Condenan a 10 años de prisión al expresidente Antonio Saca por corrupción
Notas sobre el tema
10 años de cárcel para Antonio Saca por corrupción
Elías Antonio Saca González se convirtió en el primer expresidente de El Salvador en ser condenado por corrupción y deberá pasar los próximos ochos años en la cárcel, porque los casi dos años que ya tiene de estar detenido en el penal de Mariona le cuentan como parte de la condena que le impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.
El exmandatario fue sentenciado a cinco años por peculado (apropiarse de bienes del Estado) e igual pena le impusieron por lavado de dinero. Su exsecretario privado en el mandato presidencial 2004-2009, Élmer Roberto Charlaix Urquilla, recibió la misma condena.
Los exsecretarios de la Juventud y de Comunicaciones de la Presidencia, César Daniel Funes y Julio Rank, tras su autoincriminación en el delito de lavado de dinero fueron condenados a cinco años; mientras que a Francisco Rodríguez Arteaga, exjefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de Casa Presidencial, los jueces le impusieron tres años por peculado y similar pena por lavado de dinero.
Con respecto al extesorero de la Presidencia, Jorge Herrera, quien también admitió el ilícito de peculado, los jueces accedieron a condenarlo a tres años. El juez Alejandro Guevara, que tuvo a cargo la fundamentación del fallo, dijo que el tribunal no podía ir más allá de lo pactado por la Fiscalía General de la República y la defensa, en cuanto a la pena.
Al momento de deliberar, Guevara expresó que analizaron cada confesión junto a la prueba documental pericial y testimonial que se emitió en el juicio, concluyendo que hay una concordancia en el delito de peculado que fue precedente para al lavado de dinero.
“Al tenor de lo que ellos (imputados) han mencionado, se determina la temporalidad en la que se cometió el delito”, sostuvo Guevara, refiriéndose a los años 2004-2009, explicando que cuando Saca llegó a Casa Presidencial emitió un manual de operaciones o reglamento interno que otros expresidentes habían utilizado, pero que se le hizo modificaciones para utilizarlo en ese quinquenio.
“Al escuchar las declaraciones de estos personajes (procesados) y analizar la prueba documental y pericial, se determinó que lo que ya habían esbozado era verídico” explico el juez. Otra de las pruebas claves que los jueces valoraron fue el peritaje financiero contable en el cual se demostró que se abrieron 16 cuentas bancarias, 12 a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga, dos de Élmer Charlaix y dos de Pablo Gómez, violando las disposiciones legales ya que nunca fueron autorizadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Dentro de ese peritaje se resalta el punto15, en el cual, el experto detalla todas las cantidades de dinero depositadas a las 16 cuentas personales alimentadas con fondos de la Cuenta Institucional Subsidiaria de la Presidencia de la República para luego emitir cheques a personas naturales y entidades jurídicas, entre esas, las agencias de publicidad a quienes se les contrató con la condición de que pautaran en las empresas de Saca.
Para los jueces todo lo expuesto en los peritajes y lo confesado por los imputados fue corroborado por una abundancia de pruebas, entre ellos, los testigos, quienes llegaron a decir en el juicio que del Banco Cuscatlán e Hipotecario se hicieron depósitos, cambiaron cheques e hicieron transferencias hacia personas e instituciones que no prestaron ningún servicio a la Presidencia.
Elevada condena
En el caso del exasistente técnico de Capres, Pablo Gómez, quien no se sometió al procedimiento abreviado y optó por el juicio ordinario, los jueces lo condenaron a 16 años de prisión por peculado y lavado de dinero.
Con respecto a este imputado, el juez Guevara sostuvo que deliberaron hasta qué punto él tenía responsabilidad de los delitos porque en su declaración expresó que solo obedecía órdenes.Agregó que conforme a la sana crítica surgió la interrogante de cómo una persona con un amplio récord laboral en materia contable abrió cuentas bancarias, cambiaba cheques y hacía millonarios retiros, sin darse cuenta que eso era irregular.
