El caso sudafricano desde la óptica argentina: usos y mitos – Por Marisa Pineau y Celina Flores
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Marisa Pineau* y Celina Flores**
El fin del apartheid planteó el problema de la convivencia entre víctimas y victimarios, y su resolución se vinculó estrechamente con el contexto político de entonces. A partir de la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la Argentina, políticos, intelectuales y editorialistas intentaron establecer comparaciones con el proceso sudafricano, sin tener en cuenta aspectos clave como la perspectiva histórica ni los magros resultados en términos de verdad y arrepentimiento por parte de los perpetradores.
El camino sudafricano
El fin del sistema conocido como apartheid en Sudáfrica convocó el interés de millones de personas en el mundo. Tras siglos de un sistema formal de discriminación política, social, económica y cultural de la mayoría de la población del país, la sociedad sudafricana emprendió un camino de integración nacional. En febrero de 1990 el gobierno del mismo partido que instauró el apartheid cuatro décadas antes, el Partido Nacional, liberó a Nelson Mandela, el preso político más famoso, y al mismo tiempo convocó a negociaciones para la instauración de una democracia multirracial y sin proscripciones. Comenzó entonces un proceso de negociaciones que desembocó en las elecciones de abril de 1994 con el triunfo del Congreso Nacional Africano y la presidencia de Mandela.
Este período de transición política no se desarrolló en un clima pacífico. Muy por el contrario, el ambiente era cada vez más violento. La posibilidad del estallido de una guerra civil era real, debido tanto a las intimidaciones ejercidas por sectores conservadores que no aceptaban abandonar sus privilegios como a enfrentamientos entre grupos que pugnaban por instalar sus futuros programas políticos. Se calcula que entre 1990 y 1994 murieron unas 14.000 personas por la violencia política.
Si bien fueron los diversos partidos políticos quienes encabezaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo democrático, las organizaciones de la sociedad civil desempeñaron un papel relevante en el proceso. Una de las más activas ONG fue IDASA (Instituto para una Alternativa Democrática en Sudáfrica), creada por dos ex diputados opositores al apartheid, Frederick Van Zylbert y Alex Boraine. Ambos contaban con una historia de promoción de acercamientos entre el empresariado blanco y los movimientos de oposición que estaban prohibidos en el país. Con el cambio en marcha procuraron allanar el futuro y se mostraron interesados por saber cómo otras sociedades habían enfrentado pasados traumáticos. Estaban al tanto obviamente de los tribunales de Nuremberg, pero se mostraron interesados por acercarse a otros casos fuera de Europa. Por la cercanía temporal en las transiciones políticas, Argentina y Chile fueron atractivos para sus fines. Con el objetivo de tener un conocimiento directo de esas experiencias, Boraine visitó ambos países y en 1994 IDASA organizó dos congresos (uno en conjunto con el Aspen Institute y “Dealing with the past”), en los que participaron invitados argentinos y chilenos. Esa vinculación se estrechó más con la visita de una delegación de políticos sudafricanos de primer nivel a Buenos Aires al año siguiente. Todas estas experiencias fueron insumos importantes a la hora de decidir qué opciones podría tomar la Sudáfrica post apartheid para lidiar con el pasado de desigualdad y violencia.
Sin embargo, fue la virulencia del contexto político y la extrema necesidad de que los opresores y oprimidos comenzaran a vivir pacíficamente y en pie de igualdad ante la ley como ciudadanos del mismo Estado, lo que llevó al nuevo gobierno de Sudáfrica a crear una Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) en la que se ventilaran los crímenes con motivación política cometidos por el Estado como por las organizaciones políticas que lucharon contra el apartheid entre 1960 y 1994. Boraine fue central en este desarrollo: fue vicepresidente de la CVR y el real ejecutivo de la labor de la comisión.
¿Por qué esa elección?
El gobierno de Mandela (1994-1999) se propuso sentar las bases para una nueva sociedad democrática que pudiera superar las estructuras del apartheid. Para crear el “país del arco iris”, como lo llamó Desmond Tutu, era necesario armar una arquitectura legal nueva que se basó en la ley de Promoción de Unidad Nacional y Reconciliación de 1995 (que creó la CVR) y, especialmente, en la nueva Constitución del país adoptada un año después. Con la idea de buscar un camino para una buena convivencia e integración, la primera buscaba presentar de manera pública y abierta a la sociedad la verdad sobre los delitos políticos cometidos con el fin de lograr la convivencia de víctimas y perpetradores. Para dejar atrás el doloroso pasado, se buscaba la sanación a partir del conocimiento y reconocimiento de los sufrimientos vividos durante el apartheid.
