Semana de protestas contra el presidente Jimmy Morales por la salida de la misión de la ONU
Notas sobre el tema
#CrisisCICIG | Segundo día de protestas contra el presidente Jimmy Morales
Ayer fueron las comunidades de Sololá, hoy son los 48 cantones de Totonicapán los que se sumen a las protestas en contra del presidente Jimmy Morales por su intento de salir de la CICIG y del comisionado Iván Velásquez, en una semana de independencia con sabor a confrontación.
Los cantones de Totonicapán, reconocidos como uno de los grupos populares más organizados, realizarán bloqueos en la cumbre de Alaska y en Cuatro Caminos, en la ruta Interamericana, que ayer estuvo paralizada la mayor parte del día por una jornada de protestas organizada por la autoridad indígena de Sololá, que paralizó también las actividades de comercio y educación en la mayor parte del departamento.
El ambiente de tensión en el país se mantiene, mientras el Gobierno del presidente Jimmy Morales trajo a la capital a los 22 gobernadores departamentales para que dieran su “total respaldo” al presidente y hablaron como representantes de sus departamentos, aunque el sentimiento de la población puede ser diferente.
Todos los gobernadores son funcionarios nombrados por el presidente de la República, por lo que no extraña que hayan sido movilizados y se hayan manifestado a favor de quien es su jefe y a quien representan oficialmente.
En la manifestación de hoy se prevé la participación de no menos de 15 o 20 indígenas, quienes protestarán además contra el alza de la energía eléctrica, el uso de transgénicos y exigirán que el Congreso le retire la inmunidad al presidente Morales para que sea sometido a la justicia.
Ayer hubo también demostraciones de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU)¿ quienes demandan de la Corte de Constitucionalidad la resolución de los amparos para permitir el retorno al país del comisionado Iván Velásquez.
La tensión continuará durante la semana, ya que para el miércoles CODECA ha anunciado marchas de protesta dentro de la ciudad capital y se espera una masiva movilización de campesinos e indígenas, siempre para demandar la renuncia de Jimmy Morales y exigir que se permita continuar luchando contra la corrupción a la CICIG y a Velásquez.
Los movimientos en el interior están cobrando más fuerza que los que se llevan a cabo en la ciudad capital.
Presidente Morales recibe espaldarazo de gobernadores y su gobierno pide a comunidad internacional respeto a soberanía de Guatemala
El presidente Jimmy Morales recibió hoy el respaldo de los 22 gobernadores departamentales por su valiente decisión de no renovar el mandato a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su gobierno instó a la comunidad internacional a respetar la soberanía del país.
“Nos solidarizamos con las decisiones tomadas por el Presidente de la República en defensa de la soberanía de Guatemala y dignidad de una nación libre e independiente”, dijo Erick Herrera, gobernador de Baja Verapaz.
Los representantes del Ejecutivo se reunieron en la capital para manifestar su respaldo al jefe de Estado su “valiente” decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que vence el 3 de noviembre de 2019.
Los gobernadores afirmaron en un pronunciamiento que el cargo que ejerce el Presidente “no puede ser limitado por agentes extranjeros, que con pretextos de un mandato mancillan los derechos elementales y la dignidad de una nación”.
Además, pidieron a la CICIG, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, que informe sobre los aportes recibidos y el destino que les han dado a los recursos, porque estos son producto de los contribuyentes extranjeros.
En su despacho del Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario guatemalteco agradeció el “apoyo contundente y granítico” a su gestión y a las decisiones trascendentales que está tomando por el bien del país.
“Gracias por ese apoyo contundente y de forma granítica que vienen a expresarme”, les dijo el Presidente.
La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, por su lado, hizo un llamamiento a la comunidad internacional a respetar la soberanía de Guatemala.
Durante una rueda de prensa al término de la reunión del Gabinete, la diplomática aseguró que el Gobierno “es soberano” para tomar decisiones y que espera que el secretario de las Naciones Unidas, António Guterres responda a la solicitud de Guatemala de nombrar un sustituto del comisionado de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez.
Además de los gobernadores, el senador estadounidense por el estado de Kentucky, Randall Howard “Rand” Paul, se sumó hoy a la postura del gobierno del presidente Morales sobre la CICIG y defendió la soberanía del país centroamericano.
“Todos los estadounidenses deberían oponerse a la financiación de los programas de Naciones Unidas por parte de EE. UU. que infrinjan los derechos de las naciones soberanas”, dijo el político en su cuenta oficial de Twitter.
También los agricultores y caficultores le expresaron este lunes al Presidente su “total e incondicional” apoyo de “no permitir la entrada de ningún extranjero” que pretenda llevar “a nuestro país a una severa crisis económica y política” a través de un sistema de justicia “sesgado a favor de extremistas”.
CC ordena a Jimmy Morales garantizar protestas
El mayor tribunal jurídico decidió en el pleno de este lunes conceder, de forma provisional, el amparo solicitado el pasado fin de semana por el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, en el que pedía impedir que se restrinjan estas manifestaciones.
Rodas solicitaba a la Corte este amparo para que se “decrete la abstención y cese de cualquier acto y omisión” que “implique amenaza” o tenga por objeto “encubierta o verdaderamente” la restricción de las manifestaciones públicas del pueblo de Guatemala.
Estas acciones, añadió el ombudsman, “pudieran atribuirse” al presidente, o al Ministro de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, o el director de la Policía Nacional Civil, Erwin Tzi, por lo que pidió que tampoco se use la fuerza pública en contra de los manifestantes ni “medios de grabación de los ciudadanos”, los cuales “pudieran ser utilizados para generar represalias en su contra”.
