México: 138 periodistas fueron asesinados entre 2000 y 2018, según informe de la CNDH
Notas sobre el tema
CNDH dio a conocer un informe sobre la violencia que viven los periodistas y reporteros en México
En el marco de la campaña “Con violencia no hay libertad de expresión” la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dio a conocer un informe sobre la violencia que viven los periodistas y reporteros en México, entre el año 2000 y marzo de 2018, 138 periodistas han sido asesinados en México, de los cuales 14 son mujeres.
¨Es tan solo una parte del complejo panorama que enfrentan los derechos humanos, crítico panorama… Nuestro país demanda acciones urgentes”. Luis Raúl González Pérez/presidente CNDH
“La muerte y la desaparición de un periodista cambia todo el entorno , y eso es lo que nos han ido robando y eso es lo que no hemos ido peleando”. MARÍA IDALIA GÓMEZ/ DIRECTORA EDITORIAL “EJE CENTRAL”
La campaña busca visibilizar los riesgos que enfrentan los comunicadores en el país, evidenciar la relevancia de las actividades que desempeñan, así como la necesidad de que se les proteja y brinden las condiciones idóneas para ejercer.
Integrantes del gremio y defensores de derechos humanos, señalan que las autoridades no les interesa atender los homicidios de los reporteros y periodistas, al contrario, intentan relacionar a las víctimas con los victimarios para justificar los asesinatos, normalizando la impunidad.
Un chaleco de papel para acabar con la muerte de más periodistas
No es un chaleco de color negro o azul marino como los que comúnmente usan las fuerzas de seguridad. Tampoco está fabricado con tejidos de fibras especiales como los que en los últimos años ha desarrollado la industria armamentística. Es blanco, en su interior lleva papel periódico con notas de homicidios de periodistas y en el centro tiene una mancha de sangre.
La ‘sangre’ es simulada, en realidad se trata de pintura roja con los nombres de los cientos de representantes de medios de comunicación muertos en los últimos tres sexenios en México. 118 para ser exactos, hasta julio de 2018, según cifras de la organización Article 19.
Si bien el chaleco tiene la capacidad de absorber proyectiles a gran velocidad y ha pasado por pruebas balísticas rigurosas, el objetivo de su elaboración no es hacer producciones a gran escala, sino recordar a la sociedad que “las balas nos tocan a nosotros también cuando se dispara a un periodista, cuando se mata nuestro derecho a la información”, comenta Ana Cristina Ruelas, directora Regional de Article 19.
La idea original de este proyecto es de Manuel Camacho, de la agencia de comunicación La Doblevida.com, quien en una visita el año pasado al Festival de Cannes se percató que muchas de las personas que ahí acudían apoyaban proyectos sociales en sus países de origen, lo que le despertó la inquietud de impulsar algo similar en México.
“Muchas empresas buscan impulsar iniciativas contra el calentamiento global, por ejemplo, pero nosotros vimos la necesidad de poner el dedo en un tema que es tan recurrente, que se pulveriza y pareciera ya no impresionar más: la muerte de periodistas”, señala Manuel Camacho.
La del chaleco no fue la única idea que el ejecutivo de La Doblevida.com pensó junto con su equipo de trabajo a su regreso del Festival de Cannes. Se analizó también la posibilidad de desarrollar una plataforma que conectara a los periodistas, una alarma que pudiera enlazarlos, pero “al final lo que terminó sucediendo era que no llegábamos a una cosa que concentrara la atención de lo que estaba sucediendo”.
Fueron dos meses de trabajo desde los primeros prototipos. La investigación para dar con un chaleco que resistiera balas con papel periódico como se proponía se llevó a cabo fuera de México con una empresa especialista en temas de seguridad. Y cuando lograron los resultados deseados, su buscó a un aliado comprometido con el tema de la libertad de expresión para lograr la resonancia deseada. Ese aliado fue Article 19.