La historia de esta comisión no puede aislarse del conjunto de las negociaciones políticas de aquellos años. Hay que recordar que el fin del apartheid legal en Sudáfrica fue un acuerdo resultado de las negociaciones políticas entre los dos actores principales –el Partido Nacional y el Congreso Nacional Africano– donde no hubo derrotados. Si bien eran muchas las fuerzas a favor de una amnistía total, de olvido absoluto de los delitos cometidos durante el apartheid, como no hubo vencidos era difícil imponer esta idea cuando se pensaba en un nuevo horizonte, en la creación de “un sistema de gobierno que se proponía alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres de todas las razas”. En ese caso, ¿cómo plantear una convivencia futura de víctimas de delitos horribles con delincuentes y asesinos?
En ese contexto no había espacio para imponer el olvido total, pero tampoco para la opción Nuremberg. La Comisión debe pensarse como una respuesta creativa ante las diferentes fuerzas que imaginabancaminos distintos para el futuro de la nación. Se decidió combinar el proceso de otorgamiento de amnistía con un proceso de investigación que tuviera como resultado el avance hacia una verdad completa sobre casos individuales de abusos cometidos en el pasado; la verdad como una de las formas recomendables de reparación a las víctimas. La CVR puede ser vista como un intento de restaurar el equilibrio moral a partir de un proceso de amnistía, herencia del compromiso político de las negociaciones transicionales, y la creación de instancias de reconciliación que tuvieran a las víctimas como centro.
Algunos datos sobre la CVR
La Comisión estuvo organizada en tres comités. Uno se ocupó de las Violaciones a los Derechos Humanos y otro de las Reparaciones a las víctimas (ambos culminaron su trabajo en 1998). El tercero fue el de Amnistía, integrado principalmente por abogados vinculados al sistema judicial, que continuó hasta 2001. El presidente debía ser o haber sido juez.
Sin descartar la posibilidad de realizar juicios penales ordinarios, pero sosteniendo un frágil acuerdo entre las dirigencias políticas de los principales partidos, al decidirse por la creación de la CVR, el nuevo gobierno optó por una forma de amnistía que pretendía compensar las distintas posiciones. ¿Quiénes podrían solicitar la amnistía? ¿Qué condiciones había que cumplir para no ser llevado ante un tribunal?Todo aquel que hubiera cometido un crimen como parte de una organización política o del Estado era considerado un perpetrador y tenía la opción de solicitar la amnistía en forma escrita por cada delito cometido, siempre que hubiera ocurrido en el tiempo de duración previsto, que no fuera desproporcionado y que dijera toda la verdad. Las audiencias debían ser públicas, a menos que, a juicio del presidente y el comité, estuviera en riesgo la vida o la integridad física del compareciente.
Generalmente los solicitantes acudían a ellas con sus abogados.
Las víctimas, o sus familiares, cumplían un papel fundamental: podían presentarse en las audiencias a solicitar que el pedido de amnistía no fuera otorgado. En caso de una decisión afirmativa, el nombre de la persona y la información sobre el acto cometido debía ser publicado en el Boletín Oficial.
Antes del inicio del trabajo de la Comisión se iniciaron juicios penales a personal policial vinculado a grupos de tareas especiales. Se pretendía que la justicia ordinaria y la CVR se complementaran ya que, frente a la posibilidad de un proceso penal, se suponía que la solicitud de amnistía se vería como una opción por los perpetradores. Muchos perpetradores estuvieron paralelamente ante los tribunales y el comité de amnistía. Ambas presentaciones se podían dar en paralelo por el mismo crimen; en esas situaciones el proceso penal quedaba supeditado a la decisión sobre la amnistía.
Un dato llamativo a resaltar es que la mayor parte de las solicitudes de amnistía recibidas fueron crímenes cometidos bajo el estado de emergencia (1985-1989) y el período de transición política (1990-1994). La centralidad de estas denuncias evidencia que la memoria sobre el trauma con el que especialmente trabajó la Comisión fue aquella de los momentos de mayor violencia abierta, en términos de enfrentamientos entre el gobierno del apartheid y los diversos grupos armados opositores. Bajo este paradigma, la memoria más reciente centrada en la “violencia coyuntural” subsumió la violencia sistemática del día a día generada por la vigencia y aplicación de las leyes de segregación.
