El trabajo de científicos argentinos para identificar desaparecidos en el mundo
“Durante 14 años, todos los días salgo a buscar a mi papá. Es el pan de cada día de nosotros los familiares encontrar alguna pista o saber qué fue lo que pasó, en dónde están”. Marcela Granados. Colombiana. Busca a su padre desaparecido desde el 11 de marzo del 2003.
“Hacia 1983, mi hijo dormía tranquilo en mi casa. Pero en la madrugada del 3 de julio el Ejército entró a mi casa, lo levantaron y lo sacaron afuera. Yo fui tras de ellos gritando, los alcancé en la puerta y les dije: ‘¿Por qué se llevan a mi hijo?’. ‘Solo conversaremos’, me dijeron y se lo llevaron. Desde aquel día caminé por todos lados buscando a mi hijo, pero nunca lo encontré”. Mamá Angélica. Peruana. Busca a su hijo desde el 3 de julio de 1983.
“Durante un mes y diez días estuvimos sin comida (…) Nunca pensamos que llegaría este momento, pero Dios lo hizo posible”. Gloria Dame. Nigeriana. Secuestrada en la aldea nigeriana de Chibok en 2014 y liberada en 2016.
Colaboración. Escenarios de los más cruentos crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, en Colombia, Perú y Nigeria cuentan con largas listas de personas desaparecidas. En su lucha por la verdad y la Justicia, impulsada por familiares de víctimas y organizaciones sociales, Colombia y Perú cuentan con el asesoramiento técnico del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a través de los proyectos de Cooperación Sur–Sur que llevan adelante las cancillerías de varios países de América Latina. Además, los organismos argentinos mantienen relaciones con organizaciones de la aldea nigeriana de Chibok, que sufrió el secuestro de más de 200 niñas en 2014.
En diálogo con PERFIL, la directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, resaltó la importancia de esta colaboración internacional: “La ciencia trasciende fronteras, no es de un país. Toda Latinoamérica se vio atravesada por genocidios, delitos de lesa humanidad y desapariciones forzadas de personas. No podemos ser egoístas en el know how que tenemos para ayudar a avanzar en estas cuestiones”.
Por su parte, el director del EAAF, Luis Fondebrider contó que el organismo colabora con el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur (FOAR) desde 2001 y ya participó en colaboraciones con 12 países. “Nosotros compartimos con los colegas de todo el mundo nuestra forma de analizar casos de restos óseos (huesos o dientes) en diferentes procedimientos de extracción, que tienen que ver con ADN nuclear, ADN mitocondrial, estadísticas de resultado y cómo se integra todo ese material en el proceso de identificación de un cuerpo”, detalla.
Colombia. Luego del asesinato del candidato a presidente Jorge Eliécer Gaitán en 1954, Colombia ha sido escenario de múltiples violaciones a los Derechos Humanos por parte de diversos grupos a lo largo de 70 años. Los crímenes perpetrados por la violencia partidista de la década del 50, los grupos guerrilleros como las FARC’s y el M19 que se gestaron en los 60, el narcotráfico y los grupos paramilitares de los 70 y 80 y el propio Estado Nacional durante los dos períodos presidenciales del gobierno de Alvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010), culminaron con la desaparición de alrededor de 70 mil personas.
La Fiscalía General de la Nación, El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Policía Nacional del gobierno colombiano reúnen a destacados investigadores. A su vez, dos de los hitos más importantes en materia de Derechos Humanos fueron la sanción de la Ley de Justicia y Paz (975) de 2005 y la reglamentación de la Ley de Homenaje a las Víctima de Personas Desaparecidas en Colombia (1408) en 2011, que posibilitó la creación del Banco de Perfiles Genéticos de De-saparecidos en Colombia, una base de datos que contiene los perfiles genéticos obtenidos a partir de las muestras biológicas recuperadas de los restos humanos de las personas de-saparecidas y de los familiares cercanos a las víctimas.
La investigadora de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Colombia, Yenny Esperanza Martínez González, contó a PERFIL cómo surgió la relación de cooperación con los organismos argentinos. “Colombia necesita conocer los desarrollos argentinos en ADN mitocondrial y los procesos de intervención forense y exhumaciones en campo abierto, ya que nuestras víctimas aparecen enterradas en fosas comunes o en espacios cerrados como cementerios”, explicó. Al mismo tiempo, el gobierno colombiano asesora al BNDG en la certificación y acreditación en la norma internacional ISO 17.025, que establece los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración.
Es importante destacar que la sanción de la Ley de Justicia y Paz permitió la desmovilización de los grupos paramilitares de ultraderecha, como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUF), cuyos representantes brindaron información del paradero de miles de cadáveres. “Los cuerpos se encuentran en fosas de todo tipo, a veces en ríos, descuartizados e incluso incinerados. A partir de la sanción de la ley se han recuperado cerca de siete mil cuerpos, de los cuales la mitad ya están identificados”, destacó Fondebrider.