“(La iniciativa del chaleco) fue una grata sorpresa —menciona la directora Regional de Article 19—. Hace falta reconocimiento de la violencia hacia la prensa. Su mayor efecto ha sido en la libertad de expresión, que deja ver un divorcio entre la sociedad y los periodistas”.
El problema en que deriva este divorcio, considera Ana Cristina Ruelas, es que existen hoy en México “muchas zonas de silencio”, refiriéndose a esos municipios o entidades donde la prensa prefiere ya no abordar temas importantes para las comunidades por temor a ser asesinados.
Y sin periodismo es muy difícil que se tenga una sociedad informada, lo cual atenta contra la democracia, pues “entre más conozcan los ciudadanos de su realidad, más desarrollada será la sociedad y más capacidades tendrá de participar de las decisiones”.
“De esta forma el mensaje con el chaleco es muy fuerte, porque ahorita son balas, pero la palabra no tiene que estar sujeta a otro tipo de obstáculos, tendría que estar siempre protegida”, dice la representante de Article 19, para quien si no hubiera existido información previo a las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio, “no se estaría yendo el PRI”.
‘Palabras a prueba de balas’, como se le conoce a esta iniciativa, ha sido impulsada por actores, músicos y miembros de la sociedad civil. El proyecto se ha difundido mediáticamente en otros países como Italia, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia. Incluso, “un día se comunicó con nosotros alguien de Nicaragua para pedir que les hiciéramos llegar chalecos para los periodistas que cubren la difícil situación en el país centroamericano, pero le dijimos que este chaleco es un símbolo y que en realidad los periodistas no tendrían que utilizar algo como esto para ejercer su labor”, comenta Ana Cristina Ruelas.
Tema para agenda de AMLO
Del total de asesinatos de periodistas en México de 2000 a la fecha, el 99.6% están impunes. En el sexenio que está por concluir, donde se tienen registrados 45 homicidios, fue el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, en Sinaloa, el 15 de mayo de 2017, lo que volvió a poner en la agenda pública este tema.
“Fue la primera vez que Peña Nieto salió a decir ‘no se mata la verdad matando periodistas’ en rueda de prensa. Sin embargo las acciones posteriores fueron nulas”, dice Ana Cristina Ruelas.
Bajo las circunstancias de la llegada de una nueva administración a la Presidencia de México, tanto la directora Regional de Article 19 como Manuel Camacho ven una nueva oportunidad para hacer de éste un tema de agenda de gobierno. Incluso, ya tuvieron un acercamiento con el equipo de Olga Sánchez Cordero, propuesta por Andrés Manuel López obrador como secretaria de Gobernación, y esperan que a partir de estas primeras aproximaciones se construya una relación que dé más frutos para proteger a los periodistas en México.
“Lo importante es empezar reconociendo que el Estado mexicano es el mayor agresor de la prensa en México, no el crimen organizado como lo dice Peña Nieto, y el Estado no se investiga así mismo”. Cifras de Article 19 indican que 48% de las agresiones cometidas a periodistas son cometidas por agentes del Estado.
“El proyecto del chaleco no es más que una semilla, una semilla que hay que empezar a regar, regar, regar y regar para que el mensaje llegue a más gente; crecerlo. Que la gente defienda sus medios. Los movimientos más grandes en el mundo han sido por la sociedad, no por los gobiernos”, concluye el ejecutivo de La Doblevida.com
México: recomendaciones de Amnistía Internacional a López Obrador
Amnistía Internacional (AI) se ha puesto en contacto con el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien tomará posesión el próximo mes de diciembre de 2018, para hacerle entrega de un memorándum con observaciones y preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en México, y una serie de recomendaciones concretas con la intención de influir en los planes y acciones del nuevo gobierno para resolver la crisis de derechos humanos que enfrenta el país.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México
“México y el mundo están a la expectativa de que este nuevo gobierno asuma el reto de acabar con la profunda crisis de derechos que vive el país”, ha asegurado la organización. “El cambio que México necesita requiere que el presidente electo y su equipo coloquen la agenda de derechos humanos como prioridad en las decisiones gubernamentales y revisen aquellas políticas públicas y leyes que hoy representan una amenaza para los derechos de todas las personas”.