¿Quiénes fueron considerados víctimas?
En el volumen número VII del informe final, presentado formalmente al Parlamento en el 2003, se estableció que, si bien se pretendía hacer un tributo a todas aquellas personas que habían sufrido por las injustas políticas del apartheid, para el trabajo específico de los diversos comités fue utilizada la definición de víctima establecida en la ley original. Víctimas fueron aquellas que sufrieron secuestro, asesinato, trato deshumano en el marco de un crimen cometido por motivación política. La Comisión sólo consideró aquellos crímenes que resultaban ilegales bajo las leyes del apartheid (homicidio, tortura, etc.). Sin embargo, no consideró ilegal la estructura del sistema ni sus víctimas directas: no se tomaron en consideración las leyes de desplazamiento forzoso, las diferencias salariales de acuerdo con el grupo étnico y las restricciones a la libre circulación por el país a la mayoría de la población.
La tarea de la CVR terminó con un informe final de 7 gruesos tomos que tuvo muy poco impacto en la sociedad sudafricana, en parte porque fue publicado únicamente en inglés, cuando en el país hay 11 lenguas oficiales. En lo referente al proceso de amnistía recomendó el pase a la justicia ordinaria de 300 casos, los de aquellos perpetradores a quienes se les había negado la amnistía y a su vez la Comisión consideraba que había evidencia para acudir a los Tribunales. Pocos –menos de diez procesos– fueron los juicios que se desarrollaron desde ese entonces.Integrar el listado de las 21.000 víctimas implicaba la posibilidad de cobrar una reparación económica; hasta el día de hoy, menos de la mitad han logrado este derecho.
¿Desde cuándo se recurre al caso sudafricano en la Argentina?
En la Argentina, el interés por la vía sudafricana de tratar con su pasado traumático fue contemporáneo con su desarrollo en la década de 1990 para quienes formaban parte o estaban vinculados con organismos de derechos humanos. Pero se verifica un interés creciente en círculos políticos e intelectuales, surgido a partir de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2005, lo que llevó a la reapertura del proceso de justicia en relación con los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
Solo como ejemplos, se puede mencionar los viajes de algunos políticos a Sudáfrica para conocer en directo el caso sudafricano (como Elisa Carrió y María Eugenia Estenssoro en 2006), así como las dos invitaciones a nuestro país para dar conferencias públicas por parte del Ministerio de Cultura de la Nación a Charles Villavicencio, uno de los miembros de la CVR, en 2016 y 2017. En la prensa escrita, hay diversos editoriales del diario La Nación, en los cuales el caso sudafricano comenzó a ser mencionado como una “justicia sin venganza”. Desde el punto de vista académico son destacables las investigaciones conjuntas llevadas adelante por los argentinos Claudia Hilb y Lucas Martín junto con Phillippe Joseph Salazar, profesor de la Universidad de Ciudad del Cabo. Este equipo desarrolló distintos seminarios en ambos países para discutir sus investigaciones y algunos de sus resultados fueron publicados en inglés y en español.
Viniendo del campo de la Historia, en las evocaciones que desde la Argentina se hacen del caso sudafricano llama la atención justamente la ausencia de una perspectiva histórica para hacerlo. En estas miradas se presentan imágenes, fotografías, algunos documentos producidos por la CVR, pero está ausente un cuadro completo, una película de la experiencia sudafricana que tome en consideración las características distintivas del régimen del apartheid, de las formas en que se acordó su desenlace durante la transición y, quizá lo más importante, los resultados de esos desarrollos.
La salida del apartheid legal fue un proceso amplio y denso que tuvo como uno de sus ejes centrales el importante trabajo realizado en el tiempo de existencia de la CVR (1996-2001). La reconciliación que estaba entre los objetivos de la Comisión también se buscó en otras instituciones como, por ejemplo, en las nuevas fuerzas armadas. En ellas se integraron las viejas fuerzas armadas nacionales –las de los tiempos del apartheid– con los combatientes de las organizaciones armadas opositoras.