Para el tribunal no es justificable que Gómez haya dicho que solo obedecía órdenes y que desconocía en qué se utilizaría el dinero, los jueces dijeron que no pueden advertir ese desconocimiento que el imputado argumentó, sino más bien había un acuerdo en común.
Elías Antonio Saca condenado a 10 años de cárcel
$260,732,171.64
El expresidente de la República confesó que su gobierno ideó un plan para apropiarse de $300 millones, que invirtió en sus empresas y con los que adquirió 28 propiedades. Buscó asesoría para saber qué hacer con el dinero sustraído de las arcas del Estado y evitar ser rastreado. Detalló que el control de la Corte de Cuentas de la República fue superficial y facilitó transferir fondos a nombre de terceras personas.
Ana Ligia de Saca enfrentará audiencia preliminar en noviembre
El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador programó para el 5 de noviembre la audiencia preliminar contra la exprimera dama, Ana Ligia Mixco de Saca, y otras 15 personas acusadas de lavado de dinero.
Mixco de Saca enfrenta el proceso en libertad, para ello pagó una fianza de $250,000.
Según la Fiscalía, el grupo de imputados, entre quienes hay publicistas, blanqueó $22 millones de los $300 millones que lavó Saca.
El expresidente ya condenado por corrupción aceptó ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que su esposa, aunque tenía un cargo “ad honorem” como secretaria de la Familia, recibía un salario mensual de $10,000.
Además, dijo que dio dinero a agencias de publicidad para que difundieran las acciones que realizó en su gobierno.
La investigación fiscal señala que cinco agencias de publicidad recibieron fondos públicos entre 2004 y 2009, pero no realizaron los trabajos para los que supuestamente fueron contratados por la Presidencia, sino que retornaron el dinero a las empresas del expresidente. Cuatro de ellas se quedaron en concepto de comisión con el 20 % del dinero.
Según las Fiscalía, las sociedades de Saca y la exprimera dama aumentaron sus utilidades en su gestión; de $1 millón pasaron a $4 millones. Algunas, incluso, habían reportado pérdidas antes de 2004. Saca percibió ingresos de estas por $60,000, y a la vez, recibía $5,000 por el cargo de presidente.
Mientras Saca era presidente de la República, también fue presidente del COENA. A preguntas de periodistas de si se investigaría al partido ARENA, porque aparentemente recibió $7.6 millones en la gestión del exmandatario condenado, el Fiscal General, Douglas Meléndez, sostuvo que quien debe dar cuentas es el representante legal, no el partido político, que en este caso era Saca; pero no descartó que si habían fondos desviados a personas o partidos políticos, había que seguirle la pista al dinero.
El pasado 10 de agosto, el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio ratificó el congelamiento de 46 carros, 35 inmuebles, 34 cuentas financieras, 17 signos distintivos y 14 locales comerciales vinculados a las fases del caso Destape a la Corrupción.
Posteriormente el tribunal resolverá si esos bienes pasan a favor del Estado.
Saca y su exesposa tienen pendiente un proceso civil
Además del caso penal, Saca y su esposa tienen pendiente responder en un juicio por enriquecimiento ilícito.
El proceso pasó a la Sala de lo Civil de la Corte, luego que su defensa recusara -objetara- el pasado 5 de abril a los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil, Henry Edmundo Macall Zometa y Saúl Ernesto Morales. Aún no hay una resolución de la Sala.
Cuatro claves para entender la condena Saca
El expresidente salvadoreño, Elías Antonio Saca fue condenando a 10 años de cárcel y a devolver más de $260 millones de dólares de los $301 millones que se le imputan junto a sus seis excolaboradores quienes también deberán purgar prisión y devolver porcentajes de lo robado.
Conozca cuatro puntos claves en la condena que le ayudarán a entender el fallo que envió a prisión al primer expresidente salvadoreño por corrupto en la era democrática de El Salvador.
1. Los $260 millones de Saca
El Tribunal Segundo de Sentencia determinó que Saca deberá responder en un proceso civil para devolver $260 millones que fueron robados de fondos públicos y desviados a sus cuentas bancarias personales y de sus sociedades, con ayuda de testaferros.