A pesar de algunos avances legislativos e institucionales puntuales en los últimos años, subsisten serios obstáculos en relación con cuestiones como el acceso a la justicia, las desapariciones forzadas, los derechos de los pueblos indígenas, la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la violencia de género contra mujeres, niñas y personas LGBTI, los abusos sufridos por personas migrantes y refugiadas, la fallida estrategia de seguridad pública, y el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos.
Las fuerzas armadas, un gran problema
Han pasado ya más de diez años desde que México encomendara a las fuerzas armadas aspectos esenciales de la seguridad pública en todo el país como una respuesta a la delincuencia organizada y al tráfico de drogas ilícitas, autorizándoles a actuar como agentes encargados de hacer cumplir la ley, en clara contradicción con el derecho internacional. En todos estos años, las fuerzas armadas han podido actuar con gran autonomía y sin necesidad de coordinación ni subordinación directa a la autoridad civil.
Esta política pública, desde la perspectiva de Amnistía, no ha logrado reducir la delincuencia ni la violencia en el país. De hecho, al contrario, se ha registrado un aumento en los principales indicadores de violencia, y ha sido ese precisamente el marco en el que se han cometido crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos: tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Asimismo, opinan que en México los cuerpos de policía carecen en general de elementos técnicos y recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones de forma adecuada. Además, las detenciones arbitrarias son generalizadas y es común la violación de las garantías del debido proceso en el tratamiento de las personas y de la evidencia por parte de la policía. Para resumirlo, numerosos integrantes de los cuerpos de policías en el país han sido responsables de crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos. La consecuencia de ello ha sido, como norma, la impunidad de tales conductas.
Por todo ello, recomienda a las nuevas autoridades lo siguiente:
En relación a la política de control de drogas ilícitas: Reorientar la política de control de drogas, pasando de un enfoque de militarización y uso de la fuerza pública, a uno basado en la protección de los derechos humanos de las personas, incluido el derecho a la salud, tomando en cuenta el devastador coste que en los derechos humanos tienen los métodos actuales.
En relación a las fuerzas armadas:
• Presentar al Congreso de la Unión una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior.
• Poner fin al papel de las fuerzas armadas en el desempeño de funciones de seguridad pública a través de su retiro ordenado, y del fortalecimiento, la capacitación y la supervisión adecuados de las policías civiles.
• Solicitar al Congreso de la Unión modificar el marco legal para garantizar que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional perpetrados por miembros de las fuerzas armadas, independientemente del carácter civil o militar de la víctima, sean investigadas, procesadas y juzgadas adecuada y exclusivamente por las autoridades judiciales civiles.
En relación a la policía:
• Someter al Congreso de la Unión una iniciativa para adoptar una ley sobre el uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
• Establecer un registro de detenciones de ámbito nacional, unificado y consistente, con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, con el objetivo de reducir las detenciones arbitrarias.
• Reconocer la labor de la policía, y garantizar la vigencia de todos sus derechos laborales y, en consecuencia, presentar una iniciativa para la reforma del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política, que impide que policías indebidamente separados de su cargo puedan ser reincorporados al servicio.
• Fortalecer las capacidades técnicas de los cuerpos de policía de todo el país, dotándoles de recursos financieros adecuados, herramientas, capacitación y condiciones laborales que garanticen el ejercicio de sus funciones.
En relación a los crímenes de derecho internacional y las graves violaciones de derechos humanos:
• Proveer, sin demora, la suspensión con respeto a estándares internacionales de cualquier agente del estado —con independencia de su rango— sospechoso de estar implicado en graves violaciones a los derechos humanos, hasta que se realice una investigación imparcial e independiente.
• Garantizar que ningún funcionario público que sea hallado responsable de dichas violaciones sea empleado en otras instituciones de seguridad pública o de justicia.