Sorprende también que se magnifique el grado de verdad sobre el pasado traumático alcanzado en Sudáfrica. Muchas veces se ha mencionado que, en la Argentina, el juzgamiento a las juntas militares por el gobierno de Raúl Alfonsín y, sobre todo, la condena de Adolfo Scilingo en España por su participación en los vuelos de la muerte, obturaron la posibilidad de que los militares hablaran y contribuyeran a producir verdad y a buscar el arrepentimiento.
Durante los dos años de audiencia de la Comisión, la palabra la tuvieron las víctimas. Más de 20.000 personas se acercaron a contar sus historias. Pero de los 7.115 casos de pedidos de amnistía (muchos fueron realizados desde la cárcel por presos que habían cometido delitos comunes), solo 1.701 fueron considerados con motivación política. En términos de las principales fuerzas políticas, casi 1.200 de los mismos fueron de miembros del Congreso Nacional Africano, mientras que 289 fueron de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. De todos ellos, sólo 849 dijeron una “verdad” que pudo ser comprobada.
Fueron pocos los funcionarios del Estado que declararon ante la CVR. Ningún general ni ningún miembro de los servicios de inteligencia se presentaron ante la comisión. El funcionario de cargo más alto que compareció para solicitar amnistía fue el ministro de Ley y Orden Adriaan Vlok. Su caso se hizo famoso no solo por su investidura sino porque fue uno de los únicos perpetradores que pidió perdón y dio señales públicas de arrepentimiento.
Esa dificultad de conocer los hechos pasados (si tomamos esto como sinónimo de verdad) se debió también a la ausencia de archivos de la época del apartheid: el gobierno del Partido Nacional decidió la destrucción de muchos registros oficiales antes del cambio. Podríamos decir que la verdad sobre el pasado que se generó en Sudáfrica fue social: se creó sobre todo a partir de los testimonios de las víctimas, quienes por primera vez pudieron hablar en público exponiendo sus sufrimientos.
Usos y mitos: devolverle a Sudáfrica su historia
Las transiciones políticas de la Argentina y de Sudáfrica presentan puntos de encuentro, pero también grandes diferencias. La Argentina, saliendo de una larga historia pendular de golpes y democracias nominales, con un problema angustiante en relación con el plan sistemático de represión y desaparición de personas implementado por la última dictadura militar, con unas fuerzas armadas vigentes pero debilitadas y un acuerdo de las diferentes fuerzas políticas sobre la necesidad de construir cimientos sólidos para una democracia a largo plazo.
La transición sudafricana, por su parte, implicó en lo más profundo la fundación de un nuevo Estado producto de la desestructuración de un sistema legal de segregación racial implementado oficialmente desde 1948, pero vigente desde siglos antes. Los diversos grupos sociales debían comenzar a verse representados bajo una misma bandera, y un Estado que les garantizara su condición de ciudadanos. Sin lugar a dudas, la violencia política fue un elemento presente sobre todo en los últimos años y fue el foco principal de las negociaciones políticas entre 1990 y 1994. El saldo de muertos y desaparecidos fue alto; sin embargo, los pasos fundacionales tienen más que ver con la inclusión de todos los sectores en pie de igualdad en la nueva comunidad política. Es dentro de este marco que deben pensarse los objetivos de la Comisión de Verdad y Reconciliación.
La analogía en el análisis social, la operación de mirar otros casos es adecuada, pero hay que poner cuidado a la hora de extrapolar historias y experiencias. Si es válida la afirmación de que en la Argentina “seguimos lidiando con las consecuencias de nuestro pasado”, también lo es para Sudáfrica. Hasta el día de hoy muchas familias siguen reclamando saber qué pasó con sus padres, madres, hijos, maridos. La familia de Ahmed Timol, un joven maestro comunista muerto en 1971, consiguió en 2017 una sentencia judicial que admitiera que no se había suicidado en prisión, sino que había sido asesinado por miembros de las fuerzas de seguridad estando bajo custodia. Aun cuando su caso había sido parte de las audiencias de la CVR.
(*) Profesora de Historia (UBA) y Maestra en Estudios de África (El Colegio de México). Se desempeña en la UBA como Profesora Titular Regular, Coordinadora de la Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África e investigadora del IDECU (UBA/CONICET)
(**) Profesora de Historia (UBA) y Master en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (UBA). Se desempeña como docente en las cátedras sobre historia de África de la UBA y es coordinadora del área de archivos de Memoria Abierta