Finalmente, Martínez González atribuye estos avances a la lucha incansable de las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada en Colombia, como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y Madres de la Candelaria. “Son ellas las que realmente hacen el impulso para lograr que se genere dentro del Estado el compromiso de encontrar a nuestros desaparecidos”, fundamentó.
Desde 2017 la cooperación Sur-Sur Triangular entre el BNDG y los Institutos de Ciencias Forenses en Colombia ha sido declarada de interés por parte de la Comunidad Económica Europea. Hoy se encuentra en la etapa de sumar expertos en ciencias forenses europeos para participar en las capacitaciones.
Perú. Entre los años 1980 y 2000, los enfrentamientos entre el Estado nacional y Sendero Luminoso dejaron un tendal de decenas de miles de muertos y según el Listado Base del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade), de la Dire-cción General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, la cifra de desaparecidos asciende a 20.329.
Recién el 22 de junio del 2016, durante el gobierno de Ollanta Humala, se promulgó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas Durante el Período de Violencia (1980-2000).
Al respecto, el biólogo del Laboratorio de Biología Molecular y de Genética del Ministerio Público de Perú, Edgardo Delgado Ramos, se refirió al trabajo que están llevando adelante: “Apoyamos las investigaciones fiscales que se están realizando y tenemos como finalidad desarrollar una base de datos genéticos que nos va a facilitar la identificación de las personas desaparecidas”.
La directora del BNDG contó que junto al EAAF están colaborando en el asesoramiento del personal peruano del Ministerio Técnico: “los profesionales peruanos visitan nuestros bancos genéticos y participan de entrenamientos en técnicas de extracción de ADN a partir de restos óseos y análisis de ADN mitocondrial. “A diferencia de Colombia, en Perú brindamos un asesoramiento bien práctico, porque ellos están empezando ahora a trabajar en el manejo de estas técnicas”, dice Herrera Piñero.
Nigeria. El 14 de abril de 2014, el grupo fundamentalista islámico Boko Haram secuestró a 276 alumnas de un colegio femenino de la aldea de Chibok (situada en el estado de Borno al norte de Nigeria), de las cuales más de cien permanecen desaparecidas. A diferencia de los casos de Perú y Colombia, la cooperación entre los organismos argentinos y el pueblo de Nigeria se realiza directamente con los organismos que nuclean a los familiares de las víctimas, dado que el gobierno nigeriano se niega a reconocer los secuestros.
Como agravante, Boko Haram tiene como metodología terrorista la inmolación de personas secuestradas en edificios públicos, por lo que existe la sospecha de que algunas de las niñas hayan sido víctimas de explosiones. “Cuando nos visitaron, los familiares tenían la necesidad de saber cómo las organizaciones argentinas como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo habían mantenido la lucha durante tantos años respecto a sus desaparecidos. Por otro lado, también querían conocer los aspectos científico-técnicos para la identificación de cuerpos y para el establecimiento de las bases de datos de referencia”, concluyó Herrera Piñero.
Argentina. Creado por la Ley 23.511 en el año 1987, gracias a la lucha incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo, el BNDG ya ha restituido la identidad de 127 nietos de los aproximadamente 500 que fueron expropiados durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. El organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología es pionero en el desarrollo de la genética forense y ha sido distinguido recientemente con el Premio Konex 2018 en la categoría Entidades de Investigación Científica y Tecnológica.
Al mismo tiempo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que fue creado en el año 1984 por el célebre científico norteamericano Clyde Snow, es una organización civil sin fines de lucro que se ocupa de la identificación de cuerpos de personas de-saparecidas durante la última dictadura y colabora en forma activa en la datación de cadáveres en todo el mundo.
El EAAF y el caso Maldonado
El EAAF tuvo un rol destacado en la investigación del caso Maldonado: participó a fin de resguardar la cadena de custodia y reasegurar las medidas del traslado del cuerpo de Santiago. Para ello, dos miembros del equipo viajaron desde San Carlos de Bariloche hacia Esquel, trabajaron en la identificación del cuerpo hallado en el río Chubut y determinaron si se trataba de Santiago Maldonado.
Carlos Somigliana y Mariella Fumagalli fueron los encargados de las operaciones técnicas y científicas y fueron asistidos por buzos de los Bomberos Voluntarios de Trelew. Ellos inspeccionaron el lecho del río y también determinaron la profundidad en el lugar exacto –y en las inmediaciones– donde fue hallado Santiago Maldonado.
Todo este proceso fue posible gracias a un convenio firmado entre la organización y la Procuración General de la Nación, el 27 de abril de 2015.
Sin embargo, a casi un año de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, pocos parecen ser los avances. En la causa, caratulada aún como “desaparición forzada”, para el Gobierno se trató de un “ahogamiento a-ccidental”. Pero para la familia Maldonado y los organismos de Derechos Humanos, que integran algunas de las querellas, está muy complicado llegar a conocer las causas que desataron la tragedia.