• Adoptar un registro de desapariciones con información pertinente y suficiente, que registre todos los incidentes tanto de desaparición forzada como de desaparición perpetrada por agentes no estatales — incluidos los de décadas pasadas— y que sirva como instrumento de supervisión, evaluación y diseño de estrategias y políticas públicas en materia de desaparición de personas.
• Garantizar en la práctica la aplicación adecuada de las leyes generales sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y sobre desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
• Avanzar con diligencia en el diseño del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Registro Nacional del Delito de Tortura previstos en la ley de la materia, teniendo en consideración el parecer de las organizaciones de la sociedad civil.
Fortalecer la procuraduría de Justicia
Amnistía ha observado las importantes reformas del sistema de procesamiento penal que permitieron la instauración de un sistema penal acusatorio en México. Sin embargo, las frecuentes deficiencias en la investigación de los delitos, en especial de los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, y la casi absoluta impunidad que persiste en el país, ponen en riesgo la capacidad de tales reformas de impactar positivamente en el disfrute de los derechos humanos de la población
Para revertir esta situación, la organización recomienda a las nuevas autoridades:
En relación a la lucha contra la impunidad:
• Asegurar que cualquier ley de amnistía que llegue a adoptarse, si fuera el caso, se adecue al derecho internacional y, en particular, que no beneficie a las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional –incluyendo crímenes de lesa humanidad– o graves violaciones de derechos humanos.
• Tipificar internamente todos los crímenes de derecho internacional que el estado mexicano se ha comprometido a reprimir a través de los instrumentos internacionales en los que es un estado parte, a saber: genocidio, crímenes de lesa humanidad, y crímenes de guerra, los que deben ser juzgados siempre por tribunales ordinarios, con exclusión de los tribunales militares.
• Presentar al Congreso de la Unión una iniciativa para derogar el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política, que pretende limitar indebidamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
En relación al fortalecimiento de las instituciones:
• Crear un mecanismo internacional contra la impunidad para investigar de forma independiente delitos de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en México.
• Asegurar que la nueva Fiscalía General de la República sea verdaderamente independiente, y que cuente con facultades legales, personal idóneo, capacidades y recursos suficientes para llevar a cabo sus labores de forma adecuada.
• Asegurar que los servicios forenses oficiales sean independientes de las fiscalías o procuradurías, y que cuenten con los recursos materiales, financieros y operativos para realizar su labor. En relación a las detenciones arbitrarias:
• Pedir al Congreso de la Unión que elimine de la Constitución y de las leyes las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa, dejando la decisión sobre la adopción de ésta última medida cautelar en cada caso al arbitrio de las autoridades judiciales.
• Eliminar del Código Nacional de Procedimientos Penales la figura de flagrancia por señalamiento, que permite a la policía detener a personas, después de que se ha cometido un delito, solamente sobre la base de testimonios, sin que medie una orden judicial, ya que se presta a numerosos abusos.
En relación a la investigación de graves violaciones de derechos humanos:
• Proveer la investigación pronta, imparcial, independiente y efectiva de los casos de crímenes de derecho internacional y violaciones y abusos de derechos humanos, incluyendo la tortura y otros malos tratos, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, e incluyendo también a las personas con responsabilidad de mando que pudieran tener que responder penalmente de conformidad con las obligaciones internacionales en la materia.
• Admitir sin ambages la participación de familiares de las personas desaparecidas en las investigaciones, proporcionándoles información actual y veraz sobre las mismas y permitiéndoles que aporten información, sugieran líneas de investigación y pidan probanzas. En ningún caso debe permitirse que las autoridades trasladen a la familia la carga de la investigación del caso.
• Garantizar la independencia técnica y de gestión de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y proporcionarle suficientes recursos humanos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos.
• Revisar el Protocolo Homologado para la Investigación de Tortura para garantizar que cumpla con el derecho y los estándares internacionales de derechos humanos y que no sea más un obstáculo en las investigaciones sobre tortura y malos tratos.
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