La Antártida, un laboratorio geopolítico
La Antártida, un laboratorio geopolítico
Por Mariano Memolli*
La Antártida ha sido un gran laboratorio de diversas disciplinas y en especial para la política internacional, al crear un sistema de administración para un continente diferente a todo lo conocido.
En este sistema, la actividad científica, la protección ambiental y el soporte logístico de cada país son una señal muy clara del interés por ese continente.
Por eso debe entenderse que las medidas recientes que el gobierno argentino presenta como un avance en la relación con Gran Bretaña, son en realidad un retroceso.
La mecánica de poder del Atlántico Sur y por ende sobre la Antártida, está atravesada por una trama de intereses estratégicos estatales, y también por la dinámica de la economía y las finanzas. Detrás de la cortesía unilateral argentina en materia de pesca y turismo, hay actúan fuerzas y actores con expectativas comerciales y financieras muy concretas.
La desinversión en bases antárticas, el abandono de proyectos internacionales de investigación, debilita la capacidad de control en este espacio geopolítico que, luego de la tragedia del ARA San Juan, aprendimos que se encuentra reticulado, sembrado de sensores e integrado en una dinámica compleja de intereses.
Esta cadena de decisiones políticas debilitan la posición argentina, desairando a países de la región que acompañaron nuestros reclamos soberanos hasta ayer nomás, y consolidando el statu quo.
En escenario, la investigación científica, sostenida por la logística de las Fuerzas Armadas, es fundamental desde el punto de vista diplomático.
La ciencia llega a ser central la toma de decisión política de los Estados firmantes del Tratado Antártico.
El Tratado Antártico data de la década del ’50. Fue creado para frenar el avance de la guerra fría, tomando a la ciencia como “el motor” de la confianza y cooperación internacional.
Esa herramienta de gobernanza es la que hasta el presente sigue resolviendo temporalmente el problema de las pretensiones territoriales y que dio lugar a la creación de lo que hoy se conoce como Sistema del Tratado Antártico: Este se funda en el Comité para las Investigaciones Científicas Antárticas (SCAR), una Convención para los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), el Comité de Protección Ambiental (CPA) y el Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP).
Hoy estamos por ingresar en la cuarta etapa del desarrollo del sistema antártico.
La primera etapa fue la de dotarse de capacidad logística para poder llegar hasta las costas del Continente Blanco, para luego para mantener instalaciones permanentes que validen los reclamos territoriales. En esto Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelandia y el Reino Unido han destacado.
Estados Unidos y Rusia (heredera de la tradición antártica de la URSS) si bien no reclaman, ni reconocen ningún derecho territorial, se reservan realizar su reclamo en cualquier momento.
La segunda etapa fue la conquista. Permanecer en bases que facilitaran sostener la territorialidad de los países interesados. La tercera etapa, que se acaba de cerrar, es la de la afirmación soberana del conocimiento científico y de los datos propios.
Esa es la razón por la que los países centrales en este sistema desarrollan un enorme despliegue de proyectos científicos y muestran el cuidado ambiental como un logro de la gestión logística.
El Reino Unido decidió dar un enorme impulso a los proyectos científicos y de protección ambiental no sólo en la Antártida sino también en Geogias y Sandwich del Sur, localizadas en aguas subantárticas. Zonas donde no rige el Tratado Antártico, aunque sí llega el control de pesca y la vigilancia ambiental por intermedio de la CCRVMA, dónde la opinión del Comité Científico es fundamental para las cuotas de captura.
La cuarta etapa presenta complejidades propias de la incertidumbre estratégica.
El Comunicado Conjunto de entre Argentina y el Reino Unido firmado por los cancilleres Foradori y Duncan en 2016, nos llevó a la antesala de una nueva era. Hace pocos días, la diplomacia argentina misma solicitó a Brasil que cotice un vuelo directo desde San Pablo a Malvinas, en el marco de la misma estrategia.
Los puntos de especial interés de este comunicado, que funciona como acuerdo, para “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”, se constituyó en la hoja de ruta estratégica del Atlántico Sur.
Desde ese momento se incrementó la prospección petrolera en el área norte y este de las Islas Malvinas, las investigaciones pesqueras comenzaron a ser conjuntas con Gran Bretaña y los proyectos científicos nacionales perdieron presupuesto.
La alternativa a la crisis presupuestaria de la Argentina fue un convenio con el British Antarctic Survey para utilizar las instalaciones y medios británicos.
Los acuerdos científicos deben realizarse en un pie de igualdad, caso contrario el rol de los investigadores nacionales pasa a ser el de meros colaboradores de los autores principales del proyecto británico. De esta forma se desdibuja la presencia nacional cimentada en más de cien años de historia.
Flujograma de fondos de inversión
Las empresas de prospección petrolera en Malvinas, como las fusionadas Rockhopper y Falkland Oil and Gas, cuyos accionistas, entre otros, son el JP Morgan, HSBC, Loyds TBS, Barclays, Morgan Stanley, Black Rock, son el subtexto de la retracción estratégica de la argentina en el tablero del Atlántico. Quienes rescataron las Lebacs apenas dos meses atrás, son los que imponen las nuevas reglas del juego.
Ese es el interés de las corporaciones por la zona austral y en el sistema geopolítico en torno a la logística marítima.
Hay indicios de que esta red de inversores e intereses empuja para que se abra un debate por la prospección de minerales (incluido el petróleo y agua) y la pesca en la Antártida en un futuro cercano.
Ese momento será un cuarto estadío en la Antártida, el de la explotación. El rol del conocimiento científico será central para establecer las pautas de explotación y la vigilancia ambiental que deberá realizarse.
Sin inversión en ciencia ni en los medios necesarios para sostener la presencia en la Antártida, es decir sin una Fuerzas Armadas en condiciones materiales de brindar ese apoyo, la Argentina podría resignar su derecho soberano, perdiendo el acceso a los recursos naturales que legítimamente le corresponden y sobre el control ambiental que debe realizarse.
*Jefe de la Base Científica Carlini, ex Jubany (1990 y 1991), Director Nacional del Antártico (2003-2016) y docente de la Universidad Nacional de Lanús
VOLVER