Las principales organizaciones campesinas del país, estudiantes, religiosos, sectores indígenas, de mujeres y LGBTIQ acordaron acciones conjuntas para manifestar desde el lunes hasta el miércoles en contra de la cruzada contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que mantiene Morales.
El presidente guatemalteco ha sido señalado por la Comisión, que es un ente auspiciado por la ONU, y el Ministerio Público de posible financiación electoral ilícita.
El pasado 31 de agosto Morales anunció el fin de la Cicig para septiembre de 2019, y el martes pasado indicó que no permitirá el ingreso al país del jefe de la Comisión, el abogado colombiano Iván Velásquez, a quien definió como un peligro para la seguridad y el orden público.
La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder.
La PDH aclaró que el ejercicio del derecho a manifestación debe realizarse, pero sin afectar los servicios básicos, como el paso de ambulancias y la libre locomoción, es decir, llamó a evitar los bloqueos.
Las marchas
Varios grupos anunciaron que, a partir del lunes, habrá bloqueos de carreteras en la provincia y manifestaciones en la capital, para rechazar las medidas que adoptó el presidente Morales de no permitir el ingreso del jefe de la Cicig al país.
El lunes fueron bloqueados tres puntos de la carretera Interamericana: el kilómetro 111, Las Trampas, Chichicastenango; el 127, Los Encuentros, Sololá; y el 131, La Cuchilla, Sololá.
Este martes será el turno de los 48 cantones de Totonicapán, quienes anunciaron que bloquearán cinco puntos de la carretera Interamericana: kilómetro 187, en el lugar conocido como Cuatro Caminos, Xecanchavox, San Cristóbal Totonicapán; kilómetro 170, en el la Cumbre de Alaska, 60 Vueltas, Totonicapán, y La Morería.
Para el miércoles se prevé una manifestación más grande, debido a que tres organizaciones campesinas e indígenas convergerán en el Congreso, siempre para exigir la renuncia de Morales y que los diputados no aprueben el transfuguismo.
El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) manifestarán para solicitar la renuncia del mandatario.
La SIE excluye la pobreza y corrupción como amenazas al país
Es inusual que el Gobierno haga públicas las agendas sobre aspectos internos o externos que representan peligro para el país; sin embargo, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) recientemente difundió dos documentos sobre las principales amenazas, riesgos y vulnerabilidades del Estado identificados por el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI). Según las publicaciones, en 2017 la principal amenaza transnacional para Guatemala fue la “violación a la soberanía territorial” y este año es la “violación a la soberanía”.
Dichas amenazas forman parte de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas (ANRA), que contiene información de vulnerabilidades a la seguridad de Guatemala, las cuales se ubican en varias categorías, según su impacto y probabilidad; sirve como base al Sistema Nacional de Seguridad para realizar acciones operativas para fines estratégicos. En su análisis, el SIN ubica la amenaza a la soberanía nacional en la misma categoría que el lavado de dinero, narcoactividad y el tráfico ilegal de armas de fuego.
Sin embargo, al hablar sobre seguridad nacional el Gobierno pasó por alto sustentarse en los principios del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica –suscrito por Guatemala en 1995– en el que este país junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica reconocieron que la pobreza y extrema pobreza; además de la corrupción pública y privada constituyen una “amenaza a la democracia y la seguridad de los habitantes de la región”.
Otras amenazas nacionales incluidas en la Agenda con probabilidad e impacto “alto” son los delitos cometidos por miembros de las pandillas y homicidios. Otros peligros que se sitúan en la categoría de “moderados” son: el contrabando, defraudación aduanera, hurtos y robos, mientras que la corrupción es considerada como una vulnerabilidad. Aunque la SIE existe desde hace diez años, en la página electrónica de esta institución solo aparecen las agendas de 2017 y 2018.
Contra la CICIG
La divulgación de los documentos coincide con el anuncio del presidente Jimmy Morales de no prorrogar la vigencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –que vence en septiembre de 2019– y de la expulsión del comisionado Iván Velásquez, decisiones que el mandatario ha buscado justificar bajo el argumento de la “defensa de la soberanía” y del “nacionalismo”.
El exministro de Gobernación, Carlos Menocal, señaló que la acción de la SIE hace pensar que la inclusión de esta nueva amenaza está dedicada para terminar con el mandato de la CICIG, pues este término no se había utilizado por las anteriores administraciones. El exfuncionario, además, aseguró que las agendas no se hacen públicas porque sirven para la toma de decisiones del Consejo Nacional de Seguridad (CNS). Este Consejo recomendó a Morales prohibir el ingreso a Velásquez, por considerarlo “una amenaza para la Seguridad Nacional”.
El consultor Francisco Jiménez del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) consideró que el término “violación a la soberanía” es ambiguo y que puede prestarse a ser interpretado de manera amplia.
elPeriódico buscó en repetidas ocasiones una entrevista con el secretario de la SIE, Mario Duarte, para conocer detalles sobre las decisiones que se toman desde esa institución; pero su asistente ha dicho que el funcionario no cuenta con espacio en su agenda.
Más pobreza y corrupción
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) para 2014 el 59.3 por ciento de la población en Guatemala se encontraba en pobreza; la cual se ha aumentado en los últimos años pues en 2000, el 56.4 por ciento de los guatemaltecos eran pobres. Otro aspecto que afecta a este país es la corrupción, cuya percepción también ha crecido entre los habitantes, según el índice dado a conocer por la organización Acción Ciudadana (AC) que ubica a Guatemala el puesto 143 de 180 naciones.
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