sin desglosar “si correspondían a procesos de estatización (un caso es el de Aerolíneas Argentinas) o a la implementación de subsidios energéticos, como fue la función de Enarsa”.
En este sentido, la planificación del ajuste es muy ilustrativa: consiste básicamente en dos columnas de montos donde el objetivo evidente es su mero achique.
El informe fue resultado de la creación, en octubre de 2016, del Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas, integrado por los ministros de carteras accionistas de las empresas (Energía, Transporte, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicaciones y Defensa), dos miembros independientes (en abril de 2017, momento de su redacción, fueron Luis Mario Castro y Jorge Becerra) y los ex vicejefes de Gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Este Consejo se reúne periódicamente en Casa Rosada para seguir la evolución de 31 empresas públicas, discutir sus planes estratégicos y monitorear su desempeño.
El estudio del CEPA detalla que entre 2015 y 2016 fueron despedidas 2199 trabajadores de las empresas del Estado. En el mismo período ingresaron 763, por lo que la reducción fue de 1436 empleados. Estos números corresponden a datos oficiales.
En 2017 y hasta mayo de 2018, según un registro propio del centro de estudios, hubo otros 2264 despidos.
El CEPA hace, finalmente, una proyección debido a que, en el marco del acuerdo con el FMI, el Gobierno se comprometió a reducir a cero para 2021 las transferencias que compensaban los déficits operativos de las empresas públicas. Esto podría generar el envío de 10 mil telegramas de despidos más, advierte el estudio.
“Para llegar a este número se necesitaría realizar despidos en prácticamente todas las empresas estatales. Pero por otra parte, sería un recorte que implicaría sólo la reducción de entre 1800 millones de pesos – considerando salarios de 2016– y 3 mil millones –considerando salarios de 2018–. Es decir, si tomamos las transferencias a las empresas estatales en los niveles de 2016 (de 91.273 millones), semejante ajuste en la plantilla sólo permitiría una reducción de dichas transferencias en apenas el 2 o 3 por ciento”.
El número de 10 mil despidos es un ejercicio, un dato para mostrar, con su exorbitancia, a qué habría que llegar para que una reducción del personal de las empresas del Estado tuviera impacto significativo en sus presupuestos. “Aunque realizados con el argumento de reducir el déficit, los despidos en el sector público, y sobre todo en estas empresas en particular, no modifican esencialmente la matriz económica del déficit fiscal de nuestro país”, señaló Letcher. “Uno puede pensar por esto que se hacen por cuestiones básicamente ideológicas o, como pasó en los ‘90, como un ‘saneamiento’ que prepara el camino a una nueva ola de privatizaciones.”
Télam: cierran seis corresponsalías
Los despidos masivos de trabajadores ocurridos en Télam generaron el cierre de seis corresponsalías del interior del país, en perjuicio del carácter federal de la información de los medios públicos.
El brutal recorte que el actual directorio quiere imponer en la agencia nacional de noticias Télam, además de amenazar la fuente de trabajo de 357 empleados y sus familias, apunta contra el carácter federal de la información producida por este medio público.
El despido masivo del 40 por ciento de los trabajadores, del área periodística, administración y publicidad de Télam, que están reclamando la reincorporación, fue advertido como “un ataque al federalismo de la información de los medios públicos”, señaló la Comisión Gremial Interna.
Con la decisión del gobierno nacional, hay seis corresponsalías que no existen más para el Sistema Federal de Medios Públicos. Estas son de Formosa, Catamarca, Posadas (Misiones), Resistencia (Chaco), Viedma (Río Negro) y Rawson (Chubut).
El informe sobre el desmantelamiento de la agencia estatal de noticias fue presentado por el sitio Pulso Noticias en una nota titulada “Despidos en Télam: se agrava la incertidumbre en las provincias”.
Según se indicó en el documento mencionado, “hasta última hora del sábado se registraron un total de entre 45 despidos en las 27 corresponsalías provinciales, mientras que seis de ellas fueron totalmente desmanteladas, una situación alarmante para la pluralidad de voces.
También advirtieron que muchos trabajadores fueron anoticiados de los despidos a través del sistema de Home banking ya que de un día para el otro descubrieron depositada la indemnización, sin ningún aviso previo.
Al vaciamiento total de las seis corresponsalías mencionadas, se suma la situación de extrema vulnerabilidad en la que quedan otras 12 delegaciones periodísticas que quedaron con un solo cronista para dar cuenta de la vasta realidad de cada una de esas regiones.
Repudios
En La Pampa, el Sindicato de Prensa (Sipren) Zona Sur de La Pampa realizó el pasado viernes una manifestación frente al Enacom de Santa Rosa para pedir la reincorporación de los trabajadores despedidos.
La situación afectó a dos trabajadores pampeanos, el periodista Mariano Rodríguez Vega y el fotógrafo Julián Varela, que se sumaron a la lista de más de 300 empleados que perdieron su puesto de laboral.
El secretario general del Sipren, Milton Fernández, afirmó que “no se logra pluralidad de voces echando gente” y luego planteó al titular del Enacom local, Eduardo “Lipe” Helt, que “traslade a nivel nacional nuestra disconformidad con los despidos en Télam”.
“El Enacom tiene que fomentar el trabajo, el empleo, el pluralismo, la pluralidad de voces y de medios, pero los despidos que se están viendo atentan contra esa cuestión”, dijo el sindicalista, señalando que “fue atroz como Lombardi festejó una nueva Télam echando gente”.
Distintos sectores y organizaciones gremiales, sociales y políticas expresaron públicamente su repudio a la medida tomada por el gobierno de Cambiemos y reclamaron la reincorporación de los trabajadores que fueron echados sin motivos.
Diputados
En la Legislatura pampeana, los diputados Espartaco Marín, José González, del PJ, Eduardo Tindiglia de Nuevo Encuentro, Darío Hernández del Frente Renovador y Luis Solana (Partido Socialista-Frepam) presentaron un proyecto de resolución contra la medida.
“En este caso además se prueba que La Pampa no fue una isla, nuevamente las medidas de ajuste del gobierno nacional se sintieron en la provincia, donde le llegó el telegrama de despido a un periodista y un fotógrafo que se desempeñaban en la corresponsalía local de Télam, dejando una sola trabajadora como responsable de la agencia en La Pampa, por ende será menor en cantidad y calidad el flujo de información que desde aquí se emita”, se indicó en el proyecto de resolución.
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