La defensa del exmandatario dijo ayer, durante la sentencia, que buscarán apelar a la cantidad, la cual dicen, es menor.
“Esa cantidad por la que se le está condenando, es el presupuesto total de lo que ingresó a Casa Presidencial. Hay pericia de la Fiscalía que no terminaron de realizar. Hay versiones de testigos como el jefe del Batallón Presidencial que afirma que el dinero era para el pago de la institución, para los sobresueldos tan cuestionados, para el Organismo de Inteligencia. No estoy negando que hubo deslealtad de parte de mi cliente en la administración, pero no en esas cantidades”, dijo Mario Machado, uno de los defensores del exmandatario.
2. Proceso abreviado
El fiscal general, Douglas Meléndez, explicó este jueves que la Fiscalía pactó un proceso abreviado y reducción de pena con seis de los siete acusados, con el fin de evitar que el caso se cayera y fuesen puestos en libertad, debido a que en octubre próximo, estaban por cumplir dos años de prisión provisional y la legislación salvadoreña ordena la libertad de quienes estén apresados más de dos años en medio de un proceso abierto.
Meléndez explicó que debido a la complejidad del caso, el alto número de testigos y los miles de documentos de prueba, obligarían a que el caso estuviese en investigación hasta finales de este año o principios del otro, por lo que decidieron abreviar el proceso y conseguir las condenas.
“En otros países como Costa Rica, Argentina, Brasil, Guatemala, han procesado a altos funcionarios con condenas, en algunos casos, de 5 años, y aún no están en firme. Ese tipo de impase, se evita con un procedimiento abreviado, pues el imputado confiesa haber cometido el delito”, explicó Meléndez en la entrevista matutina de canal 21.
Negó además que se les beneficie con más reducción de la pena puesto que los delitos que cometieron son graves. Es decir, del total de años sentenciados, se les descontará únicamente el año y meses que han estado en prisión provisional.
3. Condenas y devoluciones
Para Elías Antonio Saca y Elmer Charlaix Urquilla, diez años de cárcel; Francisco Rodríguez Arteaga, seis años; Jorge Herrera, tres años mientras que para Julio Rank y Cesar Funes Durán, cinco años.
Por su parte, Pablo Gómez, un asistente contable vinculado al caso, no se sometió al proceso abreviado y obtuvo una condena de 16 años de cárcel.
Las penas impuestas son las que los condenados pactaron con la Fiscalía General de la República (FGR) a cambio de la confesión y un proceso judicial breve con penas mínimas. Los imputados también fueron condenados por responsabilidad civil y estas serán las cifras que deberán devolver:
La Fiscalía afirmó que harán valúos de las propiedades y bienes de los culpables para analizar las formas en las que devolverán el dinero al Estado. Además, recordó que hay un proceso abierto de extinción de dominios.
4. ¿Por qué a Saca 10 años y a un empleado de CAPRES 16 años?
Meléndez explicó que todos, excepto el asistente contable de Casa Presidencial, Pablo Gómez, se sometieron al proceso abreviado a cambio de la confesión. El fiscal general dijo que Gómez se negó a confesar y colaborar con la Fiscalía, asesorado por abogados presuntamente de CAPRES quienes le recomendaron no hacerlo, por lo que se le dio la pena máxima de 16 años de cárcel.
“En el caso de Pablo Gómez, condenado a 16 años, fue asesorado por sus abogados para que no se sometiera al procedimiento abreviado. Eso no es responsabilidad de la Fiscalía. Esta persona puede apelar esa sentencia. Los demás no pueden ya”, detalló Meléndez.
Afirmó además que, los que movían los fondos, se aprovecharon también y se les comprobó que tenían responsabilidad en el manejo de las cuentas.
La Fiscalía se mostró satisfecha por la “histórica” condena obtenida, y manifestó que las investigaciones siguen para dar con el paradero de los fondos y de terceras personas naturales o jurídicas que se hayan beneficiado de los mismos.